María de la Luz Peña Morales
Expediente 746/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Peña Morales
- María de la Luz Peña Morales
- María de la Luz Peña Morales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de quince de febrero de dos mil diecinueve, en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos María de la Luz y Roberto, ambos de apellidos Peña Morales; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número II-746/2018, promovido por MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES y ROBERTO PEÑA MORALES, por su propio derecho, contra acto del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral Región Morelia; y, R E S U L T A N D O PRIMERO....SEGUNDO... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. (...) ...En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es: El auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de agosto del dos mil dieciocho, dentro de la causa penal número 418/2018, en contra de los quejosos ROBERTO PEÑA MORALES y MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado por el numeral 226, fracción I, del Código Penal del Estado, cometido en agravio de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia Fernando Hernández Hernández, aceptó la existencia del acto reclamado. Además, tal afirmación se vio corroborada con las constancias así como el disco compacto relativo a la causa penal 418/2018, que el juez responsable acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sin embargo, del análisis exhaustivo tanto de las constancias que integran el expediente que se examina, como de las videograbaciones atinentes, no se obtiene que, en la especie, se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia previstas por la Ley de Amparo; por tanto, lo que se impone es emprender el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez." Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta que exista materia sobre la cual suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, debe precisarse que el Juez responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar tanto el hecho delictuoso como la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limitará al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones y pruebas rendidas ante él en la audiencia de vinculación a proceso, en la medida que sólo pueden ser considerados como simples datos de prueba. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe realizarse únicamente sobre la base de las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que el Juez de Control no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, este Juzgador realizará un análisis del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación expresados, en torno a la determinación que se adoptó respecto a la acreditación de los hechos que la ley considera como constitutivos del delito de despojo y la posibilidad de que los quejosos hayan intervenido en su comisión, a la luz de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. De esta manera, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará bajo el tamiz establecido en el artículo 19 de la Constitución General de la República, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es necesario acotar que solamente mediante el cumplimiento de tales requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Ahora, cabe adelantar que los primeros dos requisitos indicados se cumplen con la simple mención a ellos dentro de la resolución de vinculación a proceso, en cualquier parte de su texto, pues la norma constitucional no impone formalidad alguna. Luego, estos dos requisitos se aprecian cumplidos de una simple reproducción del disco versátil digital que contiene la videograbación de la audiencia en que se dictó el acto reclamado, por lo que no resulta necesario mayor estudio. En cuanto al tercero de los requisitos indicados por el numeral 19, párrafo primero, de la Constitución General de la República, tenemos que coincide con uno de los extremos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto se resulta ocioso realizar un doble análisis por separado. Así, en este aspecto, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales -que constituye la legislación aplicable en el presente caso-, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: III.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; y, III.2. Que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de julio de 2012, página 1940, materia penal, del tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, de Abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, con el propósito de determinar si se encuentran o no cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso -señalados con antelación-, se expone lo siguiente: I. Formulación de la imputación. De las constancias de autos se advierte que en audiencia de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 307, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra de los hoy accionantes del amparo, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, por el delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, cometido en agravio de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, hoy tercero interesado; por ende, se encuentra satisfecho este requisito para la emisión del auto de vinculación a proceso. II. Rendición de la declaración de los imputados ante el Juez de Control o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia respectiva, celebrada en la fecha ya referida los inculpados, hoy quejosos, se reservaron a ejercer su derecho de rendir declaración respecto de los hechos que se les imputaron, ante la presencia del Juez responsable, en la audiencia de mérito; por ende, también se encuentra colmado el segundo requisito establecido para la legal emisión del acto reclamado. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni el acreditamiento de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que los imputados los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo analizará si el Juez de Control señalado como responsable realizó un examen sobre el grado de racionabilidad, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Julio de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS y SUBJETIVOS) y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. El Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de despojo, -cometido en agravio de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ- previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán. Para arribar a tal conclusión, el Juzgador consideró los siguientes antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, así como las declaraciones y datos de prueba que se recibieron en la audiencia de ley, que a continuación se destacan: De la parte acusadora: Querella a cargo de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, del veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Acta destacada fuera de protocolo. Acta de registro de inspección del veinticinco de abril de do smil diecisiete. Entrevista a ALEJANDRO PERALTA ARNAUD. Copias certificadas de la sentencia definitiva del juicio ordinario civil número 650/2013, así como de la resolución que la confirma dictada en el toca civil 40/2014 y resolución del Amparo Directo Civil 40/2015, que negó el amparo solicitado por ALICIA MORALES PÉREZ, contra la referida sentencia dictada en apelación. Certificado del registro catastral. Entrevista a HUGO ALBERTO GALEOTE PINEDA, del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Entrevista a JORGE GUZMÁN ESPINOZA, del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Acta de Registro e Inspección del lugar del hecho, del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Entrevista de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, del siete de febrero de dos mil dieciocho. Informe pericial del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, realizado por ANGEL VARGAS SUASTEGUI. Entrevista de DANIEL URBINA GONZÁLEZ, del veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Entrevista de MARIO GILBERTO URBINA GONZÁLEZ, del veintiséis de abril del dos mil dieciocho. Escrito presentado por JORGE LUIS MENDOZA SÁNCHEZ, en cuanto asesor de la víctima, donde con la finalidad de acreditar la propiedad, exhibe la escritura pública número 67, volumen 4, respecto de una compraventa del inmueble ubicado en la calle Bélgica, número 110, colonia Villa Universidad, con sede en Morelia, Michoacán; así como de la escritura pública número 589, volumen 25, respecto de la protocolización del Reglamento del condominio vertical que se construyó sobre el lote número 15, manzana 10, respecto de la construcción de tres departamentos formalizado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, por la víctima, ahora tercero interesado. Autorización definitiva para establecer el desarrollo de viviendas bajo el régimen de propiedad en condominio vertical y el visto bueno del proyecto arquitectónico para el establecimiento de tres viviendas que autorizó al Dirección de Orden Urbano el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Recibo de pago del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del nueve de junio de dos mil dieciséis. Formato de factibilidad para subdivisión del organismo en cita, del nueve de junio de dos mil dieciséis. Contrato de prestación de agua potable del catorce de julio de dos mil dieciséis y recibo de pago por contrato de nueve de junio de dos mil dieciséis. Contrato de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado del inmueble en cita, del catorce de julio de dos mil dieciséis. Oficio autorización protocolización de condominios del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. De la defensa: Copias certificadas de la sentencia definitiva del juicio ordinario civil número 650/2013, así como de la resolución que la confirma dictada en el toca civil 40/2014 y resolución del Amparo Directo Civil 40/2015, que negó el amparo solicitado por ALICIA MORALES PÉREZ, contra la referida sentencia dictada en apelación. Escritura relativa a la compraventa que celebró CRISTINA GUZMÁN MORALES, como vendedora y ALICIA MORALES PÉREZ, en cuanto compradora del inmueble cuya ubicación ya fue descrita, número 2486, volumen 158, del cuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, registrada bajo el número 106, Tomo 456, volumen 58, enero de mil novecientos ochenta y cinco. Historia de consumo de la Comisión Federal de Electricidad, del diecinueve de febrero del dos mil quince, a nombre de MARíA DE LA LUZ PEÑA MORALES. Copias certificadas por la Agencia X, mesa III, de la Fiscalía Regional, relativas a la averiguación previa penal 416/2013-X-III, en contra de ALICIA MORALES PÉREZ, por el delito de fraude el agravio de ALEJANDRO PERALTA ARNAUD; así como de la averiguación previa 402/2013-XIX-II, instruida en contra de ROGELIO AYALA AYALA, que en ella compareció ALICIA MORALES PÉREZ a denunciar hechos que consideró cometidos en su agravio al elaborarse la escritura pública relativa al contrato de compraventa entre esta última y ALEJANDRO PERALTA ARNAUD. Copias certificadas de la queja presentada por ALICIA MORALES PÉREZ, en su carácter de propietaria donde alegó la suplantación de su persona ante el Notario que elaboró la escritura a que se hizo referencia en el inciso anterior, EMILIO SOLÓRZANO SOLIS. Escritura original de ALICIA MORALES PÉREZ.. Credencial a nombre de ALICA MORALES PÉREZ, con domicilio y rostro diferente a la acusada. Credencial de ALICIA MORALES PÉREZ, con rostro y domicilio diferentes a la presentada ante el Notario Público referido en el inciso y). A partir de esos datos, el Juez de Control estimó que actualizaban los hechos descritos en la figura delictiva contemplada en el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, que estatuye: "226. Despojo Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cien a quinientos días multa a quien: De propia autoridad, por medio de violencia física o psicológica, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenezca. [.]" Conforme a dicho precepto -en la hipótesis que consideró actualizada el Juez de Control-, comete el delito de despojo quien, de manera furtiva, esto es sin permiso y autorización de quien legítimamente tenga derecho para hacerlo, se posesione materialmente de un inmueble ajeno Para tal efecto, el Juez consideró lo siguiente: [.] El delito de DESPOJO por el cual se formuló imputación lo comete quien furtivamente "se posesione materialmente de un inmueble ajeno o haga uso de éste, o de un derecho real que no le pertenezca". [.] Ahora, para tener por establecido el hecho que la ley señala como delito, la autoridad responsable consideró que, con los datos de prueba que hasta ese momento se le habían puesto bajo su conocimiento, podía determinar que el ahora tercero interesado, JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, era el propietario del inmueble motivo de los hechos, quien lo adquirió a través de la compraventa que realizó con ALEJANDRO PERALTA ARNAUD el veintidós de marzo de dos mil dieciséis, data a partir de la cual empezó a realizar actos posesorios respecto del bien objeto de la compraventa ubicado en la calle Bélgica, número 110 de la colonia Villa Universidad de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Determinó el juzgador de control responsable que analizadas las manifestaciones de las partes, conforme al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedía a resolver la situación jurídica de los imputados; que el artículo 19, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna detención podía exceder del plazo de setenta y dos horas, sin que se justifique con el dictada de un auto de vinculación dictado conforme a los requisitos previstos por el artículo 316 del ordenamiento legal antes citado; adujo también el juzgador responsable que era competente tomando en consideración que los hechos tuvieron lugar en esta ciudad de Morelia, en la colonia Villa Universidad. También determinó que la Fiscalía les atribuyó a los ahora imputados el delito de despojo, en donde aparecía como víctima JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ; mientras que los imputados manifestaron su voluntad de no emitir testimonio. Que de los datos vertidos por el Ministerio Público, consideraba justificados los hechos materia de la imputación, los cuales consistían en que el día veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se introdujeron diversos sujetos al inmueble localizado en la calle Bélgica, número 110, de la colonia Villa Universidad de esta ciudad, que tales hechos fueron presenciados por dos testigos, DANIEL y MARIO, ambos de apellidos URIBINA GONZÁLEZ, que lo manifestado por éstos, fue constatado por un Notario Público quien compareció el diez de abril del dos mil diecisiete, el cual dio cuenta que en el inmueble se encontraban diversas personas en su interior; y que ese hecho materia de imputación se subsumía a la hipótesis jurídica prevista por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán. También precisó la responsable, que no advertía transgresión a derechos fundamentales durante la obtención de los datos, ni a los artículos ya referidos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Indicó también el juez de control, que con independencia de las manifestaciones de la defensa, en cuanto a que no se justificaban los elementos del tipo penal o del delito de despojo, en la etapa procesal que le competía, lo que se analizaba era que el hecho se subsumiera específicamente a la descripción legal que establece el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, lo que estimó justificado con los registros de investigación manifestados por la fiscalía. De igual forma aseveró que furtivamente se ocupó un inmueble ajeno, y que de lo señalado por la víctima, hoy tercero interesado, se advertía que éste adquirió de ALEJANDRO PERALTA ARNAUD el inmueble ya descrito con anterioridad, el veintidós de marzo de dos mil dieciséis, y a partir de esa fecha empezó a realizar el ahora tercero interesado actos posesorios respecto de dicho inmueble; que ALEJANDRO PERALTA ARNAUD, manifestó que en el año dos mil doce, adquirió ese inmueble; que en julio del año dos mil trece, se enteró que se le había demandado en el juicio 650/2013, sobre nulidad de la escritura de compraventa, a través de la cual este había adquirido dicha propiedad, que no obstante esas circunstancias, en ese contradictorio civil se determinó que era improcedente la acción ejercida en su contra, esto es se declaró subsistente el derecho legal reconocido en esa escritura pública con motivo de la compraventa con ALEJANDRO PERALTA, y en ese sentido resolvió el juez de control que de ello derivaba la legitimidad del ofendido, aquí tercero interesado de reclamar derechos posesorios que no fueron declarados como ilícitos. A la vez indicó que partiendo de lo anterior advertía que MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES y ROBERTO PEÑA MORALES, ingresaron al inmueble de propia autoridad, a lo cual también resolvió que estaba justificado que de manera furtiva ingresaron al inmueble porque JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, en su querella, quien entre otras cosas manifestó que el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, fue informado por MARIO y DANIEL ambos de apellidos URBINA GONZÁLEZ, que había dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino, acompañados de una persona que al parecer era cerrajero, quien estaba abriendo el inmueble; y que ese registro le generaba credibilidad porque fue referenciado por la Fiscalía de control, que con las entrevistas recabadas el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, a las personas citadas en último término, ambos refirieron ser trabajadores de la víctima, hoy tercero interesado y que veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete observaron lo dicho, quienes además apreciaron que estaba un cerrajero, ello por las herramientas que tenía, quien una vez que abrió e inmueble de referencia, las personas descritas ingresaron al mismo. De igual forma sostuvo el juez responsable que con independencia de que como lo había dicho la defensa, esos testigos eran trabajadores de la víctima, ese hecho per se, no llevaba a sostener que se hubiesen conducido con mendecidad o hubieren faltado a la verdad, porque además tales hechos se encontraban vinculados con el acta de inspección a inmueble donde especificó PEDRO MORALES VARGAS, policía investigador encargado de realizarla, que logró observar un vehículo marca corsa, esto es, el que refirieron los mismos entrevistados; y no sólo ello sino que incluso se encontraban diversos objetos que permitían establecer que la víctima acudió a ese inmueble, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete y constató que había una construcción rústica en su interior, tendederos y varias pertenencias u objetos, a lo cual resolvió el juzgador responsable que de ello derivaba que a partir del veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete, se venían ejerciendo actos de posesión en el inmueble ubicado en la calle Bélgica, número 110, de la colonia Villa Universidad de esta ciudad de Morelia, por parte de los ahora quejosos. En relación con lo anterior, señaló el juzgador de control, que la propia víctima refirió que el diez de abril de dos mil diecisiete, acudió ante el Notario Público número 83, quien lo acompañó al lugar de los hechos, junto con MARIO y DANIEL de apellidos URBINA GONZÁLEZ, y constataron lo dicho en el párrafo anterior, todo lo cual quedó registrado en el acta fuera de protocolo del diez de abril de dos mil diecisiete. Así, precisó que por tanto, existían datos objetivos acerca de que las personas que intentaron ingresar a ese inmueble, lo hicieron de manera furtiva y que esa furtividad tenía que ver porque en ese momento no se encontraba el propietario (víctima), o quien tenía derecho a poseer, por lo cual consideró que ese hecho con apariencia de delito que la ley denomina despojo, se subsumía al hecho furtivo previsto por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán. Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, y contrario a lo alegado por la parte quejosa en el primero de sus conceptos de violación, al dictar el acto reclamado, el Juez responsable analizó correctamente la verificación de un hecho que Ley señala como delito, cuenta habida que el estándar probatorio que se requiere en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, como lo expuso el juez en la audiencia donde emitió el acto reclamado, sólo implica que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados actos de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, sin que para ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del reformado artículo 20 constitucional, sea necesario que en la etapa de investigación tales datos constituyan prueba fehaciente para la legalidad de la emisión del auto de vinculación a proceso, pues para los efectos de este sistema judicial sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral, aun cuando se hayan recibido diversos testimonios durante la audiencia de vinculación a proceso, pues el que se hayan recepcionado no les da el carácter de prueba, sino de un simple dato probatorio, a nivel indiciario. Apoya esta consideración, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2015953 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Penal Tesis: XVII.1o.P.A.53 P (10a.) Página: 2082 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA. El Juez de control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues las pruebas en esta etapa sólo sirven para integrar datos, por lo que darle un mayor valor, en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del código mencionado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 60/2017. 8 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Conforme a lo anterior, desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de prueba que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Michoacán, considera como delito de despojo, en perjuicio de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I del citado ordenamiento, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito, contrario a lo señalado por los amparistas en el primero de sus conceptos de violación, comparte la conclusión a la que arribó el responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado, consistente en que el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, los aquí quejosos, MARÍA DE LA LUZ y ROBERTO, ambos de apellidos PEÑA MORALES, se introdujeron en el domicilio ubicado en la calle Bélgica, número 110 de la colonia Villa Universidad de esta ciudad de Morelia, Michoacán, el cual es propiedad de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, por así haberlo acreditado con la escritura pública número 67, volumen 4, del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, elaborada por el Notario Público número 181, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia. En esta tesitura, en cuanto a la configuración del delito atribuido a los quejosos, este Juzgador no advierte lesión a sus derechos; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. Sustenta la anterior conclusión, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2004857 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 Materia(s): Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/2 (10a.) Página: 757 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 724/2012. 1 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Fernando Luévano Ovalle. Amparo en revisión 811/2012. 28 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Amparo en revisión 6/2013. 12 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario Juan Fernando Luévano Ovalle. Amparo en revisión 423/2013. 13 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. Amparo en revisión 440/2013. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 87/2016 de la Primera Sala de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2017 (10a.) de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En este sentido, es infundado lo aducido por los quejosos en el primero de los conceptos de violación, en el sentido de que el ofendido no acreditó ser el propietario del inmueble del que fue desposeído el día de los hechos (veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete), por no ser el titular del derecho de propiedad respectivo y que, además, no existe querella de parte legítima, por esa misma razón. Esto es así, en primer término, porque con independencia de que el juzgador responsable determinó que el ofendido sí acreditó su legitimidad para querellarse desde el momento en que demostró que adquirió de ALEJANDRO PERALTA ARNAUD el inmueble ya identificado, el veintidós de marzo de dos mil dieciséis y que a partir de entonces comenzó a realizar actos posesorios al guardar en el mismo material para la construcción, además de que con motivo del juicio 650/2013, que sobre nulidad de la escritura de compraventa ejerció en su momento ALICIA MORALES PÉREZ, se había determinado incluso en amparo directo la improcedencia de dicha acción, lo cual implicaba la legalidad del derecho reconocido en esa escritura respecto de la compraventa que ALEJANDRO PERALTA realizó en cuanto comprador con la ya mencionada ALICIA MORALES; y que al haber adquirido el ahora quejoso JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ en cuanto comprador de ALEJANDRO PERALTA el inmueble ya identificado, y no existir declaración de nulidad de escritura alguna, de ahí derivaba el derecho de éste último de reclamar derechos posesorios no declarados como ilícitos. Conviene señalar además que el delito de despojo tutela la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión, por lo cual para que se configure dicho delito, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es la sustitución del poseedor en su derechos; así, si el pasivo en el momento en que se ejecute el hecho ilícito estaba en posesión del inmueble, virtud a un título de propiedad, debe estimarse que el activo procede antijurídicamente, si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, ello con independencia de ostentarse también como propietario, porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la parte ofendida ejerce legítimamente. Sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias: "Época: Novena Época Registro: 161324 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Agosto de 2011 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 70/2011 Página: 83 DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria. Contradicción de tesis 106/2010. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 4 de mayo de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral. Tesis de jurisprudencia 70/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de junio de dos mil once.". "Época: Novena Época Registro: 190375 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 42/2000 Página: 48 DESPOJO, DELITO DE. EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, TUTELA TANTO LA PROPIEDAD COMO LA POSESIÓN. De la interpretación de lo dispuesto en la fracción I del artículo 408 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla que establece: "Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cincuenta días de salario: I. Al que, de propia autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o remueva o altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca.", en relación con las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles de la propia entidad federativa, que reglamentan tanto la propiedad como la posesión, puede concluirse que resulta inexacto que el delito de despojo únicamente pretenda tutelar la posesión, pues además que dicha disposición hace referencia al derecho de propiedad, al señalar como objetos materiales del delito a los inmuebles ajenos o a los derechos reales que no le pertenezcan a quien lo cometa, aquél es un derecho reconocido por la legislación civil, que otorga al propietario la facultad de defenderlo, y esto le da legitimación para considerarlo sujeto pasivo del delito de despojo, lo que lleva a establecer que respecto a este ilícito la ley no sólo tutela la posesión, sino también la propiedad. Contradicción de tesis 45/98. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, ambos del Sexto Circuito. 22 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 42/2000. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Nota: Por ejecutoria de fecha 25 de marzo de 2009, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 128/2008-PS en que participó el presente criterio.". Aunado a lo anterior, el estudio de la legitimación causal para formular querella, de la persona contra la que se ejecutaron los hechos considerados como constitutivos del delito de despojo, es un elemento propio de análisis en la etapa de juicio y no en el dictado del auto de vinculación a proceso, debido a que en esta etapa del procedimiento penal como bien lo señaló el juez de control, no se exige que estén plenamente acreditados todos los elementos configurativos del delito, sino que basta que existan datos de prueba que den cuenta de la existencia de hechos que, eventualmente y bajo las condiciones necesarias, puedan llegar a ser considerados como constitutivos del delito; de ahí que, en esta fase procedimental, aún no se puede analizar si la querellante se encontraba legitimada o no para formular esa solicitud, pues formalmente no se han desahogado pruebas ante el Juez de la causa. Además, porque en este delito, el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Por ende, si en el presente asunto se desplegó una conducta que se atribuyó a los quejosos, en el sentido de usurpar la posesión material que tenía el aquí tercero interesado sobre el inmueble antes identificado, a través de su ingreso al mismo de manera furtiva, ejerciendo actos de posesión, ello basta para considerar que en la fecha de los hechos el pasivo estaba en posesión del inmueble -independientemente de la causa generadora de su posesión- debe estimarse, como así lo hizo el juez de la causa que los activos probablemente desplegaron hechos que la ley considera como antijurídicos, con independencia de determinar si tenían un mejor derecho para poseer que la víctima, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer. En tal tesitura, la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y propietario del bien, era suficiente para que el Juez de la causa emitiera el auto de vinculación a proceso en los términos indicados, porque independientemente de la razón por la que el tercero interesado estaba posesionado del inmueble, que acorde con los datos de investigación se afirma tener con motivo de un acto jurídico traslativo de propiedad (compraventa), la conducta de los ahora quejosos atentó contra la posesión que el ofendido ejercía y que, hasta el momento las propias autoridades civiles competentes como se advierte lo determinó el juez responsable, no han hecho pronunciamiento alguno considerándola como legítima; de manera que si los imputados estimaban contar con derechos sobre el inmueble, tenían expeditas las vías legales para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien cuenta con un título que lo ostenta como propietario; de ahí que sean infundados sus conceptos de violación. Máxime que la descripción legal del delito de despojo permite colegir que el Legislador lo que pretendió es proteger tanto la propiedad como la posesión, por ende, es incorrecto considerar -como plantean los quejosos- que este ilícito únicamente puede ejecutarse sobre personas que sean propietarias de un inmueble, al señalar como objetos materiales del delito a los inmuebles ajenos o a los derechos reales que no le pertenezcan a quien lo cometa, lo cual confiere legitimación para considerar como sujeto pasivo del delito de despojo, incluso al poseedor, lo que lleva a establecer que respecto a este ilícito la ley no sólo tutela la propiedad, sino también la posesión. Además, la posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protege a través del tipo penal de despojo conllevan implícita la figura genérica de la posesión y en el tipo penal de despojo que prevén esos dispositivos el legislador pretende sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no sólo de uno de esos elementos, pues ambos, en conjunto, integran la referida figura genérica; siendo por ello que para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos; por lo que, en la especie, es suficiente que los ahora quejosos se hayan introducido al inmueble sobre el cual se encontraba ejerciendo actos posesorios JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos Con relación a la probabilidad de que los imputados participaron en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de prueba que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y aquellos otros que se rindieron ante el Juez de Control por la defensa; por ende, basta que existan indicios de que los ahora quejosos hayan intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlos a proceso. En el caso, el Juez responsable, acertadamente consideró que se encontraba acreditada la probable participación de los imputados, hoy quejosos, en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar que de los datos aportados por la Fiscalía, se justificaba su intervención como autores materiales de ese hecho fáctico, porque partiendo de la base objetiva y datos que derivaron de las entrevistas de MARIO y DANIEL URBINA GONZÁLEZ, del veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete, fecha en que los acusados y un cerrajero ingresaron al inmueble, encontraban concordancia con lo señalado por el entrevistado HUGO ALBERTO GALEOTE PINEDA el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, de lo cual se podía establecer que dichos acusados ingresaron de manera furtiva, porque en ese momento no se encontraba el legítimo poseedor propietario de dicho inmueble y que hasta ese momento se encontraban ocupando el descrito inmueble. En consecuencia en esta parte resolvió que existían datos objetivos que el día veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, ROBERTO PEÑA MORALES y MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES, ingresaron al inmueble de manera furtiva y en las circunstancias antes reseñadas los datos señalados generaban credibilidad y de manera probable en términos del artículo 24, fracción III del Código Penal del Estado de Michoacán, que dichos acusados, hoy quejosos, eran probables responsables en cuanto ejecutores materiales del delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 226, fracción I, del mismo ordenamiento legal. De igual forma, contrario a lo alegado por los quejosos en el segundo de los conceptos de violación, el juez responsable, sí atendió a todos y cada uno de los argumentos vertidos por la defensora de los ahora amparistas, pues en relación a los mismos, determinó en esencia, que contrario a lo expuesto por la misma y por todos los motivos expuestos en la audiencia y que ya fueron referidos con anterioridad, sí se reunían los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado. Asimismo determinó el juez de control, que con independencia de que hasta el momento no se haya establecido la ilicitud de la escritura con la cual el ofendido, hoy tercero interesado acreditó ser el titular del derecho de propiedad del inmueble respecto del cual afirma se cometió el delito de despojo por parte de los ahora inculpados, ello no conducía a considerar, como lo pretendía la defensa que la víctima no estaba legitimado para querellarse. Lo anterior expuso el juzgador responsable era así, porque la defensa hizo mención a una queja presentada por ALICIA MORALES PÉREZ y una certificación del archivo de notarios, donde según la defensora de los ahora quejosos advirtió se precisó que el once de noviembre de dos mil trece, se presentó queja, por la supuesta suplantación de la persona de ALICIA MORALES PÉREZ, al momento de celebrar la escritura de compraventa con ALEJANDRO PERALTA ARNAUD, pero a ello el juez resolvió que no estaba justificado hasta el momento, porque ya existía la determinación de una autoridad judicial, la cual no fue favorable para ALICIA MORALES PÉREZ; por tanto, indicó el juzgador de mérito, no era materia del debate si quien vendió a ALEJANDRO PERALTA ARNAUD fue o no ALICIA MORALES PÉREZ; así si en el derecho mexicano, no existe la nulidad de pleno derecho de los actos jurídicos, sino que para ello es necesario que se suscite la controversia respectiva ante las autoridades civiles competentes quienes al momento de resolver declararan la procedencia o no de la nulidad planteada, el juez de control, correctamente consideró que debía tomarse en cuenta que ya hubo una autoridad civil que se pronunció sobre la legalidad de esas escrituras y no compartía lo que alegaba la defensa en cuando a la ilegalidad de la misma, que esa era una cuestión que debía debatirse en la vía civil. También en relación con lo alegado por la defensa en cuanto a que en su opinión se requería de un requisito de procedibilidad, en ese aspecto consideró el juez que no se requería hacer una relación de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, porque incluso ya existían pronunciamiento vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que bastaba que ese hecho se subsumiera a esa descripción legal, que por tanto, no había ausencia de requisito de procedibilidad alguno; y que tampoco el documento que anexaba relativo al juicio sumario civil era suficiente, porque la etapa en la cual actuaba, no se analizaba el tipo penal. En ese sentido, en cuanto la consideración del juez de que existían datos de que el ahora ofendido era quien venía ejerciendo actos posesorios hasta antes de la ejecución del hecho, con la introducción de material para la construcción el mismo, la defensa señaló que no debía otorgársele valor probatorio a los testimonios de MARIO y DANIEL de apellidos URBINA GONZÁLEZ, porque no describieron las herramientas que dijeron traía la persona que afirmaron era cerrajero, a lo cual, el juez de control consideró que esas circunstancias no lo llevaban a restarle credibilidad a sus testimonios, porque no existía un dato objetivo diverso que indicara que los testigos se hubieren conducido con parcialidad, máxime adujo el juez que las precisiones de esos atestes, se encontraban robustecidas con lo dicho por el querellante y el Notario Público; aunado a lo anterior abundó el juez, que no se estableció que padecieran de algún defecto que no les permitiera realizar una percepción de lo que narraron, de ahí que como ya se dijo, no compartió la postura aludida de la defensa. Asimismo, sostuvo el juez que la defensa también indicó que no se realizó una descripción física que coincidiera con la imputada ALICIA MORALES PÉREZ, a lo cual manifestó el juzgador de primer grado que esa circunstancia, si la había compartido con la defensa, al haber sido el motivo esencial por el cual resolvió dictar auto de no vinculación a proceso en contra de dicha persona. En cuanto a lo alegado por la defensora, en el sentido de que cuenta con una historia de consumo de servicios básicos a partir del diecinueve de febrero del dos mil quince, el juez determinó que ese documento no encontraba sustento en un dato objetivo diverso, a más de que contrario a ello estaba lo dicho por el denunciante, hoy tercero interesado, en atención a que éste es el que ha estado realizando actos posesorios, lo cual aseveró el responsable estaba corroborado con los testimonios de MARIO y DAVID URBINA GONZÁLEZ, ya que éstos habían coincidido en manifestar que guardaban material para la construcción, lo cual dedujo dicho juzgador de control que estaba corroborado además con el testimonio de HUGO ALBERTO GALEOTE PINEDA, todo lo cual, consideró el multicitado juez, le generaba mayor convicción que el documento de historia de consumo de servicios básicos referido por la defensa, el cual insistió, por sí mismo, no generaba credibilidad; de ahí que en este aspecto, contrario a lo alegado por los quejosos en el segundo de los conceptos de violación, sí se valoró dicho documento; y con independencia de que le hubiere restado credibilidad al mismo, independientemente de su contenido, como acertadamente lo reiteró el juez responsable, la audiencia donde emitió el acto reclamado, lo cierto es que no existe declaración judicial alguna acerca de la ilicitud o nulidad de la escritura en base a la cual se generó el derecho de posesión del inmueble en cita respecto del ofendido, aquí tercero interesado JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ. En otra parte, en cuanto a la oposición de la defensa en el sentido de que no se reunían los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideró el juez responsable que por los argumentos ya dados y expuestos en esta resolución, tampoco compartía la postura de la defensa en relación con dicho tema. Ahora, en cuando a la afirmación de la defensora de que no estaba justificado dato alguno en relación con la identificación de las chapas de dicho inmueble, resolvió el juez que la defensa no señaló respecto de qué dato o resultado de investigación es que obtuvo esa información, la cual además determinó carecía de sustento y que además había sido debatida por la Fiscalía. En este orden en cuanto a los actos posesorios ejercidos por el ofendido, el juez indicó que contrario a lo alegado por la defensora, la víctima y testigos ya nombrados en párrafos precedentes, sí señalaron las circunstancias de que había materia de construcción, lo cual consideró era de tomarse en cuenta, porque no estaba acreditado que dichos testigos se hubieren conducido con mendacidad o falta a la verdad, y que por tanto debía estarse a que sí existía ese material de construcción introducido por la víctima, y que ese actuar implicaba actos posesorios del inmueble. En relación con la insistencia de la defensa en cuanto a que no se validó la escritura de ALEJANDRO PERALTA ARNAUD, el juez de control reiteró que si bien no se hizo el pronunciamiento, tampoco existía determinación de invalidez de alguna de las dos escrituras, esto es, de la de éste último y en consecuencia de la del ofendido, hoy tercero interesado JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ; y que además de acuerdo al historial catastral del veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, el último propietario lo era éste último, quien estaba anotado lo adquirió del señalado al inicio de este párrafo. En virtud a lo anterior, el juez de control responsable, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ROBERTO PEÑA MORALES y MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES, por el hecho que la ley prevé como despojo, a los cuales los consideró como coautores en términos del artículo 24, fracción III del Código Penal del Estado de Michoacán. Este Juzgado Federal concurre con la autoridad responsable, ya que con los datos de prueba que le narró el agente del Ministerio Público, así como los que se recibieron en la audiencia de ley, y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer, contrario a lo expuesto en sus conceptos de violación, que efectivamente existe la probabilidad de que los hoy quejosos, participaron en los hechos configurativos del delito de despojo en cuanto coautores materiales del mismo. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso era necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. A partir del anterior análisis, resultan infundados la totalidad de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues los mismos, en esencia, como ya se vio están dirigidos a combatir la legitimidad del ofendido aquí tercero interesado para querellarse, derivado de reiterada alegación vertida por los quejosos en cuanto a la nulidad de la escritura de compraventa de la cual derivó el derecho de la víctima para ejercer los actos de posesión respecto del inmueble objeto del delito de que se trata, sin embargo, como ya se indicó, al margen de que en nuestro sistema jurídico, no existen nulidades de pleno derecho, sino que deben declararse por la autoridad competente, lo cierto es que en el caso, como lo precisó el juez responsable, no ha sido declarada por autoridad alguna competente para ello y en consecuencia, acertadamente el juez responsable tuvo por acreditados los actos de posesión ejercidos por la víctima, hasta antes de la comisión de los hechos (despojo) con los datos de prueba ya señalados. En las relacionadas condiciones, al haberse realizado el estudio de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de los quejosos y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos MARÍA DE LA LUZ y ROBERTO ambos de apellidos PEÑA MORALES, contra el acto reclamado a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en autos de la causa penal 418/2018, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hoy quince de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JORGE ALBERTO GUZMAN GONZALEZ, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número II-746/2018, promovido por MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES y ROBERTO PEÑA MORALES, por su propio derecho, contra acto del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral Región Morelia; y, R E S U L T A N D O PRIMERO....SEGUNDO... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. (...) ...En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es: El auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de agosto del dos mil dieciocho, dentro de la causa penal número 418/2018, en contra de los quejosos ROBERTO PEÑA MORALES y MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado por el numeral 226, fracción I, del Código Penal del Estado, cometido en agravio de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia Fernando Hernández Hernández, aceptó la existencia del acto reclamado. Además, tal afirmación se vio corroborada con las constancias así como el disco compacto relativo a la causa penal 418/2018, que el juez responsable acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sin embargo, del análisis exhaustivo tanto de las constancias que integran el expediente que se examina, como de las videograbaciones atinentes, no se obtiene que, en la especie, se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia previstas por la Ley de Amparo; por tanto, lo que se impone es emprender el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez." Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta que exista materia sobre la cual suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, debe precisarse que el Juez responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar tanto el hecho delictuoso como la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limitará al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones y pruebas rendidas ante él en la audiencia de vinculación a proceso, en la medida que sólo pueden ser considerados como simples datos de prueba. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe realizarse únicamente sobre la base de las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que el Juez de Control no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, este Juzgador realizará un análisis del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación expresados, en torno a la determinación que se adoptó respecto a la acreditación de los hechos que la ley considera como constitutivos del delito de despojo y la posibilidad de que los quejosos hayan intervenido en su comisión, a la luz de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. De esta manera, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará bajo el tamiz establecido en el artículo 19 de la Constitución General de la República, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es necesario acotar que solamente mediante el cumplimiento de tales requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Ahora, cabe adelantar que los primeros dos requisitos indicados se cumplen con la simple mención a ellos dentro de la resolución de vinculación a proceso, en cualquier parte de su texto, pues la norma constitucional no impone formalidad alguna. Luego, estos dos requisitos se aprecian cumplidos de una simple reproducción del disco versátil digital que contiene la videograbación de la audiencia en que se dictó el acto reclamado, por lo que no resulta necesario mayor estudio. En cuanto al tercero de los requisitos indicados por el numeral 19, párrafo primero, de la Constitución General de la República, tenemos que coincide con uno de los extremos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto se resulta ocioso realizar un doble análisis por separado. Así, en este aspecto, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales -que constituye la legislación aplicable en el presente caso-, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: III.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; y, III.2. Que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de julio de 2012, página 1940, materia penal, del tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, de Abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, con el propósito de determinar si se encuentran o no cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso -señalados con antelación-, se expone lo siguiente: I. Formulación de la imputación. De las constancias de autos se advierte que en audiencia de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 307, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra de los hoy accionantes del amparo, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, por el delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, cometido en agravio de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, hoy tercero interesado; por ende, se encuentra satisfecho este requisito para la emisión del auto de vinculación a proceso. II. Rendición de la declaración de los imputados ante el Juez de Control o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia respectiva, celebrada en la fecha ya referida los inculpados, hoy quejosos, se reservaron a ejercer su derecho de rendir declaración respecto de los hechos que se les imputaron, ante la presencia del Juez responsable, en la audiencia de mérito; por ende, también se encuentra colmado el segundo requisito establecido para la legal emisión del acto reclamado. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni el acreditamiento de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que los imputados los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo analizará si el Juez de Control señalado como responsable realizó un examen sobre el grado de racionabilidad, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Julio de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS y SUBJETIVOS) y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. El Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de despojo, -cometido en agravio de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ- previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán. Para arribar a tal conclusión, el Juzgador consideró los siguientes antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, así como las declaraciones y datos de prueba que se recibieron en la audiencia de ley, que a continuación se destacan: De la parte acusadora: Querella a cargo de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, del veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Acta destacada fuera de protocolo. Acta de registro de inspección del veinticinco de abril de do smil diecisiete. Entrevista a ALEJANDRO PERALTA ARNAUD. Copias certificadas de la sentencia definitiva del juicio ordinario civil número 650/2013, así como de la resolución que la confirma dictada en el toca civil 40/2014 y resolución del Amparo Directo Civil 40/2015, que negó el amparo solicitado por ALICIA MORALES PÉREZ, contra la referida sentencia dictada en apelación. Certificado del registro catastral. Entrevista a HUGO ALBERTO GALEOTE PINEDA, del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Entrevista a JORGE GUZMÁN ESPINOZA, del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Acta de Registro e Inspección del lugar del hecho, del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Entrevista de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, del siete de febrero de dos mil dieciocho. Informe pericial del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, realizado por ANGEL VARGAS SUASTEGUI. Entrevista de DANIEL URBINA GONZÁLEZ, del veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Entrevista de MARIO GILBERTO URBINA GONZÁLEZ, del veintiséis de abril del dos mil dieciocho. Escrito presentado por JORGE LUIS MENDOZA SÁNCHEZ, en cuanto asesor de la víctima, donde con la finalidad de acreditar la propiedad, exhibe la escritura pública número 67, volumen 4, respecto de una compraventa del inmueble ubicado en la calle Bélgica, número 110, colonia Villa Universidad, con sede en Morelia, Michoacán; así como de la escritura pública número 589, volumen 25, respecto de la protocolización del Reglamento del condominio vertical que se construyó sobre el lote número 15, manzana 10, respecto de la construcción de tres departamentos formalizado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, por la víctima, ahora tercero interesado. Autorización definitiva para establecer el desarrollo de viviendas bajo el régimen de propiedad en condominio vertical y el visto bueno del proyecto arquitectónico para el establecimiento de tres viviendas que autorizó al Dirección de Orden Urbano el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Recibo de pago del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del nueve de junio de dos mil dieciséis. Formato de factibilidad para subdivisión del organismo en cita, del nueve de junio de dos mil dieciséis. Contrato de prestación de agua potable del catorce de julio de dos mil dieciséis y recibo de pago por contrato de nueve de junio de dos mil dieciséis. Contrato de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado del inmueble en cita, del catorce de julio de dos mil dieciséis. Oficio autorización protocolización de condominios del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. De la defensa: Copias certificadas de la sentencia definitiva del juicio ordinario civil número 650/2013, así como de la resolución que la confirma dictada en el toca civil 40/2014 y resolución del Amparo Directo Civil 40/2015, que negó el amparo solicitado por ALICIA MORALES PÉREZ, contra la referida sentencia dictada en apelación. Escritura relativa a la compraventa que celebró CRISTINA GUZMÁN MORALES, como vendedora y ALICIA MORALES PÉREZ, en cuanto compradora del inmueble cuya ubicación ya fue descrita, número 2486, volumen 158, del cuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, registrada bajo el número 106, Tomo 456, volumen 58, enero de mil novecientos ochenta y cinco. Historia de consumo de la Comisión Federal de Electricidad, del diecinueve de febrero del dos mil quince, a nombre de MARíA DE LA LUZ PEÑA MORALES. Copias certificadas por la Agencia X, mesa III, de la Fiscalía Regional, relativas a la averiguación previa penal 416/2013-X-III, en contra de ALICIA MORALES PÉREZ, por el delito de fraude el agravio de ALEJANDRO PERALTA ARNAUD; así como de la averiguación previa 402/2013-XIX-II, instruida en contra de ROGELIO AYALA AYALA, que en ella compareció ALICIA MORALES PÉREZ a denunciar hechos que consideró cometidos en su agravio al elaborarse la escritura pública relativa al contrato de compraventa entre esta última y ALEJANDRO PERALTA ARNAUD. Copias certificadas de la queja presentada por ALICIA MORALES PÉREZ, en su carácter de propietaria donde alegó la suplantación de su persona ante el Notario que elaboró la escritura a que se hizo referencia en el inciso anterior, EMILIO SOLÓRZANO SOLIS. Escritura original de ALICIA MORALES PÉREZ.. Credencial a nombre de ALICA MORALES PÉREZ, con domicilio y rostro diferente a la acusada. Credencial de ALICIA MORALES PÉREZ, con rostro y domicilio diferentes a la presentada ante el Notario Público referido en el inciso y). A partir de esos datos, el Juez de Control estimó que actualizaban los hechos descritos en la figura delictiva contemplada en el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, que estatuye: "226. Despojo Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cien a quinientos días multa a quien: De propia autoridad, por medio de violencia física o psicológica, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenezca. [.]" Conforme a dicho precepto -en la hipótesis que consideró actualizada el Juez de Control-, comete el delito de despojo quien, de manera furtiva, esto es sin permiso y autorización de quien legítimamente tenga derecho para hacerlo, se posesione materialmente de un inmueble ajeno Para tal efecto, el Juez consideró lo siguiente: [.] El delito de DESPOJO por el cual se formuló imputación lo comete quien furtivamente "se posesione materialmente de un inmueble ajeno o haga uso de éste, o de un derecho real que no le pertenezca". [.] Ahora, para tener por establecido el hecho que la ley señala como delito, la autoridad responsable consideró que, con los datos de prueba que hasta ese momento se le habían puesto bajo su conocimiento, podía determinar que el ahora tercero interesado, JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, era el propietario del inmueble motivo de los hechos, quien lo adquirió a través de la compraventa que realizó con ALEJANDRO PERALTA ARNAUD el veintidós de marzo de dos mil dieciséis, data a partir de la cual empezó a realizar actos posesorios respecto del bien objeto de la compraventa ubicado en la calle Bélgica, número 110 de la colonia Villa Universidad de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Determinó el juzgador de control responsable que analizadas las manifestaciones de las partes, conforme al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedía a resolver la situación jurídica de los imputados; que el artículo 19, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna detención podía exceder del plazo de setenta y dos horas, sin que se justifique con el dictada de un auto de vinculación dictado conforme a los requisitos previstos por el artículo 316 del ordenamiento legal antes citado; adujo también el juzgador responsable que era competente tomando en consideración que los hechos tuvieron lugar en esta ciudad de Morelia, en la colonia Villa Universidad. También determinó que la Fiscalía les atribuyó a los ahora imputados el delito de despojo, en donde aparecía como víctima JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ; mientras que los imputados manifestaron su voluntad de no emitir testimonio. Que de los datos vertidos por el Ministerio Público, consideraba justificados los hechos materia de la imputación, los cuales consistían en que el día veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se introdujeron diversos sujetos al inmueble localizado en la calle Bélgica, número 110, de la colonia Villa Universidad de esta ciudad, que tales hechos fueron presenciados por dos testigos, DANIEL y MARIO, ambos de apellidos URIBINA GONZÁLEZ, que lo manifestado por éstos, fue constatado por un Notario Público quien compareció el diez de abril del dos mil diecisiete, el cual dio cuenta que en el inmueble se encontraban diversas personas en su interior; y que ese hecho materia de imputación se subsumía a la hipótesis jurídica prevista por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán. También precisó la responsable, que no advertía transgresión a derechos fundamentales durante la obtención de los datos, ni a los artículos ya referidos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Indicó también el juez de control, que con independencia de las manifestaciones de la defensa, en cuanto a que no se justificaban los elementos del tipo penal o del delito de despojo, en la etapa procesal que le competía, lo que se analizaba era que el hecho se subsumiera específicamente a la descripción legal que establece el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, lo que estimó justificado con los registros de investigación manifestados por la fiscalía. De igual forma aseveró que furtivamente se ocupó un inmueble ajeno, y que de lo señalado por la víctima, hoy tercero interesado, se advertía que éste adquirió de ALEJANDRO PERALTA ARNAUD el inmueble ya descrito con anterioridad, el veintidós de marzo de dos mil dieciséis, y a partir de esa fecha empezó a realizar el ahora tercero interesado actos posesorios respecto de dicho inmueble; que ALEJANDRO PERALTA ARNAUD, manifestó que en el año dos mil doce, adquirió ese inmueble; que en julio del año dos mil trece, se enteró que se le había demandado en el juicio 650/2013, sobre nulidad de la escritura de compraventa, a través de la cual este había adquirido dicha propiedad, que no obstante esas circunstancias, en ese contradictorio civil se determinó que era improcedente la acción ejercida en su contra, esto es se declaró subsistente el derecho legal reconocido en esa escritura pública con motivo de la compraventa con ALEJANDRO PERALTA, y en ese sentido resolvió el juez de control que de ello derivaba la legitimidad del ofendido, aquí tercero interesado de reclamar derechos posesorios que no fueron declarados como ilícitos. A la vez indicó que partiendo de lo anterior advertía que MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES y ROBERTO PEÑA MORALES, ingresaron al inmueble de propia autoridad, a lo cual también resolvió que estaba justificado que de manera furtiva ingresaron al inmueble porque JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, en su querella, quien entre otras cosas manifestó que el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, fue informado por MARIO y DANIEL ambos de apellidos URBINA GONZÁLEZ, que había dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino, acompañados de una persona que al parecer era cerrajero, quien estaba abriendo el inmueble; y que ese registro le generaba credibilidad porque fue referenciado por la Fiscalía de control, que con las entrevistas recabadas el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, a las personas citadas en último término, ambos refirieron ser trabajadores de la víctima, hoy tercero interesado y que veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete observaron lo dicho, quienes además apreciaron que estaba un cerrajero, ello por las herramientas que tenía, quien una vez que abrió e inmueble de referencia, las personas descritas ingresaron al mismo. De igual forma sostuvo el juez responsable que con independencia de que como lo había dicho la defensa, esos testigos eran trabajadores de la víctima, ese hecho per se, no llevaba a sostener que se hubiesen conducido con mendecidad o hubieren faltado a la verdad, porque además tales hechos se encontraban vinculados con el acta de inspección a inmueble donde especificó PEDRO MORALES VARGAS, policía investigador encargado de realizarla, que logró observar un vehículo marca corsa, esto es, el que refirieron los mismos entrevistados; y no sólo ello sino que incluso se encontraban diversos objetos que permitían establecer que la víctima acudió a ese inmueble, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete y constató que había una construcción rústica en su interior, tendederos y varias pertenencias u objetos, a lo cual resolvió el juzgador responsable que de ello derivaba que a partir del veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete, se venían ejerciendo actos de posesión en el inmueble ubicado en la calle Bélgica, número 110, de la colonia Villa Universidad de esta ciudad de Morelia, por parte de los ahora quejosos. En relación con lo anterior, señaló el juzgador de control, que la propia víctima refirió que el diez de abril de dos mil diecisiete, acudió ante el Notario Público número 83, quien lo acompañó al lugar de los hechos, junto con MARIO y DANIEL de apellidos URBINA GONZÁLEZ, y constataron lo dicho en el párrafo anterior, todo lo cual quedó registrado en el acta fuera de protocolo del diez de abril de dos mil diecisiete. Así, precisó que por tanto, existían datos objetivos acerca de que las personas que intentaron ingresar a ese inmueble, lo hicieron de manera furtiva y que esa furtividad tenía que ver porque en ese momento no se encontraba el propietario (víctima), o quien tenía derecho a poseer, por lo cual consideró que ese hecho con apariencia de delito que la ley denomina despojo, se subsumía al hecho furtivo previsto por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán. Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, y contrario a lo alegado por la parte quejosa en el primero de sus conceptos de violación, al dictar el acto reclamado, el Juez responsable analizó correctamente la verificación de un hecho que Ley señala como delito, cuenta habida que el estándar probatorio que se requiere en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, como lo expuso el juez en la audiencia donde emitió el acto reclamado, sólo implica que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados actos de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, sin que para ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del reformado artículo 20 constitucional, sea necesario que en la etapa de investigación tales datos constituyan prueba fehaciente para la legalidad de la emisión del auto de vinculación a proceso, pues para los efectos de este sistema judicial sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral, aun cuando se hayan recibido diversos testimonios durante la audiencia de vinculación a proceso, pues el que se hayan recepcionado no les da el carácter de prueba, sino de un simple dato probatorio, a nivel indiciario. Apoya esta consideración, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2015953 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Penal Tesis: XVII.1o.P.A.53 P (10a.) Página: 2082 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA. El Juez de control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues las pruebas en esta etapa sólo sirven para integrar datos, por lo que darle un mayor valor, en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del código mencionado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 60/2017. 8 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Conforme a lo anterior, desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de prueba que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Michoacán, considera como delito de despojo, en perjuicio de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I del citado ordenamiento, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito, contrario a lo señalado por los amparistas en el primero de sus conceptos de violación, comparte la conclusión a la que arribó el responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado, consistente en que el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, los aquí quejosos, MARÍA DE LA LUZ y ROBERTO, ambos de apellidos PEÑA MORALES, se introdujeron en el domicilio ubicado en la calle Bélgica, número 110 de la colonia Villa Universidad de esta ciudad de Morelia, Michoacán, el cual es propiedad de JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ, por así haberlo acreditado con la escritura pública número 67, volumen 4, del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, elaborada por el Notario Público número 181, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia. En esta tesitura, en cuanto a la configuración del delito atribuido a los quejosos, este Juzgador no advierte lesión a sus derechos; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. Sustenta la anterior conclusión, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2004857 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 Materia(s): Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/2 (10a.) Página: 757 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 724/2012. 1 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Fernando Luévano Ovalle. Amparo en revisión 811/2012. 28 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Amparo en revisión 6/2013. 12 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario Juan Fernando Luévano Ovalle. Amparo en revisión 423/2013. 13 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. Amparo en revisión 440/2013. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 87/2016 de la Primera Sala de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2017 (10a.) de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En este sentido, es infundado lo aducido por los quejosos en el primero de los conceptos de violación, en el sentido de que el ofendido no acreditó ser el propietario del inmueble del que fue desposeído el día de los hechos (veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete), por no ser el titular del derecho de propiedad respectivo y que, además, no existe querella de parte legítima, por esa misma razón. Esto es así, en primer término, porque con independencia de que el juzgador responsable determinó que el ofendido sí acreditó su legitimidad para querellarse desde el momento en que demostró que adquirió de ALEJANDRO PERALTA ARNAUD el inmueble ya identificado, el veintidós de marzo de dos mil dieciséis y que a partir de entonces comenzó a realizar actos posesorios al guardar en el mismo material para la construcción, además de que con motivo del juicio 650/2013, que sobre nulidad de la escritura de compraventa ejerció en su momento ALICIA MORALES PÉREZ, se había determinado incluso en amparo directo la improcedencia de dicha acción, lo cual implicaba la legalidad del derecho reconocido en esa escritura respecto de la compraventa que ALEJANDRO PERALTA realizó en cuanto comprador con la ya mencionada ALICIA MORALES; y que al haber adquirido el ahora quejoso JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ en cuanto comprador de ALEJANDRO PERALTA el inmueble ya identificado, y no existir declaración de nulidad de escritura alguna, de ahí derivaba el derecho de éste último de reclamar derechos posesorios no declarados como ilícitos. Conviene señalar además que el delito de despojo tutela la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión, por lo cual para que se configure dicho delito, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es la sustitución del poseedor en su derechos; así, si el pasivo en el momento en que se ejecute el hecho ilícito estaba en posesión del inmueble, virtud a un título de propiedad, debe estimarse que el activo procede antijurídicamente, si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, ello con independencia de ostentarse también como propietario, porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la parte ofendida ejerce legítimamente. Sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias: "Época: Novena Época Registro: 161324 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Agosto de 2011 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 70/2011 Página: 83 DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria. Contradicción de tesis 106/2010. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 4 de mayo de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral. Tesis de jurisprudencia 70/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de junio de dos mil once.". "Época: Novena Época Registro: 190375 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 42/2000 Página: 48 DESPOJO, DELITO DE. EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, TUTELA TANTO LA PROPIEDAD COMO LA POSESIÓN. De la interpretación de lo dispuesto en la fracción I del artículo 408 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla que establece: "Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cincuenta días de salario: I. Al que, de propia autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o remueva o altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca.", en relación con las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles de la propia entidad federativa, que reglamentan tanto la propiedad como la posesión, puede concluirse que resulta inexacto que el delito de despojo únicamente pretenda tutelar la posesión, pues además que dicha disposición hace referencia al derecho de propiedad, al señalar como objetos materiales del delito a los inmuebles ajenos o a los derechos reales que no le pertenezcan a quien lo cometa, aquél es un derecho reconocido por la legislación civil, que otorga al propietario la facultad de defenderlo, y esto le da legitimación para considerarlo sujeto pasivo del delito de despojo, lo que lleva a establecer que respecto a este ilícito la ley no sólo tutela la posesión, sino también la propiedad. Contradicción de tesis 45/98. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, ambos del Sexto Circuito. 22 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 42/2000. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Nota: Por ejecutoria de fecha 25 de marzo de 2009, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 128/2008-PS en que participó el presente criterio.". Aunado a lo anterior, el estudio de la legitimación causal para formular querella, de la persona contra la que se ejecutaron los hechos considerados como constitutivos del delito de despojo, es un elemento propio de análisis en la etapa de juicio y no en el dictado del auto de vinculación a proceso, debido a que en esta etapa del procedimiento penal como bien lo señaló el juez de control, no se exige que estén plenamente acreditados todos los elementos configurativos del delito, sino que basta que existan datos de prueba que den cuenta de la existencia de hechos que, eventualmente y bajo las condiciones necesarias, puedan llegar a ser considerados como constitutivos del delito; de ahí que, en esta fase procedimental, aún no se puede analizar si la querellante se encontraba legitimada o no para formular esa solicitud, pues formalmente no se han desahogado pruebas ante el Juez de la causa. Además, porque en este delito, el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Por ende, si en el presente asunto se desplegó una conducta que se atribuyó a los quejosos, en el sentido de usurpar la posesión material que tenía el aquí tercero interesado sobre el inmueble antes identificado, a través de su ingreso al mismo de manera furtiva, ejerciendo actos de posesión, ello basta para considerar que en la fecha de los hechos el pasivo estaba en posesión del inmueble -independientemente de la causa generadora de su posesión- debe estimarse, como así lo hizo el juez de la causa que los activos probablemente desplegaron hechos que la ley considera como antijurídicos, con independencia de determinar si tenían un mejor derecho para poseer que la víctima, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer. En tal tesitura, la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y propietario del bien, era suficiente para que el Juez de la causa emitiera el auto de vinculación a proceso en los términos indicados, porque independientemente de la razón por la que el tercero interesado estaba posesionado del inmueble, que acorde con los datos de investigación se afirma tener con motivo de un acto jurídico traslativo de propiedad (compraventa), la conducta de los ahora quejosos atentó contra la posesión que el ofendido ejercía y que, hasta el momento las propias autoridades civiles competentes como se advierte lo determinó el juez responsable, no han hecho pronunciamiento alguno considerándola como legítima; de manera que si los imputados estimaban contar con derechos sobre el inmueble, tenían expeditas las vías legales para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien cuenta con un título que lo ostenta como propietario; de ahí que sean infundados sus conceptos de violación. Máxime que la descripción legal del delito de despojo permite colegir que el Legislador lo que pretendió es proteger tanto la propiedad como la posesión, por ende, es incorrecto considerar -como plantean los quejosos- que este ilícito únicamente puede ejecutarse sobre personas que sean propietarias de un inmueble, al señalar como objetos materiales del delito a los inmuebles ajenos o a los derechos reales que no le pertenezcan a quien lo cometa, lo cual confiere legitimación para considerar como sujeto pasivo del delito de despojo, incluso al poseedor, lo que lleva a establecer que respecto a este ilícito la ley no sólo tutela la propiedad, sino también la posesión. Además, la posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protege a través del tipo penal de despojo conllevan implícita la figura genérica de la posesión y en el tipo penal de despojo que prevén esos dispositivos el legislador pretende sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no sólo de uno de esos elementos, pues ambos, en conjunto, integran la referida figura genérica; siendo por ello que para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos; por lo que, en la especie, es suficiente que los ahora quejosos se hayan introducido al inmueble sobre el cual se encontraba ejerciendo actos posesorios JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos Con relación a la probabilidad de que los imputados participaron en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de prueba que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y aquellos otros que se rindieron ante el Juez de Control por la defensa; por ende, basta que existan indicios de que los ahora quejosos hayan intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlos a proceso. En el caso, el Juez responsable, acertadamente consideró que se encontraba acreditada la probable participación de los imputados, hoy quejosos, en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar que de los datos aportados por la Fiscalía, se justificaba su intervención como autores materiales de ese hecho fáctico, porque partiendo de la base objetiva y datos que derivaron de las entrevistas de MARIO y DANIEL URBINA GONZÁLEZ, del veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete, fecha en que los acusados y un cerrajero ingresaron al inmueble, encontraban concordancia con lo señalado por el entrevistado HUGO ALBERTO GALEOTE PINEDA el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, de lo cual se podía establecer que dichos acusados ingresaron de manera furtiva, porque en ese momento no se encontraba el legítimo poseedor propietario de dicho inmueble y que hasta ese momento se encontraban ocupando el descrito inmueble. En consecuencia en esta parte resolvió que existían datos objetivos que el día veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, ROBERTO PEÑA MORALES y MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES, ingresaron al inmueble de manera furtiva y en las circunstancias antes reseñadas los datos señalados generaban credibilidad y de manera probable en términos del artículo 24, fracción III del Código Penal del Estado de Michoacán, que dichos acusados, hoy quejosos, eran probables responsables en cuanto ejecutores materiales del delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 226, fracción I, del mismo ordenamiento legal. De igual forma, contrario a lo alegado por los quejosos en el segundo de los conceptos de violación, el juez responsable, sí atendió a todos y cada uno de los argumentos vertidos por la defensora de los ahora amparistas, pues en relación a los mismos, determinó en esencia, que contrario a lo expuesto por la misma y por todos los motivos expuestos en la audiencia y que ya fueron referidos con anterioridad, sí se reunían los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado. Asimismo determinó el juez de control, que con independencia de que hasta el momento no se haya establecido la ilicitud de la escritura con la cual el ofendido, hoy tercero interesado acreditó ser el titular del derecho de propiedad del inmueble respecto del cual afirma se cometió el delito de despojo por parte de los ahora inculpados, ello no conducía a considerar, como lo pretendía la defensa que la víctima no estaba legitimado para querellarse. Lo anterior expuso el juzgador responsable era así, porque la defensa hizo mención a una queja presentada por ALICIA MORALES PÉREZ y una certificación del archivo de notarios, donde según la defensora de los ahora quejosos advirtió se precisó que el once de noviembre de dos mil trece, se presentó queja, por la supuesta suplantación de la persona de ALICIA MORALES PÉREZ, al momento de celebrar la escritura de compraventa con ALEJANDRO PERALTA ARNAUD, pero a ello el juez resolvió que no estaba justificado hasta el momento, porque ya existía la determinación de una autoridad judicial, la cual no fue favorable para ALICIA MORALES PÉREZ; por tanto, indicó el juzgador de mérito, no era materia del debate si quien vendió a ALEJANDRO PERALTA ARNAUD fue o no ALICIA MORALES PÉREZ; así si en el derecho mexicano, no existe la nulidad de pleno derecho de los actos jurídicos, sino que para ello es necesario que se suscite la controversia respectiva ante las autoridades civiles competentes quienes al momento de resolver declararan la procedencia o no de la nulidad planteada, el juez de control, correctamente consideró que debía tomarse en cuenta que ya hubo una autoridad civil que se pronunció sobre la legalidad de esas escrituras y no compartía lo que alegaba la defensa en cuando a la ilegalidad de la misma, que esa era una cuestión que debía debatirse en la vía civil. También en relación con lo alegado por la defensa en cuanto a que en su opinión se requería de un requisito de procedibilidad, en ese aspecto consideró el juez que no se requería hacer una relación de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, porque incluso ya existían pronunciamiento vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que bastaba que ese hecho se subsumiera a esa descripción legal, que por tanto, no había ausencia de requisito de procedibilidad alguno; y que tampoco el documento que anexaba relativo al juicio sumario civil era suficiente, porque la etapa en la cual actuaba, no se analizaba el tipo penal. En ese sentido, en cuanto la consideración del juez de que existían datos de que el ahora ofendido era quien venía ejerciendo actos posesorios hasta antes de la ejecución del hecho, con la introducción de material para la construcción el mismo, la defensa señaló que no debía otorgársele valor probatorio a los testimonios de MARIO y DANIEL de apellidos URBINA GONZÁLEZ, porque no describieron las herramientas que dijeron traía la persona que afirmaron era cerrajero, a lo cual, el juez de control consideró que esas circunstancias no lo llevaban a restarle credibilidad a sus testimonios, porque no existía un dato objetivo diverso que indicara que los testigos se hubieren conducido con parcialidad, máxime adujo el juez que las precisiones de esos atestes, se encontraban robustecidas con lo dicho por el querellante y el Notario Público; aunado a lo anterior abundó el juez, que no se estableció que padecieran de algún defecto que no les permitiera realizar una percepción de lo que narraron, de ahí que como ya se dijo, no compartió la postura aludida de la defensa. Asimismo, sostuvo el juez que la defensa también indicó que no se realizó una descripción física que coincidiera con la imputada ALICIA MORALES PÉREZ, a lo cual manifestó el juzgador de primer grado que esa circunstancia, si la había compartido con la defensa, al haber sido el motivo esencial por el cual resolvió dictar auto de no vinculación a proceso en contra de dicha persona. En cuanto a lo alegado por la defensora, en el sentido de que cuenta con una historia de consumo de servicios básicos a partir del diecinueve de febrero del dos mil quince, el juez determinó que ese documento no encontraba sustento en un dato objetivo diverso, a más de que contrario a ello estaba lo dicho por el denunciante, hoy tercero interesado, en atención a que éste es el que ha estado realizando actos posesorios, lo cual aseveró el responsable estaba corroborado con los testimonios de MARIO y DAVID URBINA GONZÁLEZ, ya que éstos habían coincidido en manifestar que guardaban material para la construcción, lo cual dedujo dicho juzgador de control que estaba corroborado además con el testimonio de HUGO ALBERTO GALEOTE PINEDA, todo lo cual, consideró el multicitado juez, le generaba mayor convicción que el documento de historia de consumo de servicios básicos referido por la defensa, el cual insistió, por sí mismo, no generaba credibilidad; de ahí que en este aspecto, contrario a lo alegado por los quejosos en el segundo de los conceptos de violación, sí se valoró dicho documento; y con independencia de que le hubiere restado credibilidad al mismo, independientemente de su contenido, como acertadamente lo reiteró el juez responsable, la audiencia donde emitió el acto reclamado, lo cierto es que no existe declaración judicial alguna acerca de la ilicitud o nulidad de la escritura en base a la cual se generó el derecho de posesión del inmueble en cita respecto del ofendido, aquí tercero interesado JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ. En otra parte, en cuanto a la oposición de la defensa en el sentido de que no se reunían los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideró el juez responsable que por los argumentos ya dados y expuestos en esta resolución, tampoco compartía la postura de la defensa en relación con dicho tema. Ahora, en cuando a la afirmación de la defensora de que no estaba justificado dato alguno en relación con la identificación de las chapas de dicho inmueble, resolvió el juez que la defensa no señaló respecto de qué dato o resultado de investigación es que obtuvo esa información, la cual además determinó carecía de sustento y que además había sido debatida por la Fiscalía. En este orden en cuanto a los actos posesorios ejercidos por el ofendido, el juez indicó que contrario a lo alegado por la defensora, la víctima y testigos ya nombrados en párrafos precedentes, sí señalaron las circunstancias de que había materia de construcción, lo cual consideró era de tomarse en cuenta, porque no estaba acreditado que dichos testigos se hubieren conducido con mendacidad o falta a la verdad, y que por tanto debía estarse a que sí existía ese material de construcción introducido por la víctima, y que ese actuar implicaba actos posesorios del inmueble. En relación con la insistencia de la defensa en cuanto a que no se validó la escritura de ALEJANDRO PERALTA ARNAUD, el juez de control reiteró que si bien no se hizo el pronunciamiento, tampoco existía determinación de invalidez de alguna de las dos escrituras, esto es, de la de éste último y en consecuencia de la del ofendido, hoy tercero interesado JORGE ALBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ; y que además de acuerdo al historial catastral del veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, el último propietario lo era éste último, quien estaba anotado lo adquirió del señalado al inicio de este párrafo. En virtud a lo anterior, el juez de control responsable, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ROBERTO PEÑA MORALES y MARÍA DE LA LUZ PEÑA MORALES, por el hecho que la ley prevé como despojo, a los cuales los consideró como coautores en términos del artículo 24, fracción III del Código Penal del Estado de Michoacán. Este Juzgado Federal concurre con la autoridad responsable, ya que con los datos de prueba que le narró el agente del Ministerio Público, así como los que se recibieron en la audiencia de ley, y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer, contrario a lo expuesto en sus conceptos de violación, que efectivamente existe la probabilidad de que los hoy quejosos, participaron en los hechos configurativos del delito de despojo en cuanto coautores materiales del mismo. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso era necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. A partir del anterior análisis, resultan infundados la totalidad de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues los mismos, en esencia, como ya se vio están dirigidos a combatir la legitimidad del ofendido aquí tercero interesado para querellarse, derivado de reiterada alegación vertida por los quejosos en cuanto a la nulidad de la escritura de compraventa de la cual derivó el derecho de la víctima para ejercer los actos de posesión respecto del inmueble objeto del delito de que se trata, sin embargo, como ya se indicó, al margen de que en nuestro sistema jurídico, no existen nulidades de pleno derecho, sino que deben declararse por la autoridad competente, lo cierto es que en el caso, como lo precisó el juez responsable, no ha sido declarada por autoridad alguna competente para ello y en consecuencia, acertadamente el juez responsable tuvo por acreditados los actos de posesión ejercidos por la víctima, hasta antes de la comisión de los hechos (despojo) con los datos de prueba ya señalados. En las relacionadas condiciones, al haberse realizado el estudio de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de los quejosos y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos MARÍA DE LA LUZ y ROBERTO ambos de apellidos PEÑA MORALES, contra el acto reclamado a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en autos de la causa penal 418/2018, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hoy quince de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que el tercero interesado se impongan del contenido de las constancias que obran en autos, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. SE NOTIFICA A TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA Visto el contenido de la certificación secretarial, se advierte que el término de tres días concedido a los terceros interesados fiscales que intervinieron en la audiencia de vinculación a proceso Atilano René Gómez Ortiz, Irma Romana González Aguirre e Imelda Christiane Rosales Villaseñor, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, a la fecha ha concluido sin que lo hubiere hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por ende, se ordena notificar por lista que se publica en los estrados de este juzgado, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto haga la designación correspondiente, lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Femmg
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