María Casarreal Morales

Expediente 249/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
249/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • María Casarreal Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE nueve de marzo de dos mil diecisiete, QUE DICE: "... Vista la demanda de amparo promovida por María Casarreal Morales, por su propio derecho, contra actos del Delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 249/2017, y fórmese expediente. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual resulta necesario hacer las siguientes precisiones: El quejoso en esta instancia constitucional reclama: El acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el Estado de Guerrero, en el expediente 2016/130/16874-723/16, de su índice, mediante el cual no acuerda favorable emitir el dictamen correspondiente y hacer efectivo el apercibimiento de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, a la Institución Financiera Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Ahora bien, se tiene que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados al Delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, no constituyen actos de autoridad, para los efectos del amparo. Sustenta lo anterior, el siguiente marco jurídico: Los artículos 1° y 5° de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros establecen el objeto de la citada legislación el cual no es otro más que de ser un medio organizado para solucionar de manera voluntaria conflictos en prevención de controversias judiciales entre las instituciones financieras y los particulares, usuarios de esos servicios, cuyo principio rector de aquella organización es lograr un equilibrio y garantía de los derechos de los usuarios frente a los intereses económicos de las instituciones bancarias. En razón de lo anterior, se tiene que las funciones que ejerce la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, son meramente conciliatorias en el ámbito administrativo no jurisdiccional, tal como lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 84/2002, consultable en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, Materia Administrativa, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EN EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO PARA ATENDER LAS CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE AQUÉLLOS, NO REALIZA FUNCIONES JURISDICCIONALES, SINO DE MERA CONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. De lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se desprende que la referida comisión tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos de los usuarios frente a las instituciones financieras y arbitrar las diferencias, de manera imparcial, lo cual se traduce en la creación de esquemas de protección al público usuario de dichos servicios, como el procedimiento instaurado para atender las consultas y reclamaciones de aquellos usuarios, donde la comisión sólo puede actuar de manera limitada como conciliador y árbitro en la solución de conflictos, instancia que sólo constituye una vía de solución alterna a los procedimientos judiciales, para contribuir a eliminar las irregularidades que se cometan en la prestación de los servicios financieros, de manera que se trata de un medio organizado de heterocomposición voluntaria, en prevención de controversias judiciales entre las instituciones financieras y los particulares usuarios del servicio, esto es, el procedimiento que la mencionada ley prevé ante la referida comisión fue creado como un medio institucional de prevención de conflictos, porque la circunstancia de que, en el ámbito administrativo, el contenido de las funciones de conciliación y arbitraje, se defina más por la calidad de los particulares accionistas, que por la resolución objetiva de conflictos entre iguales, desde el punto de vista procesal, no es más que la manifestación tuitiva del Estado, a favor de los intereses más desprotegidos, lo cual se corrobora si se atiende a que así también acontece en el campo de la procuración de los consumidores, los trabajadores y los campesinos. Lo anterior implica que las funciones de conciliación no prejuzgan en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas, ni el pronunciamiento de la citada comisión constituye una resolución jurisdiccional, pues sus efectos propios no coinciden con los de una sentencia, y la consecuencia de ello es que el derecho de los usuarios y de las instituciones financieras permanece intacto y expedito para accionarlo ante las instancias judiciales; de ahí que la tramitación de la reclamación ante la citada comisión, no agrega ni disminuye el derecho de las partes. De lo anterior debe concluirse que el mencionado ordenamiento legal no autoriza a aquella comisión a ejercitar una función jurisdiccional, pues se trata sólo de una instancia de mera conciliación en el ámbito administrativo, tan es así que sus pronunciamientos carecen de la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial, ya que se limitan a una decisión arbitral." De cuya ejecutoria, se citan las siguientes consideraciones: ". la ley no contempla el procedimiento ante esa autoridad como una instancia judicial, sino como un medio institucional de prevención de conflictos cuya resolución de fondo corresponde constitucionalmente a aquélla." ". las funciones de conciliación y arbitraje, en la esfera administrativa, no prejuzgan ni podrían prejuzgar acerca del fondo de las cuestiones planteadas, ni el pronunciamiento de la comisión constituye una resolución jurisdiccional, pues sus efectos propios no coinciden con los de una sentencia ni formal ni materialmente." ". en atención a que la función de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros es de naturaleza meramente administrativa. Por su contenido no se identifica ni con la jurisdicción contencioso-administrativa ni con la función judicial. No se trata, por tanto, de un acto administrativo jurisdiccional, sino de un acto de contenido administrativo emanado de un sujeto de la misma naturaleza y con arreglo también a un procedimiento y función de ese orden." Aunado a que la Ley de Amparo vigente en sus artículos 1º y 5º, fracción II, establecen el objeto de estudio en el juicio de amparo, así como quiénes son autoridad responsable en el mismo, esto es con independencia de su naturaleza formal o bien si sus funciones están determinadas por una norma general, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo ese contexto, si la principal característica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, es la de actuar como conciliador y arbitro en la solución de conflictos entre las instituciones financieras y sus usuarios y, cuyos actos, cuando desarrolla la primera de la atribuciones citadas, no están considerados como jurisdiccionales sino conciliatorios en el ámbito administrativo; aquellos que se reclaman en esta instancia constitucional, al tener su origen en órgano desprovisto de los atributos que definen el acto de autoridad, no pueden ser considerados como tales para efectos del juicio de amparo, ya que la Comisión no está desarrollando tareas propias del Estado frente a los gobernados, que afectan de manera unilateral su esfera jurídica ni se impuso sobre su voluntad, de manera tal que cree, modifique o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al peticionario de amparo. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia 146/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1050, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos citados establecen que la Comisión Nacional podrá emitir un dictamen técnico -en los casos en que resulte procedente- cuando, agotada la conciliación, las partes no se sometan al arbitraje. Ahora bien, dicho dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación, pues la facultad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio, además, porque de las aludidas disposiciones legales se advierte que aquél es sólo una opinión técnico-jurídica desprovista de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través de ésta la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados que afecten derechos e impongan obligaciones, esto es, se trata de una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio, quedando sujeta a las reglas propias de la valoración de pruebas y que no determina por sí sola la procedencia de lo reclamado; de ahí que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto". De ahí que, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizado únicamente para recibir y oír notificaciones e imponerse de autos a Esteban Pineda Figueroa, en razón de que no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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