María de Jesús Enriquez Tovar

Expediente 248/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
248/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • María de Jesús Enriquez Tovar
  • Blanca Estela Bonilla Enriquez
  • María de Jesús Enriquez Tovar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS EL PROVEIDO DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las quejosas en este juicio interpusieran recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, Tal como se estableció en la cuenta, este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Además, el juicio de amparo en que se actúa es un expediente, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por lo anterior, requiérase a la parte quejosa, a fin de que en el término de noventa días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, comparezca a recibir las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo así, en su momento las mismas correrán la suerte del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por *******, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene desahogando la prevención realizada el trece de abril del año en curso, y al efecto señala que el acto reclamado es el auto dictado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, publicado en lista el veintiuno de marzo del mismo año, emitido por el Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el que se señalaron las once horas del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia preliminar, omitiendo llamar a la totalidad de los demandados. De lo anterior se desprende que la quejosa reclama, en concreto, del Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente *******, en el que se señalaron las once horas del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia preliminar, omitiendo llamar a la totalidad de los demandados. Indicado lo anterior, se tiene que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Conforme a la primera de las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente cuando resulte, además de las hipótesis ahí descritas, de alguna otra disposición de la ley de la materia, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Continuando, la segunda de las normas citadas, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen actos "en juicio", cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, actos dictados dentro de la secuela procedimental o del trámite de la contienda de que se trate; sin embargo, para que tales actos sean reclamables a través de la vía indicada, es necesario que sean de "imposible reparación" y tal noción la proporciona la propia norma, al establecer que por tales actos se entienden, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, si la responsable, al emitir el auto recurrido, en consideración de la quejosa incurrió en la omisión señalada, ello no vulnera derechos sustantivos en su perjuicio, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Es decir, se trata de actos que tienen que ver con la secuela del procedimiento y que, por su naturaleza procesal, no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa; lo cual no la deja en estado de indefensión, pues la violación alegada podría quedar reparada con el dictado de una sentencia definitiva favorable y, en caso contrario, podrá impugnar la afectación que ahora aduce, como infracción procesal, al combatir el fallo definitivo; por ende, se desconoce por completo si las consecuencias procesales apuntadas se materializarán. Ahora, en el caso, no se emitió un pronunciamiento que cause una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad; en cambio, la afectación que eventualmente pudiera ocasionarse con el acto reclamado, sólo implicaría que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas (no los de la quejosa), prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, como se refirió, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 48/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materias Constitucional y Común, Décima Época y número de registro 2011580, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Asimismo, por identidad de razones, se cita la tesis VII.2º.C.64 C (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 2179, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima Época y número de registro 2005481, del rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EXTEMPORÁNEAMENTE, AL CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito que, de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170, fracción I, 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que éstas afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda extemporáneamente no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados de obtener sentencia favorable; máxime que al tenerse por contestada la demanda extemporáneamente, no implica una sentencia condenatoria porque -en materia familiar- la falta de contestación a la demanda no produce la confesión ficta, sino que se entienden contestados los hechos en sentido negativo, lo cual implica revertir la carga de la prueba a la contraria, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; de ahí que el acuerdo que tiene por contestada la demanda extemporáneamente dictado en forma ilegal, por sus consecuencias jurídicas, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta dictar sentencia definitiva adversa al afectado, pues es innegable que esta violación, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. En consecuencia, al tratarse la resolución reclamada un acto intraprocesal que no vulnera, en este momento, derechos sustantivos en contra de la parte quejosa, lo procedente es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda que dio origen al presente juicio, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la propia ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO QUE A LA LETRA DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por *******, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene desahogando la prevención realizada el trece de abril del año en curso, y al efecto señala que el acto reclamado es el auto dictado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, publicado en lista el veintiuno de marzo del mismo año, emitido por el Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el que se señalaron las once horas del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia preliminar, omitiendo llamar a la totalidad de los demandados. De lo anterior se desprende que la quejosa reclama, en concreto, del Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente *******, en el que se señalaron las once horas del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia preliminar, omitiendo llamar a la totalidad de los demandados. Indicado lo anterior, se tiene que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Conforme a la primera de las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente cuando resulte, además de las hipótesis ahí descritas, de alguna otra disposición de la ley de la materia, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Continuando, la segunda de las normas citadas, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen actos "en juicio", cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, actos dictados dentro de la secuela procedimental o del trámite de la contienda de que se trate; sin embargo, para que tales actos sean reclamables a través de la vía indicada, es necesario que sean de "imposible reparación" y tal noción la proporciona la propia norma, al establecer que por tales actos se entienden, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, si la responsable, al emitir el auto recurrido, en consideración de la quejosa incurrió en la omisión señalada, ello no vulnera derechos sustantivos en su perjuicio, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Es decir, se trata de actos que tienen que ver con la secuela del procedimiento y que, por su naturaleza procesal, no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa; lo cual no la deja en estado de indefensión, pues la violación alegada podría quedar reparada con el dictado de una sentencia definitiva favorable y, en caso contrario, podrá impugnar la afectación que ahora aduce, como infracción procesal, al combatir el fallo definitivo; por ende, se desconoce por completo si las consecuencias procesales apuntadas se materializarán. Ahora, en el caso, no se emitió un pronunciamiento que cause una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad; en cambio, la afectación que eventualmente pudiera ocasionarse con el acto reclamado, sólo implicaría que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas (no los de la quejosa), prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, como se refirió, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 48/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materias Constitucional y Común, Décima Época y número de registro 2011580, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Asimismo, por identidad de razones, se cita la tesis VII.2º.C.64 C (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 2179, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima Época y número de registro 2005481, del rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EXTEMPORÁNEAMENTE, AL CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito que, de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170, fracción I, 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que éstas afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda extemporáneamente no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados de obtener sentencia favorable; máxime que al tenerse por contestada la demanda extemporáneamente, no implica una sentencia condenatoria porque -en materia familiar- la falta de contestación a la demanda no produce la confesión ficta, sino que se entienden contestados los hechos en sentido negativo, lo cual implica revertir la carga de la prueba a la contraria, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; de ahí que el acuerdo que tiene por contestada la demanda extemporáneamente dictado en forma ilegal, por sus consecuencias jurídicas, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta dictar sentencia definitiva adversa al afectado, pues es innegable que esta violación, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. En consecuencia, al tratarse la resolución reclamada un acto intraprocesal que no vulnera, en este momento, derechos sustantivos en contra de la parte quejosa, lo procedente es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda que dio origen al presente juicio, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la propia ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******* y *******, contra actos del Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 248/2018. A efecto de proveer respecto a la admisión de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dispone: 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. [.] Como se puede advertir del arábigo anterior, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, como Imprecisión del acto reclamado y la autoridad a quien se lo atribuye. Por su parte, el numeral 108, fracción III, de la ley de la materia dispone: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] De lo anterior, se colige que conforme al numeral 108, fracción IV, del citado ordenamiento legal, el promovente del amparo debe señalar con toda precisión, entre otros requisitos, los actos que reclamada de la autoridad. Ahora, el quejoso en el capítulo de acto reclamado, señaló lo siguiente: [.] IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: el auto de 20 de marzo de 2018, publicado en lista del Tribunal el 21 de marzo de 2018 [.] Por otra parte, en el capítulo de hechos narró lo siguiente: [.] V.- HECHOS O ABSTENCIONES CONSTITUTIVOS DEL ACTO RECLAMADO: . 9. El 20 de marzo de 2018, la autoridad responsable tuvo a las quejosas dando cumplimiento a la vista relativa a la contestación a la Reconvención y enseguida señaló fecha para que se lleve a cabo la audiencia preliminar, de conformidad con el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles. . 10. En virtud de considerar que no se habían cubierto los requisitos establecidos en el artículo 253 del Código del Código de Procedimientos Civiles y con fundamento en los artículos 115 y 620 del mismo código adjetivo invocado, la parte reconvencionista, ahora quejosa, solicitó que se revocara el acuerdo por el que se fijaba fecha para la audiencia Preliminar, toda vez que no todos los demandados habían contestado la demanda en virtud de que no se habían emplazado a la totalidad de los demandados en la reconvención. . 11. En respuesta, el 27 de marzo de 2018, el Tribunal Noveno Civil por Audiencias decretó que "NO HA LUGAR A ADMITIR el recurso planteado, tomando en consideración que la Litis ha quedado debidamente entablada ya que se cumplió a cabalidad lo dispuesto por el artículo 253 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, que señala que transcurridos los plazos para contestar la demanda y, en su caso, la reconvención y su repuesta, el juzgado señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia base a lo anterior resulta improcedente la admisión del recurso planteado". 12. Tomando en consideración que la resolución que conceda o niegue la revocación no admite recurso alguno, en los términos del artículo 623 del Código de Procedimientos Civiles, que el plazo de los 15 días disponible para presentar la demanda de amparo vence el 24 de abril de 2018, que la negativa de la revocación solicitada involucra la violación a los derechos humanos protegidos por el artículo 1, 14 Y 16 Y 17 de la constitución, es que acudimos a este Tribunal a efectos de que se analice el fondo de la problemática presentada y se resuelva restituir los derechos humanos que hayan sido violentados. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 114 y 108, de la ley de la materia, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA.", prevéngase a la promovente para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito, indique cuál o cuáles son los actos que le atribuye a la autoridad responsable. Lo anterior, bajo apercibimiento, que de no ser exactamente observado dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. Puesto que está inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se autoriza en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Oscar Altamirano Piña. Finalmente, visto el oficio SEADS/473/2018, recibido en este Juzgado Federal el cinco de los corrientes, téngase al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informando que en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con efectos a partir del dieciséis de abril de esta anualidad. Hágase del conocimiento de las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******. Doy fe.

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