María Cruz de la Cruz Villanueva

Expediente 1546/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1546/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2015

Partes del expediente

  • María Cruz de la Cruz Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de veintidós de octubre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Cruz de la Cruz Villanueva, se le hizo por lista de acuerdos el veintiocho de octubre pasado, notificación que surtió efectos el veintinueve siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del treinta de octubre al seis de noviembre del año en curso; sin que lo hiciera. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito firmado por María Cruz de la Cruz Villanueva, por medio del cual, cumple con el requerimiento efectuado en proveído de catorce de octubre pasado, y precisa los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Tribunal Unitario Agrario del distrito veintidós, residente en Tuxtepec, Oaxaca. Ahora bien, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, oficiosamente se emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los preceptos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 172, fracciones IV, VII y IX, en relación a la diversa fracción II, de la Ley de Amparo. Artículos que en lo que interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado. (.) VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.)". Aunado a lo anterior, el juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución, dentro de juicio, porque, esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse si se obtiene una sentencia favorable al dictarse la sentencia definitiva, en la segunda instancia, o bien, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra esa sentencia que se dicte en definitiva, como cuando se desecha un recurso. Por regla general los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Ahora bien, de la interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que, por regla general las violaciones procesales dentro de un juicio, son impugnables a través del juicio de amparo directo, y sólo excepcionalmente, cuando se trata de actos de imposible reparación procede el amparo indirecto. Por tanto, cuando se trata de violaciones procesales, cuyos efectos no son de imposible reparación, por tratarse de violaciones al procedimiento, que pueden trascender al resultado del fallo, en su caso, procederá el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva, momento en el cual, pueden alegarse las violaciones cometidas en el juicio. De ahí, que los actos que se reclaman en esta instancia consistentes en: 1.-La falta de notificación a la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil quince, en la que se declaró a la quejosa confesa en el desahogo de la prueba confesional. 2.- La violación del debido proceso, al artículo 179 de la Ley Agraria, en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil quince, en cuanto señala que cuando una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de cinco días, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento.". 3.- Haber desahogado la prueba de reconocimiento de contenido y firma del señor Francisco Pacheco Gallegos, quien únicamente habla la lengua materna zapoteca, con el ingeniero Martín Sánchez Ruiz, quien según el Tribunal Unitario Agrario autoridad responsable), sirvió como perito traductor, sin acreditarlo. Los cuales no ostentan la calidad de imposible reparación, en virtud, que la impetrante de amparo aduce no haber sido representada adecuadamente en el juicio origen, que se le tuvo por confesa en la prueba confesional, y que se llevó a cabo el desahogo de la prueba de reconocimiento de contenido y firma de Francisco Pacheco Gallegos, quien habla la lengua zapoteca, con asistencia de un perito traductor, sin acreditarlo, no obstante, la normatividad coloca a su alcance la posibilidad de atacar la afectación de la que se duele en el caso de no obtener una sentencia favorable a sus intereses, a través del recurso ordinario, o bien del juicio de amparo directo; razón por la cual, el juicio biinstancial no es procedente, actualizándose además de manera clara y evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, y 172, fracción IX, en relación con la diversa fracción II, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma la licenciada Lizeth Ortiz Segura, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargada del despacho por licencia del titular, autorizada mediante circular CCJ/07/2015 de trece de octubre de dos mil quince, suscrita por el secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe.EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO

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