Maria Cecilia Gonzalez Ayala

Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
683/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Cecilia Gonzalez Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta en la que se hace constar que fueron declarados inhábiles los días del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Tomando en cuenta esa circunstancia, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo 683/2023-3A, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente auto, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de seis de octubre de la presente anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Gobierno del Estado de Sinaloa; por tanto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese expediente, tanto físico como electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 683/2023-3A. Previo a acordar respecto de la procedencia de la demanda planteada, este órgano jurisdiccional considera necesario hacer las siguientes acotaciones. El artículo 108 de la Ley de Amparo, en sus fracciones de la I a VIII, establece diversos requisitos elementales que debe contener la demanda de amparo al momento de su presentación, entre ellos, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, las autoridades responsables y el acto u omisión que les reclame a cada una de ellas. Del artículo 114 de la Ley de Amparo, se colige que este órgano jurisdiccional está facultado, para requerir al promovente para que aclare su demanda. Bajo ese contexto, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre el trámite de la demanda de garantías, con apoyo en el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, por escrito, y con las copias suficientes para correr traslado a las partes, aclare lo siguiente: El promovente señala como autoridad responsable al Gobierno del Estado de Sinaloa, denominación que puede corresponder a un sin fin de dependencias u órganos que conforman la estructura del mismo gobierno. En consecuencia, debe precisarse el nombre de la autoridad o autoridades que hayan dictado, ordenado o ejecutado, el acto reclamado, esto es, el órgano de autoridad a través del cual actúa la dependencia gubernamental en ejercicio de su facultad de imperio. En efecto, una dependencia gubernamental, por regla general, está conformada por una serie de órganos de autoridad, integrados en una organización con distintos niveles de jerarquía y con ámbitos de competencia establecidos en reglamentos interiores o manuales de organización, con la circunstancia de que por sus funciones, no todos ellos reúnen los requisitos para ser considerados como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo; esto es, depende de si su actuación se traduce en el ejercicio de una facultad del imperio frente a un gobernado. Lo anterior ya que resulta necesario para el correcto trámite del juicio de amparo, que la parte quejosa precise, a qué órgano u órganos de autoridad ?o a que dependencia? del prenombrado gobierno del Estado de Sinaloa señala como autoridad responsable, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del artículo 108 del citado ordenamiento. De igual forma el acto reclamado lo señala, textualmente, como sigue: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QÚE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA . a).- GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. Se le reclama el que sin habérseme notificado de manera indubitable, oficial y formalmente, ni a la suscrita ni a las autoridades ejidales del ''**********'', MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, donde se encuentran enclavados el lote de terreno de mi propiedad, haya emitido el decreto que declara Área Natural Protegida de Jurisdicción Local, con el carácter de Zona sujeta a conservación ecológica, la región conocida como ''*********'', ubicada en la Zona Costera, entre los municipios de Guasave y Ahome, Sinaloa, de fecha 27 de mayo de 2004, expedida por esta autoridad, publicado en el periódico oficial el ''Estado de Sinaloa'', el 04 de junio del mismo año, que abarca las bahías de *********, ******* y *********. Dicha superficie, que afecta un área de kilómetros cuadrados, que incluye la totalidad de las parcelas ejidales del ejido ''********'', Municipio de Ahome, Sinaloa, que se encuentran colindantes con el mar, por encontrarse en los límites de la ''***********'', dentro de las cuales se encuentran mi parcela ejidal, que se describe posteriormente, resultando afectados directamente por dicho decreto, que vengo impugnando de ilegal e inconstitucional, como lo señalo en el capítulo de conceptos de violación . Asimismo, en el capítulo de "antecedentes ", de la demanda de amparo, el impetrante expresa, en lo coonducente, lo siguiente: "1.- En 25 agosto de 2009, en asamblea legalmente constituida conforme a la Ley de Reforma Agraria, del ejido ''**********'', MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, se reconocieron los derechos agrarios de la suscrita, formando parte del ejido mencionado, expidiéndome el correspondiente certificado parcelario por la autoridad agraria; posteriormente y previo el trámite legal correspondiente, promoví la expedición de Título de Propiedad, amparando la parcela que a continuación describo; Titular *************, parcela numero *********; Superficie *************** Hectáreas, con medidas y colindancias siguientes: NORTE: ****** MTS., CON PARCELA **, SURESTE: ***** MTS., Con CARRIZO GRANDE. SUR: ***** MTS. CON PARCELA **. NOROESTE: ****** MTS. EN LINEA QUEBRADA CON *******. Título de Propiedad, que ampara el predio rústico de mala calidad, mismos que, como ya se menciona, describen los terrenos del ejido ''*************'', MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, en superficie, medidas y colindancias anotadas supra; documento oficial que vengo exhibiendo en copia certificada con este escrito de demanda de garantías. 2.- Como lo señalo líneas anteriores, el Predio, es ejidal, colindante con el mar, en la Bahía de ******, ubicadas en el municipio de Ahome, Sinaloa, México, ya que nuestro ejido ''**********'', fue dotado en tierras que estan compuestas por terrenos de mala calidad; parte de cerros y parte de terrenos salitrosos, debido a lo cual hemos estado buscando el apoyo del gobierno federal para impulsas en ellos, desarrollos de algún proyecto productivo que nos permita salir adelante en nuestras necesidades apremiantes, lo que no hemos logrado a la fecha. Posteriormente, buscamos financiamiento externo con la iniciativa privada y bancos, sin haber logrado tampoco este cometido, pues fue cuando nos enteramos, que el Gobierno del Estrado de Sinaloa, había emitido un decreto que declaraba la Área Protegida de Jurisdicción Local, con el caracter de Zona sujeta a Conservación Ecológica, comprendiendo toda la región conocida como ''*********'', ubicada en la zona costera, que abarca las bahías de *********, ***** y *********, entre los municipios de Guasave y Ahome, decreto fechado el 27 de mayo de 2004, publicado en el periódico oficial ''El Estado de Sinaloa'', el 04 de junio del mismo año...." Es decir, que su reclamo se vincula con el decreto de veintisiete de mayo de dos mil cuatro publicado en el periódico oficial el ''Estado de Sinaloa'', el cuatro de junio del mismo año, que declara Área Natural Protegida de Jurisdicción Local, con el Carácter de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, el área que abarca las bahías de *******, ******* y ************, ubicada en la Zona Costera, entre los municipios de Guasave y Ahome; empero, no esclarece la peticionaria algunos aspectos, relacionados con tal reclamo. Por lo que deberá cumplir con lo siguiente: 1. Precisar el nombre de la autoridad o autoridades que hayan dictado, ordenado o ejecutado, el acto reclamado, esto es, el órgano de autoridad a través del cual actúa la dependencia gubernamental en ejercicio de su facultad de imperio. 2. Precisar si el referido decreto lo reclama como norma autoaplicativa, esto es, por su sola vigencia, o con motivo de algún acto de aplicación, esto es, como heteroaplicativa, caso en el que deberá especificar tal acto de aplicación, estableciendo las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión de su emisión. 3. Ampliar los antecedentes a fin de que esclarezca igualmente, lo relacionado con su narrativa de que tuvo conocimiento del decreto en mención, al intentar invertir en el predio con el que se vincula su reclamo, sin especificar en qué fecha, mientras que en otro segmento de la demanda expresa que fue el doce de septiembre del año en curso, cuando fueron a ver sus tierras que el comisariado ejidal del ejido "**************" les avisó de la existencia de ese decreto; de ahí que se hace necesario que señale con precisión en qué momento obtuvo ese conocimiento. En el entendido de que la información que se requiere, deberá cumplir el promovente en los términos y tiempo indicados. En la inteligencia de que de no cubrir la prevención que nos ocupa en el plazo y términos precisados, de conformidad con el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****, número ** sur, fraccionamiento ******** de esta ciudad, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado *********; y únicamente a ************ para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. En atención a lo dispuesto en los artículos 6° Constitucional, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo establecido en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dígase a las partes que las determinaciones que se dicten en el presente asunto están a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información establecido en los señalados ordenamientos. En tal virtud, infórmese a las partes que están en posibilidad de oponerse a que se publiquen sus nombres y datos personales, acorde a lo dispuesto por el ordinal 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en congruencia con el diverso numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada Ley. Finalmente, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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