María de Jesús Chevez Castro
Expediente 757/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María de Jesús Chevez Castro
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintitrés. En atención al escrito de cuenta de la quejosa ****, se advierte que interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original y copia del escrito de cuenta en donde se interpone el recurso de queja y se expresan los agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno; rendir el informe sobre la materia de la queja, en el que deberá señalarse que es cierto el acuerdo recurrido y enviar el expediente electrónico relativo a este juicio constitucional, en donde obran el auto impugnado y todas las constancias relacionadas con esa determinación. Por otro lado, es innecesario notificar a las demás partes la presente determinación para que señalen las constancias que deberán remitirse al Tribunal Constitucional que debe resolver dicho recurso en términos de lo dispuesto por el ordinal 101 de la ley que rige a este juicio, en razón de que el proveído materia del medio de impugnación es aquel en donde se desechó de plano la demanda de amparo, motivo por el cual no se hizo reconocimiento de parte diversa a la quejosa ni fueron emplazados a juicio sujetos procesales distintos. En otro punto, con fundamento en lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se comisiona a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional, para que habilite los permisos necesarios para que el Tribunal de Alzada esté en aptitud de realizar la vinculación del expediente electrónico relativo a este asunto al diverso del toca que instrumente con motivo del medio de impugnación interpuesto a fin de que tenga los elementos necesarios para dictar la resolución que en derecho corresponda. Finalmente, se tiene reiterando su domicilio procesal y por autorizado para tal efecto, a la persona que refiere. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DENTRO DE LOS DOS DÍAS SEÑALADO PARA ELLO, NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 757/2023. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales2 , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. Igualmente, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Aspectos preliminares. Primeramente debe señalarse que en virtud que la demanda de amparo debe de analizarse en su integridad como un todo a efecto de desentrañar lo que el promovente del amparo solicita y con ello fijar la litis constitucional de acuerdo a la causa de pedir. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.109 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1299, Novena Época, con registro 162385, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir. De esta manera, si la parte demandada opuso excepciones, e incluso reconvención, en función de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita de las fechas del contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para resolver el fondo del asunto." Atento a ello, de la lectura integral de la demanda se tiene como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable: Magistrados que conforman la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Acto reclamado: La resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés dictada dentro del toca ***/**** relativa al recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de diez de febrero del año en curso dentro del juicio 28/2023 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Asimismo, para un mejor razonamiento del asunto es necesario establecer los antecedentes del acto que en esta vía constitucional se combate: La quejosa manifiesta que mediante escrito de siete de febrero de dos mil veintitrés, en la vía de jurisdicción voluntaria promovió juicio de consumación de la usucapión por inscripción de posesión. Por auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, el Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca radicó la demanda promovida por la aquí disidente bajo el expediente **/**** y realizó un requerimiento para que dentro del plazo de tres días, exhibiera certificado de registro público que demostrara que el bien inmueble no se encontraba inscrito y el domicilio de los colindantes para darles la intervención que legalmente les corresponde, bajo el apercibimiento que de no realizarlo se desecharía de plano su escrito de demanda. Inconforme con la prevención formulada, interpuso recurso de apelación contra el referido auto, el cual quedó radicado bajo el toca ***/***, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Indica, que en la resolución materia de disenso, de treinta de junio de dos mil veintitrés, la sala confirma el auto recurrido. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo3 una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Quien esto provee determina que respecto del acto reclamado señalado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituyen actos de imposible reparación. Los preceptos citados a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, la Ley de Amparo precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una determinación favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 37/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro siete, junio de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página treinta y nueve, con registro digital 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse al finalizar la secuela procesal. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. En tal sentido, debe decirse que el acto reclamado consistente en la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en autos del toca **/***, no tiene el carácter de acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Tomando en consideración, que la materia del recurso de apelación es el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente **/**** del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en el cual éste radicó la demanda promovida por la aquí disidente y realizó un requerimiento para que dentro del plazo de tres días exhibiera el certificado de registro público que demostrara que el bien inmueble materia de su demanda civil no se encontraba inscrito, así como el domicilio de los colindantes para darles la intervención que legalmente les corresponde, bajo el apercibimiento que de no realizarlo se desecharía de plano su escrito de demanda. Circunstancia que, hasta este momento, no irroga a la parte quejosa un perjuicio actual y directo a su esfera jurídica que resulte irreparable, en virtud que la esencia del acto es la prevención que realizó el Juez de primera instancia bajo un apercibimiento de desechar la demanda en caso de incumplimiento; así es, toda demanda debe ser analizada de manera oficiosa para un correcto proveer, vigilando que se cumpla con las formalidades del procedimiento, siendo un acto de que tiene como efecto directo e inmediato el desenvolvimiento del proceso. Por lo que la única consecuencia que genera que éste no sea analizado a través del juicio de amparo indirecto, es que la parte quejosa cumpla con la prevención formulada por el Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, o en su caso exponga las razones que le impiden cumplir de la manera que el Juzgador de mérito le impuso, en donde podría estar en posibilidad de explicar por qué considera que éste se encuentra realizando una incorrecta valoración de su causa de pedir dentro de su demanda civil. De ahí que, cualquiera de las dos situaciones únicamente daría motivo a que se continúe con la secuela procesal del juicio de origen hasta que se dicte una sentencia definitiva y si ésta no le favorece, en su caso, podrá ser impugnada a través del amparo directo, en el que podrán hacerse valer las violaciones procesales o adjetivas que se hubieren cometido en el desarrollo del proceso, por lo que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama; o en su caso, si decide no cumplir, la consecuencia será que se deseche la demanda y ello generará otra situación jurídica que, podrá combatir por los medios ordinarios o extraordinarios a su alcance. Lo anterior evidencia que el pronunciamiento que confirma el auto apelado de diez de febrero de dos mil veintitrés, no afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la quejosa, sino que solamente trasciende al ámbito procesal. En ese contexto, se puede determinar que el acto reclamado no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o algún Tratado Internacional del que el Estado Mexicano sea parte y, por ende, no puede considerarse que dicho acto tenga la naturaleza de ser irreparable; máxime que se insiste, no existe definitividad en el acto, pues está condicionado al cumplimiento de una prevención que incluso podría llevar a admitir la demanda o, en su caso, a desecharla, momento en el que sí produciría una afectación en la esfera jurídica de la quejosa y daría lugar a interponer los recursos o promover los medios legales de defensa, y en su caso, el juicio de amparo en contra de esta última determinación. A efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, registro 2004823 que establece: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia ante precisada, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida. Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en apoyo, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Domicilio y autorizados: Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción I, de la ley de materia téngase como domicilio de la parte quejosa el que refiere en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala por no contar con cedula profesional dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.
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