María de Jesús Rodríguez Aguilar
Expediente 279/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María de Jesús Rodríguez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. LLEGADA DE AUTOS Acúsese recibo al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, del oficio número 9624/2018, mediante el cual la Secretaria de acuerdos adscrita a dicho órgano jurisdiccional remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión administrativa 160/2018, juntamente con el juicio de amparo en que se actúa. Hágase del conocimiento de las partes, que por ejecutoria de trece del mes y año en curso, el tribunal de alzada en cita, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 279/2018, promovido por María de Jesús Rodríguez Aguilar, del índice del juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia". En ese tenor, glósese el cuaderno de antecedentes relativo; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a nueve de agosto de dos mil dieciocho. SE ADMITE RECURSO DE REVISION. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, mediante el cual informa que en proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por María de Jesús Rodríguez Aguilar, por propio derecho, contra la sentencia dictada por este juzgado en veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.JCMZ
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil dieciocho. REMISIÓN DE EXPEDIENTE Y ANEXOS A TRIBUNAL DE ALZADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante auto de diecinueve de julio pasado, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la quejosa ********************, en contra de la resolución dictada en el presente asunto, así como que la totalidad de las partes dentro del asunto que nos ocupa, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata, por lo que se acuerda lo siguiente. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase el juicio de amparo en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que se forme, el escrito original de agravios, y copia del mismo correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que se tenga a bien determinar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-279/2018, promovido por María de Jesús Rodríguez Aguilar, por su propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Panteones Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el dos de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, María de Jesús Rodríguez Aguilar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Jefe del Departamento de Panteones Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. La parte promovente del amparo estimó violado en su perjuicio el derecho humano protegido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de tres de abril de la presente anualidad se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número V-279/2018; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado respectivo; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede. Asimismo, por auto de quince de mayo pasado, se tuvo por ampliada la demanda de amparo por lo que ve a la contestación asentada en los oficios 1065 y 1051, ambos de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de una autoridad administrativas con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión del Jefe del Departamento de Panteones Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, de dar contestación a la petición formulada por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Los oficios 1065 y 1051, ambos de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mediante los cuales se dio contestación al aludido escrito anteriormente. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Panteones Municipales del Ayuntamiento de esta ciudad, se obtiene que no es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, toda vez que refirió que se proveyó lo conducente mediante oficios 1065 y 1051, ambos de veintiuno del mes y año en cita, a cuyo efecto remitió copia certificada de tales constancias. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. De lo anterior se evidencia que, como lo señaló la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, resulta inexistente, toda vez que al momento de la presentación de la demanda (dos de abril de dos mil dieciocho) no existía tal omisión; ya que contrario a lo expresado en el escrito inicial de demanda, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se emitieron los oficios 1065 y 1051, a través de los cuales se proveyó lo conducente, los cuales fueron notificados a la quejosa el veintiuno y veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente, esto es, antes de la presentación del amparo. De ahí que no existe la omisión que pretende hacer valer la parte quejosa, en el sentido de que el Jefe del Departamento de Panteones Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, había sido omisa en proveer en relación al escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 5105/90, del tenor siguiente: "Tesis: 4a. XV/92 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207841 Cuarta Sala Tomo IX, Junio de 1992 Página 99 Tesis Aislada (Común) ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL. NO DERIVA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable niega la existencia del acto que se le imputa, sin que el quejoso logre desvirtuar la negativa, el acto debe considerarse inexistente y decretarse el sobreseimiento; y no es razón fundada para estimar lo contrario, el que de acuerdo con ciertas disposiciones de la ley, corresponda a la propia autoridad realizar el acto, pues la demostración de la existencia del acto reclamado no deriva del precepto legal que faculta a la autoridad señalada como responsable para que lo ejecute, toda vez que la circunstancia de que sea cierto o no ese acto, es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas adecuadas, y no una cuestión jurídica relacionada con la competencia o atribuciones de la autoridad. Amparo en revisión 5105/90. Representaciones Ortíz, S.A. 11 de mayo de 1992. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Abraham S. Marcos Valdés". De igual forma es de invocarse la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "Tesis: I.3o.A. J/21 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 226432 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Página 660 Jurisprudencia (Administrativa, Común) ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 1893/89 . Agustín Ibarra López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo". Por lo tanto, tomando en consideración que el acto omisivo reclamado al momento de la presentación de la demanda no existía, por así corroborarse con las pruebas que obran en el sumario, entonces lo que procede es sobreseer por lo que ve a dicho acto en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Además, robustece a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se lee: "Tesis: IV.3o.72 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 213793 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIII, Enero de 1994 Página 254 Tesis Aislada (Común) JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Amparo en revisión 182/92. Elizabeth Cantú Rodríguez de García. 19 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Ninfa María Garza Villarreal. Amparo en revisión 246/91. Instituto Femenino de Formación y Cultura, S.C. 24 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Alberto Alejandro Herrera Lugo. Amparo en revisión 232/90. María de los Angeles Guerrero Meza. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón". CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo el estudio de fondo, procede el análisis de la causa de improcedencia, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" El anterior precepto establece la improcedencia del juicio de amparo, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que fijan los artículos 17 y 18 de la ley en cita, los cuales establecen lo que a continuación se reproduce: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los citados preceptos, se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclama; b) A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; y, c) A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el primero de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos, toda vez que los oficios 1065 y 1051, ambos de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, a través de los cuales se dio contestación al escrito de seis de noviembre de dos mil diecisiete, fueron notificados a la parte quejosa el veintiuno y veinticuatro, ambos del mes y año en cita, respectivamente, en la inteligencia que tuvo la oportunidad de imponerse del contenido de los oficios de referencia, toda vez que de las propias diligencias de notificación se evidencia la leyenda en relación a que Raúl Sánchez Cruz, quien refirió ser esposo de la quejosa, fue notificado de dichas determinaciones, e incluso recibió copia del oficio 1065/2017, que fue emitido en alcance al diverso 1051/2017. De esta forma se tiene que los términos de quince días para presentar su demanda de garantías transcurrieron del veintitrés de noviembre al siete de diciembre, así como del veintiocho de noviembre al doce de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, respectivamente, descontándose de dichos términos los días inhábiles correspondientes; y, dado que el libelo constitucional fue presentado hasta el dos de abril de dos mil dieciocho, según se advierte del sello de recepción de la demanda, el término de quince días de que disponía para impugnar el acto que ahora reclama, al tenor del artículo 17, de la ley de la materia, ya había fenecido. Ahora, no pasa inadvertido que las notificaciones de referencia, fueron entendidas con Raúl Sánchez Cruz, quien refirió ser esposo de la quejosa María de Jesús Rodríguez Aguilar, sin embargo, dichas diligencias no fueron combatidas en la presente instancia constitucional, es decir, no se enderezó concepto de violación alguno en contra de ellas, por lo que este tribunal se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las mismas. En consecuencia, si como ya se dijo, la demanda de garantías a estudio fue presentada hasta el dos de abril de dos mil dieciocho, esto es, cuando ya habían transcurridos los términos para promover el juicio constitucional, es claro que su presentación deviene extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ello dado que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de la fracción V, del numeral 63, de la ley en aplicación. En ese orden de ideas, es innecesario analizar si en la especie se surte o no diversa causal de improcedencia, pues de cualquier forma el sentido de la sentencia sería el mismo, atento a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195744 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Página: 414 SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Amparo en revisión 7488/81. Maximino Juárez Miguel (Poblado de San Francisco Jaltepetongo, Municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca. Acumulados). 29 de noviembre de 1982. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Wilfrido Castañón León. Amparo en revisión 540/97. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 1634/96. Arturo Veana Espinosa. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 2204/97. De Raffaelo, S.A. de C.V. 27 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz". Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra el acto reclamado aquí estudiado, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por María de Jesús Rodríguez Aguilar, por su propio derecho, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable, en términos de los considerandos tercero y cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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