María de Jesús Medina Hernández
Expediente 996/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María de Jesús Medina Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cinco de abril de dos mil diecinueve, en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Devuélvase a la autoridad responsable, las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 724/2017, con el que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado, el cual acompañó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cinco de abril de dos mil diecinueve, en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Devuélvase a la autoridad responsable, las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 724/2017, con el que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado, el cual acompañó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II-996/2018, promovido por MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, por su propio derecho, solicitó en la vía de amparo directo, la protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene tal carácter el ciudadano Magistrado Titular de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,." "IV. ACTO RECLAMADO. La resolución emitida el pasado 9 nueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, por el ciudadano Magistrado titular de la Quinta Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dictada dentro del Toca I-309/2018, mediante la cual confirmó la resolución interlocutoria de fecha 27 veintisiete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario promovido a bienes de Manuel Medina García, por la albacea definitiva María Felipa Medina García, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, que se tramita en el Juzgado Tercero en Materia Civil de este Distrito Judicial". La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO.- La demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad de Morelia, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, y turnada día hábil siguiente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien en auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho libelo constitucional, por lo cual ordenó remitirlo junto con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad de Morelia. TERCERO.- AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE DEMANDA DE AMPARO.- La demanda y sus anexos fueron recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, el veintisiete de noviembre del pasado año y turnados en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, quien en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibidos los mismos, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo y admitió la misma, se registró el juicio con el número II-996/2018; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin que se estimara necesario solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, ni emplazar a la tercero interesada MARÍA FELIPA MEDINA GARCIA, por ya obrar en autos las constancias relativas a tales actuaciones, por lo que únicamente se ordenó notificar a las partes el avocamiento ya admisión de este juzgado; y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama lo siguiente: La sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación I-309/2018, por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, contra la sentencia interlocutoria del veintisiete de agosto del pasado año, emitida por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial dentro del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, promovido por la ahora quejosa, a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA, en la cual se confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria apelada, que aprobó parcialmente el inventario y avalúo formulado por MARIA FELIPA MEDINA GARCÍA, en cuanto albacea definitiva a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativa al toca de apelación I-309/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, son inoperantes, como se pondrá de manifiesto a continuación. En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- Que el treinta de agosto de dos mil diecisiete, MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, por su propio derecho, compareció ante la Oficialía de Partes y Turno adscrita a los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y turnado al día siguiente hábil al Juzgado Tercero Civil de esta Distrito Judicial, a denunciar el juicio sucesorio intestamentario a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA. 2.- El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia dentro de la primera sección del juico en cita, en la cual se declaró a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, LUIS MEDINA HERNÁNDEZ y MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, como únicos y universales herederos de todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y que hayan pertenecido al autor de la sucesión; asimismo, se designó como albacea de la sucesión intestamentaria a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA. 3.- El uno de marzo de dos mil dieciocho, la albacea definitiva de la sucesión, presentó escrito relativo a la segunda sección, para lo cual formuló inventario y avalúo de los bienes que conforman el caudal hereditario. 4.- El cinco de marzo de dos mil dieciocho, el juez natural, tuvo a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA con el carácter reconocido iniciando la segunda sección de dicho juicio sucesorio intestamentario. 5.- En escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, la referida albacea, realizó ampliación de inventario y avalúo; con lo cual, en proveído de quince del mismo mes y año, el juez de origen, ordenó dar vista a los demás interesados que no lo suscribieron, para que en el término de cinco días manifestaran lo que a sus intereses conviniera. 6.- En auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, el juez de primer grado, a petición de la coheredera MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, amplió el término de traslado señalado en el punto anterior, por cinco días más, en relación al inventario y valúo, a fin de que los interesados manifestaran su conformidad o inconformidad respecto del mismo. 7.- El quince de marzo del dos mil dieciocho, el juez de origen, tuvo al coheredero LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, desahogando la vista que se le dio con el inventario y avalúo presentado, manifestando su inconformidad con el mismo, sin embargo, también se le dijo que tomando en consideración que las inconformidades con el inventario y avalúo se tramitan vía incidental, lo requería para que al desahogar la vista de la ampliación del inventario y avalúo, tramitara la impugnación respectiva. 8.- El dos de abril del dos mil dieciocho, a petición de la diversa coheredera, ahora quejosa, el juez natural, ordenó ampliar el término de traslado de la vista con la adición del inventario y avalúo, por otros cinco días. 9.- En auto de trece de abril del dos mil dieciocho, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, tuvo a la ahora quejosa haciendo manifestaciones que ésta formuló en su escrito del diez de abril del pasado año, respecto de los frutos que ahí afirmó daban dos de los predios descritos en sus inventarios y avalúos, con lo cual ordenó dar vista a la albacea definitiva, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y mandó citar a los interesados mediante notificación personal, para oír sentencia interlocutoria dentro de los autos que integran la segunda sección. 10.- A través del proveído de veintiséis de abril del dos mil dieciocho, la juez de primera instancia de mérito, ordenó regularizar el procedimiento, para dejar sin efectos la citación para sentencia de la segunda sección en el intestamentario de origen; y acordó en cuanto al fondo la inconformidad planteada por el coheredero LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, en su escrito presentado el trece de marzo del pasado año, la cual admitió en la vía incidental y ordenó dar vista, así como correr traslado a la albacea, mediante notificación personal, para que contestara lo que a sus intereses conviniera. 11.- En sentencia interlocutoria del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la juez multicitada, dictó sentencia interlocutoria dentro de los autos relativos a la oposición al inventario y avalúo formulada por LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, coheredero en el juicio sucesorio intestamentario de origen, en la cual declaró improcedente la oposición formulada respecto del inventario y avalúo presentado por la albacea definitiva de la sucesión el uno de marzo del pasado año. 12.- A través del proveído de diez de julio del año próximo pasado, la juez natural declaró firme la sentencia interlocutoria del dieciocho de junio del año en cita. 13.- En proveído de catorce de agosto del pasado año, la juez de primer grado, ordenó poner los autos de la segunda sección para dictar sentencia interlocutoria. 14.- El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la juez natural, dictó sentencia dentro de la segunda sección, en la cual se aprobó parcialmente el inventario y avalúo del caudal hereditario presentado por MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, en cuanto albacea definitiva a bienes del extinto MANUEL MEDINA GARCÍA. 15.- En contra de la sentencia interlocutoria referida en el punto anterior, LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, a través de su escrito presentado ante la juzgadora de primer grado en cita, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, interpuso recurso de apelación. 16.- Mientras que en escrito de diez de septiembre del año multicitado, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, también interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia interlocutoria que resolvió lo relativo a la segunda sección. 17.- Ambas apelaciones la juez de primer grado, las tuvo por interpuestas en autos del catorce de septiembre del dos mil dieciocho. 18.- De las referidas apelaciones tocó conocer al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien formó el toca número I-309/2018, en la cual, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, resolvió en el sentido de declarar inoperantes los agravios planteados en ambas apelaciones; y por tanto, confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria apelada. Siendo esta última resolución la que en la especie constituye el acto reclamado. Ahora bien, los agravios formulados en apelación por la parte actora, hoy quejosa, en esencia fueron los siguientes: "PRIMERO. La sentencia recurrida causa agravio a mis intereses, puesto que resulta ilegal, carente de fundamentación y motivación, violentando con ello los artículos 1014, 1039, 1046, 1056, 1057 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Michoacán, lo anterior es así en virtud de que la A quo en los puntos resolutivos de la sentencia que se recurre dijo: "PUNTOS RESOLUTIVOS: (SE TRANSCRIBEN)"; ahora bien, de una sana interpretación de los resolutivos que anteceden, se advierte que la A quo, vulnera en perjuicio de la suscrita los arábigos citados en líneas que anteceden; esto es así, al no aprobar los bienes del haber hereditario, toda vez que no se ajustó propiamente al estudio materia del inventario y avalúo (inventariar y valuar los bienes), en los términos referidos en el artículo 1014 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que textualmente dice: "(se transcribe)"; máxime que dicho numeral señala de manera clara y precisa, lo que deberá tomarse en consideración y ser materia de estudio dentro de la segunda sección de un juicio sucesorio intestamentario. En el caso que nos ocupa tenemos que efectivamente la albacea definitivo MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, "debió y cumplió", con lo ordenado por este dispositivo al presentar el Inventario de bienes, si bien es cierto omitió algunos bienes, y su respectivo avalúo, pero cumplió cabalmente para los bienes inmuebles, que es el caso que nos ocupa; listando para ello, los bienes inmuebles que fan parte del caudal hereditario del causante, exhibiendo los respectivos títulos de propiedad a nombre del autor de la sucesión Manuel Medina García; por lo que ve a los avalúos, justificó el precio de dichos inmuebles ante catastro, adjuntando los respectivos certificados catastrales, cumpliendo con esto las exigencias establecidas en el artículo 1057 del Código Procedimental de la materia; por lo que correspondía a la Juez de origen resolver aprobando o reprobando dichos bienes en el inventario y avalúo, ajustándose a lo que es materia de éste; es decir, LA SENTENCIA DEBIÓ LIMITARSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL ESTUDIO DEL INVENTARIO Y AVALÚO, verificando que los bienes inventariados cumplieran con las formalidades establecidas en la ley de la materia; es decir, sí se justificó que los inmuebles se encontraran inscritos debidamente a nombre del causante, lo que se acreditó indubitablemente con las respectivas escrituras, de igual manera se determinó el valor catastral de los mismos, valor que determinó con los certificados catastrales, lo que en el presente asunto quedó debidamente probado y acreditado, hecho que resulta suficiente y bastante para que la Juez de origen aprobara en el momento de analizar lo relativo a los bienes raíces, en este caso, los bienes inmuebles que se enumeran y describen a fojas de la 5 a la 8 de la sentencia que se recurre (como se supone que debía de ser la voluntad del albacea al inventariarlos), situación que resulta contradictoria, puesto que como albacea su obligación es inventariar los bienes y su finalidad es que se apruebe dicho inventario. Lo anterior es así toda vez que la A quo al emitir la sentencia interlocutoria que se recurre, debió limitarse únicamente al estudio del inventario y avalúo atendiendo al contenido literal del artículo 1014 del Código de Procedimientos Civiles vigente; sin embargo, la juez del conocimiento fue más allá extralimitándose más de lo que le es permitido por el arábigo en cita, violentando con su actuar mi derecho a heredar, esto es así, en virtud de que el citado artículo es limitativo, es decir, que no permite ir Más allá de lo que no esta establecido en el mismo, adivirtiéndose claramente que la juez de los autos indebidamente reprueba los bienes inmuebles inventariados bajo la argumentación siguiente: "(se transcribe)"; numeral del cual se advierte la existencia de un trámite especial para quien pretenda dejar fuera los bienes de una sucesión, situación que en el caso que nos ocupa no ha ocurrido y que por el contrario la A quo, los excluye al reprobarlos por considerar que salieron del patrimonio del autor de la sucesión. Aunado a todo lo anterior, tenemos que dentro de los autos del expediente que nos ocupa, no obra constancia alguna de la que se presuma que MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, en calidad de tercera haya promovido juicio alguno pretendiendo excluir los bienes del caudal hereditario, como lo establece el artículo antes referido; por lo tanto, no existe impedimento legal alguno para que la juez de los autos haya reprobado específicamente los bienes inmuebles del multicitado inventario y avalúo, es decir; no existe una sentencia ejecutoriada que establezca que los bienes han pasado a ser patrimonio de otra persona, bastando que a la fecha sigan a nombre del de cujus, como ha quedado acreditado, para que sean aprobados en el inventario. Por todo lo anterior la A quo debió resolver sobre los autos presentes y no sobre suposiciones futuras y de realización incierta, el hecho de manifestar que los inmuebles no pertenecen al autor de la herencia, tal y como lo refiere en la foja 9 nueve de la sentencia interlocutoria, correspondiente a la segunda sección, es dar por hecho algo que no ha pasado aún, pues que a la fecha no se ha accionado legalmente sobre el multicitado contrato de Donación y Cesión de Derechos, es decir, María Felipa Medina García en su carácter de donatario y cesionaria, no ha acudido ante los tribunales a hacer válido dicho contrato y por lo tanto tampoco los herederos de la presente sucesión hemos sido oídos y vencidos en juicio alguno; es decir, ninguna de las partes (herederos y donataria y cedente) nos hemos pronunciado ni en contra ni a favor de ese contrato, por lo cual no hay una sentencia que impida y obligue a desaprobarlos los bienes inmuebles de referencia, tal como la juez de origen lo ha hecho, no hay cosa juzgada o ejecutoria por ministerio de ley o declaración judicial. SEGUNDO. Como se desprende de autos del juicio de origen, al C. María Felipa Medina García, adquirió el compromiso de albacea provisional de la sucesión al denunciar la misma y proponerse para desempeñar tal cargo, mismo que aceptó y protesto finalmente como albacea definitiva de la misma, el cual le fue conferido mediante sentencia interlocutoria dictada dentro de la primera sección; comprometiéndose con ello a cumplir todas y cada una de las obligaciones inherentes a dicho cargo, tal y como lo establece el artículo 844 del Código Civil del Estado que a la letra dice: "(se transcribe)", máxime que se obliga a cumplir cabalmente con las obligaciones que le establece el Código Civil del Estado, en su artículo 872, que es del tenor literal siguiente: "(se transcribe)"; no obstante ello, la albacea definitiva María Felipa Medina García, actuó en contra de lo establecido en los preceptos anteriormente invocados, en perjuicio de la sucesión a la que representa, siendo desleal y en cierto sentido defraudándola, porque si bien es cierto, realizó el inventario y avalúo de los bienes propiedad del causante de la sucesión, también lo es que lo hizo de forma parcial, siendo omisa al no señalar la totalidad de los bienes y omitiendo referir algunos títulos de propiedad y avalúos, para mayor ilustración, me permito precisarlos por lo que ve a la fracción IV, correspondiente a semovientes, refiere la existencia de ganado per no exhibe la patente de los mismos, ni el avalúo correspondiente que acredite su valor, ello en virtud de que está mintiendo en el número de cabezas de ganado de las cuales está obteniendo ganancias que no quiere reportar ante el juez de la causa; asimismo, en la fracción V, correspondiente a frutos, niega la existencia de ellos, cuando si los hay; en el mismo orden y por lo que ve a la fracción VI, correspondiente a muebles, lista una sembradora fertilizadora, la cual describe y exhibe la factura correspondiente, pero omite el avalúo que acredite el valor real y actual de la misma; en la fracción VII, correspondiente a Raíces, lista los bienes que señalan a fojas de 5 cinco a la 8 ocho de la sentencia interlocutoria dictada dentro de la segunda sección y que ahora se recurre, agregando las escrituras y avalúos de la segunda sección y que ahora se recurre, agregando las escrituras y avalúos catastrales (que de conformidad con la ley deben ser aprobados por cumplir con los requisitos necesarios para ello), y finalmente la albacea definitiva María Felipa Medina García, en la fracción VIII romano del citado inventario y avalúo, dolosamente y en perjuicio de la sucesión manifiesta textualmente lo siguiente: "(se transcribe)". Que en el sucesorio de origen es la albacea definitiva responsable de defender y velar por los intereses de la sucesión. El carácter de María Felipa Medina García dentro de la sucesión que nos ocupa, es el que le ha sido reconocido en autos de la presente sucesión y que actualmente desempeña ALBACEA DEFINITIVO, mismo que ha aceptado y protestado fielmente su desempeño, motivo por el cual el albacea definitivo María Felipa Medina García, no puede intervenir con otro carácter, ni representar dos figuras totalmente opuestas, con intereses contrarios dentro del mismo juicio, ni mucho menos le asiste derecho alguno para pretender que se excluyan los bienes propiedad del causante por el sólo hecho de manifestarlo, esto sin mediar juicio diverso con sentencia ejecutoriada que así lo haya demostrado y en el cual se le reconozcan derechos dentro de la presente como tercero interesada, situación que en la sentencia interlocutoria de segunda sección no es materia de estudio y que demuestra que la albacea definitiva actuó de forma deshonesta, dolosa y fraudulenta en contra de la sucesión, máxime que se supone debió tener conocimiento previo al sucesorio, de la existencia del susodicho contrato, lo cual hace suponer que el mismo resulta ser apócrifo, en este contexto María Felipa Medina García nunca debió proponerse para el cargo de albacea, ni desempeñarlo en los términos que lo viene haciendo, en virtud de que sus intereses iban en contra de la sucesión, actuando de forma ilegal para privar del patrimonio que les corresponde den forma proporcional a los herederos, debiendo por estos hechos responder a los daños y perjuicios que ocasione. Por todo lo anterior, solicito a su señoría tenga a bien ordenar la revocación de la sentencia interlocutoria que se recurre y en una nueva que se emita, se apruebe el inventario y avalúo planteado por el albacea definitivo dentro del juicio de origen" Los transcritos agravios, en la sentencia que ahora constituye el acto reclamado, fueron declarados inoperantes, por el Magistrado responsable, para lo cual esencialmente consideró que la apelante, ahora quejosa, a través de los motivos de inconformidad planteados ante él, pretendía subsanar las omisiones en que incurrió al no oponerse en tiempo y forma al inventario y avalúo presentado por MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA, y que era hasta ahora, en segunda instancia, en que comparecía a manifestar en síntesis lo siguiente: Que no compartía el criterio asumido por la A quo al excluir del caudal hereditario del de cujus los bienes inmuebles que la albacea definitiva listó en el apartado VII, correspondiente a los bienes "RAÍCES" enumerándolos y detallándolos del uno al ocho en el escrito que contiene el inventario y avalúo -el cual tuvo por reproducido para no hacer reiteraciones inútiles-, y los excluyó bajo el argumento de que así obedecía porque los mismos ya habían salido del patrimonio del finado y por ello no podían formar parte de su haber hereditario. También refirió que en opinión de la apelante -hoy quejosa-, al encontrarse dichos bienes inmuebles inscritos a nombre del autor de la herencia y la albacea haber acreditado la propiedad de tales inmuebles con las respectivas escrituras, la juez debió aprobarlos como bienes relictos y no hacer declaraciones que no le fueron solicitadas, tales como otorgar valor probatorio al contrato de cesión de derechos exhibido por la representante de la sucesión, cuando la misma no había instado ante los tribunales correspondientes para hacer válido dicho contrato. De igual forma adujo que la apelante le sostuvo que fue incorrecto que con tal documento la A quo tuviera por justificado que los bienes inmuebles listados en el inventario y avalúo con los números del uno al ocho, habían salido del patrimonio del autor de la intestamentaría de origen, cuando no existía juicio donde se haya escuchado y vencido a la sucesión intestamentaria, ni a los herederos declarados, que tampoco existía resolución judicial donde se le haya reconocido a dicha albacea tal derecho de propiedad respecto de los bienes inmuebles que la juzgadora de primer grado excluyó del inventario y avalúo. Que también le indicó que la propia albacea actuó en forma parcial al ser omisa en inventariar la totalidad de los bienes de la masa hereditaria, porque en el apartado IV, relativo a SEMOVIENTES, refirió la existencia de ellos, pero no exhibió la documentación que acreditara la propiedad de los mismos ni el avalúo que les correspondiera y que todo ello era porque según la apelante la albacea estaba mintiendo en cuanto al número de cabezas de ganado que existían de las cuales esta última estaba obteniendo ganancias que no quería reportar a los herederos; que respecto al punto V, concerniente a FRUTOS negó la existencia de ellos cuando sí los había. Asimismo le manifestó que, en el punto VI relativo a MUEBLES, lista una sembradora la cual describió y exhibió la factura, pero omitió el valor real y actual de la misma; y que la albacea dolosamente manifiesta en el apartado VIII del inventario y avalúo respectivo que el autor de la herencia había celebrado un contrato de donación y cesión de derechos en favor de MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, respecto de los inmuebles que listo en el apartado VII, correspondiente a RAICES, que con ello actuó de manera deshonesta, dolosa y fraudulenta en contra de la sucesión porque la donataria en dicho contrato resultaba ser la propia albacea, quien afirmó la apelante, ahora quejosa, no podía intervenir en el sucesorio de origen con otro carácter o representar dos figuras totalmente opuestas con intereses contrarios. Por último también mencionó que menos le asistía el derecho de pedir que se excluyeran esos bienes inmuebles, porque no existía algún juicio con sentencia ejecutoria que le hubiere reconocido algún derecho sobre los mismos y que por ello MARÍA FELIPA, nunca debió proponerse para ejercer el cargo de albacea, ni desempeñarlo en los términos que lo venía haciendo, porque sus intereses iban en contra de la sucesión y conculcaba su derecho a la herencia, que todo lo anterior en resumen fue expuesto por la apelante, hoy amparista. En relación con esas manifestaciones, como ya se dijo, el Magistrado responsable determinó que todas y cada una de tales impugnaciones, eran inoperantes, porque debió plantearlas la entonces apelante, como oposición al respectivo inventario y avalúo, pero que no lo hizo así, no obstante que en auto de cinco de marzo del dos mil dieciocho, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, no compareció legal y debidamente a oponerse a él, que entonces era innegable la inoperancia apuntada, porque si los argumentos hasta ese momento expuestos por la recurrente, no los hizo valer en la vía correspondiente como oposición al inventario y avalúo multicitado, la resolutora de primer grado no había estado en aptitud de analizarlas y decidirlas al dictar la sentencia apelada, argumento que fundó en esa propia sentencia al hacer igual consideración respecto de los agravios del diverso apelante (LUIS MEDINA HERNÁNDEZ), en el artículo 1046 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, considerando que si dichas alegaciones no habían sido planteadas a la juez de origen en el tiempo y forma que para ello establece dicho numeral, esa juzgadora de primer grado no había estado en condiciones de pronunciarse sobre el particular, por lo cual era evidente la inoperancia de los agravios que hasta ese momento en apelación formulara para oponerse a dichos inventarios y avalúos. Ahora, en los conceptos de violación afirma la quejosa que la autoridad responsable infringió en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, porque confirmó la sentencia interlocutoria dictada el veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, que la responsable omitió entrar al estudio de sus agravios y sólo declaró improcedente su recurso, sin motivar ni fundar su determinación porque no dio respuesta a los agravios planteados. También manifiesta la amparista, que si bien era cierto no se había inconformado con el avalúo emitido por la albacea, en el término concedido para tal efecto, con o sin objeción de su parte, la juez de origen debió aprobar o reprobar el inventario conforme a derecho, que el Ad quem hizo una inexacta aplicación de la ley, lo cual afirma la quejosa, le está lesionando en su derecho a heredar. Asimismo refirió, que la supuesta cesión de derechos que alega FELIPA MEDINA GARCÍA, no es materia del juicio sucesorio intestamentario de origen, que ésta última debió ejercer acción diferente a efecto de hacer valer dicha cesión de derechos, que hasta en tanto no obrara sentencia ejecutoria en el juicio correspondiente, esa cesión de derechos carecía de eficacia jurídica plena; que la responsable inobservó en perjuicio de la hoy quejosa las formalidades esenciales de procedimiento omitiendo fundar y motivar la resolución que se recurría en apelación. De un análisis comparativo entre lo expuesto por la apelante, aquí quejosa, ante la responsable, la inoperancia de los agravios determinada por el Magistrado responsable en la sentencia materia de reclamo, y lo ahora planteado en los conceptos de violación, se advierte que estos últimos no combaten la declaratoria de inoperancia de los agravios realizada por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues éste fue claro en resolver que la inoperancia de los motivos de inconformidad ante él expuestos resultaba de que lo hasta ese momento manifestado por la apelante, hoy quejosa, no lo había hecho valer ante la juez de primer grado como oposición al inventario y avalúo, que ante ello, dicha juzgadora no había estado en aptitud de analizar y decidir sobre tales oposiciones al dictar la sentencia relativa a la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario de origen, por lo cual resultaba inoperante su análisis en esa segunda instancia. Es decir, ahora en los conceptos de violación, no se observa que la parte peticionaria del amparo haya expresado razonamiento lógico jurídico alguno tendente a combatir las consideraciones en base a las cuales el Magistrado responsable declaró inoperantes dichos agravios y confirmó la resolución interlocutoria apelada, pues en sus conceptos de violación esencialmente sólo adujo que el Ad quem omitió entrar al estudio de sus agravios y que si bien era cierto no se había inconformado con el avalúo emitido por la albacea definitiva de la sucesión intestamentaria de origen, con o sin objeción el juez natural debió haber aprobado o reprobado el inventario conforme a derecho, es decir aprobando los bienes que fueron debidamente inventariados y valuados como lo exige la ley. Consecuentemente, dichos conceptos de violación deben declararse inoperantes, al no haber expuesto razonamiento jurídico alguno tendiente a combatir la declaración de inoperancia de la responsable vertida bajo el argumento toral de que las oposiciones vertidas en los agravios, no fueron planteadas ante la juez de primer grado y que por ello, ésta no había estado en aptitud de decidir sobre las mismas; pues como ya se vio, las alegaciones formuladas en sus conceptos de violación son genéricas, ya que no indica por qué el juez o magistrado tenía la obligación de examinar los inventarios y avalúos para resolver sobre la improcedencia o no de los mismos; tampoco formula razonamiento jurídico alguno para poner de manifiesto por qué no era necesario que la ahora quejosa planteara en oposición todas las inconformiddes vertidas ante el magistrado responsable tendientes a inconformarse con dichos inventarios y avalúos; y por tanto tampoco formula argumento jurídico alguno para combatir la consideración vertida por el responsable en cuanto a que los agravios eran inoperantes porque la juez natural no había tenido oportunidad de pronunciarse sobre dichos aspectos novedosos expuestos en apelación. Además de que lo alegado en cuanto a que la albacea actuó de manera parcial al ser omisa en inventariar la totalidad de los bienes de la masa hereditaria, son cuestiones relativas al fondo de la segunda sección ya resuelta por la juzgadora natural y confirmada por la autoridad responsable. Es aplicable por analogía la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 1002999 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1120 Página: 1266 AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del Juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido. Amparo en revisión 898/2006.-Juan Manuel Hernández Magallanes.-7 de junio de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José Ramón Cossío Díaz.-Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 1752/2006.-Adriana Jiménez Pérez.-22 de noviembre de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.-Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Amparo directo en revisión 953/2007.-Hotel Palacio San Leonardo, S.A. de C.V.-4 de julio de 2007.-Cinco votos.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretaria: Rosalía Argumosa López. Amparo en revisión 390/2007.-Luis Barragán López.-11 de julio de 2007.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Ramón Cossío Díaz.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Amparo en revisión 461/2007.-Siemens Vdo., S.A. de C.V.-23 de enero de 2008.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Ramón Cossío Díaz.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Tesis de jurisprudencia 85/2008.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil ocho. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 144, Primera Sala, tesis 1a./J. 85/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 145." En consecuencia ante lo inatendible de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, contra el acto y por la autoridad precisada en el considerando segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el quinto de dichos considerandos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy cinco de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II-996/2018, promovido por MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, por su propio derecho, solicitó en la vía de amparo directo, la protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene tal carácter el ciudadano Magistrado Titular de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,." "IV. ACTO RECLAMADO. La resolución emitida el pasado 9 nueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, por el ciudadano Magistrado titular de la Quinta Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dictada dentro del Toca I-309/2018, mediante la cual confirmó la resolución interlocutoria de fecha 27 veintisiete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario promovido a bienes de Manuel Medina García, por la albacea definitiva María Felipa Medina García, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, que se tramita en el Juzgado Tercero en Materia Civil de este Distrito Judicial". La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO.- La demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad de Morelia, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, y turnada día hábil siguiente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien en auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho libelo constitucional, por lo cual ordenó remitirlo junto con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad de Morelia. TERCERO.- AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE DEMANDA DE AMPARO.- La demanda y sus anexos fueron recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, el veintisiete de noviembre del pasado año y turnados en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, quien en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibidos los mismos, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo y admitió la misma, se registró el juicio con el número II-996/2018; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin que se estimara necesario solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, ni emplazar a la tercero interesada MARÍA FELIPA MEDINA GARCIA, por ya obrar en autos las constancias relativas a tales actuaciones, por lo que únicamente se ordenó notificar a las partes el avocamiento ya admisión de este juzgado; y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama lo siguiente: La sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación I-309/2018, por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, contra la sentencia interlocutoria del veintisiete de agosto del pasado año, emitida por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial dentro del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, promovido por la ahora quejosa, a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA, en la cual se confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria apelada, que aprobó parcialmente el inventario y avalúo formulado por MARIA FELIPA MEDINA GARCÍA, en cuanto albacea definitiva a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativa al toca de apelación I-309/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, son inoperantes, como se pondrá de manifiesto a continuación. En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- Que el treinta de agosto de dos mil diecisiete, MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, por su propio derecho, compareció ante la Oficialía de Partes y Turno adscrita a los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y turnado al día siguiente hábil al Juzgado Tercero Civil de esta Distrito Judicial, a denunciar el juicio sucesorio intestamentario a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA. 2.- El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia dentro de la primera sección del juico en cita, en la cual se declaró a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, LUIS MEDINA HERNÁNDEZ y MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, como únicos y universales herederos de todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y que hayan pertenecido al autor de la sucesión; asimismo, se designó como albacea de la sucesión intestamentaria a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA. 3.- El uno de marzo de dos mil dieciocho, la albacea definitiva de la sucesión, presentó escrito relativo a la segunda sección, para lo cual formuló inventario y avalúo de los bienes que conforman el caudal hereditario. 4.- El cinco de marzo de dos mil dieciocho, el juez natural, tuvo a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA con el carácter reconocido iniciando la segunda sección de dicho juicio sucesorio intestamentario. 5.- En escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, la referida albacea, realizó ampliación de inventario y avalúo; con lo cual, en proveído de quince del mismo mes y año, el juez de origen, ordenó dar vista a los demás interesados que no lo suscribieron, para que en el término de cinco días manifestaran lo que a sus intereses conviniera. 6.- En auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, el juez de primer grado, a petición de la coheredera MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, amplió el término de traslado señalado en el punto anterior, por cinco días más, en relación al inventario y valúo, a fin de que los interesados manifestaran su conformidad o inconformidad respecto del mismo. 7.- El quince de marzo del dos mil dieciocho, el juez de origen, tuvo al coheredero LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, desahogando la vista que se le dio con el inventario y avalúo presentado, manifestando su inconformidad con el mismo, sin embargo, también se le dijo que tomando en consideración que las inconformidades con el inventario y avalúo se tramitan vía incidental, lo requería para que al desahogar la vista de la ampliación del inventario y avalúo, tramitara la impugnación respectiva. 8.- El dos de abril del dos mil dieciocho, a petición de la diversa coheredera, ahora quejosa, el juez natural, ordenó ampliar el término de traslado de la vista con la adición del inventario y avalúo, por otros cinco días. 9.- En auto de trece de abril del dos mil dieciocho, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, tuvo a la ahora quejosa haciendo manifestaciones que ésta formuló en su escrito del diez de abril del pasado año, respecto de los frutos que ahí afirmó daban dos de los predios descritos en sus inventarios y avalúos, con lo cual ordenó dar vista a la albacea definitiva, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y mandó citar a los interesados mediante notificación personal, para oír sentencia interlocutoria dentro de los autos que integran la segunda sección. 10.- A través del proveído de veintiséis de abril del dos mil dieciocho, la juez de primera instancia de mérito, ordenó regularizar el procedimiento, para dejar sin efectos la citación para sentencia de la segunda sección en el intestamentario de origen; y acordó en cuanto al fondo la inconformidad planteada por el coheredero LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, en su escrito presentado el trece de marzo del pasado año, la cual admitió en la vía incidental y ordenó dar vista, así como correr traslado a la albacea, mediante notificación personal, para que contestara lo que a sus intereses conviniera. 11.- En sentencia interlocutoria del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la juez multicitada, dictó sentencia interlocutoria dentro de los autos relativos a la oposición al inventario y avalúo formulada por LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, coheredero en el juicio sucesorio intestamentario de origen, en la cual declaró improcedente la oposición formulada respecto del inventario y avalúo presentado por la albacea definitiva de la sucesión el uno de marzo del pasado año. 12.- A través del proveído de diez de julio del año próximo pasado, la juez natural declaró firme la sentencia interlocutoria del dieciocho de junio del año en cita. 13.- En proveído de catorce de agosto del pasado año, la juez de primer grado, ordenó poner los autos de la segunda sección para dictar sentencia interlocutoria. 14.- El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la juez natural, dictó sentencia dentro de la segunda sección, en la cual se aprobó parcialmente el inventario y avalúo del caudal hereditario presentado por MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, en cuanto albacea definitiva a bienes del extinto MANUEL MEDINA GARCÍA. 15.- En contra de la sentencia interlocutoria referida en el punto anterior, LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, a través de su escrito presentado ante la juzgadora de primer grado en cita, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, interpuso recurso de apelación. 16.- Mientras que en escrito de diez de septiembre del año multicitado, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, también interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia interlocutoria que resolvió lo relativo a la segunda sección. 17.- Ambas apelaciones la juez de primer grado, las tuvo por interpuestas en autos del catorce de septiembre del dos mil dieciocho. 18.- De las referidas apelaciones tocó conocer al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien formó el toca número I-309/2018, en la cual, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, resolvió en el sentido de declarar inoperantes los agravios planteados en ambas apelaciones; y por tanto, confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria apelada. Siendo esta última resolución la que en la especie constituye el acto reclamado. Ahora bien, los agravios formulados en apelación por la parte actora, hoy quejosa, en esencia fueron los siguientes: "PRIMERO. La sentencia recurrida causa agravio a mis intereses, puesto que resulta ilegal, carente de fundamentación y motivación, violentando con ello los artículos 1014, 1039, 1046, 1056, 1057 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Michoacán, lo anterior es así en virtud de que la A quo en los puntos resolutivos de la sentencia que se recurre dijo: "PUNTOS RESOLUTIVOS: (SE TRANSCRIBEN)"; ahora bien, de una sana interpretación de los resolutivos que anteceden, se advierte que la A quo, vulnera en perjuicio de la suscrita los arábigos citados en líneas que anteceden; esto es así, al no aprobar los bienes del haber hereditario, toda vez que no se ajustó propiamente al estudio materia del inventario y avalúo (inventariar y valuar los bienes), en los términos referidos en el artículo 1014 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que textualmente dice: "(se transcribe)"; máxime que dicho numeral señala de manera clara y precisa, lo que deberá tomarse en consideración y ser materia de estudio dentro de la segunda sección de un juicio sucesorio intestamentario. En el caso que nos ocupa tenemos que efectivamente la albacea definitivo MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, "debió y cumplió", con lo ordenado por este dispositivo al presentar el Inventario de bienes, si bien es cierto omitió algunos bienes, y su respectivo avalúo, pero cumplió cabalmente para los bienes inmuebles, que es el caso que nos ocupa; listando para ello, los bienes inmuebles que fan parte del caudal hereditario del causante, exhibiendo los respectivos títulos de propiedad a nombre del autor de la sucesión Manuel Medina García; por lo que ve a los avalúos, justificó el precio de dichos inmuebles ante catastro, adjuntando los respectivos certificados catastrales, cumpliendo con esto las exigencias establecidas en el artículo 1057 del Código Procedimental de la materia; por lo que correspondía a la Juez de origen resolver aprobando o reprobando dichos bienes en el inventario y avalúo, ajustándose a lo que es materia de éste; es decir, LA SENTENCIA DEBIÓ LIMITARSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL ESTUDIO DEL INVENTARIO Y AVALÚO, verificando que los bienes inventariados cumplieran con las formalidades establecidas en la ley de la materia; es decir, sí se justificó que los inmuebles se encontraran inscritos debidamente a nombre del causante, lo que se acreditó indubitablemente con las respectivas escrituras, de igual manera se determinó el valor catastral de los mismos, valor que determinó con los certificados catastrales, lo que en el presente asunto quedó debidamente probado y acreditado, hecho que resulta suficiente y bastante para que la Juez de origen aprobara en el momento de analizar lo relativo a los bienes raíces, en este caso, los bienes inmuebles que se enumeran y describen a fojas de la 5 a la 8 de la sentencia que se recurre (como se supone que debía de ser la voluntad del albacea al inventariarlos), situación que resulta contradictoria, puesto que como albacea su obligación es inventariar los bienes y su finalidad es que se apruebe dicho inventario. Lo anterior es así toda vez que la A quo al emitir la sentencia interlocutoria que se recurre, debió limitarse únicamente al estudio del inventario y avalúo atendiendo al contenido literal del artículo 1014 del Código de Procedimientos Civiles vigente; sin embargo, la juez del conocimiento fue más allá extralimitándose más de lo que le es permitido por el arábigo en cita, violentando con su actuar mi derecho a heredar, esto es así, en virtud de que el citado artículo es limitativo, es decir, que no permite ir Más allá de lo que no esta establecido en el mismo, adivirtiéndose claramente que la juez de los autos indebidamente reprueba los bienes inmuebles inventariados bajo la argumentación siguiente: "(se transcribe)"; numeral del cual se advierte la existencia de un trámite especial para quien pretenda dejar fuera los bienes de una sucesión, situación que en el caso que nos ocupa no ha ocurrido y que por el contrario la A quo, los excluye al reprobarlos por considerar que salieron del patrimonio del autor de la sucesión. Aunado a todo lo anterior, tenemos que dentro de los autos del expediente que nos ocupa, no obra constancia alguna de la que se presuma que MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, en calidad de tercera haya promovido juicio alguno pretendiendo excluir los bienes del caudal hereditario, como lo establece el artículo antes referido; por lo tanto, no existe impedimento legal alguno para que la juez de los autos haya reprobado específicamente los bienes inmuebles del multicitado inventario y avalúo, es decir; no existe una sentencia ejecutoriada que establezca que los bienes han pasado a ser patrimonio de otra persona, bastando que a la fecha sigan a nombre del de cujus, como ha quedado acreditado, para que sean aprobados en el inventario. Por todo lo anterior la A quo debió resolver sobre los autos presentes y no sobre suposiciones futuras y de realización incierta, el hecho de manifestar que los inmuebles no pertenecen al autor de la herencia, tal y como lo refiere en la foja 9 nueve de la sentencia interlocutoria, correspondiente a la segunda sección, es dar por hecho algo que no ha pasado aún, pues que a la fecha no se ha accionado legalmente sobre el multicitado contrato de Donación y Cesión de Derechos, es decir, María Felipa Medina García en su carácter de donatario y cesionaria, no ha acudido ante los tribunales a hacer válido dicho contrato y por lo tanto tampoco los herederos de la presente sucesión hemos sido oídos y vencidos en juicio alguno; es decir, ninguna de las partes (herederos y donataria y cedente) nos hemos pronunciado ni en contra ni a favor de ese contrato, por lo cual no hay una sentencia que impida y obligue a desaprobarlos los bienes inmuebles de referencia, tal como la juez de origen lo ha hecho, no hay cosa juzgada o ejecutoria por ministerio de ley o declaración judicial. SEGUNDO. Como se desprende de autos del juicio de origen, al C. María Felipa Medina García, adquirió el compromiso de albacea provisional de la sucesión al denunciar la misma y proponerse para desempeñar tal cargo, mismo que aceptó y protesto finalmente como albacea definitiva de la misma, el cual le fue conferido mediante sentencia interlocutoria dictada dentro de la primera sección; comprometiéndose con ello a cumplir todas y cada una de las obligaciones inherentes a dicho cargo, tal y como lo establece el artículo 844 del Código Civil del Estado que a la letra dice: "(se transcribe)", máxime que se obliga a cumplir cabalmente con las obligaciones que le establece el Código Civil del Estado, en su artículo 872, que es del tenor literal siguiente: "(se transcribe)"; no obstante ello, la albacea definitiva María Felipa Medina García, actuó en contra de lo establecido en los preceptos anteriormente invocados, en perjuicio de la sucesión a la que representa, siendo desleal y en cierto sentido defraudándola, porque si bien es cierto, realizó el inventario y avalúo de los bienes propiedad del causante de la sucesión, también lo es que lo hizo de forma parcial, siendo omisa al no señalar la totalidad de los bienes y omitiendo referir algunos títulos de propiedad y avalúos, para mayor ilustración, me permito precisarlos por lo que ve a la fracción IV, correspondiente a semovientes, refiere la existencia de ganado per no exhibe la patente de los mismos, ni el avalúo correspondiente que acredite su valor, ello en virtud de que está mintiendo en el número de cabezas de ganado de las cuales está obteniendo ganancias que no quiere reportar ante el juez de la causa; asimismo, en la fracción V, correspondiente a frutos, niega la existencia de ellos, cuando si los hay; en el mismo orden y por lo que ve a la fracción VI, correspondiente a muebles, lista una sembradora fertilizadora, la cual describe y exhibe la factura correspondiente, pero omite el avalúo que acredite el valor real y actual de la misma; en la fracción VII, correspondiente a Raíces, lista los bienes que señalan a fojas de 5 cinco a la 8 ocho de la sentencia interlocutoria dictada dentro de la segunda sección y que ahora se recurre, agregando las escrituras y avalúos de la segunda sección y que ahora se recurre, agregando las escrituras y avalúos catastrales (que de conformidad con la ley deben ser aprobados por cumplir con los requisitos necesarios para ello), y finalmente la albacea definitiva María Felipa Medina García, en la fracción VIII romano del citado inventario y avalúo, dolosamente y en perjuicio de la sucesión manifiesta textualmente lo siguiente: "(se transcribe)". Que en el sucesorio de origen es la albacea definitiva responsable de defender y velar por los intereses de la sucesión. El carácter de María Felipa Medina García dentro de la sucesión que nos ocupa, es el que le ha sido reconocido en autos de la presente sucesión y que actualmente desempeña ALBACEA DEFINITIVO, mismo que ha aceptado y protestado fielmente su desempeño, motivo por el cual el albacea definitivo María Felipa Medina García, no puede intervenir con otro carácter, ni representar dos figuras totalmente opuestas, con intereses contrarios dentro del mismo juicio, ni mucho menos le asiste derecho alguno para pretender que se excluyan los bienes propiedad del causante por el sólo hecho de manifestarlo, esto sin mediar juicio diverso con sentencia ejecutoriada que así lo haya demostrado y en el cual se le reconozcan derechos dentro de la presente como tercero interesada, situación que en la sentencia interlocutoria de segunda sección no es materia de estudio y que demuestra que la albacea definitiva actuó de forma deshonesta, dolosa y fraudulenta en contra de la sucesión, máxime que se supone debió tener conocimiento previo al sucesorio, de la existencia del susodicho contrato, lo cual hace suponer que el mismo resulta ser apócrifo, en este contexto María Felipa Medina García nunca debió proponerse para el cargo de albacea, ni desempeñarlo en los términos que lo viene haciendo, en virtud de que sus intereses iban en contra de la sucesión, actuando de forma ilegal para privar del patrimonio que les corresponde den forma proporcional a los herederos, debiendo por estos hechos responder a los daños y perjuicios que ocasione. Por todo lo anterior, solicito a su señoría tenga a bien ordenar la revocación de la sentencia interlocutoria que se recurre y en una nueva que se emita, se apruebe el inventario y avalúo planteado por el albacea definitivo dentro del juicio de origen" Los transcritos agravios, en la sentencia que ahora constituye el acto reclamado, fueron declarados inoperantes, por el Magistrado responsable, para lo cual esencialmente consideró que la apelante, ahora quejosa, a través de los motivos de inconformidad planteados ante él, pretendía subsanar las omisiones en que incurrió al no oponerse en tiempo y forma al inventario y avalúo presentado por MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA, y que era hasta ahora, en segunda instancia, en que comparecía a manifestar en síntesis lo siguiente: Que no compartía el criterio asumido por la A quo al excluir del caudal hereditario del de cujus los bienes inmuebles que la albacea definitiva listó en el apartado VII, correspondiente a los bienes "RAÍCES" enumerándolos y detallándolos del uno al ocho en el escrito que contiene el inventario y avalúo -el cual tuvo por reproducido para no hacer reiteraciones inútiles-, y los excluyó bajo el argumento de que así obedecía porque los mismos ya habían salido del patrimonio del finado y por ello no podían formar parte de su haber hereditario. También refirió que en opinión de la apelante -hoy quejosa-, al encontrarse dichos bienes inmuebles inscritos a nombre del autor de la herencia y la albacea haber acreditado la propiedad de tales inmuebles con las respectivas escrituras, la juez debió aprobarlos como bienes relictos y no hacer declaraciones que no le fueron solicitadas, tales como otorgar valor probatorio al contrato de cesión de derechos exhibido por la representante de la sucesión, cuando la misma no había instado ante los tribunales correspondientes para hacer válido dicho contrato. De igual forma adujo que la apelante le sostuvo que fue incorrecto que con tal documento la A quo tuviera por justificado que los bienes inmuebles listados en el inventario y avalúo con los números del uno al ocho, habían salido del patrimonio del autor de la intestamentaría de origen, cuando no existía juicio donde se haya escuchado y vencido a la sucesión intestamentaria, ni a los herederos declarados, que tampoco existía resolución judicial donde se le haya reconocido a dicha albacea tal derecho de propiedad respecto de los bienes inmuebles que la juzgadora de primer grado excluyó del inventario y avalúo. Que también le indicó que la propia albacea actuó en forma parcial al ser omisa en inventariar la totalidad de los bienes de la masa hereditaria, porque en el apartado IV, relativo a SEMOVIENTES, refirió la existencia de ellos, pero no exhibió la documentación que acreditara la propiedad de los mismos ni el avalúo que les correspondiera y que todo ello era porque según la apelante la albacea estaba mintiendo en cuanto al número de cabezas de ganado que existían de las cuales esta última estaba obteniendo ganancias que no quería reportar a los herederos; que respecto al punto V, concerniente a FRUTOS negó la existencia de ellos cuando sí los había. Asimismo le manifestó que, en el punto VI relativo a MUEBLES, lista una sembradora la cual describió y exhibió la factura, pero omitió el valor real y actual de la misma; y que la albacea dolosamente manifiesta en el apartado VIII del inventario y avalúo respectivo que el autor de la herencia había celebrado un contrato de donación y cesión de derechos en favor de MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, respecto de los inmuebles que listo en el apartado VII, correspondiente a RAICES, que con ello actuó de manera deshonesta, dolosa y fraudulenta en contra de la sucesión porque la donataria en dicho contrato resultaba ser la propia albacea, quien afirmó la apelante, ahora quejosa, no podía intervenir en el sucesorio de origen con otro carácter o representar dos figuras totalmente opuestas con intereses contrarios. Por último también mencionó que menos le asistía el derecho de pedir que se excluyeran esos bienes inmuebles, porque no existía algún juicio con sentencia ejecutoria que le hubiere reconocido algún derecho sobre los mismos y que por ello MARÍA FELIPA, nunca debió proponerse para ejercer el cargo de albacea, ni desempeñarlo en los términos que lo venía haciendo, porque sus intereses iban en contra de la sucesión y conculcaba su derecho a la herencia, que todo lo anterior en resumen fue expuesto por la apelante, hoy amparista. En relación con esas manifestaciones, como ya se dijo, el Magistrado responsable determinó que todas y cada una de tales impugnaciones, eran inoperantes, porque debió plantearlas la entonces apelante, como oposición al respectivo inventario y avalúo, pero que no lo hizo así, no obstante que en auto de cinco de marzo del dos mil dieciocho, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, no compareció legal y debidamente a oponerse a él, que entonces era innegable la inoperancia apuntada, porque si los argumentos hasta ese momento expuestos por la recurrente, no los hizo valer en la vía correspondiente como oposición al inventario y avalúo multicitado, la resolutora de primer grado no había estado en aptitud de analizarlas y decidirlas al dictar la sentencia apelada, argumento que fundó en esa propia sentencia al hacer igual consideración respecto de los agravios del diverso apelante (LUIS MEDINA HERNÁNDEZ), en el artículo 1046 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, considerando que si dichas alegaciones no habían sido planteadas a la juez de origen en el tiempo y forma que para ello establece dicho numeral, esa juzgadora de primer grado no había estado en condiciones de pronunciarse sobre el particular, por lo cual era evidente la inoperancia de los agravios que hasta ese momento en apelación formulara para oponerse a dichos inventarios y avalúos. Ahora, en los conceptos de violación afirma la quejosa que la autoridad responsable infringió en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, porque confirmó la sentencia interlocutoria dictada el veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, que la responsable omitió entrar al estudio de sus agravios y sólo declaró improcedente su recurso, sin motivar ni fundar su determinación porque no dio respuesta a los agravios planteados. También manifiesta la amparista, que si bien era cierto no se había inconformado con el avalúo emitido por la albacea, en el término concedido para tal efecto, con o sin objeción de su parte, la juez de origen debió aprobar o reprobar el inventario conforme a derecho, que el Ad quem hizo una inexacta aplicación de la ley, lo cual afirma la quejosa, le está lesionando en su derecho a heredar. Asimismo refirió, que la supuesta cesión de derechos que alega FELIPA MEDINA GARCÍA, no es materia del juicio sucesorio intestamentario de origen, que ésta última debió ejercer acción diferente a efecto de hacer valer dicha cesión de derechos, que hasta en tanto no obrara sentencia ejecutoria en el juicio correspondiente, esa cesión de derechos carecía de eficacia jurídica plena; que la responsable inobservó en perjuicio de la hoy quejosa las formalidades esenciales de procedimiento omitiendo fundar y motivar la resolución que se recurría en apelación. De un análisis comparativo entre lo expuesto por la apelante, aquí quejosa, ante la responsable, la inoperancia de los agravios determinada por el Magistrado responsable en la sentencia materia de reclamo, y lo ahora planteado en los conceptos de violación, se advierte que estos últimos no combaten la declaratoria de inoperancia de los agravios realizada por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues éste fue claro en resolver que la inoperancia de los motivos de inconformidad ante él expuestos resultaba de que lo hasta ese momento manifestado por la apelante, hoy quejosa, no lo había hecho valer ante la juez de primer grado como oposición al inventario y avalúo, que ante ello, dicha juzgadora no había estado en aptitud de analizar y decidir sobre tales oposiciones al dictar la sentencia relativa a la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario de origen, por lo cual resultaba inoperante su análisis en esa segunda instancia. Es decir, ahora en los conceptos de violación, no se observa que la parte peticionaria del amparo haya expresado razonamiento lógico jurídico alguno tendente a combatir las consideraciones en base a las cuales el Magistrado responsable declaró inoperantes dichos agravios y confirmó la resolución interlocutoria apelada, pues en sus conceptos de violación esencialmente sólo adujo que el Ad quem omitió entrar al estudio de sus agravios y que si bien era cierto no se había inconformado con el avalúo emitido por la albacea definitiva de la sucesión intestamentaria de origen, con o sin objeción el juez natural debió haber aprobado o reprobado el inventario conforme a derecho, es decir aprobando los bienes que fueron debidamente inventariados y valuados como lo exige la ley. Consecuentemente, dichos conceptos de violación deben declararse inoperantes, al no haber expuesto razonamiento jurídico alguno tendiente a combatir la declaración de inoperancia de la responsable vertida bajo el argumento toral de que las oposiciones vertidas en los agravios, no fueron planteadas ante la juez de primer grado y que por ello, ésta no había estado en aptitud de decidir sobre las mismas; pues como ya se vio, las alegaciones formuladas en sus conceptos de violación son genéricas, ya que no indica por qué el juez o magistrado tenía la obligación de examinar los inventarios y avalúos para resolver sobre la improcedencia o no de los mismos; tampoco formula razonamiento jurídico alguno para poner de manifiesto por qué no era necesario que la ahora quejosa planteara en oposición todas las inconformiddes vertidas ante el magistrado responsable tendientes a inconformarse con dichos inventarios y avalúos; y por tanto tampoco formula argumento jurídico alguno para combatir la consideración vertida por el responsable en cuanto a que los agravios eran inoperantes porque la juez natural no había tenido oportunidad de pronunciarse sobre dichos aspectos novedosos expuestos en apelación. Además de que lo alegado en cuanto a que la albacea actuó de manera parcial al ser omisa en inventariar la totalidad de los bienes de la masa hereditaria, son cuestiones relativas al fondo de la segunda sección ya resuelta por la juzgadora natural y confirmada por la autoridad responsable. Es aplicable por analogía la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 1002999 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1120 Página: 1266 AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del Juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido. Amparo en revisión 898/2006.-Juan Manuel Hernández Magallanes.-7 de junio de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José Ramón Cossío Díaz.-Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 1752/2006.-Adriana Jiménez Pérez.-22 de noviembre de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.-Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Amparo directo en revisión 953/2007.-Hotel Palacio San Leonardo, S.A. de C.V.-4 de julio de 2007.-Cinco votos.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretaria: Rosalía Argumosa López. Amparo en revisión 390/2007.-Luis Barragán López.-11 de julio de 2007.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Ramón Cossío Díaz.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Amparo en revisión 461/2007.-Siemens Vdo., S.A. de C.V.-23 de enero de 2008.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Ramón Cossío Díaz.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Tesis de jurisprudencia 85/2008.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil ocho. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 144, Primera Sala, tesis 1a./J. 85/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 145." En consecuencia ante lo inatendible de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, contra el acto y por la autoridad precisada en el considerando segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el quinto de dichos considerandos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy cinco de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIA FELIPA MEDINA GARCIA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II-996/2018, promovido por MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, por su propio derecho, solicitó en la vía de amparo directo, la protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene tal carácter el ciudadano Magistrado Titular de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,." "IV. ACTO RECLAMADO. La resolución emitida el pasado 9 nueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, por el ciudadano Magistrado titular de la Quinta Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dictada dentro del Toca I-309/2018, mediante la cual confirmó la resolución interlocutoria de fecha 27 veintisiete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario promovido a bienes de Manuel Medina García, por la albacea definitiva María Felipa Medina García, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, que se tramita en el Juzgado Tercero en Materia Civil de este Distrito Judicial". La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO.- La demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad de Morelia, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, y turnada día hábil siguiente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien en auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho libelo constitucional, por lo cual ordenó remitirlo junto con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad de Morelia. TERCERO.- AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE DEMANDA DE AMPARO.- La demanda y sus anexos fueron recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, el veintisiete de noviembre del pasado año y turnados en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, quien en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibidos los mismos, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo y admitió la misma, se registró el juicio con el número II-996/2018; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin que se estimara necesario solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, ni emplazar a la tercero interesada MARÍA FELIPA MEDINA GARCIA, por ya obrar en autos las constancias relativas a tales actuaciones, por lo que únicamente se ordenó notificar a las partes el avocamiento ya admisión de este juzgado; y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama lo siguiente: La sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación I-309/2018, por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, contra la sentencia interlocutoria del veintisiete de agosto del pasado año, emitida por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial dentro del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, promovido por la ahora quejosa, a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA, en la cual se confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria apelada, que aprobó parcialmente el inventario y avalúo formulado por MARIA FELIPA MEDINA GARCÍA, en cuanto albacea definitiva a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativa al toca de apelación I-309/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, son inoperantes, como se pondrá de manifiesto a continuación. En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- Que el treinta de agosto de dos mil diecisiete, MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, por su propio derecho, compareció ante la Oficialía de Partes y Turno adscrita a los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y turnado al día siguiente hábil al Juzgado Tercero Civil de esta Distrito Judicial, a denunciar el juicio sucesorio intestamentario a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA. 2.- El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia dentro de la primera sección del juico en cita, en la cual se declaró a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, LUIS MEDINA HERNÁNDEZ y MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, como únicos y universales herederos de todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y que hayan pertenecido al autor de la sucesión; asimismo, se designó como albacea de la sucesión intestamentaria a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA. 3.- El uno de marzo de dos mil dieciocho, la albacea definitiva de la sucesión, presentó escrito relativo a la segunda sección, para lo cual formuló inventario y avalúo de los bienes que conforman el caudal hereditario. 4.- El cinco de marzo de dos mil dieciocho, el juez natural, tuvo a MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA con el carácter reconocido iniciando la segunda sección de dicho juicio sucesorio intestamentario. 5.- En escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, la referida albacea, realizó ampliación de inventario y avalúo; con lo cual, en proveído de quince del mismo mes y año, el juez de origen, ordenó dar vista a los demás interesados que no lo suscribieron, para que en el término de cinco días manifestaran lo que a sus intereses conviniera. 6.- En auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, el juez de primer grado, a petición de la coheredera MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, amplió el término de traslado señalado en el punto anterior, por cinco días más, en relación al inventario y valúo, a fin de que los interesados manifestaran su conformidad o inconformidad respecto del mismo. 7.- El quince de marzo del dos mil dieciocho, el juez de origen, tuvo al coheredero LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, desahogando la vista que se le dio con el inventario y avalúo presentado, manifestando su inconformidad con el mismo, sin embargo, también se le dijo que tomando en consideración que las inconformidades con el inventario y avalúo se tramitan vía incidental, lo requería para que al desahogar la vista de la ampliación del inventario y avalúo, tramitara la impugnación respectiva. 8.- El dos de abril del dos mil dieciocho, a petición de la diversa coheredera, ahora quejosa, el juez natural, ordenó ampliar el término de traslado de la vista con la adición del inventario y avalúo, por otros cinco días. 9.- En auto de trece de abril del dos mil dieciocho, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, tuvo a la ahora quejosa haciendo manifestaciones que ésta formuló en su escrito del diez de abril del pasado año, respecto de los frutos que ahí afirmó daban dos de los predios descritos en sus inventarios y avalúos, con lo cual ordenó dar vista a la albacea definitiva, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y mandó citar a los interesados mediante notificación personal, para oír sentencia interlocutoria dentro de los autos que integran la segunda sección. 10.- A través del proveído de veintiséis de abril del dos mil dieciocho, la juez de primera instancia de mérito, ordenó regularizar el procedimiento, para dejar sin efectos la citación para sentencia de la segunda sección en el intestamentario de origen; y acordó en cuanto al fondo la inconformidad planteada por el coheredero LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, en su escrito presentado el trece de marzo del pasado año, la cual admitió en la vía incidental y ordenó dar vista, así como correr traslado a la albacea, mediante notificación personal, para que contestara lo que a sus intereses conviniera. 11.- En sentencia interlocutoria del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la juez multicitada, dictó sentencia interlocutoria dentro de los autos relativos a la oposición al inventario y avalúo formulada por LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, coheredero en el juicio sucesorio intestamentario de origen, en la cual declaró improcedente la oposición formulada respecto del inventario y avalúo presentado por la albacea definitiva de la sucesión el uno de marzo del pasado año. 12.- A través del proveído de diez de julio del año próximo pasado, la juez natural declaró firme la sentencia interlocutoria del dieciocho de junio del año en cita. 13.- En proveído de catorce de agosto del pasado año, la juez de primer grado, ordenó poner los autos de la segunda sección para dictar sentencia interlocutoria. 14.- El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la juez natural, dictó sentencia dentro de la segunda sección, en la cual se aprobó parcialmente el inventario y avalúo del caudal hereditario presentado por MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, en cuanto albacea definitiva a bienes del extinto MANUEL MEDINA GARCÍA. 15.- En contra de la sentencia interlocutoria referida en el punto anterior, LUIS MEDINA HERNÁNDEZ, a través de su escrito presentado ante la juzgadora de primer grado en cita, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, interpuso recurso de apelación. 16.- Mientras que en escrito de diez de septiembre del año multicitado, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, también interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia interlocutoria que resolvió lo relativo a la segunda sección. 17.- Ambas apelaciones la juez de primer grado, las tuvo por interpuestas en autos del catorce de septiembre del dos mil dieciocho. 18.- De las referidas apelaciones tocó conocer al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien formó el toca número I-309/2018, en la cual, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, resolvió en el sentido de declarar inoperantes los agravios planteados en ambas apelaciones; y por tanto, confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria apelada. Siendo esta última resolución la que en la especie constituye el acto reclamado. Ahora bien, los agravios formulados en apelación por la parte actora, hoy quejosa, en esencia fueron los siguientes: "PRIMERO. La sentencia recurrida causa agravio a mis intereses, puesto que resulta ilegal, carente de fundamentación y motivación, violentando con ello los artículos 1014, 1039, 1046, 1056, 1057 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Michoacán, lo anterior es así en virtud de que la A quo en los puntos resolutivos de la sentencia que se recurre dijo: "PUNTOS RESOLUTIVOS: (SE TRANSCRIBEN)"; ahora bien, de una sana interpretación de los resolutivos que anteceden, se advierte que la A quo, vulnera en perjuicio de la suscrita los arábigos citados en líneas que anteceden; esto es así, al no aprobar los bienes del haber hereditario, toda vez que no se ajustó propiamente al estudio materia del inventario y avalúo (inventariar y valuar los bienes), en los términos referidos en el artículo 1014 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que textualmente dice: "(se transcribe)"; máxime que dicho numeral señala de manera clara y precisa, lo que deberá tomarse en consideración y ser materia de estudio dentro de la segunda sección de un juicio sucesorio intestamentario. En el caso que nos ocupa tenemos que efectivamente la albacea definitivo MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, "debió y cumplió", con lo ordenado por este dispositivo al presentar el Inventario de bienes, si bien es cierto omitió algunos bienes, y su respectivo avalúo, pero cumplió cabalmente para los bienes inmuebles, que es el caso que nos ocupa; listando para ello, los bienes inmuebles que fan parte del caudal hereditario del causante, exhibiendo los respectivos títulos de propiedad a nombre del autor de la sucesión Manuel Medina García; por lo que ve a los avalúos, justificó el precio de dichos inmuebles ante catastro, adjuntando los respectivos certificados catastrales, cumpliendo con esto las exigencias establecidas en el artículo 1057 del Código Procedimental de la materia; por lo que correspondía a la Juez de origen resolver aprobando o reprobando dichos bienes en el inventario y avalúo, ajustándose a lo que es materia de éste; es decir, LA SENTENCIA DEBIÓ LIMITARSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL ESTUDIO DEL INVENTARIO Y AVALÚO, verificando que los bienes inventariados cumplieran con las formalidades establecidas en la ley de la materia; es decir, sí se justificó que los inmuebles se encontraran inscritos debidamente a nombre del causante, lo que se acreditó indubitablemente con las respectivas escrituras, de igual manera se determinó el valor catastral de los mismos, valor que determinó con los certificados catastrales, lo que en el presente asunto quedó debidamente probado y acreditado, hecho que resulta suficiente y bastante para que la Juez de origen aprobara en el momento de analizar lo relativo a los bienes raíces, en este caso, los bienes inmuebles que se enumeran y describen a fojas de la 5 a la 8 de la sentencia que se recurre (como se supone que debía de ser la voluntad del albacea al inventariarlos), situación que resulta contradictoria, puesto que como albacea su obligación es inventariar los bienes y su finalidad es que se apruebe dicho inventario. Lo anterior es así toda vez que la A quo al emitir la sentencia interlocutoria que se recurre, debió limitarse únicamente al estudio del inventario y avalúo atendiendo al contenido literal del artículo 1014 del Código de Procedimientos Civiles vigente; sin embargo, la juez del conocimiento fue más allá extralimitándose más de lo que le es permitido por el arábigo en cita, violentando con su actuar mi derecho a heredar, esto es así, en virtud de que el citado artículo es limitativo, es decir, que no permite ir Más allá de lo que no esta establecido en el mismo, adivirtiéndose claramente que la juez de los autos indebidamente reprueba los bienes inmuebles inventariados bajo la argumentación siguiente: "(se transcribe)"; numeral del cual se advierte la existencia de un trámite especial para quien pretenda dejar fuera los bienes de una sucesión, situación que en el caso que nos ocupa no ha ocurrido y que por el contrario la A quo, los excluye al reprobarlos por considerar que salieron del patrimonio del autor de la sucesión. Aunado a todo lo anterior, tenemos que dentro de los autos del expediente que nos ocupa, no obra constancia alguna de la que se presuma que MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, en calidad de tercera haya promovido juicio alguno pretendiendo excluir los bienes del caudal hereditario, como lo establece el artículo antes referido; por lo tanto, no existe impedimento legal alguno para que la juez de los autos haya reprobado específicamente los bienes inmuebles del multicitado inventario y avalúo, es decir; no existe una sentencia ejecutoriada que establezca que los bienes han pasado a ser patrimonio de otra persona, bastando que a la fecha sigan a nombre del de cujus, como ha quedado acreditado, para que sean aprobados en el inventario. Por todo lo anterior la A quo debió resolver sobre los autos presentes y no sobre suposiciones futuras y de realización incierta, el hecho de manifestar que los inmuebles no pertenecen al autor de la herencia, tal y como lo refiere en la foja 9 nueve de la sentencia interlocutoria, correspondiente a la segunda sección, es dar por hecho algo que no ha pasado aún, pues que a la fecha no se ha accionado legalmente sobre el multicitado contrato de Donación y Cesión de Derechos, es decir, María Felipa Medina García en su carácter de donatario y cesionaria, no ha acudido ante los tribunales a hacer válido dicho contrato y por lo tanto tampoco los herederos de la presente sucesión hemos sido oídos y vencidos en juicio alguno; es decir, ninguna de las partes (herederos y donataria y cedente) nos hemos pronunciado ni en contra ni a favor de ese contrato, por lo cual no hay una sentencia que impida y obligue a desaprobarlos los bienes inmuebles de referencia, tal como la juez de origen lo ha hecho, no hay cosa juzgada o ejecutoria por ministerio de ley o declaración judicial. SEGUNDO. Como se desprende de autos del juicio de origen, al C. María Felipa Medina García, adquirió el compromiso de albacea provisional de la sucesión al denunciar la misma y proponerse para desempeñar tal cargo, mismo que aceptó y protesto finalmente como albacea definitiva de la misma, el cual le fue conferido mediante sentencia interlocutoria dictada dentro de la primera sección; comprometiéndose con ello a cumplir todas y cada una de las obligaciones inherentes a dicho cargo, tal y como lo establece el artículo 844 del Código Civil del Estado que a la letra dice: "(se transcribe)", máxime que se obliga a cumplir cabalmente con las obligaciones que le establece el Código Civil del Estado, en su artículo 872, que es del tenor literal siguiente: "(se transcribe)"; no obstante ello, la albacea definitiva María Felipa Medina García, actuó en contra de lo establecido en los preceptos anteriormente invocados, en perjuicio de la sucesión a la que representa, siendo desleal y en cierto sentido defraudándola, porque si bien es cierto, realizó el inventario y avalúo de los bienes propiedad del causante de la sucesión, también lo es que lo hizo de forma parcial, siendo omisa al no señalar la totalidad de los bienes y omitiendo referir algunos títulos de propiedad y avalúos, para mayor ilustración, me permito precisarlos por lo que ve a la fracción IV, correspondiente a semovientes, refiere la existencia de ganado per no exhibe la patente de los mismos, ni el avalúo correspondiente que acredite su valor, ello en virtud de que está mintiendo en el número de cabezas de ganado de las cuales está obteniendo ganancias que no quiere reportar ante el juez de la causa; asimismo, en la fracción V, correspondiente a frutos, niega la existencia de ellos, cuando si los hay; en el mismo orden y por lo que ve a la fracción VI, correspondiente a muebles, lista una sembradora fertilizadora, la cual describe y exhibe la factura correspondiente, pero omite el avalúo que acredite el valor real y actual de la misma; en la fracción VII, correspondiente a Raíces, lista los bienes que señalan a fojas de 5 cinco a la 8 ocho de la sentencia interlocutoria dictada dentro de la segunda sección y que ahora se recurre, agregando las escrituras y avalúos de la segunda sección y que ahora se recurre, agregando las escrituras y avalúos catastrales (que de conformidad con la ley deben ser aprobados por cumplir con los requisitos necesarios para ello), y finalmente la albacea definitiva María Felipa Medina García, en la fracción VIII romano del citado inventario y avalúo, dolosamente y en perjuicio de la sucesión manifiesta textualmente lo siguiente: "(se transcribe)". Que en el sucesorio de origen es la albacea definitiva responsable de defender y velar por los intereses de la sucesión. El carácter de María Felipa Medina García dentro de la sucesión que nos ocupa, es el que le ha sido reconocido en autos de la presente sucesión y que actualmente desempeña ALBACEA DEFINITIVO, mismo que ha aceptado y protestado fielmente su desempeño, motivo por el cual el albacea definitivo María Felipa Medina García, no puede intervenir con otro carácter, ni representar dos figuras totalmente opuestas, con intereses contrarios dentro del mismo juicio, ni mucho menos le asiste derecho alguno para pretender que se excluyan los bienes propiedad del causante por el sólo hecho de manifestarlo, esto sin mediar juicio diverso con sentencia ejecutoriada que así lo haya demostrado y en el cual se le reconozcan derechos dentro de la presente como tercero interesada, situación que en la sentencia interlocutoria de segunda sección no es materia de estudio y que demuestra que la albacea definitiva actuó de forma deshonesta, dolosa y fraudulenta en contra de la sucesión, máxime que se supone debió tener conocimiento previo al sucesorio, de la existencia del susodicho contrato, lo cual hace suponer que el mismo resulta ser apócrifo, en este contexto María Felipa Medina García nunca debió proponerse para el cargo de albacea, ni desempeñarlo en los términos que lo viene haciendo, en virtud de que sus intereses iban en contra de la sucesión, actuando de forma ilegal para privar del patrimonio que les corresponde den forma proporcional a los herederos, debiendo por estos hechos responder a los daños y perjuicios que ocasione. Por todo lo anterior, solicito a su señoría tenga a bien ordenar la revocación de la sentencia interlocutoria que se recurre y en una nueva que se emita, se apruebe el inventario y avalúo planteado por el albacea definitivo dentro del juicio de origen" Los transcritos agravios, en la sentencia que ahora constituye el acto reclamado, fueron declarados inoperantes, por el Magistrado responsable, para lo cual esencialmente consideró que la apelante, ahora quejosa, a través de los motivos de inconformidad planteados ante él, pretendía subsanar las omisiones en que incurrió al no oponerse en tiempo y forma al inventario y avalúo presentado por MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA, albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de MANUEL MEDINA GARCÍA, y que era hasta ahora, en segunda instancia, en que comparecía a manifestar en síntesis lo siguiente: Que no compartía el criterio asumido por la A quo al excluir del caudal hereditario del de cujus los bienes inmuebles que la albacea definitiva listó en el apartado VII, correspondiente a los bienes "RAÍCES" enumerándolos y detallándolos del uno al ocho en el escrito que contiene el inventario y avalúo -el cual tuvo por reproducido para no hacer reiteraciones inútiles-, y los excluyó bajo el argumento de que así obedecía porque los mismos ya habían salido del patrimonio del finado y por ello no podían formar parte de su haber hereditario. También refirió que en opinión de la apelante -hoy quejosa-, al encontrarse dichos bienes inmuebles inscritos a nombre del autor de la herencia y la albacea haber acreditado la propiedad de tales inmuebles con las respectivas escrituras, la juez debió aprobarlos como bienes relictos y no hacer declaraciones que no le fueron solicitadas, tales como otorgar valor probatorio al contrato de cesión de derechos exhibido por la representante de la sucesión, cuando la misma no había instado ante los tribunales correspondientes para hacer válido dicho contrato. De igual forma adujo que la apelante le sostuvo que fue incorrecto que con tal documento la A quo tuviera por justificado que los bienes inmuebles listados en el inventario y avalúo con los números del uno al ocho, habían salido del patrimonio del autor de la intestamentaría de origen, cuando no existía juicio donde se haya escuchado y vencido a la sucesión intestamentaria, ni a los herederos declarados, que tampoco existía resolución judicial donde se le haya reconocido a dicha albacea tal derecho de propiedad respecto de los bienes inmuebles que la juzgadora de primer grado excluyó del inventario y avalúo. Que también le indicó que la propia albacea actuó en forma parcial al ser omisa en inventariar la totalidad de los bienes de la masa hereditaria, porque en el apartado IV, relativo a SEMOVIENTES, refirió la existencia de ellos, pero no exhibió la documentación que acreditara la propiedad de los mismos ni el avalúo que les correspondiera y que todo ello era porque según la apelante la albacea estaba mintiendo en cuanto al número de cabezas de ganado que existían de las cuales esta última estaba obteniendo ganancias que no quería reportar a los herederos; que respecto al punto V, concerniente a FRUTOS negó la existencia de ellos cuando sí los había. Asimismo le manifestó que, en el punto VI relativo a MUEBLES, lista una sembradora la cual describió y exhibió la factura, pero omitió el valor real y actual de la misma; y que la albacea dolosamente manifiesta en el apartado VIII del inventario y avalúo respectivo que el autor de la herencia había celebrado un contrato de donación y cesión de derechos en favor de MARÍA FELIPA MEDINA GARCÍA el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, respecto de los inmuebles que listo en el apartado VII, correspondiente a RAICES, que con ello actuó de manera deshonesta, dolosa y fraudulenta en contra de la sucesión porque la donataria en dicho contrato resultaba ser la propia albacea, quien afirmó la apelante, ahora quejosa, no podía intervenir en el sucesorio de origen con otro carácter o representar dos figuras totalmente opuestas con intereses contrarios. Por último también mencionó que menos le asistía el derecho de pedir que se excluyeran esos bienes inmuebles, porque no existía algún juicio con sentencia ejecutoria que le hubiere reconocido algún derecho sobre los mismos y que por ello MARÍA FELIPA, nunca debió proponerse para ejercer el cargo de albacea, ni desempeñarlo en los términos que lo venía haciendo, porque sus intereses iban en contra de la sucesión y conculcaba su derecho a la herencia, que todo lo anterior en resumen fue expuesto por la apelante, hoy amparista. En relación con esas manifestaciones, como ya se dijo, el Magistrado responsable determinó que todas y cada una de tales impugnaciones, eran inoperantes, porque debió plantearlas la entonces apelante, como oposición al respectivo inventario y avalúo, pero que no lo hizo así, no obstante que en auto de cinco de marzo del dos mil dieciocho, MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, no compareció legal y debidamente a oponerse a él, que entonces era innegable la inoperancia apuntada, porque si los argumentos hasta ese momento expuestos por la recurrente, no los hizo valer en la vía correspondiente como oposición al inventario y avalúo multicitado, la resolutora de primer grado no había estado en aptitud de analizarlas y decidirlas al dictar la sentencia apelada, argumento que fundó en esa propia sentencia al hacer igual consideración respecto de los agravios del diverso apelante (LUIS MEDINA HERNÁNDEZ), en el artículo 1046 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, considerando que si dichas alegaciones no habían sido planteadas a la juez de origen en el tiempo y forma que para ello establece dicho numeral, esa juzgadora de primer grado no había estado en condiciones de pronunciarse sobre el particular, por lo cual era evidente la inoperancia de los agravios que hasta ese momento en apelación formulara para oponerse a dichos inventarios y avalúos. Ahora, en los conceptos de violación afirma la quejosa que la autoridad responsable infringió en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, porque confirmó la sentencia interlocutoria dictada el veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario número 724/2017, que la responsable omitió entrar al estudio de sus agravios y sólo declaró improcedente su recurso, sin motivar ni fundar su determinación porque no dio respuesta a los agravios planteados. También manifiesta la amparista, que si bien era cierto no se había inconformado con el avalúo emitido por la albacea, en el término concedido para tal efecto, con o sin objeción de su parte, la juez de origen debió aprobar o reprobar el inventario conforme a derecho, que el Ad quem hizo una inexacta aplicación de la ley, lo cual afirma la quejosa, le está lesionando en su derecho a heredar. Asimismo refirió, que la supuesta cesión de derechos que alega FELIPA MEDINA GARCÍA, no es materia del juicio sucesorio intestamentario de origen, que ésta última debió ejercer acción diferente a efecto de hacer valer dicha cesión de derechos, que hasta en tanto no obrara sentencia ejecutoria en el juicio correspondiente, esa cesión de derechos carecía de eficacia jurídica plena; que la responsable inobservó en perjuicio de la hoy quejosa las formalidades esenciales de procedimiento omitiendo fundar y motivar la resolución que se recurría en apelación. De un análisis comparativo entre lo expuesto por la apelante, aquí quejosa, ante la responsable, la inoperancia de los agravios determinada por el Magistrado responsable en la sentencia materia de reclamo, y lo ahora planteado en los conceptos de violación, se advierte que estos últimos no combaten la declaratoria de inoperancia de los agravios realizada por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues éste fue claro en resolver que la inoperancia de los motivos de inconformidad ante él expuestos resultaba de que lo hasta ese momento manifestado por la apelante, hoy quejosa, no lo había hecho valer ante la juez de primer grado como oposición al inventario y avalúo, que ante ello, dicha juzgadora no había estado en aptitud de analizar y decidir sobre tales oposiciones al dictar la sentencia relativa a la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario de origen, por lo cual resultaba inoperante su análisis en esa segunda instancia. Es decir, ahora en los conceptos de violación, no se observa que la parte peticionaria del amparo haya expresado razonamiento lógico jurídico alguno tendente a combatir las consideraciones en base a las cuales el Magistrado responsable declaró inoperantes dichos agravios y confirmó la resolución interlocutoria apelada, pues en sus conceptos de violación esencialmente sólo adujo que el Ad quem omitió entrar al estudio de sus agravios y que si bien era cierto no se había inconformado con el avalúo emitido por la albacea definitiva de la sucesión intestamentaria de origen, con o sin objeción el juez natural debió haber aprobado o reprobado el inventario conforme a derecho, es decir aprobando los bienes que fueron debidamente inventariados y valuados como lo exige la ley. Consecuentemente, dichos conceptos de violación deben declararse inoperantes, al no haber expuesto razonamiento jurídico alguno tendiente a combatir la declaración de inoperancia de la responsable vertida bajo el argumento toral de que las oposiciones vertidas en los agravios, no fueron planteadas ante la juez de primer grado y que por ello, ésta no había estado en aptitud de decidir sobre las mismas; pues como ya se vio, las alegaciones formuladas en sus conceptos de violación son genéricas, ya que no indica por qué el juez o magistrado tenía la obligación de examinar los inventarios y avalúos para resolver sobre la improcedencia o no de los mismos; tampoco formula razonamiento jurídico alguno para poner de manifiesto por qué no era necesario que la ahora quejosa planteara en oposición todas las inconformiddes vertidas ante el magistrado responsable tendientes a inconformarse con dichos inventarios y avalúos; y por tanto tampoco formula argumento jurídico alguno para combatir la consideración vertida por el responsable en cuanto a que los agravios eran inoperantes porque la juez natural no había tenido oportunidad de pronunciarse sobre dichos aspectos novedosos expuestos en apelación. Además de que lo alegado en cuanto a que la albacea actuó de manera parcial al ser omisa en inventariar la totalidad de los bienes de la masa hereditaria, son cuestiones relativas al fondo de la segunda sección ya resuelta por la juzgadora natural y confirmada por la autoridad responsable. Es aplicable por analogía la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 1002999 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1120 Página: 1266 AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del Juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido. Amparo en revisión 898/2006.-Juan Manuel Hernández Magallanes.-7 de junio de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José Ramón Cossío Díaz.-Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 1752/2006.-Adriana Jiménez Pérez.-22 de noviembre de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.-Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Amparo directo en revisión 953/2007.-Hotel Palacio San Leonardo, S.A. de C.V.-4 de julio de 2007.-Cinco votos.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretaria: Rosalía Argumosa López. Amparo en revisión 390/2007.-Luis Barragán López.-11 de julio de 2007.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Ramón Cossío Díaz.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Amparo en revisión 461/2007.-Siemens Vdo., S.A. de C.V.-23 de enero de 2008.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Ramón Cossío Díaz.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Tesis de jurisprudencia 85/2008.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil ocho. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 144, Primera Sala, tesis 1a./J. 85/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 145." En consecuencia ante lo inatendible de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A MARÍA DE JESÚS MEDINA HERNÁNDEZ, contra el acto y por la autoridad precisada en el considerando segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el quinto de dichos considerandos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy cinco de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.
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