María de Jesús Díaz de León Benavides y Otros.

Expediente 270/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 34 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
270/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • María de Jesús Díaz de León Benavides y Otros.
  • María de Jesús Díaz de León Benavides

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó y negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado la protección de la justicia federal, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva una vez transcurridos cinco años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad respecto de su versión electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo; lo que se certifica para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 270/2021- VI; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, ante la oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado en esa misma data a este órgano ******* y *******, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Monterrey Nuevo León, y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del asunto. Mediante auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; determinación que al ser impugnada por la parte quejosa, se dejó insubsistente por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al resolver el recurso de queja civil *******. Ante ello, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se emplazó al tercero interesado y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que los quejosos reclaman lo siguiente: 1. Al Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Monterrey Nuevo León, lo siguiente: La determinación de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por los demandados, y se confirmó el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey Nuevo León. 2. Al Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey Nuevo León, lo siguiente: El citado proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil *******, a través del cual se previno a los demandados a fin de que pusieran a la parte actora en posesión física y material de los inmuebles ubicados en *******, en Chihuahua, Chihuahua, adjudicados en la audiencia de remate de dieciséis de junio de dos mil catorce. 3. A los Registradores Públicos de la Propiedad de los Distritos Judiciales Bravos y Morelos, con residencia en esta ciudad y en la capital de esta entidad federativa, respectivamente: La inscripción de las adjudicaciones en rebeldía derivadas del mencionado Juicio Ejecutivo Mercantil. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, ambos con residencia en Monterrey Nuevo León, así como los Registradores Públicos de la Propiedad de los Distritos Judiciales Bravos y Morelos, con residencia en esta ciudad y en la capital de esta entidad federativa, respectivamente, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados; y remitieron para tal efecto, copia de las constancias conducentes al relativas al toca ******* y juicio ejecutivo mercantil *******, respectivamente. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. CUARTO. Causas de sobreseimiento y de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías En el caso, la suscrita estima que respecto al acto reclamado al Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey Nuevo León, consistente en el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil *******, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...).". De la interpretación de dicho dispositivo legal se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primero de los supuestos aludidos, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por su parte, el segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando la sentencia de segunda instancia da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria; por lo que el juicio de amparo respecto de este último resulta improcedente. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. Al respecto, es ilustrativa la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, que se localiza en la página 1491 del tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." También lo es la tesis I.3o.C.769 C, del mencionado órgano colegiado, con número de registro 165869, visible en la página 1492 del tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia reclamado el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil *******, a través del cual se previno a los demandados a fin de que pusieran a la parte actora en posesión física y material de los inmuebles adjudicados en la audiencia de remate de dieciséis de junio de dos mil catorce. Luego, de las constancias remitidas por las responsables, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que el Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Monterrey Nuevo León, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno al resolver los autos del toca ******* declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por los demandados, y confirmó el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey Nuevo León; determinación de segunda instancia que también se reclama en esta instancia constitucional. Luego, si los demandados ******* y *******, aquí quejosos, promovieron recurso de apelación en contra del auto de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey Nuevo León; es dable concluir que al hacer valer un medio de defensa a través del cual podía confirmar o revocar esa inclusión, es posible establecer que el acto reclamado en el presente juicio fue sustituido procesalmente por la resolución de segunda instancia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que confirmó el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado por el juez responsable. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, ya que no podría analizarse la constitucionalidad del acto reclamado (auto de trece de noviembre de dos mil veinte) al haberse resuelto con posterioridad a su emisión, un medio de defensa que versa sobre el punto cuestionado, materia de la litis. Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que cesaron los efectos del acto reclamado, por sustitución procesal; y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento jurídico. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Son inoperantes los conceptos de violación aducidos por los quejosos. Procede examinar los motivos de inconformidad aducidos por los quejosos, los cuales no se transcriben, toda vez que no constituye una formalidad de esta resolución en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, ni se incurre en una infracción formal en términos de la jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia reclamando la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por los demandados, en contra del auto de trece de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey Nuevo León; y en el aludido medio de impugnación el inconforme hizo valer los agravios siguientes: Primero.- El auto de 13 de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se ordena prevenir sobre la desocupación de los bienes objeto de remate y toma de posesión de los mismos a favor de la parte actora, autorizándose los medios de apremio para tales efectos, viola en perjuicio de mis representados lo dispuesto por los artículos 1047, 1079 fracción IV, 1321, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328 y 1328 del código de comercio en vigor en el país, por su ilegal interpretación y aplicación, por encontrarse sub judice actualmente la legalidad de las actuaciones relativas a la ejecución de sentencia, así como prescrita su ejecución, a virtud del recurso de apelación interpuesto por el suscrito en contra de la sentencia interlocutoria de 25 de septiembre del 2020, mediante la cual en forma ilegal se declaró parcialmente procedente el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva de 3 de noviembre del 2010, medio de impugnación que fue recibido por ese H. Juzgado mediante auto de 7 de octubre del año en curso y remitido vía electrónica, a la décima quinta Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, asignados el toca en articulo número *******, sin que al día de hoy se haya radicado tal recurso ante la referida sala. En efecto, la Juez debió de reservarse el proceder a la ejecución mediante prevención de entrega voluntaria y lanzamiento forzoso juicio de mis representados, respecto de los bienes adjudicados a la actora, hasta en tanto se resuelva el referido recurso de apelación, pues en caso de declararse procedente tal medio de impugnación por la referida Sala, traería como consecuencia la reforma de la interlocutoria del 25 de septiembre del año en curso, debiéndose declarar la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, tenerse como improcedente el derecho de la actora en ejecutar la sentencia por cuanto al acto de la desposesión de los bienes en perjuicio de mis poderdantes con efectos restitutorios definitivos, ante la actualización de la prescripción negativa en la ejecución de la sentencia, lo cual, de no hacerse así por el actuar de Usia, se causarían graves daños y perjuicios a los demandados. Por ello, solicito se declare fundado y procedente el presente agravio expresado y suficiente para revocar el auto impugnado. SEGUNDO.- Igualmente, el auto de fecha 13-trece de noviembre del año en curso, viola, en perjuicio de mis representados lo dispuesto por los artículo 1068, 1069 Y 1411 del Código de Comercio, así como las formalidades previstas por los numerables 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación mercantil, dada su ilegal interpretación y aplicación, por encontrase subjudice la legalidad de las actuaciones relativas a la ejecución de sentencia desde que fue dictado el auto que ordenó poner a la vista de las partes los avalúos que obran que obran en autos, a virtud del recurso de apelación interpuesto por el suscrito en contra de la sentencia interlocutoria de 25 septiembre del 2020, que declaró improcedente el Incidente de nulidad de las actuaciones a partir de la omisión de notificar a ******* el auto de 10 de enero del 2013, consecutivo *******, que ordeno poner a la vista de las partes los avalúos rendidos por los peritos, a fin de que se impongan de ellos, y como consecuencia, la nulidad de todo lo actuado en el juicio. Medio de impugnación que fue recibido por ese H. mediante auto de 7 de octubre del año en curso, remitido vía electrónica, turnados los autos a la Décimo Quinta Sala Unitaria Civil del Tribunal superior de Justicia del Estado, asignándose el toca en artículo número *******, sin que al día de hoy se haya radicado tal recurso ante la referida sala. En efecto, la Juez debió de reservarse proceder a la ejecución mediante prevención de entrega voluntaria y lanzamiento forzoso en perjuicio de mis representados, respecto de los bienes adjudicados a la actora, hasta en tanto se resolviera el referido recurso de apelación multiseñalado, pues en caso de prosperar tal medio de impugnación interpuesto ante la referida Sala Civil, declarando fundados los agravios expresados y reformar la interlocutoria del 25 de septiembre del año en curso, traería como como consecuencia la declaratoria de nulidad de lo actuado desde la omisión de notificar a *******, auto de 10 de enero del 2013, consecutivo 0133, así como la nulidad de todo lo actuado, incluyéndose como actuaciones nulas la audiencia de remate en primera almoneda, la prevención de escrituración y la desposesión ahora despachada en contra de los demandados con efectos restitutorios, pues, como se ha dicho, a efecto de evitar graves daños y perjuicios a mis representados. Al respecto, el Magistrado responsable, en la resolución impugnada, consideró que los agravios expuestos por el recurrente resultaban en infundados, conforme a las siguientes consideraciones: Dichos agravios son infundados por los siguientes motivos y fundamentos. En síntesis refiere en sus agravios que el auto combatido debió pronunciarse reservando lo peticionado por parte actora en virtud de encontrarse pendiente de resolver (subjudice) los diversos recursos de apelación planteados contra la sentencia interlocutorias del 25 veinticinco de septiembre de 2020 dos mil veinte, la que en forma ilegal declaro parcialmente el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva; y del 25 veinticinco de septiembre de 2020 dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones a partir de la omisión de notificar (el auto del 10 diez de enero de 2013 dos mil trece) a *******, pues de lo contrario se causarían graves daños y perjuicios. Lo anterior es infundado, pues de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1338 y 1345 bis 4 del código de comercio, la apelación puede admitirse en el efecto devolutivo, esto último, no suspende el curso del procedimiento y el juzgador, a petición de la parte interesada, puede proceder a su ejecución, o bien, si el apelante lo decide, esperarse a que la resolución impugnada quede firme. Ahora en el supuesto expuesto por el apelante, es decir que se estime que con dicha ejecución se puedan causar graves daños y perjuicios (daño irreparable o de difícil reparación), la ley le otorga el derecho a solicitar que dicho recurso se admita en ambos efectos, para lo cual debe señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación, y exhibir, en caso, el monto de la garantía que el juzgador imponga, atento a lo dispuesto por el artículo 1345, bis 8 del código de comercio. Entonces, si contra las interlocutorias precisadas se admitió el recurso de apelación en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata, sin que el apelante hubiese hecho valer su derecho a solicitar que se admitiera en ambos efectos, ahora en el recurso de apelación interpuesto contra un auto que continua con la ejecución de la sentencia, no se puede pretender que se modifique el mismo con el argumento que las diversas apelaciones se encuentran subjudice. En efecto, pues por una parte, el recurso de apelación admitido en el solo efecto devolutivo, como se señaló y fundó, no tiene las consecuencias de paralizar el procedimiento de ejecución de la sentencia; y por otra, los recursos que cita el doliente, se encuentran decididos, según resoluciones emitidas por esta Alzada en fecha 11 once de diciembre de 2020 dos mil veinte y aunque causan ejecutoria cuando las mismas no puedan ser recurridas por ningún medio ordinario o extraordinario de defensa según el artículo 1343 del código de comercio, en el supuesto de precedencia del amparo, para efectos de la posible suspensión al procedimiento, se estará a lo que la respectiva ley determine. Por tanto, mientras legalmente no se determine la suspensión del procedimiento de ejecución, el auto recurrido en el medio que se examina, no puede pronunciarse de la forma que señala el apelante por lo motivos y fundamentos expresados, pues el procedimiento de ejecución, cuenta con bases jurídicas para suspenderse; por todo ello, resultan infundadas las dolencias, no violándose los preceptos legales que cita el disconforme. En ese tenor, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa respecto de la determinación de segunda instancia reclamada, se sintetizan de la manera siguiente:  Que la resolución reclamada vulnera el contenido de lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al realizar una ilegal interpretación y aplicación de lo dispuesto por los artículos 1047, 1079, fracción IV, 1321,1323,1324,1325, 1327, 1328,1329,1338, 1345 bis 4 y bis 8 del código de comercio, al encontrarse subjudice la sentencia dictada por el Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el once de diciembre de dos mil veinte, en el toca *******; al estar en trámite el Juicio de Amparo Indirecto *******, promovido en contra dicho acto.  Que existen diversos vicios formales en el procedimiento de ejecución de sentencia relativos al avalúo, subasta y adjudicación de los bienes afectos, porque no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, contenidas en los artículos 1068, 1069 y 1411, del Código de Comercio, al considerar que no se debieron subastar dichos inmuebles, en virtud de que no se había notificado a la demandada el proveído de diez de enero de dos mil trece, mediante el cual se ordenó poner a la vista los avalúos rendidos por los expertos. Así, como se precisó, la suscrita estima que los conceptos de violación que se analizan conjuntamente en términos de lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, son inoperantes. Esto es así porque no combaten de manera frontal la decisión del Magistrado responsable, quien al atender los agravios expuestos por la parte recurrente, precisó que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1338 y 1345 bis 4 del código de comercio, la apelación admitida en el efecto devolutivo, no suspende el curso del procedimiento; y que el juzgador, a petición de la parte interesada, podía proceder a su ejecución; señalando que en el supuesto expuesto por el apelante, en el sentido de que con dicha ejecución pudiera causar graves daños y perjuicios (daño irreparable o de difícil reparación), la ley le otorgaba el derecho a solicitar que dicho recurso se admitiera en ambos efectos, para lo cual se debían señalar los motivos por los que se considerara un daño irreparable o de difícil reparación; y exhibir, en caso, el monto de la garantía que el juzgador impusiera, en términos de lo dispuesto por el artículo 1345, bis 8 del código de comercio. En este orden de ideas, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, no son eficaces para controvertir en forma alguna lo establecido por el magistrado responsable en la resolución reclamada, puesto que en ellos se esgrime que el magistrado responsable no debió confirmar el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, al encontrase subjudice la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil veinte, en el toca *******, del índice de la responsable, al estar en trámite el Juicio de Amparo Indirecto *******, promovido contra dicho acto; más no combate los motivos y fundamentos que la sustentan, en particular, lo expuesto en los puntos anteriores. Ahora, no se soslaya que resulta un hecho notorio para la suscrita, mismo que se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º, que en el Juicio de Amparo Indirecto *******, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, promovido por ******* y *******, por conducto de su apoderado legal, en contra de las resoluciones de once y dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictadas en el toca *******, por el Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; se solicitó la suspensión de los actos reclamados; sin embargo, dicha circunstancia resulta ajena a esta litis constitucional; y, en su caso, la violación a la suspensión concedida en el referido juicio de amparo indirecto, sería materia de un diverso medio de impugnación. En consecuencia, se actualiza un impedimento técnico que impide un pronunciamiento de fondo, al no combatirse efectivamente los argumentos que sustentan el fallo reclamado. Es aplicable al caso de trato la tesis de jurisprudencia número III.2o.C. J/13, Materias: Civil, localizada en la página 75, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 72, Diciembre de 1993, Registro digital: 21394, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". Así como la tesis de jurisprudencia 173, localizada en la página 116, Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, Materias: Común, Registro digital: 394129, Sexta Época, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". De igual manera, se aplica la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 731, Libro XIII, Tomo 2, de Octubre de 2012, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación argumentados por los quejosos ******* y *******, y no existiendo queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Finalmente, esa decisión, también se hace extensiva en cuanto a los actos de ejecución atribuidos a los Registradores Públicos de la Propiedad de los Distritos Judiciales Bravos y Morelos, puesto que su actuación no se impugnó por vicios propios. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, Tomo I, Primera Parte -1 de Enero a Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* y *******, contra el acto reclamado al Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey Nuevo León, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- Se niega amparo al quejoso ******* y *******, contra el acto reclamado al Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Monterrey Nuevo León, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta hoy veintitrés de junio de dos mil veintidós, fecha en la que así lo permitieron las labores propias de este juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el oficio y anexo remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; mediante el cual, en cumplimiento al proveído de uno de abril pasado informó el estado actual del juicio de amparo 175/2021 de su índice, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan imponerse de su contenido. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, para su desahogo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de uno de abril pasado informa el estado actual del juicio de amparo ******* de su índice y anexo que acompaña consistente en el proveído de uno de marzo del año en curso, circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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