María Cecilia Sánchez de la Barquera Mendoza y Otros.

Expediente 257/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
257/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • María Cecilia Sánchez de la Barquera Mendoza
  • Ivanna Merida Leonela Sánchez de la Barquera Mendoza
  • María Cecilia Sánchez de la Barquera Mendoza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; y en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo 21; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del juicio de reconocimiento de paternidad 56/2022-II, y dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, remítase a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 257/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado electrónicamente el quince de marzo de dos mil veintidós, remitido por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el dieciséis de marzo siguiente, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, María Cecilia Sánchez de la Barquera Mendoza, en representación de la menor quejosa de identidad reservada I. M. L. S. de la B. M, por conducto de su apoderado legal José Israel Torres Arciniega, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "a).- La negativa de proporcionar a favor de la hija de mi representada pensión provisional dentro del juicio de reconocimiento de paternidad con número de expediente 56-2/2022, con base en una tesis aislada del décimo Primer Tribunal Colegiado, la cual no es obligatoria para este circuito acatarla, por lo menos el mínimo vital; y como consecuencia de dicha negativa adoptar las medidas necesarias para ello." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 257/2022, se previno a la parte quejosa para los efectos ahí indicados, misma que subsistió en acuerdo de veintitrés de marzo pasado, dado que la parte quejosa no atendió la totalidad de los puntos de la referida prevención, y por auto de treinta de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en dos ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto emitido por una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda, en relación con las constancias, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, determinó no decretar alimentos provisionales en favor de la menor quejosa en el juicio de reconocimiento de paternidad 56-2/2022. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, pues así lo indicó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora, además, con la copia certificada de las constancias que integran el juicio de reconocimiento de paternidad 56-2/2022 que adjuntó como apoyo a su informe justificado; de las cuales se formó un tomo por separado y que hacen prueba plena, conforme con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en confrontación con el 17, primer párrafo y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Los citados numerales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días. 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la ley de la materia, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. Ahora bien, la quejosa en su escrito recibido en este juzgado el veintidós de marzo pasado, precisó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, sin embargo, de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez responsable mismas que fueron valoradas en el considerando tercero, se obtiene que el acuerdo reclamado se notificó por lista publicada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, como se advierte de la razón actuarial que obra al calce del referido acuerdo. Lo anterior, pone de relieve que fue el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la fecha en la que se notificó el acto reclamado y no la que aduce en su escrito de demanda (veintiocho de febrero de dos mil veintidós), sin que se advierta la nulidad de dicha notificación en el juicio natural; aunado a que la promovente del amparo compareció el veintiocho de enero de dos mil veintidós, ante el Juez responsable, lo que hizo constar el Secretario de Acuerdos en la referida fecha, de quien recabó su firma al calce del acuerdo reclamado, así como su identificación oficial, además de que con posterioridad a dicho acto existen diversas actuaciones realizadas por el apoderado legal dicha parte procesal en el juicio natural previo a la promoción del presente juicio; por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente tomando en consideración la publicación de la lista del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, se obtiene que el término de quince días para promover el juicio de amparo le transcurrió del dos al veintitrés de febrero del año en curso, y de considerar la fecha de comparecencia del veintiocho de enero de dos mil veintidós, dicho término transcurrió del uno al veintidós de febrero de dos mil veintidós, descontándose por inhábiles los días del cinco, seis, siete, doce, trece, diecinueve y veinte de febrero pasado; de manera que si la demanda fue presentada electrónicamente a través del Portal de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el quince de marzo de dos mil veintidós, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado, sin que se ubique en alguna de las hipótesis de excepción a que se refieren las fracciones I a IV del citado artículo, para estimar que deba considerarse otro el plazo con que contaba para acudir a la instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. No impide considerar lo anterior, el hecho de que la resolución reclamada involucre derechos de menores, pues la suplencia de la queja en su favor, no implica soslayar cuestiones de improcedencia del juicio de amparo, ya que ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica entre las partes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 257/2022, por las razones vertidas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Ricardo Iván Galdinez Díaz; en atención a su contenido, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Roberto Posada, número 07, despacho 108, primer piso colonia centro, en esta ciudad y por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Constancio Román Mariche, Juan Nolasco Gaspar y Mario Mayo Cotino, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; sin que haya lugar a hacer revocación alguna en razón de que dicha parte procesal no se había apersonado al presente juicio a señalar domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase la copia simple que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. En el entendido que para recibirla acorde con el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 deberá generar una cita, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita, haciéndole de su conocimiento que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Ahora, una vez que haya agendado debidamente su cita para acudir al juzgado a recoger la copia solicitada, con la finalidad de llevar a cabo la reproducción fotostática de la actuación que requiere, se solicita a la promovente que se comunique al teléfono celular 744 166 86 22, que este órgano jurisdiccional ha designado exclusivamente para esos efectos, únicamente de lunes a viernes en un horario de las nueve a las quince horas. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, uno de junio de dos mil veintidós. Vista el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, tomando en consideración que la licenciada Patricia Monserrat Marres Ayala, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada conforme al Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, no está facultada para resolver en definitiva el presente asunto; por tal motivo, la audiencia constitucional se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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