María de Jesús Godinez Cruz
Expediente 1051/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María de Jesús Godinez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda el oficio ******* que remite la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por medio del cual anexa el testimonio de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, en los autos del recurso de queja *******, del índice del tribunal oficiante, derivado del presente incidente de suspensión, cuyo contenido se advierte que resolvió: ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en contra del acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo *******, por la razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Lo anterior de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, la instrumental pública de actuaciones, así como la presuncional legal y humana que ofrecen, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. JJH
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de enero de dos mil diecisiete. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1051/2016-IV, promovido por ***, contra actos del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, y otros. R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El trece de diciembre de dos mil dieciséis, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Administrador General de Auditoria Fiscal dependiente del Servicio de Administración Tributaria, ambos con sede en la Ciudad de México; Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Chihuahua "2" y Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a quienes les reclamó en sus respectivas esferas de competencia el Artículo Tercero de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, en el que se modificó el Anexo 24 difundido en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, que entró en vigor a partir del uno de noviembre de ese año; que está directamente relacionado con el cumplimiento de la Contabilidad en Medios Electrónicos y que en su último párrafo hace referencia a un documento técnico para su cumplimiento; esto por tratarse de una norma autoaplicativa. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Tras cumplir una prevención, se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitó informes previos a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el tres de enero del año que transcurre, difiriéndose por las autoridades faltantes para el día de hoy. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe previo, el Administrador General de Auditoria Fiscal dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, negó la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna para desvirtuarla. Por ende, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que la parte quejosa solicitó respecto de los actos reclamados a dichas autoridades. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia número 1128, visible en la página 777 del Tomo IV, correspondiente a Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, que aparece publicada bajo el rubro y texto: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, conviene en la existencia del acto que se le reclama, consistente en la expedición de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en particular los anexos 1-A y 24; sin embargo, niega su aplicación. Cuarto. Negativa de la suspensión definitiva, respecto de los actos reclamados. Con relación a la suspensión definitiva de los actos reclamados, es improcedente conceder la suspensión definitiva contra la expedición de las normas generales que tilda de inconstitucionales, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la parte quejosa, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Apoya esta consideración, la jurisprudencia VI.2o.C. J/174, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Materia Común, página 775, que a la letra dice: SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Quinto. Procedencia de la suspensión definitiva. Los efectos y consecuencias de las normas tildadas de inconstitucionales son susceptibles de suspenderse, pues se trata de actos positivos y futuros, por lo tanto al estar reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, se impone conceder la suspensión definitiva de la ejecución de las normas tildadas de inconstitucionales a la parte quejosa, como enseguida se pone de manifiesto. Del análisis integral de la demanda, se deduce que la quejosa reclama la publicación y aplicación del Artículo Tercero de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, en el que se modificó el Anexo 24 difundido en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, que entró en vigor a partir del uno de noviembre de ese año; que está directamente relacionado con el cumplimiento de la Contabilidad en Medios Electrónicos y que en su último párrafo hace referencia a un documento técnico para su cumplimiento; esto por tratarse de una norma autoaplicativa. Cabe señalar que la pretensión de la quejosa se sustentó, esencialmente, en que las autoridades responsables violaron en su perjuicio sus derechos fundamentales de seguridad jurídica, toda vez que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil dieciséis, reformado, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, lo que no aconteció así, ya que el anexo técnico está en idioma inglés. Del contenido del Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se advierte que establece que el envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7, y 2.8.1.11., de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil dieciséis, y hace referencia a la descripción de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica, que designa de la siguiente manera: Catálogo de cuentas Código agrupador del SAT Balanza de comprobación Pólizas del periodo Auxiliar de folios de comprobantes fiscales Auxiliares de cuenta y subcuenta Catálogo de monedas Catálogo de bancos Catálogo de métodos de pago Así como también prevé que la referencia técnica en materia de informática para la construcción de los archivos digitales XML que contienen la información mencionada en el Anexo relativo, está prevista en el documento técnico que deberán utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que realicen la construcción de cada uno de los archivos a enviar a través del Buzón Tributario o el portal de trámites. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva para que: 1. Se suspenda su obligación de realizar el envío de su información contable al Sistema de Administración Tributaria conforme lo ordena el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7., y 2.8.1.11., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, cuyos términos de envío descansan en la modificación al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016, publicada en la cuarta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2016, el cuatro de octubre de dos mil dieciséis; Y 2. Para que no se le catalogue por el Servicio de Administración Tributaria en su portal de internet con una opinión negativa en el estatus de su cumplimiento de obligaciones fiscales por no ingresar al Servicio de Administración Tributaria su contabilidad de manera electrónica conforme a lo ordenado por las disposiciones legales que reclama. Precisado lo anterior, corresponde ahora verificar si están satisfechos los requisitos exigidos por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, esto es, a) si la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización; b) si se satisfacen las exigencias previstas por los numerales 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, por último, 3) determinar si procede exigir alguna garantía para que surta efectos la medida cautelar. En cuanto a la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización, pues si bien se trata de la impugnación de disposiciones de carácter general con motivo de su sola entrada en vigor, los efectos y consecuencias generados por dichas normas son susceptibles de suspenderse, en tanto que se trata de actos positivos y futuros, y la concesión de la medida cautelar será mantener las cosas en el estado que guardan actualmente. Asimismo, con el otorgamiento de la medida cautelar no se están ejerciendo facultades propias de la autoridad responsable, al impedirle la recepción de la actividad contable de la quejosa a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas en el Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil dieciséis, pues si bien el efecto de la medida cautelar se traduce precisamente en que la autoridad responsable no reciba este tipo de información conforme a lo dispuesto en el anexo citado, lo cierto es que ello es resultado de la finalidad propia que persigue la suspensión del acto reclamado, esto es, mantener las cosas en el estado que guardan, hasta en tanto se dicte la resolución que, en su caso, decida sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, a fin de preservar la materia del amparo, lo que en todo caso supone el ejercicio de una facultad propia del juzgador de amparo, que no trastoca las facultades propias de las autoridades responsables. Incluso es procedente la concesión de la suspensión, pues ésta no se traduce en la constitución de un derecho a favor de la quejosa, pues con su otorgamiento solamente se pretende preservar la materia del amparo manteniendo las cosas en el estado que guardan actualmente, hasta en tanto se resuelva sobre el juicio de amparo, de donde derivan los presentes autos incidentales de los actos reclamados, lo que en ningún caso equivale a dotar de efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo, ni impone la obligación de que toda la información contable que se requiera a la quejosa deba ser realizada electrónicamente de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas en el Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil dieciséis, en caso de no obtener sentencia favorable. Aunado a lo anterior, debe decirse que la concesión de la suspensión tampoco impide que la autoridad exactora ejerza sus facultades de comprobación a través de los medios convencionales, como sucede con los requerimientos formulados por escrito; de ahí con el otorgamiento de la suspensión solicitada no se afecta el interés público de la autoridad fiscal; ni que la parte quejosa quede eximida de cumplir con sus obligaciones fiscales, pues subsiste su deber de rendir periódicamente su información contable en los términos de ley. De igual manera, se estima que en el caso concreto se hallan satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, pues está acreditado en autos que la quejosa solicita la medida cautelar y no se advierte que con su concesión se siga perjuicio al interés social no se contravengan disposiciones de carácter general, pues se insiste, la circunstancia de que la concesión de la suspensión, se traduzca en que no remita su información contable en el portal del internet del servicio de administración tributaria, de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas en el Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil dieciséis, se itera, no impide o paraliza a su vez la función pública de dichas autoridades, toda vez que pueden realizar cualquier verificación en los datos contables de la quejosa a través de otros medios o vías, previstas en el código federal tributario. Asimismo, debe apuntarse que no es el caso de condicionar la eficacia de la medida cautelar a la exhibición de una garantía, en la inteligencia de que se estima que con el otorgamiento de la suspensión, no se defraudan derechos de terceros, aunado a que no se ha solicitado en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal. Por estas razones, lo procedente es conceder la suspensión definitiva solicitada y otorgar dicha medida cautelar en contra de los efectos y consecuencias que producen los actos reclamados consistentes en que a la parte quejosa no se le apliquen en su perjuicio los artículos del Código Fiscal de la Federación que imponen la obligación de enviar la información contable a través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas en el Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil dieciséis, de igual manera, la autoridad exactora no podrá sancionar o multar a la quejosa por el hecho de no rendir su contabilidad electrónica de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas en el referido anexo, esto es, no se le catalogue con una opinión negativa en el estatus de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En la inteligencia de que la presente medida no prejuzga sobre las obligaciones que, previamente, al otorgamiento de esta medida cautelar se hubieran tenido que presentar, ni impide a la autoridad exactora ejercer sus facultades de comprobación a través de las diferentes alternativas que se encuentren previstas en el Código Fiscal de la Federación o en las demás disposiciones de carácter general aplicables al caso. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 2/2015 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, de la Décima Época, registro 2008430, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1760, que a la letra dice: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e: Primero. Se niega a**, la suspensión definitiva que solicitó, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Se concede a **, la suspensión definitiva que solicitó, para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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