María de Jesús Moreno Gallegos
Expediente 216/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María de Jesús Moreno Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 20 del Acuerdo citado en supra líneas, notifíquese personalmente este proveído a la parte actora, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el presente expediente; bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, estos documentos correrán la suerte del expediente principal, lo que dará lugar a la destrucción de los mismos, cuando se realice la del cuaderno en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la determinación de diez de junio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, se certifica que el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad respecto de su versión electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo; lo que se certifica para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 216/2022-VI, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el quince de marzo de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día, por *******, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, residentes en esta ciudad. Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó al tercero interesado; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede, la cual concluye con esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de una ley cuyo acto concretó de aplicaciónv se realizó dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama a los Magistrados de la Primera y Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Encargada y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, adscritos a la Unidad De Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, así como a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta ciudad, y al Juez Menor Mixto, con residencia en Ahumada, Chihuahua, lo siguiente: Todo lo actuado en el juicio oral ordinario *******; y La desposesión del inmueble identificado como fracción del *********************. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Encargada de Unidad De Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, así como los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo y Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, al rendir el informe justificado, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Asimismo, resulta un hecho notorio para la suscrita mismo que se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º, que los Jueces Cuarto y Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, y el Juez Menor Mixto, en Ahumada, Chihuahua, al rendir informe previo, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas. Por su parte, el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue omiso en rendir informe justificado, no obstante que fue debidamente requerido para tal efecto; sin embargo, no es dable presumir la certeza de los actos que se le reclaman en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo; dada la naturaleza de los mismos, aunado a la circunstancia de que el Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados, comunicando que en ese órgano efectivamente se tramita el juicio oral ordinario *******, promovido por *******, en contra de la quejosa *******, y otros. Por otra parte, de las constancias que obran en autos no se advierte que se haya ordenado la desposesión del inmueble identificado como fracción del *********************. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados, comunicando que en ese órgano se tramita el juicio oral ordinario *******, promovido por *******, en contra de la quejosa ******* y otros; adjuntando para tal efecto copias certificadas del citado juicio. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, esta resolutora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, interpretado en sentido contrario, que disponen: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Articulo 107. El amparo indirecto procede: ...VI. Contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas;..." Es necesario aclarar la diferencia entre la definición de persona extraña y de tercero extraño para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Acorde con las interpretaciones sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Así´, se tiene que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, la que comúnmente es conocida como persona tercera extraña por equiparación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE".. Así´, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 259/2009, determinó que la parte demandada en un juicio de origen que no fue emplazada, o lo fue indebidamente, se puede equiparar a una persona extraña, porque no tuvo oportunidad de defenderse dentro del juicio. De modo que, al no contar con oportunidad de defensa, puede promover amparo indirecto para que sea allí´ donde el juez de amparo, - en su caso- se analice la intervención del mismo. Asimismo, el máximo tribunal del país indicó que la finalidad de dicha equiparación es la de proteger el derecho de audiencia, esto es, asegurarle al particular la posibilidad de probar que no fue emplazado o que lo fue contra lo dispuesto en la ley de la materia. De lo hasta aquí´ expuesto, es posible advertir que uno de los requisitos fundamentales para estimar que la parte demandada tiene el carácter de tercera extraña por equiparación es el relativo a que no haya tenido la oportunidad de defenderse y, por ende, de ser escuchada en protección de sus intereses. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, estableció´ que basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra o bien, que comparezca al procedimiento natural, para que pierda el carácter de extraño al juicio; o en su caso, durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. Lo anterior, pues sostuvo que para perder el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, no necesariamente tienen que ocurrir siempre los requisitos consistentes en que se tenga conocimiento del juicio y que se haya comparecido a éste, sino que basta que la persona tenga conocimiento de manera completa y exacta del juicio aún sin haber comparecido. Tal criterio generó la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2004274, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 729, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De lo anterior, se tiene que para que se actualice el criterio citado debe contener los elementos siguientes: a) La parte quejosa se ostente como parte tercero extraño por equiparación. b) La parte quejosa tenga la calidad de parte formal en el juicio de origen. c) La parte quejosa tenga conocimiento de la existencia y los datos de identificación del juicio al que pretende ser llamado. d) Que dicho conocimiento sea antes de que se dicte sentencia o está cause ejecutoria. Respecto al primer punto identificado con el inciso a), la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo en su calidad de tercera extraña por equiparación, dado que refiere que a pesar de ser señalada como parte demandada no fue llamada, oída ni vencida en juicio. Por cuanto hace al punto b), la quejosa tiene la calidad de parte formal, dado que es la parte demandada en el juicio oral ordinario *******, promovido por *******. En relación con el inciso c), la quejosa tuvo conocimiento de la existencia del citado juicio oral ordinario, en virtud de que el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, acudió ante la responsable contestando la demanda promovida en su contra. Ahora, en relación con el inciso d) de los autos se desprende que el multicitado juicio oral se encuentra en trámite, y que hasta este momento, no se ha dictado sentencia. Por tanto, si la quejosa conoce de la existencia del juicio oral ordinario *******, promovido por *******, en su contra; y en dicho juicio no se ha dictado sentencia; es inconcuso que pierde el carácter de tercera extraña a dicho procedimiento. Por lo tanto, al carecer la parte quejosa del carácter que ostentó como tercera extraña por equiparación al referido juicio oral, y en cambio, ser parte en el mismo, se surte la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, interpretado en sentido contrario. Sirve de apoyo, la jurisprudencia : 1a./J. 9/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 681, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000619, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Asimismo, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por las relacionadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables procede sobreseer en este juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del primer ordenamiento citado. La anterior determinación impide realizar algún pronunciamiento en cuanto a los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Apoya lo anterior el criterio del entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, Sexta Parte, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional". Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por los razonamientos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a *******, le reviste el carácter de tercero interesado en términos de lo dispuesto por el artículo 5º fracción III, incisos b) de la Ley de Amparo. Por tanto, conducto de la Actuaría Judicial adscrita, emplácese al presente juicio de amparo en el domicilio ubicado en ******* en esta ciudad. En esas condiciones, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, se procede a diferir la audiencia constitucional prevista para esta data y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del diez de junio de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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