Maria Candelaria Leal Valenzuela
Expediente 716/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maria Candelaria Leal Valenzuela
Actuaciones
- Principal
vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte, ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de amparo 716/2018-3B, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Candelaria Leal Valenzuela; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo promovida por María Candelaria Leal Valenzuela; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA QUEJOSA MARIA CANDELARIA LEAL VALENZUELA EL PROVÉIDO DICTADO EL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Vista la demanda de cuenta, firmada por María Candelaria Leal Valenzuela, contra actos de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Guasave, Sinaloa y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 716/2018-3B. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de esa demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." El citado criterio jurisprudencial establece que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que es notoriamente improcedente y, por ende, debe ser desechada de plano con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo vigente. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La quejosa señala como autoridades responsables a la Comisión Federal de Electricidad y a la Subgerencia Comercial División Noroeste Departamento Comercial Zona Guasave y el reclamo se relaciona con la privación del servicio de energía eléctrica suministrado en el domicilio ubicado en el poste 15, frente a la Iglesia y Cale Principal en el Sector denominado "Chorohui", perteneciente el Ejido Guasave, Municipio del mismo nombre, de esta Entidad Federativa; lugar donde actualmente vive la peticionaria en compañía de su hermana Guadalupe Leal Valenzuela, quien es la persona que la auxilia, debido su condición especial (debido a padecimiento del corazón). En el apartado de antecedentes, señala la peticionaria que su finado padre se estableció en el referido domicilio situado en el Poblado "Chorohui", Sector del Ejido Guasave, Sinaloa y que celebró un contrato para el suministro de energía eléctrica en ese domicilio con Comisión Federal de Electricidad, desde hace más de cuarenta años, sin que en momento alguno se presentara problema por el servicio recibido, en virtud de que éste siempre se pagaba. Que tan es así que a pesar de que su padre falleció desde el siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, jamás buscaron la manera de dar de baja el servicio solicitado a nombre de su padre y ponerlo a nombre de las personas que actualmente ocupan el domicilio, que son su hermana ya referida y la propia quejosa.. Que según se advierte del oficio DV07NOT138UI01/2018 relativo al ajuste 138/2018, expedido por el ingeniero Carlos Armando Cerecer Castro, responsable del Departamento Comercial Zona Guasave E:F: la empresa productiva subsidiaria denominada CFE Distribución, a través del verificador Jorge Leal, de llevó a cabo un procedimiento de verificación al aparato de medición 1N83L7, instalado en el domicilio de referencia, en el que se detectó que en el mismo se consumía energía eléctrica a través de instalaciones que evitaban, alteraban e impedían el funcionamiento o instrumento de medición, utilizando energía que no está autorizada en el contrato de suministro de energía eléctrica. Y quien además señaló que se consultó el sistema comercial de la Comisión Federal de Electricidad (SICOM Distribución), detectando que existía una diferencia entre la energía eléctrica facturada y la que realmente se consumió, lo que provocó la constancia de verificación con folio 1316849. Finalmente se determinó que en el domicilio se incurrió en el supuesto del inciso B) de la fracción VI del artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que conforme a lo dispuesto por el numeral 114 de su Reglamento debía pagar -la quejosa- la cantidad de $14,839.0 (catorce mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100), a la cual se aplicó además el impuesto al valor agregado y el artículo 14, fracción III, de la Ley de la Industria Eléctrica. Por lo que es el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica lo que en esencia constituye el acto reclamado y no la orden de verificación y el cobro subsecuente a que se hizo referencia. En ese orden de ideas, el origen de dicho acto deriva de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario -en el caso, el padre de la quejosa-, adquierieron derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. Asimismo, es dable establecer que la relación existente entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario -o la quejosa en este caso, dado que es quien goza del servicio- no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular como usuario del servicio de energía eléctrica. Lo anterior no genera que la relación de coordinación se transforme de supra a subordinación, dado que en caso de incumplimiento, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada -Comisión Federal de Electricidad-, deje de otorgar el servicio de suministro de energía eléctrica al domicilio de la amparista, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación de voluntades ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener lo solicitado mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En este sentido, no todo acto emitido por un Órgano de la Administración Pública ni la aplicación de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, lo que en el caso a estudio no acontece. Asimismo, es menester decir que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, en el caso concreto la Comisión Federal de Electricidad, verifique el correcto actuar de los contratantes, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; esto es, la factura o recibo de adeudo. En efecto, de lo anterior se concluye que en este caso la Comisión Federal de Electricidad no puede considerarse como autoridad responsable, dado que los actos reclamados por la quejosa en el escrito inicial de demanda, no pueden considerarse actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, toda vez que se trata de actos entre particulares, entre los que existe un acuerdo de voluntades. Sirve de apoyo, como un criterio orientador, la tesis de jurisprudencia PC.XVI. J/1 A (10a.), registrada con el número 2005314, visible en la página dos mil ciento veinticinco, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro dos, Enero de dos mil catorce, Tomo III, Materia Común, Plenos de Circuito, Décima Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: 'COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.' y 'COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.', en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato.". Ello es así, ya que no obstante que en la actualidad incluso el juicio de amparo proceda contra actos de particulares que revistan las condiciones a que se refiere la fracción II, último párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo en vigor, en la especie se estima que no se surten esas condiciones pues para ello es necesario que el particular reúna los siguientes requisitos: Realice actos equivalentes a los de autoridad. Que se afecten derechos mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. En cuanto al primero de los requisitos citados ya quedó expuesto con antelación. La segunda exigencia relativa a que se afecten derechos, esa afectación debe ser vista en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular señalado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una disposición normativa. Ahora bien, en el caso, en el acto atribuido a las autoridad señalada como responsable ordenadora Comisión Federal de Electricidad no se advierte el elemento acotado en el inciso a), dado que dicho acto queda comprendido en una relación de voluntades de suministrar energía eléctrica entre la ahora quejosa -que es quien goza del servicio- con dicha empresa, relación regulada por el derecho privado, en la cual el ente público actúa como particular, es decir, en un plano de igualdad y no como autoridad. Respecto al tema en controversia existen diversos criterios aislados y de jurisprudencia, sin embargo, el doce de enero de dos mil dieciocho, se publicó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual al resolver la contradicción de tesis 250/2017, sostenida entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público relativa es procedente la vía ordinaria mercantil, por ser actos derivados de una cuestión contractual. En apoyo a lo expuesto se trae a colación la parte de la ejecutoria de la cual se generó la jurisprudencia en comento, que en lo que interesa, dice: "QUINTO.- Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.(7) Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014.(8) La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:. V. Las empresas de abastecimientos y suministros;. XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9) Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio.". De acuerdo con el contenido de la ejecutoria en análisis, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Es de esa manera, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de servicios. De lo expuesto derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) que a continuación se transcribe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". Por tanto, el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la orden del corte de suministro de energía eléctrica con motivo del ajuste realizado, deriva de un acuerdo de voluntades entre el padre de la quejosa y Comisión Federal de Electricidad, de ahí que, es inconcuso que tales actos derivan directamente de la relación contractual existente (aun ante la ausencia de la forma escrita) entre el usuario y la institución federal. Cabe mencionar que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. De esta manera, la relación que prevalece entre ambas partes es de coordinación, ya que los derechos y obligaciones contraídas de forma recíproca, tienen como origen el contrato suscrito para la obtención del suministro de energía eléctrica. Por tal motivo, no se encuentran satisfechos los requisitos necesarios para determinar que el reclamo constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues la relación que guardan las partes -usuario y el organismo- es de coordinación y no de supra a subordinación, dado que se ubican en un mismo plano como partes contratantes con la finalidad, por un lado, de prestar el servicio y, por otro, de obtener el suministro de energía eléctrica. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página ochocientos noventa, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe destacar que no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.". Sin embargo, es oportuno señalar que el acto reclamado origen de dicha contradicción de tesis es diverso al acto aquí analizado. Bajo el presente esquema del pensamiento, cabe precisar que, en la especie, de lo manifestado por la propia quejosa en su demanda se deriva la relación entre ella -como receptora del servicio- con la citada autoridad que estima responsable sin que sea necesaria la relación contractual formal entre ambas, máxime que existe jurisprudencia con relación a la naturaleza de Comisión Federal de Electricidad. En este contexto es notorio e indudable que la relación jurídica entre la amparista y la autoridad responsable en mención resulta de un acuerdo de voluntades, es decir, es de coordinación y no de supra a subordinación. Apoya lo anterior la tesis PC.III.L. J/5 emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito visible en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento.". En efecto, por regla general no es dable desechar la demanda de amparo al considerar la naturaleza de la autoridad responsable; sin embargo, existe jurisprudencia aplicable al caso concreto, en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la naturaleza de Comisión Federal de Electricidad tratándose de actos que derivan de la relación contractual, para lo cual, concluyó que debe ventilarse en la vía ordinaria mercantil, de ahí, que el presente juicio de amparo sea notoriamente improcedente. De lo expuesto derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) que a continuación se transcribe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones el ubicado en los estrados de éste tribunal, y como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de Amparo, a la licenciada Carmen Leticia Sánchez López y como sus autorizado únicamente para oírlas y recibirlas e imponerse de autos a Ramón Ezequiel Araujo Benard, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de registro de cédulas de abogados que para tal efecto se lleva en este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como 6°, segundo párrafo y 8°, ambos del Reglamento para la aplicación de la mencionada Ley, la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública, por lo tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rubén Humberto Moreno Gallegos, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Enrique Gómez Ordóñez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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