María Camelia Quinto Hipolito

Expediente 337/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
337/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
16/06/2016

Partes del expediente

  • María Camelia Quinto Hipolito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que es innecesario que continúe a disposición de este juzgado la copia certificada del expediente 409-1/2014 que el juez responsable adjuntó a su informe justificado; devuélvase a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 337/2016, promovido por María Camelia Quinto Hipólito, por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad, y de otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, María Camelia Quinto Hipólito, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "A). - Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora, esto es, del C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares; La Orden de Desalojo Forzoso de fecha 04 de marzo de 2016, relativo al juicio ordinario civil incoado por BASILISK INMOBILIARIA SIETE SRL DE C.V., en contra de María Camelia Quinto Hipólito, listado el mismo bajo el número 409-1/2014. B). - Reclamo de la autoridad señalada como responsable ejecutora; C. Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares; El cumplimiento dado a la orden de desalojo forzoso emitida por el C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, de fecha 04 de marzo de 2016, relativo al juicio ordinario civil incoado por BASILISK INMOBILIARIA SIETE SRL DE C.V., en contra de María Camelia Quinto Hipólito, listado el mismo bajo el número 409-1/2014." SEGUNDO. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 337/2016, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó notificar al tercero interesado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio civil en el que la quejosa se ostenta como tercera extraña, cuya ejecución se atribuye a autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda en relación con las demás constancias que obran en autos, se obtiene que la parte quejosa como demandada en el expediente número 409-1/2014 reclama esencialmente de las autoridades responsables el auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual ordena poner en posesión física, material y jurídica al tercero interesado BASILISK INMOBILIARIA SIETE, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (parte actora en el juicio de origen) de los predios dos y cuatro, de la manzana sesenta y cinco, de la Colonia Fuerza Aérea, de esta ciudad, y su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 19 a 21); determinación que se hace extensiva a la Actuaria adscrita a dicho Juzgado, de quien no se cuenta con su informe justificado, pese a estar notificada para ello, dado el carácter de ejecutora con el que fue designada debe cumplimentar la orden de lanzamiento aludida. Hecho que se corrobora fehacientemente con la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil 409-I/2014, promovido BASILISK INMOBILIARIA SIETE, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de María Camelia Quinto Hipólito y otros, que adjuntó el juez responsable a su informe (tomo I de pruebas), la cual hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Previo a ello, resulta importante precisar lo siguiente que del escrito de demanda la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional, como tercera extraña a juicio, pues refiere que no fue oída ni vencida en juicio, sin embargo de las constancias remitidas por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, valoradas en el considerando que antecede, no se advierte que le resulte tal carácter, en razón de que mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil catorce, se le tuvo por contestada la demanda entablada en su contra (foja 167 del tomo I de pruebas), por diverso de cuatro de noviembre de dos mil quince, por interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de ocho de octubre de dos mil quince, que hizo valer mediante escrito de veintiséis de octubre de dos mil quince (fojas 357 a 450 del tomo I de pruebas), aunado a que su abogado patrono interpuso recurso de reconsideración en contra del auto de diecinueve de febrero del presente año, por el cual se ordena la ejecución forzosa de la sentencia en cita (fojas 486 y 487 del tomo I de pruebas), el cual se declaró infundado mediante interlocutoria de tres de marzo actual (fojas 498 a 504 del tomo I de pruebas), por lo tanto, se hace constar que la quejosa tuvo conocimiento de la existencia del citado juicio, desde su inicio. Lo que basta para que pierda el carácter de tercera extraña a juicio que en esta vía constitucional ostenta, en virtud de que se integró a la relación procesal para ejercer su garantía de audiencia e interponer los recursos previstos por la legislación que rige el juicio de origen. En efecto, es necesario dejar claro que el carácter de tercero extraño, no deviene de una consideración potestativa o la autodeterminación de quien acude al juicio de amparo ostentándose con ese carácter, sino que ello es producto del análisis de su especial circunstancia frente al proceso o procedimiento del que deriven los actos reclamados. Establecido lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que se notificó el acto reclamado. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Establecido lo anterior, es menester señalar que la parte quejosa como demandada en el expediente número 409-1/2014 señala como acto reclamado el auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordena poner en posesión física, material y jurídica al tercero interesado BASILISK INMOBILIARIA SIETE, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (parte actora en el juicio de origen) de los predios dos y cuatro, de la manzana sesenta y cinco, de la Colonia Fuerza Aérea, de esta ciudad, y su ejecución. Ahora, la parte quejosa en su demanda, precisó que tuvo conocimiento del acto reclamado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis; sin embargo de las constancias que integran el juicio ordinario civil 409-I/2014, se desprende que mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se le dijo que al no haber dado cumplimiento voluntario a la sentencia de ocho de octubre de dos mil quince, se procedería a su ejecución forzosa, es decir, se ordenó el lanzamiento de los bienes inmuebles que en esta vía reclama, el cual fue notificado mediante lista publicada en los estrados del juzgado el veintidós de febrero de dos mil dieciséis (fojas 483 a 485 del tomo I de pruebas), por lo cual desde ese momento tuvo conocimiento del acto que en esta instancia constitucional combate; determinación que además impugnó mediante recurso de reconsideración por escrito de veintidós de febrero del año en curso como se estableció en párrafos que anteceden. De ahí que para la promoción de la demanda de amparo que nos ocupa deba atenderse el plazo a que alude el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, en relación con el diverso 129 del citado código adjetivo civil de la Entidad, máxime que este Juzgado Federal no está facultado para analizar oficiosamente la legalidad de la notificación de la resolución reclamada, a virtud de que el propio numeral 18 de la Ley de Amparo, prevé que para los efectos de la presentación de la demanda, las notificaciones y la forma en que surten efectos, se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa aludido con el que cuentan las partes en el procedimiento de origen. Ilustra en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190848, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Asimismo, es aplicable por analogía la jurisprudencia 5/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 461, cuyo tenor es: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se obtiene que el término de quince días transcurrió del veinticuatro de febrero al quince de marzo de dos mil dieciséis; descontándose los días veintisiete y veintiocho de febrero, cinco, seis, doce y trece de marzo de la citada anualidad por haber sido inhábiles; de manera que si la demanda fue presentada el cuatro de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la parte quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: UNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 337/2016, promovido por María Camelia Quinto Hipólito, contra el acto y autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; a diez de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veintisiete de abril del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta el juicio ordinario civil 409-I/2014 del que derivan los actos reclamados; fórmese por separado el tomo I, de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional.

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