María Beatriz Olivares González

Expediente 1326/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1326/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
  • María Beatriz Olivares González

Actuaciones

  1. Principal

    . Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el comunicado que suscribe la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, por el cual remite copia del Trámite Manual con Pago Sistema de Armonización Contable de folio 2647, expedido el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, a favor del incoante, valioso por la cantidad $25,321.37, (veinticinco mil trescientos veintiún pesos 37/100 moneda nacional), así como del cheque 0166344, a favor del quejoso valioso por la cantidad en antes señalada. Asimismo, solicita que este Juzgado de Distrito informe a la quejosa en relación en relación a la expedición del documento de valor de referencia, a lo que se provee no ha lugar, en razón de que esa notificación no atañe a este juzgado de Distrito. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, en los términos contenidos en el presente acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Téngase por recibido el comunicado de la Subjefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, a nombre del Jefe Del Departamento De Pensiones, Seguridad E Higiene, Director del CE+CECIS, Médico Tratante de Oftalmología, Médico Tratante de Otorrinolaringología, Subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, nuevamente informa que a través del oficio 14.5.4/SH/3605/2021, se remitió a la doctora Rossana Martínez Mayorga, en su carácter de Presidente suplente del Comité de Medicina del Trabajo, el expediente de la hoy quejosa a efecto de que sea sometido a sesión del Comité de Medicina del Trabajo, por lo que solicita se tenga a las responsables realizado las gestiones para las cuales están facultadas por la normatividad aplicable, esto es, fue emitido el RT-09 por los médicos tratantes, se realizó el proyecto por el área facultada para ello, se sometió a sesión ante el Subcomité de medicina del trabajo; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Estado de autos. Ahora, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son para que las autoridades responsables: [.] "1) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables, de inmediato, en el ámbito de sus respectivas competencias, por escrito den respuesta en forma definitiva, completa, integral y congruente al trámite correspondiente para el reconocimiento del estado de invalidez de la quejosa. 2) Notifiquen las resoluciones correspondientes a la peticionaria del amparo." Requerimiento. Pues bien, las responsables ya demostraron haber enviado al Comité de Medicina del Trabajo, quien es el órgano colegiado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado facultado para aprobar o negar los dictámenes de incapacidad total o invalidez, según lo dispone el artículo 100 del Reglamento para Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e invalidez del citado Instituto, procede lo siguiente: Toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les realice, remitan copias certificadas, completas y legibles de las constancias con las que acredite las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, esto es, la respuesta que dicho Comité les remita, o en su caso, la imposibilidad que para ello tengan, acreditando en ese supuesto las gestiones que se encuentran realizando para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación del suscrito que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

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