María Cristina Guzmán Martínez

Expediente 270/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
270/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2015

Partes del expediente

  • María Cristina Guzmán Martínez y Otros.
  • María Cristina Guzmán Martínez
  • Heriberto Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio de cuenta, recibido el treinta de abril de este año, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, así como como el testimonio de la ejecutoria dictada en la queja número 70/2015, interpuesta por los quejosos Heriberto Barragán y María Cristina Guzmán Martínez; acúsese recibo; hágase del conocimiento de los promoventes que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo se reclamó la resolución de treinta de enero de dos mil quince, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 46/2013, en cuyo resolutivo primero se decretó que resultaba improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se tuvo al perito tercero en discordia aceptando el cargo conferido y por emitido su dictamen aun cuando no acreditó su calidad ni conocimiento en la materia, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de abril de dos mil quince. Para los efectos legales correspondientes agréguese a los autos el oficio 4805, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de diez de este mes y año, dictado por la magistrada presidenta de dicho tribunal, en el que comunica a las partes que la licencia otorgada al magistrado Jorge Alberto González Álvarez, fenece el ocho de julio de dos mil quince. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de marzo de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito firmado por Heriberto Barragán y María Cristina Guzmán Martínez, recibido ayer en este órgano jurisdiccional, por medio del cual interponen recurso de queja contra el proveído dictado el veintiséis de febrero del año en curso, por el cual, se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, enviándole además copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. NOTÍFIQUESE...

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil quince. Vista la demanda promovida por María Cristina Guzmán Martínez y Heriberto Barragán, por su propio derecho, contra un acto del juez Primero de lo Civil del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 270/2015 que le corresponde. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se considera que dicha demanda debe desecharse porque existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Ahora, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo de improcedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 172, fracciones III, de la Ley de Amparo en vigor, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo, cuando: (..) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;". La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que, por regla general las violaciones procesales dentro de un juicio, son impugnables a través del juicio de amparo directo, y sólo excepcionalmente, cuando se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos procede el amparo indirecto. Por tanto, cuando se trata de violaciones procesales, que no afecten materialmente derechos sustantivos, a saber la resolución de treinta de enero de dos mil quince, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 46/2013, en cuyo resolutivo primero se decretó que resultaba improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se tuvo al perito tercero en discordia aceptando el cargo conferido y por emitido su dictamen aun cuando no acreditó su calidad ni conocimiento en la materia, en su caso, procederá el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva, momento en el cual, pueden alegarse las violaciones cometidas en el juicio. Ahora bien, el juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución, dentro de juicio, porque, esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existen actos que afecten materialmente derechos sustantivos si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse si se obtiene una sentencia favorable al resolverse la segunda instancia, o mediante la resolución definitiva que se dicte, o bien, a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de esa sentencia que se emita en definitiva. De ahí, que el acto que se reclama en esta instancia consistente en la resolución de treinta de enero de dos mil quince, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 46/2013, en cuyo resolutivo primero se decretó que resultaba improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de once de julio de dos mil catorce, mediante el cual se tuvo al perito tercero en discordia aceptando el cargo conferido y por emitido su dictamen aun cuando no acreditó su calidad ni conocimiento en la materia, no es considerado como de aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Es así, pues, esa determinación sólo afecta derechos procesales y no derechos sustantivos de la parte quejosa; razón por la cual, el juicio biinstancial no es procedente, actualizándose además de manera clara y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicada esta última en sentido contrario. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 3ª 58, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 820093, visible en la página cuarenta y cinco, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número veintinueve, mayo de mil novecientos noventa, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII, y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecidas por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis (Gaceta No. 25, página 52)". Así también, la jurisprudencia P/J 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 205484, visible en la página trece, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Téngase a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y con vista en la certificación de cuenta, se tiene por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que cuentan con cédula profesional y únicamente para recibir notificaciones, imponerse de los autos a las demás personas que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, ante el secretario licenciado Juan Martínez Trujillo, que autoriza y da fe. MESA AMPARO III-A SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO

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