María Belén Montalvo Lara
Expediente 924/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- María Belén Montalvo Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 924/2022, promovido por María Belén Montalvo Lara, por conducto de su apoderado; contra actos de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cinco de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; María Belén Montalvo Lara, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El once de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 924/2022; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: A la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama: - La omisión de fijar fecha para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del procedimiento laboral 163/2020/5-J, del índice de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Lo anterior, dado que de los antecedentes narrados por la parte quejosa, se desprende que desde el uno de abril de dos mil veintidós señaló data para el desahogo de dicha diligencia, sin que a la presentación de la demanda haya fijado nueva data para la continuación del procedimiento. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Es cierto el acto reclamado, pues así lo confesó la autoridad responsable al rendir su informe justificado en el sentido de que era cierto la omisión de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del procedimiento laboral 163/2020/5-J, por lo que se acredita la omisión denunciada; no obstante, la Junta responsable manifiesta que en auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se suspendió el procedimiento, y se ordenó aperturar el incidente de reposición de autos tal y como se ilustra: Y fue hasta el quince de agosto de dos mil veintidós, que dictó la resolución interlocutoria respectiva, la cual, resuelve continuar el procedimiento desde la actuación de diez de diciembre de dos mil veintiuno, y se señalan las trece horas del cuatro de noviembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, tal y como se ilustra: De ese modo, la confesión de la autoridad responsable surte prueba plena, como lo indica el arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles34 aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, párrafo segundo, por tratarse de hechos propios de la parte que perjudica a quien la formula; por consiguiente, se tiene por acreditada su existencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro digital 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, quien aquí resuelve advierte que se actualiza una causa de improcedencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Dicho precepto legal, establece la figura jurídica de cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza cuando ante la existencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o han sido destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Ahora bien, de una interpretación sistemática a la norma legal citada, se deduce que dicha causa de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: i. Por revocación; o, ii. Por sustitución procesal. La primera de las hipótesis -revocación- se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, por la autoridad responsable, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la segunda -sustitución procesal-, se materializa cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, en alcance al informe rendido, se advierte que por auto de catorce de junio de dos mil veintidós y resolución interlocutoria de quince de agosto del año de curso, dictados en el juicio laboral de origen; la Junta responsable ordenó aperturar el incidente de reposición de autos, y resolvió continuar el procedimiento desde la actuación de diez de diciembre de dos mil veintiuno, y se señalan las trece horas del cuatro de noviembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, respectivamente; lo cual, venía reclamando la parte quejosa en el juicio de amparo que nos ocupa. Toda vez que el acto reclamado, se sintetiza en la omisión de la Junta responsable de dictar una nueva fecha para el desahogo de la referida audiencia. Lo anterior, conduce a la suscrita a estimar que cesaron los efectos de los actos reclamados y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues las violaciones que en determinado momento se pudieron cometer contra sus derechos fundamentales, ya fueron reparadas, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado y quedando sin materia el presente juicio de amparo. Por lo que, se reitera, los efectos del acto reclamado han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos humanos, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando sea imposible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de sus efectos, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX (junio de mil novecientos noventa y nueve), Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También tiene aplicación al caso la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI (noviembre de mil novecientos noventa y siete), Novena Época, del título y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual forma, se invoca la jurisprudencia III.2o.C. J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII (febrero de dos mil seis), Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Además, no debe pasarse por alto que en el caso de los juicios de amparo, en los que se reclama una omisión o dilación en el juicio laboral, en caso de conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, esa concesión se delimita en función del acto reclamado, no ha subsecuentes actuaciones. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, por este acto aquí referido. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto analizado en párrafos anteriores, procede decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Belén Montalvo Lara, contra los actos que reclamó de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nathali Cisneros Mendoza, Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Encargada del Despacho por vacaciones del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la autorización contenida en el oficio número CCJ/ST/2213/2022 de seis de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por la Secretaria Paulina Lizbeth Orozco Campos, que autoriza y da fe.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 900/AMPAROS- /2022 suscrito por el Presidente Auxiliar de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a través del cual, en atención al requerimiento que se le formuló en auto de veinte de julio de dos mil veintidós, remite copia certificada de una resolución a fin de acreditar la imposibilidad momentánea que tuvo para enviar las actuaciones que le fueron requeridas del juicio de origen, la cual, de conformidad a los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. De lo anterior y, al tomar en consideración lo resuelto en la referida resolución, quien ahora provee, determina que ya no es necesario recabar las actuaciones en cita a fin de que obren en este sumario de amparo, en virtud de lo resuelto en la resolución exhibida, con lo cual, se tiene los elementos suficientes para resolver esta contienda. Hágase del conocimiento la presente determinación a la autoridad oficiante, para los efectos legales conducentes. Se da vista a las partes. Con lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinte de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos del presente juicio, se obtiene que feneció la prórroga de diez días hábiles otorgada en proveído de dos de junio de dos mil veintidós, a la autoridad responsable Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a efecto de que remita las constancias solicitadas por este órgano jurisdiccional en determinación de once de mayo de la presente anualidad, sin que así lo hayan hecho; Lo anterior, ya que fue notificada del auto en mención el seis de junio del año en curso, tal y como se advierte a continuación: Se formula nuevo requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a autoridad responsable Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, den cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de mayo de la presente anualidad, esto es, remita las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de que no cumpla con lo anterior dentro del término otorgado para ello, una vez que se certifique que dicho plazo ha concluido, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. Lo anterior, con independencia de hacer efectivos los diversos apercibimientos decretados en autos. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a que la autoridad de referencia cumpla con el requerimiento en comento, se determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
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