María Concepción Fierro Pérez
Expediente 438/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Concepción Fierro Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y, en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar solicitada, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero; por lo que, se ordena glosar a éstos autos el citado cuaderno. En razón de lo anterior, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas del juicio agrario 166/2019, compuesto de un tomo enviado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA MARÍA CONCEPCIÓN FIERRO PEREZ EL AUTO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y, en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar solicitada, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero; por lo que, se ordena glosar a éstos autos el citado cuaderno. En razón de lo anterior, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas del juicio agrario 166/2019, compuesto de un tomo enviado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES TERCEROS INTERESADOS LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE... Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 438/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el Buzón Judicial, remitido al siguiente día a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y en esa misma data remitido por razón de turno a este Juzgado Octavo, María Concepción Fierro Pérez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. ACTO RECLAMADO "a).- El acuerdo fecha veintiuno de Marzo de dos mil diecinueve dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. b).- El acuerdo fecha once de Abril de dos mil diecinueve dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve -previo desahogo de la prevención contenida en acuerdo de veintiséis de abril pasado- se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 438/2019; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto dentro de juicio que se tramita ante una autoridad agraria con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que se reputa como de aquellos que son de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que María Concepción Fierro Pérez, como parte demandada dentro del juicio agrario 166/2019, reclama: 1. El auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 41, en la parte en la que se otorgó la medida precautoria solicitada por los actores José Luis Fierro Islas, Irene Sánchez Barrera, María del Socorro Fierro Sánchez y Erika Esthela Fierro Sánchez, a efecto de que la demandada -aquí quejosa- retirara el portón y el muro colocado en la entrada del predio respecto del cual se ejerció la acción de servidumbre de paso, hasta en tanto se resolviera la controversia, con el apercibimiento de multa para el caso de desobediencia; y, 2. El auto de once de abril de dos mil diecinueve, en el que se reiteró el requerimiento a la quejosa María Concepción Fierro Pérez, para que procediera a dar cumplimiento a la medida precautoria otorgada, con el apercibimiento de multa para el caso de desobediencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 41, pues así lo reconoció expresamente al rendir su respectivo informe con justificación; certeza que se robustece con las constancias que allegó al mismo relativas al juicio agrario 166/2019; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Ya que no existe diversa causal de improcedencia del juicio de garantías invocada por las partes, ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio, tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por María Concepción Fierro Pérez, para lo cual se tienen por reproducidos los conceptos de violación que hace valer en su demanda a fin de evitar repeticiones estériles. En ese sentido, se observa que la solicitante del amparo sostiene como motivos de disenso, esencialmente los siguientes: a).- Que el auto de veintiuno de marzo pasado infringe en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque hace una incorrecta apreciación y valoración de los hechos contenidos en la demanda que admitió a trámite, pues se extralimita a resolver el fondo de la contienda, ya que sin tener todas y cada una de las pruebas de las partes contendientes, da por sentado la existencia de la servidumbre de paso que se demanda; lo que la deja en total estado de indefensión; y que incluso reitera en un posterior acuerdo -de once de abril siguiente-, con el apercibimiento de multa para el caso de contumacia. Lo anterior resulta inverosímil, pues primero debió cerciorarse de la existencia de la servidumbre de paso, como por ejemplo, a través de otras instancias y con base en los informes relativos dictar la medida precautoria que corresponda, y al no haberlo hecho así, transgredió los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa al inobservar las formalidades esenciales del procedimiento. b).- Más aún, la responsable tampoco otorga a la parte quejosa un plazo para que formule las manifestaciones que a su derecho convengan, previo a la emisión de la medida cautelar decretada, lo que no se colma al señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia de ley, pues será hasta entonces cuando la promovente del amparo podrá formular tales manifestaciones. Además, contrario a lo alegado por los actores del juicio natural, desde hace más de veintidós años la quejosa ha tenido la posesión del inmueble de que se trata, y jamás ha existido un camino para que los ahora terceros interesados pudieran acceder a su parcela pues han tenido otras salidas, de las cuales no han querido hacer uso porque se han construido negocios. c).- Así, la responsable, en lugar de verificar la existencia de la servidumbre de paso en la parcela de la quejosa, ordenó el retiro del portón y muro ahí colocado, soslayando que ello generó un gasto económico; aunado a que -bajo protesta de decir verdad- dicha puesta no es la única que se ha colocado en los veintidós años en que ha tenido en posesión su parcela -número 29-, pues los actores siempre han pretendido quitarla, a lo que siempre accedió el padre de la quejosa por tratarse de familiares. De igual modo, la quejosa en algunas ocasiones les ha permitido el acceso para que entren caminando a través de su parcela, pues es más cómodo hacerlo por ahí que por la entrada que verdaderamente les corresponde, pero ese permiso sólo era en ocasiones y sin constituir una servidumbre de paso. d).- Finalmente, el proceder de la responsable causa agravio a la quejosa, en tanto que con la medida cautelar decretada, no sólo se atenta contra la economía de la quejosa por el costo que implica el retiro del portón y muro colocados en la parcela de la quejosa, sino también de su seguridad, pues al dejar la entrada libre, cualquier persona puede entrar y allanar su parcela, la cual cuenta con un solar destinado a casa habitación. Una vez precisados los conceptos de violación señalados con antelación, para estar en posibilidad de determinar si los mismos resultan fundados o no, es necesario tener en consideración los antecedentes directos del mismo, los cuales se derivan de las actuaciones del expediente 166/2019, cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando tercero de esta resolución. Así, se obtiene lo siguiente: 1.- Que mediante escrito de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, José Luis Fierro Islas, Irene Sánchez Barrera, María del Socorro Fierro Sánchez y Erika Esthela Fierro Sánchez, demandaron en la vía ordinaria agraria de María Concepción Fierro Pérez, la declaración judicial d la existencia de la servidumbre de paso localizada dentro de la parcela número 29, perteneciente al ejido Pie de la Cuesta, en la parte que inicia de la avenida Fuerza Aérea Mexicana número 10, pasando por la parcela 29, y termina en la entrada de las parcelas 24 y 25, que a su vez sirve para accesar a las diversas parcelas 14 y 20, propiedad de los actores; así como al retiro del portón del portón y la construcción de material de tabique y cemento (arco) realizada, con lo que cierran la servidumbre de paso por completo; entre otras prestaciones. 2).- Lo anterior, sobre la base de que los actores son propietarios de las parcelas 24 y 25, 14 y 20 del ejido Pie de la Cuesta; las cuales han tenido en posesión por treinta y tres años, y que nunca tuvieron problemas con el anterior titular de la aludida parcela 29 (Ángel Fierro Islas), para hacer uso de dicho acceso, el cual refirieron tiene más de cuarenta años; y que constituye la única vía para acceder a sus terrenos. No obstante, advirtieron que unos trabajadores se encontraban colocando un muro y portón en dicho camino de acceso, y al entrevistarse con la demandada -aquí quejosa-, fueron informados que ella era la nueva dueña de la parcela 29 derivado de un juicio sucesorio y que cerraría dicho acceso porque el predio le pertenecía. 3).- De conformidad con lo establecido en los artículos 166 de la Ley Agraria y 384 y 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, los actores solicitaron como medida precautoria el retiro del portón y muro colocado en la entrada o inicio de la servidumbre de paso, para que pudieran seguir transitando hacia sus predios, por ser la única vía de acceso. 4).- Por auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el Tribunal Agrario radicó la demanda con el número de expediente 166/2019, y la admitió a ´tramite, ordenando el emplazamiento de la parte demandada -lo que aconteció el veintinueve de marzo siguiente-; y respecto a la medida solicitada; la otorgó en forma provisional e inmediata para el efecto de que María Concepción Fierro Pérez retirara el portón y muro colocado en la entrada de la servidumbre de paso hasta en tanto se resolviera la controversia, ya que el objeto de dicha providencia era mantener viva la materia del juicio, aunado a que tampoco se seguía perjuicio al interés social ni se contravenían disposiciones de orden público, asegurándose provisionalmente el bien para que la sentencia que se emita, pueda ser ejecutada eficazmente. 5).- El veintinueve de marzo anterior, según la cédula de emplazamiento relativa, la parte demandada fue emplazada al juicio agrario 166/2019, mientras que por escrito ocho de abril de dos mil diecinueve, la parte actora informó que la demandada no había dado cumplimiento a la medida cautelar decretada, por lo que solicitó al tribunal responsable para que, por conducto del Actuario se constituyera ene l inmueble de que se trata, y se procediera a hacer el retiro del portón y muro colocado en la entrada de la servidumbre de paso; a lo que recayó el auto de once de abril pasado, en el que se requirió a la quejosa para que diera cumplimiento a la medida cautelar otorgada, de lo que debía cerciorarse el Actuario de su adscripción, con el apercibimiento de multa en caso de desacato. Una vez establecidos los antecedentes del acto reclamado, es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Orienta la anterior determinación el criterio aislado integrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 143, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Luego, los artículos 166 y 167 de la Ley Agraria disponen lo siguiente: "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso." "Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente." De cuyo contenido se deriva la facultad del tribunal agrario de dictar las providencias precautorias para proteger a los interesados, incluso para suspender actos de autoridad, aplicando en lo conducente en este último caso lo dispuesto por la Ley de Amparo; y supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles para completar lo que fuere indispensable y que no se oponga directa o indirectamente a lo establecido en la Ley Agraria en su Título Décimo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2009 que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 449, del Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGEN POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2005, de rubro: "AGRARIO. SI LOS EJIDATARIOS DEMANDAN AL EJIDO Y SOLICITAN EL EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PUEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR Y, EN SU CASO, FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS ACTORES.", sostuvo que el Tribunal Agrario debe fijar el monto de la garantía para otorgar una medida cautelar, considerando las condiciones socioeconómicas de los solicitantes, de manera similar a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, para las garantías requeridas con motivo de la suspensión de actos de autoridad. Empero, lo anterior no significa que las disposiciones que el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo establece para la suspensión, deban aplicarse para determinar la procedencia y términos de las medidas cautelares solicitadas en un juicio agrario, pues éstas proceden en caso de que lo demandado derive de actos de particulares; de ahí que al no regular la Ley Agraria tales medidas, conforme a su artículo 167 es necesario acudir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles." A partir de esto último, conviene tener presente entonces que el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria en lo general, y en lo que regula sobre las medidas precautorias en particular, en su artículo 384 dispone lo siguiente: "Articulo 384.- Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable." Conforme a dicho ordinal en concatenación con los diversos ordinales 166 y 167 de la Ley Agraria, puede arribarse a la conclusión de que el Tribunal Agrario tiene facultad para que, a instancia de parte interesada, decrete las medidas precautorias tendientes a mantener la situación de hecho existente; esto es, se trata de una medida cautelar que en modo alguno prejuzga sobre la legalidad de la situación de hecho que se mantiene ni de los derechos o responsabilidad de quien la solicita, lo que incluso se encuentra expresamente señalado en el diverso artículo 388 de la legislación supletoria en cita. Entonces, al tratarse de providencias cautelares, puede afirmarse que sólo tienen como objeto asegurar los efectos de una eventual sentencia al mantener la situación de hecho existente. Ahora bien, con el propósito de establecer si se está en presencia de actos que deban salvaguardarse por el artículo 14 constitucional, es decir, si previo a su emisión debió otorgarse la garantía de audiencia a la solicitante del amparo, resulta necesario destacar la distinción entre actos privativos definitivos y actos de molestia, ya que en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, pero sólo aquél cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por el precepto constitucional citado, atendiendo a su naturaleza, pues a través de este precepto se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, la privación definitiva de un derecho, por la evidente gravedad que el acto reviste. Muy distinto, es el caso en que el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, sino sólo un conducto para lograr un fin diverso, en cuya hipótesis resulta innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa, en virtud de la accesoriedad de la medida adoptada. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar definitivamente al gobernado de sus derechos, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, consistente en la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto, la garantía de audiencia; mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto la referida garantía. En otras palabras, la distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14, como aquellos a que se contrae el numeral 16, ambos de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado al causarle una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación, que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir. De tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, supuesto que ambos pueden generar esa "privación" y, en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia. De lo anterior se concluye que, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la de sus efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Sobre el particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo IV, Julio de 1996, página 5, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En ese orden de ideas, del contraste de los antecedentes destacados y los preceptos invocados con antelación, se observa que la medida cautelar otorgada a los actores del juicio natural, como propietarios de los predios colindantes al que es propiedad de la quejosa, sólo tiene como propósito mantener la situación de hecho aducida para asegurar los efectos de la sentencia; esto, porque los actores señalaron que consuetudinariamente han podido hacer uso de la parcela número 29 del ejido de Pie de la Cuesta, para acceder a los predios de su propiedad; de ello se sigue que no tiene como finalidad privar a la quejosa en definitiva del derecho de propiedad, ya que no será hasta que se emita la sentencia respectiva, cuando se declarare procedente o no, la prestación demandada relativa a la declaración judicial de la constitución de una servidumbre de paso; por tanto, la emisión de la medida cautelar contenida en el auto de veintiuno de marzo pasado, y reiterada en acuerdo de once de abril siguiente, no exige como requisito previo a su dictado, el respeto a la garantía de audiencia, por tanto, no se está ante la presencia de un acto privativo para cuyo pronunciamiento deba seguirse lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, sino uno de molestia regido por el artículo 16 de la Carta Magna. Consecuentemente, resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, los cuales se contestan conjuntamente, en virtud de que el fundamento de su queja parte del planteamiento de que previo al otorgamiento de la medida cautelar, el tribunal responsable debía cerciorarse de la existencia o no, de la servidumbre de paso que se alega, pues como se indicó esto último será objeto de pronunciamiento al dictarse la sentencia relativa, en tanto que la medida cautelar sólo tenía como finalidad, mantener la situación de hecho existente, es decir, el paso que alegaron los actores tener respecto de la parcela de la quejosa, para acceder a sus respectivos predios, y que a la muerte del propietario original -padre de la quejosa-, quien la sucedió en sus derechos María Concepción Fierro Pérez pretendió cerrar dicho acceso. Entonces, si el juez de la causa adoptó como medida cautelar tendiente a conservar la situación de hecho descrita por los actores del juicio natural, como propietarios de los predios colindantes del que es propiedad de la quejosa y sobre el cual se ejerció la acción de servidumbre de paso; es inconcuso que el juzgador respetó el principio de legalidad regulado por el artículo 16 constitucional, ya que su decisión tuvo como finalidad conservar la materia del juicio, lo que en modo alguno constituye un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En mérito de lo expuesto, resulta que el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en la parte en la que se otorga la medida precautoria solicitada por los actores en el juicio agrario 166/2019, cuyo cumplimiento se reiteró en el diverso de once de abril siguiente, satisface los requisitos de fundamentación y motivación que exige la Carta Magna en sus numerales 14 y 16 constitucionales, ya que, como se vio, no se encuentra dirigido a privar en forma definitiva los derechos de posesión o propiedad que esgrime en su favor la quejosa respecto del inmueble sujeto a la medida cautelar, habida cuenta de que se advierte una justificación racional para su pronunciamiento dada la naturaleza de la acción intentada en relación con los hechos expuestos por los terceros interesados, para cuya emisión no se exige la audiencia de la parte afectada; lo que conduce a negar la protección de la Justicia Federal que solicitó María Concepción Fierro Pérez. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- La justicia de la Unión no ampara ni protege a María Concepción Fierro Pérez, contra los actos y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos reseñados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 438/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO.... Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- La justicia de la Unión no ampara ni protege a María Concepción Fierro Pérez, contra los actos y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos reseñados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente
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