María de Jesús Chávez Varela
Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República específicamente SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
- María de Jesús Chávez Varela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obre la pieza postal que ampara el oficio dirigido a la autoridad responsable, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República Específicamente Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada Encargado de la Carpeta de Investigación 1337/2019, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ella se reclama. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 451/2022-IV, promovido por María de Jesús Chávez Varela, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la a la Fiscalía General de la República (en su denominación correcta), con residencia en la Ciudad de México; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, presentada mediante el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, y turnado a este juzgado al siguiente día, María de Jesús Chávez Varela, promovió juicio de amparo contra el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la Republica, específicamente Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con domicilio en la Ciudad de México, a quien reclamó: "El (los) ACTOS (S) RECLAMADO (S) a) A las autoridades ORDENADORAS Y DE LAS EJECUTORAS Se reclama la omisión de otorgar la devolución de mi bien inmueble inscrito bajo el número folio 17 foja 18 libro 816 el libro correspondiente del registro público de la propiedad así como mi vehículo Chevrolet modelo 1991 con número de serie 2GCEC19K9M1157317, sin que mediare orden debidamente fundada y motivada y sin cumplir con las formalidades básicas del procedimiento." Segundo. Mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo indirecto y se previno a la parte quejosa, la misma en los siguientes términos: "Ahora bien, previamente a proveer lo relativo a la admisión o no de la demanda de amparo, de la lectura integral se desprenden diversas irregularidades, deficiencias y omisiones, que el suscrito juzgador estima fundamental que sean subsanadas; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el 114, fracciones I y II, de la Ley de la Materia, se previene a la parte quejosa para que en el término de cinco días, contados a partir de que surta efectos su notificación, indique a este Órgano Jurisdiccional, lo siguiente: 1). Para que por formar parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado (fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo), bajo protesta de decir verdad manifieste lo siguiente: 1.1). Señale con precisión los hechos ilícitos por los que se decretó el aseguramiento que por esta vía impugna así como los datos de la carpeta de investigación, ello en atención a que manifiesta bajo protesta de decir verdad haber comparecido ante la representación social por conducto de diversos abogados que contrato, incluso expone haber declarado ante dicha representación social y haber exhibido los documentos que le fueron solicitados, por una licenciada Fabiola Padilla, con la finalidad de que le liberaran las propiedades que dice le fueron aseguradas. 1.2). Precise con claridad, si dentro de la carpeta de investigación solicitó mediante escrito, al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República, específicamente Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede la Ciudad de México, la devolución de los bienes muebles cuyo aseguramiento reclama y la fecha en que presentó dicho escrito en caso de que su respuesta sea afirmativa, ello atendiendo a que de conformidad con los artículo 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito y en caso de que haya realizado dicha solicitud, manifieste en qué sentido le respondió la representación social que señala como responsable. 1.3). Manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de los actos reclamados en virtud de que en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia de diverso juicio de amparo 368/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el que aparece como quejosa. 2) De igual forma, deberá adjuntar al escrito aclaratorio original, dos copias del mismo para la correcta distribución entre las partes, tomando en cuenta que se requiere original para el juicio de amparo, y las copias para distribuirse de la siguiente manera: una para cada autoridad responsable (es una autoridad) y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Tercero. Atento a lo anterior, mediante escrito presentado electrónicamente por la parte quejosa, el dos de junio de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, expuso: "PRIMERO. - me permito dar cumplimiento a lo solicitado por su señoría para lo cual bajo protesta decir verdad me permito manifestar lo siguiente: 1.1- respecto a los hechos ilícitos por los que se decretó el aseguramiento me permito manifestar que tal y como se manifestó al ministerio público federal la propiedad se encontraba rentada a un lotero (persona que vende vehículos) es por lo que presuntamente se aseguraron 2 vehículos con indicios de la comisión de algún delito, más nada relacionado con mi propiedad y mucho menos con la suscrita. Cabe manifestar que los datos de la carpeta de investigación es 0001337/2019 1.2 cabe manifestar que efectivamente se le presento la solicitud y se acudió hasta la ciudad de México para comparece ante el ministerio publico en fecha del 26 de mayo del 2021 por lo que hasta la fecha nos manifiestan que ya estaba a punto de liberarlas y en vista de que no sucede es por lo que me veo en la penosa necesidad de acudir a solicitar la protección de la justicia federal 1.3- efectivamente se intentó presentar diverso amparo, pero por diversos errores se desechó el mismo SEGUNDO: Así bien me permito autorizar al Lic. Fernando Loera Quintana mismo que cuenta con cedula federal electrónica de numero 11160705 misma que puede ser consultada en la base de datos de La Secretaria De Educación Pública así como solicito me autorice la consulta vía internet del presente expediente electrónico precisando que el nombre de usuario del Portal de Servicios en Línea es FERNANDOLOQ y correo FERNANDOLOQ@HOTMAIL.COM, solicitando que las notificaciones subsecuentes se me realicen de manera electrónica, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo" (sic) *lo subrayado y resaltado de este juzgado. Cuarto. Por auto de seis de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa desahogando la prevención en los términos de lo expuesto en el resultando que antecede y se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 451/2022-IV, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló fecha para que se verificara la audiencia constitucional, misma que inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o: Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, toda vez que se trata de una omisión y la demanda se presentó ante este Juzgado de Distrito. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen tanto de la demanda de amparo indirecto, el escrito aclaratorio y el resto de las constancias que integran el presente controvertido constitucional, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: ---A la autoridad, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General de la República (en su denominación correcta), con residencia en la Ciudad de México, la omisión de decretar la devolución de los bienes propiedad de la quejosa, asegurados en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-SON/0001337/2019, consistente en el bien inmueble ubicado en Calle Ignacio Abasolo, sin número, colonia Tierra y Libertad, de Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con código postal 31778, el cual tiene como coordenadas aproximadas 30.403659,-107.896127, inmueble inscrito bajo el número folio 17 foja 18 libro 816 el libro correspondiente del Registro Público de la Propiedad, así como el vehículo Chevrolet modelo 1991 con número de serie 2GCEC19K9M1157317. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Tercero. La emisión de un pronunciamiento sobre la existencia del acto reclamado es -por razón de técnica- un aspecto indispensable para resolver lo conducente en relación con las causas de improcedencia hechas valer o advertidas de oficio y para analizar el fondo de la cuestión planteada en este asunto. A fin de emitir tal pronunciamiento, en primer lugar, es conveniente saber que las disposiciones normativas generales señaladas como actos reclamados en un juicio de amparo no pueden ser objeto de prueba porque su existencia debe tenerse por acreditada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o bien, en el respectivo medio oficial de difusión. En segundo lugar, es oportuno tener presente que, fuera de esa hipótesis, la existencia de los actos reclamados debe ponderarse en función de lo alegado por la autoridad responsable en su informe justificado y que, si ésta ha omitido rendirlo, debe presumirse su certeza conforme a lo establecido en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo salvo prueba o hecho notorio en contrario. De modo que, en caso contrario, esto es, cuando la autoridad rinde dicho informe, debe distinguirse si reconoció la existencia del acto reclamado, para tenerlo por cierto con base en lo manifestado por ella; o bien, si lo negó, para entonces ponderar la naturaleza de dicho acto y conjugarla con las reglas que rigen en materia probatoria a fin de determinar si debe tenerse por cierto -o no- a partir de tales elementos. Finalmente, es pertinente considerar que si el acto reclamado es de naturaleza positiva y la autoridad responsable niega su existencia, la carga probatoria se trasladará a la parte quejosa y, por consiguiente, ésta deberá aportar los elementos que estime necesarios para desvirtuar esa negativa antes de la celebración de la audiencia constitucional. En cambio, si son de naturaleza omisiva y la autoridad responsable niega su existencia, será indispensable verificar si ésta se encontraba en aptitud legal de realizar la actuación exigida por la parte quejosa, ya que, de ser el caso, la omisión atribuida deberá tenerse por cierta salvo prueba en contrario; mientras que, de no ser así, deberá tenerse por inexistente y, en consecuencia, se deberá sobreseer en el juicio. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la a la Fiscalía General de la República (en su denominación correcta), con residencia en la Ciudad de México, únicamente se limitó a señalar como cierto el aseguramiento decretado el doce de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-SON/0001337/2019, respecto del bien inmueble ubicado en Calle Ignacio Abasolo, sin número, colonia Tierra y Libertad, de Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con código postal 31778, el cual tiene como coordenadas aproximadas 30.403659,-107.896127, inmueble inscrito bajo el número folio 17 foja 18 libro 816 el libro correspondiente del Registro Público de la Propiedad, así como el vehículo Chevrolet modelo 1991 con número de serie 2GCEC19K9M1157317, no obstante, omitió pronunciarse respecto al acto reclamado consistente en la omisión de decretar la devolución de dichos bienes a favor de la aquí quejosa. Sin embargo, no ha lugar a presumir como cierta dicha omisión que le atribuye la parte quejosa a la autoridad responsable, en razón de que dentro de las constancias relativas a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-SON/0001337/2019, que anexo a su informe, se desprende el registro del acto de investigación consistente en la entrevista por comparecencia de la aquí quejosa, verificada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, de cuya lectura integral se desprende que ni María de Jesús Chávez Varela, ni el abogado particular que la asistió, solicitaron la devolución de los bienes que dice, son de su propiedad, ello, contrario a lo que la propia quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad al desahogar la prevención que le fuera formulada mediante proveído de veintisiete de mayo del año en curso. Documentales que fueron allegadas en copia certificada por la autoridad responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. Tratándose de actos omisivos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, la autoridad está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Sobre el tema en cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión, debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido. Es decir, que el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia; es la omisión del Estado, un equivalente a la acción derivada de un deber. Al respecto, sirve de apoyo la tesis aislada 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, página 53, materia(s): común, administrativa, de la Novena Época, con número de registro digital: 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." El conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar, se divide en tres hipótesis; (i) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine; o bien, (ii) casos donde no tenga como presupuesto una condición; y, (iii) actos que requieren solicitud, petición o condición. Las omisiones que tienen origen en actos previos, son aquellos que conoce la autoridad directamente, y sólo esperan ejecución (i); también serán omisiones los hechos o situaciones inmediatas que inexcusablemente debe conocer, y no tienen como presupuesto algún requisito o condición (ii); y, finalmente, los actos con condición son aquellos que prevén la existencia de previos requisitos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad (iii). Radica la omisión, tanto en una facultad habilitante, como en un presupuesto lógico: sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, que son aquellas donde el Estado, teniendo conocimiento de un acto o hecho, no acata la facultad normativa. Ejemplo de lo antes expuesto, serían: ante la existencia de un fallo o determinación judicial, la omisión de ejecutar, entregar, pagar, liberar. Aquí la omisión tiene un acto previo que la funda, y que obliga a la autoridad a actuar, bajo lo especificado y determinado previamente, es decir, por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente lo habilita y constriñe (i). Otro ejemplo sería una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental; hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias (ii). En estos casos, la obligación se especifica en proporción al hecho y consecuencia normativa prevista. Y, un último ejemplo, es el caso donde la autoridad requiere algún tipo de formulario, pago, o bien, una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe; estas condiciones son necesarias por razones de orden lógico para que la autoridad se encuentre en aptitud de ejercer sus atribuciones. La explicación anterior es relevante para el juicio de amparo, en la medida en que dependiendo de la omisión y sus presupuestos (facultad normativa y conocimiento de la autoridad), podrá establecerse su existencia. En el caso en estudio, la omisión la omisión de decretar la devolución del bien inmueble ubicado en Calle Ignacio Abasolo, sin número, colonia Tierra y Libertad, de Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con código postal 31778, el cual tiene como coordenadas aproximadas 30.403659,-107.896127, inscrito bajo el número folio 17 foja 18 libro 816 el libro correspondiente del Registro Público de la Propiedad, así como el vehículo Chevrolet modelo 1991 con número de serie 2GCEC19K9M1157317, afectos a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-SON/0001337/2019, requiere, como regla general, por razones de orden lógico y legal, la mediación de una petición, para que la autoridad se encuentre en aptitud de ejercer sus atribuciones. De este modo, la existencia de la omisión depende de que las autoridades se encuentren constreñidas a actuar, derivado de la solicitud de la aquí quejosa en su carácter de propietaria de dichos inmuebles. Es aplicable al respecto, la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS. Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Entonces, la existencia de la negativa o de la omisión por parte de la autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, tendrá existencia cuando se desarrolle previamente el proceso de petición para la devolución los bienes asegurados, tutelado en los numerales 237, 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la condición lógica y legal de la omisión radica en que la autoridad esté obligada a ejercer sus atribuciones, y esto, en el caso, sólo se actualiza cuando la autoridad tiene conocimiento de la petición, y así está en aptitud de ejercer sus atribuciones. Por consiguiente, si en el particular, la parte quejosa no ha instado el proceso de petición, por el cual, la autoridad conozca el acto o hecho material que reclama en amparo, es claro que no existe el acto omisivo atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, pues ésta no está en aptitud de ejercer sus atribuciones competenciales. Por estas razones, en este asunto donde se reclamó la omisión en devolver el bien inmueble ubicado en Calle Ignacio Abasolo, sin número, colonia Tierra y Libertad, de Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con código postal 31778, el cual tiene como coordenadas aproximadas 30.403659,-107.896127, inscrito bajo el número folio 17 foja 18 libro 816 el libro correspondiente del Registro Público de la Propiedad, así como el vehículo Chevrolet modelo 1991 con número de serie 2GCEC19K9M1157317, afectos a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-SON/0001337/2019, no se cumple, para efectos del juicio de amparo, la condición lógica y legal de petición para la existencia de una omisión, siendo así inexistente para efectos del juicio de amparo, pues en dicha carpeta de investigación no existe petición expresa donde así se solicite. Como sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia (V Región) 2o. J/2 (10a), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la página 2351, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, que en su rubro y texto dice: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." En tal virtud, al no aportarse medio de convicción con el que se acredite que la parte quejosa haya solicitado la devolución de los bienes asegurados en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-SON/0001337/2019, se impone decretar el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, [.]". Luego, atendiendo al sentido del fallo, no se analizan los conceptos de violación encaminados a combatir el acto reclamado, debido a los efectos que provoca el sobreseimiento. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, Volumen 86, Sexta Parte, página 93, con número de registro digital 254008, que sostiene: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional." Por otro lado, no sobra añadir que el sobreseimiento en el juicio no entraña, por sí mismo, el desconocimiento del derecho a un recurso judicial efectivo en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, frente a la actuación del poder público, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa. Lo anterior, en términos del criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.7o.A.15 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1947, con número de registro digital 2006083, que reza: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. De conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta resolución, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María de Jesús Chávez Varela, contra la autoridad en él indicada, por los actos que precisados quedaron en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado HECTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado JESÚS MANUEL MORA BUSTILLOS, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintidós en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, con sede en la Ciudad de México, agréguense a sus autos únicamente para que obren como legalmente corresponda, en virtud de que mediante proveído de veintisiete del mes y año en curso, se tuvo a dicha responsable rindiendo su respectivo informe con justificación. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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