Maria Cruz Chiñas Martínez

Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
226/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Maria Cruz Chiñas Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, hace del conocimiento que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 226/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, téngase a la citada autoridad informando lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, con motivo de lo informado en párrafos que anteceden, agréguense únicamente para que obren como corresponda los sobres que devuelve Correos de México, que contienen los oficios 10536/2022 y 13007/2022 dirigidos a la autoridad responsable Comandante o Encargado de la Comandancia General del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Separación de autos. Del estado procesal de los autos de los que se advierte que la quejosa María Cruz Chiñas Martínez, reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. Orden de aprehensión librada en su contra. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Fiscal General del Estado. Comandante o encargado de la Comandancia General del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Comandante o encargado de la Comandancia Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ejecución material de la orden de aprehensión. Ahora bien, 1) el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; y, 2) el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados atribuidos por la quejosa María Cruz Chiñas Martínez. Por su parte, el juez de Control del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y el comandante o encargado de la Comandancia Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, aceptaron el acto reclamado consistente en la orden privativa de la libertad librada en contra de la impetrante María Cruz Chiñas Martínez, dentro de la causa penal 146/2019. Asimismo, la autoridad responsable comandante o encargado de la Comandancia General del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, no rindió su informe justificado a pesar de haber quedado debidamente notificada de la solicitud del mismo, como obra en autos el acuse de recibo. En consecuencia, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados a la citada autoridad responsable Por otro lado, el fiscal General del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa; sin embargo, fue ordenada por diversa autoridad judicial y diversa causa penal a las señaladas en el párrafo que antecede. En ese sentido, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo respecto a la orden de aprehensión que señalada el fiscal General del Estado, sin que lo hubiere hecho; por lo tanto, en auto de veintidós de abril del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento y se decretó que únicamente se resolvería este juicio de amparo por lo que hace a los actos y autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Ahora, de lo asentado, se observa que los actos que se reclama en esta contienda constitucional, son actos desvinculados entre sí; en consecuencia, acorde a las reglas que rigen el juicio de amparo, al tratarse de actos autónomos, no pueden examinarse en un único juicio de amparo. Ahora, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición expresa que regule la separación de juicios, resulta jurídicamente posible aplicar el numeral 66 de ese ordenamiento legal, que dice: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Del texto legal transcrito, se aprecia que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental cuando ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento constitucional, salvo cuando a juicio del órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sea menester resolverlo de plano, a efecto de hacer realidad el principio de justicia pronta consagrado en el numeral 17 Constitucional. Corolario de lo anterior, con apoyo en el citado numeral 66 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación material de los autos, por lo que, deberá instrumentarse lo necesario para que en este juicio 226/2022, se tramite respecto a la quejosa María Cruz Chiñas Martínez en relación a: La orden de aprehensión emitida en contra la quejosa por el Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la causa penal 146/2019 de su índice; así como la ejecución material de dichos mandamientos por lo que hace a la autoridad comandante o encargado de la Comandancia Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Por lo que, se ordena formar un juicio más en el que se conozca únicamente de los actos reclamados y autoridades responsables atribuidos al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y fiscal General del Estado. En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional, determina realizar de manera oficiosa la separación de juicios con la formación de un diverso juicio constitucional, integrado con copia certificada de las constancias necesarias de este juicio; ahora, el diverso juicio formado se ordena enviarlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para su registro y turno correspondiente. Se precisa que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, en el que a la fecha ya se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. Para los efectos legales a que haya lugar, mediante oficio que al efecto se envíe, hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables. Ahora bien, del estado procesal de los autos y como se dijo en párrafos que anteceden, en el presente juicio la quejosa María Cruz Chiñas Martínez, reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Orden de aprehensión librada en su contra. Comandante o encargado de la Comandancia Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Comandante o encargado de la Comandancia General del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Ejecución material de la orden de aprehensión En ese sentido, el juez de Control del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, al rendir su informe justificado, manifestó ser cierto el acto que se le reclama, en virtud que en la causa penal 146/2019 de su índice, se libró orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa María Cruz Chiñas Martínez, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de daños, cometido en perjuicio patrimonial de Teodora Hipólita Sánchez. Acto reclamado que la diversa autoridad comandante o encargado de la Comandancia Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, convino en su existencia. Por su parte, la autoridad responsable comandante o encargado de la Comandancia General del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, no rindió su informe justificado a pesar de haber quedado debidamente notificada de la solicitud del mismo, como obra en autos el acuse de recibo. En consecuencia, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (Agosto de 1992), Octava Época, del rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de que juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, confirme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese contexto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido 107, fracción VII Constitucional y 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En efecto, el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será legalmente competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo, refiere que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. El párrafo tercero refiere que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De manera que, existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención puede ser competente; y la tercera, determina que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, este órgano de control constitucional carece legalmente de competencia, ello, atendiendo al contenido del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que, cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso en concreto, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa; y del informe justificado que rinde el juez de Control del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxacan, se advierte que dicha autoridad aceptó la existencia del acto reclamado, precisando que el quince de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 146/2019 de su índice, se libró orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa María Cruz Chiñas Martínez, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de daños, cometido en perjuicio patrimonial de Teodora Hipólita Sánchez. Por lo tanto, en el caso, es indiscutible que por su propia y especial naturaleza, el acto reclamado en cuestión (orden de aprehensión), requiere ejecución material para su cumplimentación, por lo que es aplicable la primera regla de competencia señalada; pues gramaticalmente, el vocablo ejecución es la acción y efecto de ejecutar; mientras que ejecutar, es consumar o llevar a cabo totalmente algo; de ahí que ejecución es sinónimo de realización, desarrollo y consumación de algo, ya que el principio de ejecución de un acto produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado y, en consecuencia, origina la existencia de un agravio. En efecto, la ejecución material es la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. En otras palabras, la potestad ejecutiva, consiste en convertir en realidad el derecho; y la importancia de que se haya tomado la ejecución material para fijar la competencia por razón de territorio, radica en que las autoridades ejecutoras son las que se encargan de llevar hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, son las que directamente se enfrentan al particular agraviado. Luego, al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, es factible concluir que debe conocer y resolver el presente juicio de amparo el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió, ya que por regla general es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. En ese sentido, es claro que, por regla general, y salvo excepción expresada en la orden misma, el mandamiento de captura tendrá ejecución material en el lugar donde radica el propio juez que la ordenó, pues ante él será puesto a disposición la quejosa en caso de que sea privada de su libertad. Por lo anterior, es que se afirma en que este órgano jurisdiccional, con residencia en San Bartolo Coyotepec, está imposibilitado para resolver este juicio de amparo, ya que no existe otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se vaya a ejecutar en este ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión. Entonces, como quedó expuesto de los datos introducidos en el juicio de amparo, se advierte que la orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución en Juchitán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz., pues es en dicha localidad donde se emitió la orden de aprehensión; por tanto, resulta indudable que se actualiza la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es decir, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado va a tener ejecución. Resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia por contradicción PC.I.P. J/39 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito en la Décima Época, registro 2016596, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, materias común-penal, página 1071, que es de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." En dicha contradicción de tesis, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en relación con el tema que se dilucida en este asunto, resolvió que con base en diversos criterios jurisprudenciales del Máximo Tribunal del País, es factible concluir que, al reclamarse una orden de captura, las autoridades ejecutoras jueguen un papel preponderante en la determinación de la competencia. Informó que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 47 y 48, visibles en las páginas 63 y 64 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo VII, Primera Parte, con los rubros: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE." y "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", respectivamente, reconoció la importancia que juegan las autoridades ejecutoras para fijar la competencia del juez de Distrito; incluso, se sostuvo que el sentido negativo de su informe con justificación sería un factor determinante para que el juez de Distrito, cuya residencia compartiera con la responsable, se declarara legalmente incompetente. El referido Pleno en Materia Penal precisó que de la ejecutoria de la contradicción de tesis que dio origen a los referidos criterios, se advierte que se resolvió con base en el texto del precepto 36 de la abrogada Ley de Amparo, afirmando que cuando se reclama una orden de aprehensión, debe atenderse al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y, en todo caso, la autoridad ejecutora, por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito, es la que finca competencia al referido juzgador, circunstancia que debe acreditar el promovente de la demanda. Así en el caso, las autoridades ejecutoras, con residencia en Juchitán, aceptaron el acto reclamado, por lo tanto, al residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito de esa población, es la que finca competencia al referido juzgador. Seguido el estudio de la contradicción del Pleno en Materia Penal, se advierte que la contradicción en comento presentó la variante relativa a que el texto del numeral 37 de la Ley de Amparo, que es el símil del 36 de la abrogada, incluye un nuevo supuesto de ejecución en grado de posibilidad. De lo que concluyó que, si en el escrito inicial de demanda el quejoso señala como acto reclamado una orden de aprehensión dictada en su contra, así como autoridades ejecutoras con residencia en distintas demarcaciones territoriales y en el lugar que corresponde a la circunscripción del juez de Distrito ante quien se promueve, niegan el acto, es evidente que esa posibilidad de que el acto reclamado sea ejecutado en más de un distrito desaparece; siempre y cuando no existan datos ciertos y objetivos que demuestren lo contrario. Así, resolvió el problema jurídico destacado acudiendo a la regla prevista en el párrafo primero del ordinal 37 de la Ley de Amparo, específicamente, en donde se dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Ello, porque al haber negado el acto reclamado la autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad, no puede suponerse, por ese solo hecho, que aquél podrá tener ejecución en más de un Distrito; es decir, la posibilidad a que se refiere el párrafo segundo no puede afirmarse a partir de una suposición genérica sustentada en la sola manifestación del quejoso o en el domicilio señalado en la demanda de amparo, sino que debe tener apoyo en datos ciertos y objetivos que así lo demuestren. Luego, si esos datos no existen, quien debe conocer del amparo -como ya se dijo- es el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. De lo que se colige que hasta este momento se cuenta como dato cierto y objetivo el lugar donde se le atribuye la ejecución de la orden de captura combatida, de ahí que debe conocer del amparo el juez de Distrito con jurisdicción en ese lugar, pues, por regla general, es en ese sitio en donde deberá tener ejecución dicho acto. En tales circunstancias, las autoridades responsables juez de Control del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, comandante o encargado de la Comandancia Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, convinieron la existencia de los actos reclamados; asimismo, respecto a la autoridad responsable comandante o encargado de la Comandancia General del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, al no rendir su informe justificado se tuvo por cierto el acto reclamado; de modo que, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer y resolver el presente juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que emitió el mandamiento de captura. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, así como el original y duplicado de los cuadernos de suspensión respectivos al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; previo cuaderno de antecedentes que se forme. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, devuelve sin diligenciar el exhorto orden 111/2022 y de origen 50/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, por los motivos que expuso el juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial del Istmo, con sede en El Espinal, Oaxaca. En consecuencia, téngase por recibida la comunicación oficial señalada y se ordena dar de baja de los libros de gobierno de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, se giró el exhorto de orden 111/2022, de origen 52/2022, al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplace a juicio a la tercera interesada Teodora Hipólita Sánchez; sin embargo, a la fecha no han sido devueltas las constancias relativas a dicha comunicación oficial. En consecuencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mediante oficio que al efecto se gire vía mensajería acelerada, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la debida notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado a qué órgano jurisdiccional se turnó la comunicación oficial de orden 111/2022, de origen 52/2022, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Finalmente, con motivo de lo anterior, agréguese únicamente para que obre como corresponda el sobre que devuelve Correos de México que contiene el oficio 10536/2022 dirigido a la autoridad responsable Comandante o Encargado de la Comandancia General del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

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