María Belén Montalvo Lara
Expediente 1931/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1931/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/12/2022
Partes del expediente
- María Belén Montalvo Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
De la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintidós, en el que se determinó sobreseer en el juicio que nos ocupa, fuera de audiencia, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.
- Principal
Del análisis del expediente se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en sesión virtual celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la inconformidad 22/2021, se advierte que determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por ---, por su propio derecho, contra el acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el Secretario encargado de despacho del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 780/2017." En ese sentido, es oportuno precisar que el superior desatacó lo siguiente: "36. Ahora bien, este tribunal estima que efectivamente el fallo protector no ha sido cabalmente cumplido. 37. En efecto, el motivo determinante de la concesión del amparo fue la falta de audiencia y de oportunidad a la quejosa de intervenir en el juicio natural, previo a que el juez se pronunciara sobre la cesión de derechos litigiosos realizada por su cónyuge ----, en favor de ----. 38. El fallo protector fue tendente a que se preservara el derecho humano al debido proceso en cuanto garantiza que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en su vertiente referida a otorgar el derecho de defensa a la parte quejosa previo a que la autoridad judicial emita un acto que le prive de sus propiedades o posesiones, en cuyo caso la autoridad debe garantizar que se le notifique de ese procedimiento. 39. De modo que, en el caso particular, para alcanzar ese objetivo y poder estimar que se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho violado -de un acto positivo-, el juez responsable quedó obligado a ordenar su notificación de forma tal que no quedara duda de que tuvo oportunidad de intervenir en el juicio manifestando lo que a su interés conviniera respecto a la apuntada cesión. Lo cual no se estima cumplido. 40. Por una parte, porque de las reseñadas constancias del juicio natural se aprecia que el juez responsable no dio seguimiento al requerimiento realizado en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno al abogado Julio Cesar González Ortiz, autorizado de la quejosa en el juicio de amparo y del cedente (esposo de la quejosa) en el juicio natural, para que proporcionara el domicilio de la quejosa para notificarla; acuerdo del que fue notificado personalmente a dicho abogado en el local del juzgado, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el local del juzgado, según constancia que obra en la misma foja del auto. 41. Esto es, el juez debió dictar las medidas conducentes a lograr la notificación fehaciente a la quejosa; en su caso, conminar o proveer lo procedente respecto al requerimiento que hizo al citado abogado, para obtener un domicilio para ese efecto y que la quejosa contara con un plazo para intervenir o comparecer a presentar sus manifestaciones con relación a la cesión de derechos, pues el juez, dentro del ámbito de su competencia, puede implementar las medidas que estime necesarias y tomar las decisiones que considere adecuadas, para lograr la finalidad del amparo otorgado y la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz, ya que si la concesión fue para el efecto de que, previo a proveer lo relativo a la cesión de derechos litigiosos, el juez responsable diera intervención a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho convenga respecto a ese acto jurídico, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable efectivamente haya dado la oportunidad de intervenir en el juicio natural. 42. En ese aspecto, no puede pasar inadvertido que la quejosa compareció al juicio natural mediante el escrito que presentó el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, para poner en conocimiento del juez la negativa de la Secretaria de Acuerdos en facilitarle el expediente el día que dijo asistió personalmente al local del juzgado, sin que hubiera señalado domicilio para recibir notificaciones (no obstante que bien pudo hacerlo); a lo que recayó el acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno que le previno para que en tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la cesión apercibiéndole de tenerle por conforme con la misma, con la instrucción de ser notificada mediante lista de acuerdos, lo cual así se hizo y tuvo por consecuencia que el juez, en auto de veinticinco de junio del mismo año, hiciera efectivo el apercibimiento y tuviera por conforme a la quejosa con la cesión. Sin embargo, se estima que la notificación así realizada, mediante lista, no colma el propósito de la concesión del amparo, que fue darle intervención, mediante una notificación fehaciente. 43. En efecto, es verdad que como fue señalado en el párrafo precedente, en el escrito mediante el cual compareció la quejosa, no señaló domicilio para recibir notificaciones; empero, ello no justifica que se ordenara la vista por medio de lista, porque ya en el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, había realizado prevención al abogado ---para que proporcionará el domicilio de la quejosa para notificarla, de manera que debió ordenar el trámite necesario para tener ese domicilio y así dar legal y debido cumplimiento a la sentencia de amparo; y si no lo hizo, de esa manera queda evidenciado el defecto en su ejecución. 44. Por otra parte, el propio juez responsable determinó, en cumplimiento al fallo protector, dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural y restituir el inmueble objeto de la cesión al cedente, una vez que obrara la respuesta del Director del Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco, sobre la cancelación de la escritura pública; sin embargo, de las constancias enviadas al juez de Distrito para demostrar el cumplimiento, no se aprecia ninguna relativa a la anunciada restitución, cuya ejecución también se estima necesaria en atención al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación motivo de la concesión del amparo. 45. En ese contexto, se estima que en el caso existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cuya observancia y atención es de orden público, por lo que deben tomarse las medidas necesarias para el acatamiento íntegro y fiel del fallo protector, a efecto de que se reparen todas las violaciones de derechos humanos que se hayan estimado procedentes. 46. Ante tales condiciones, si la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, debe obligarse a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata -acto positivo-, en este caso, que dicte las medidas para el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación motivo de la concesión del amparo y no quede duda de que la quejosa tuvo oportunidad de intervenir en el juicio previo a decidir lo relativo a la cesión de derechos acatando lo establecido en la ejecutoria emitida por este tribunal colegiado al resolver el recurso de revisión 201/2020, para evitar incurrir en las mismas violaciones por infracción al derecho de audiencia y defensa que motivaron la concesión del amparo. 47. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 77, fracción I, 201 y 202 de la Ley de Amparo, procede declarar fundado el presente recurso de inconformidad, por lo que el Juez de Distrito deberá: 48. A) Requerir nuevamente al juez responsable, para que de inmediato acate cabalmente la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. 49. B) Realizar todas las gestiones necesarias a fin de que se satisfaga lo anterior, apercibiéndole que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá la multa a que se refieren los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, que se determinará en Unidades de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada en términos de los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26-, en materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Segundo de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en el plazo de diez días, contado a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector; o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa, el proveído de VEINTIUNO DE OCTUBRE de dos mil veintidós, el cual dice: Zapopan, Jalisco, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Autoridad responsable rinde informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente Auxiliar de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco autoridad responsable, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Pruebas. Se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que remite, la cual, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la citada normatividad, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Se sobresee fuera de audiencia. Recibidas las constancias en el párrafo anterior, toda vez que del informe justificado así como de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que ha sobrevenido una causa de sobreseimiento en el presente asunto. Bajo esa postura, se constata la actualización del sobreseimiento en el juicio constitucional, previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) "IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa transcrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien, y; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable." En el caso, el acto reclamado en esta instancia consistente, esencialmente, en la omisión de dictar la resolución interlocutoria por lo que ve a la procedencia o improcedencia del incidente de reposición de autos en el expediente 163/2020-J. En ese orden, de las constancias allegadas por la responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que el quince de agosto de dos mil veintidós, dictó la resolución respecto del incidente de reposición de autos en el expediente 163/2020-J. Se ilustra: Por tanto, si el quince de agosto de dos mil veintidós, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de septiembre de dos mil veintidós) la autoridad responsable proveyó sobre lo aquí reclamado; de lo cual, el quejoso señala como omisión en la presente instancia, es claro que dicho reclamo es inexistente. Es aplicable la jurisprudencia 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." (Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346.) Consecuentemente, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386, de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Lo dicho además tiene apoyo en la tesis XIII.1o.P.T.27 K (10a.), de registro 2019803, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo de 2019, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado" Bajo ese contexto, como ya se expuso, al surtirse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
resolución.********************Notifíquese personalmente.********************Lo sentenció y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con la secretaria Nathali Cisneros Mendoza, quien autoriza y da fe, el trece de octubre de dos mil veintidós, en que concluyó el engrose de este fallo. por este medio de lista se notifica al tercero interesado de la resolución de 13 de octubre en curso, en la cual Se sobresee en el juicio promovido por Ricardo Isaías Pinto Preciado, en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Trigésimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los motivos establecidos en el último considerando de esta resolución
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