Maria Cristina Carrillo Vergara

Expediente 313/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
313/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Maria Cristina Carrillo Vergara

Actuaciones

  1. Principal

    En dieciocho de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al secretario encargado del despacho por vacaciones del Titular con la certificación secretarial que antecede, y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de junio del presente año, en la cual se sobreseyó, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregadas las constancias postales con las que se acredite que las autoridades responsables Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director General de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director de Recursos Humanos de Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Dirección de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, todos con sede en Culiacán y Grupo Tecnológico NOMI PAY S.A. DE C.V., con sede en Ciudad de México, se encuentren notificadas respecto a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, virtud a que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión; en efecto, la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría, en su caso, agraviar a la parte quejosa, a quien ya le transcurrió el plazo para interponer el citado medio de impugnación. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra los actos que reclamó a Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director General de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director de Recursos Humanos de Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Dirección de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, todos con sede en Culiacán y Grupo Tecnológico NOMI PAY S.A. DE C.V., con sede en Ciudad de México, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo constitucional.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio 16026/2022 con anexos de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto con número de origen E-150/2022, y número de orden 233/2022, remitido por este Juzgado de Distrito a fin de notificar el auto de siete de junio de dos mil veintidós a la quejosa ****************; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. De acuerdo a su contenido, téngase por notificado del referido proveído a la quejosa ***************. Ahora bien, toda vez que la quejosa de mérito no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de siete de los actuales y, por tanto, las notificaciones subsecuentes se le realizarán por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En siete de junio de dos mil veintidós, se da al Juez con un oficio con anexos registrado en el libro de correspondencia de amparo con el número 5665. Conste. Auto. Los Mochis, Sinaloa, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio 10540/2022 de cuenta, firmado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 7/2021-III-A de su estadística; agréguese a los autos para los efectos legales y acúsese recibo, en atención a su contenido se provee: En atención a lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Se declara la validez de las actuaciones practicadas por el órgano declinante, por no haber sido recurridas en tiempo, y, por ende, consentidas. Orienta el criterio la Tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 9 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, que dice: ''JUEZ INCOMPETENTE EN AMPARO. Tratándose de juicios de amparo, lo actuado por un Juez de Distrito incompetente, es válido, mientras no dicte auto declarando su incompetencia, o mientras no la promueva o reciba el oficio de incompetencia; por tanto, si sus resoluciones no son recurridas en tiempo, causan estado, y el Juez que se avoque el conocimiento del negocio, debe estimarlas consentidas.''. Hágase del conocimiento de las partes el conocimiento del asunto por parte de este juzgado de distrito, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con el artículo 5º, fracción IV de la ley de la materia, dese la intervención que la compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En virtud de que la quejosa María Cristina Carrillo Vergara, tiene autorizado como domicilio para oír y recibir notificaciones uno distinto a la jurisdicción de este Juzgado; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Culiacán, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes, para que notifique este proveído a la quejosa de mérito, en el domicilio ubicado en calle Mariano Escobedo 361 oriente, colonia Centro, planta alta, en Culiacán, Sinaloa; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Sin que sea dable proveer acerca de la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que el juzgado declinante, en auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, ordenó la apertura del incidente respectivo y en resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de ese año, dilucidó lo atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, fórmese la carátula respectiva con el juicio de amparo correspondiente a la estadística de este juzgado. En su momento procesal oportuno, procédase a dictar la sentencia correspondiente. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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