María Blanca Gabina Vázquez Hernández
Expediente 425/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/04/2019
Partes del expediente
- María Blanca Gabina Vázquez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de veintisiete de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.
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aviso.- por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de veintidós de marzo del año en curso, mediante el cual Visto el estado procesal del presente asunto, se advierte que de las constancias remitidas por el Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se desprende que la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, dictó sentencia de veinticinco de octubre de dos mil trece, dentro del toca 905/2013; en consecuencia, en términos del artículo 111, con relación al 17, ambos de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, para que en el término de quince días contado a partir del siguiente a aquel en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de garantías, respecto a la sentencia dictada por dicha sala. Destacando que de las constancias de mérito se desprende una nueva autoridad denominada Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Tiene aplicación, por ser acorde a las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, conforme a su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia por contradicción, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 136/2011, visible en la página ochocientos uno, Libro VIII, mayo de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.". En el entendido de que, de ser el caso, deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, y anexar copias del respectivo escrito de ampliación para correr traslado a la totalidad de las partes. Lo anterior, en atención a las razones que informan, la jurisprudencia por reiteración de tesis número 2ª./J.30/96, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página doscientos cincuenta, cuyo rubro es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Apercibido el quejoso que de no manifestarse, se le tendrá por desinteresado en ampliar su demanda. I. Diferimiento. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. II. Notificación por lista a las partes. Asimismo de conformidad con el artículo 28 fracción I en relación con los diversos 29 30 y 31 de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaran a interponerse entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se consideren que deban notificarse en forma personal los que se les harán del conocimiento por medio de oficio. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, de epígrafe y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS . Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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CITATORIO: Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, por el Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado; consecuentemente, dese vista a las partes. II. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la dilación procesal al no cerrar el periodo probatorio en el juicio laboral de origen. Luego, de las constancias que acompañó a su informe la referida autoridad se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado dado que el siete de marzo del año en curso, se cerró la etapa probatoria del juicio laboral de origen y se ordenó abrir el periodo de alegatos. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa en su demanda de garantías, fue cubierta con la recepción del estudio en cita. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en el presente juicio de garantías, para la celebración de la audiencia constitucional.
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Téngase por recibido el escrito de la parte quejosa, visto su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento de proveído de seis del mes y año en curso; y, al efecto manifiesta que el contrato de fideicomiso irrevocable que obra en la escritura pública treinta y siete mil cuatrocientos quince otorgada ante la fe del notario público cuarenta y nueve de Guadalajara, Jalisco, se ubica en poder del juez de origen. En dichas circunstancias estese a la espera de que el juez natural cumpla con lo requerido en proveído de seis de marzo del año en curso, y remita los documentos fundatorios de la acción.
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