María Asunoón Galicia Molina

Expediente 188/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
188/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • María Asunoón Galicia Molina
  • Guillermo Luna Alanis

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Causa estado auto que tuvo por no presentada demanda y se ordena archivo. Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de marzo de dos mil veintidós, ya transcurrió para la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo radicada en este expediente promovida por Guillermo Luna Alanís y María Asunción Galicia Molina, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a devolver documentos a las partes, al no haber sido exhibidas en autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a los promoventes en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mismo que les fue notificado, el veintidós de febrero del año que transcurre, por lo que dicha notificación surtió efectos el veintitrés de febrero siguiente y el plazo de referencia transcurrió del veinticuatro de febrero al dos de marzo del año en curso, sin que los quejosos diera cumplimiento al requerimiento precisado en el acuerdo de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Guillermo Luna Alanís y María Asunción Galicia Molina. Notifíquese y personalmente a los promoventes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueven Guillermo Luna Alanís y María Asunción Galicia Molina, contra actos del Juez Segundo de Distrito. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 188/2022-II. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones II, lV y V, que a la letra señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar la persona que le reviste el carácter de tercero interesado, la norma general, auto u omisión que de cada autoridad se reclame, así como la de señalar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, de análisis al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: Asimismo, de un análisis a los hechos que bajo protesta de decir verdad manifestó que constituyen antecedes de los actos reclamados, se advierte lo siguiente: En ese tenor, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, lV y V, así como 114, fracción ll, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, precisen el acto que por esta vía reclama, es decir: Si se ostentan como terceros extraños a juicio; o si reclaman el emplazamiento a juicio; De ser afirmativo el punto anterior, indique el expediente o juicio del que deriva la falta de llamamiento; Describa con precisión cuál es el o los actos concretos que le reclama al Juez Segundo de Distrito, así como los datos de modo tiempo y lugar de las manifestaciones que constituyan antecedentes del acto reclamado. Lo anterior en virtud de que únicamente señalan como actos reclamados los actos y hechos con violencia y abuso de fuerza para entrar al predio por donde salen a las escalinatas, que quitaron las mallas, internet, luz, así como o la instalación de malla con actos y hechos de violencia, sin presentar orden judicial ni municipal; sin embargo, no se aprecia cuál es el acto que le reclaman al Juez Segundo de Distrito, habida cuenta que los actos y hechos de violencia que señalan se los atribuyen a Francisco Coto Sánchez y a las personas que lo acompañaron, pero no a la autoridad judicial que señalan como responsable. De igual manera, los promoventes refieren que en el segundo punto de su capítulo de conceptos de violación lo siguiente: De lo anterior el quejoso manifiesta que el acto posiblemente derive de una sentencia de Juzgado de Distrito, no obstante únicamente señala como autoridad ordenadora y ejecutora al "Juez Segundo de Distrito"; sin embargo, se aprecia que los quejosos no tiene certeza de cuál juzgado de distrito provenga el acto que reclama, ni de cuál entidad federativa provenga el acto de autoridad, por lo tanto también, requiéraseles para que: Señalen de manera completa y precisa la autoridad o autoridades a las que atribuyen los actos reclamados; Indique si contra los actos de molestia que aducen han promovido alguno medio ordinario de defensa. Además, se requiere a los quejosos Guillermo Luna Alanis y María Asunción Galicia Molina, para que bajo protesta de decir verdad manifiesten lo siguiente: Proporcionen el nombre y domicilio actual y correcto del o los terceros interesados, o en su caso manifieste "bajo protesta de decir verdad" la imposibilidad que tenga para ello Lo anterior, pues de una revisión integral al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa en el capítulo de antecedes manifestó que Francisco Coto Sánchez manifestó el día que tuvieron conocimiento de los actos reclamados que él es el dueño del predio que sirve de salida a los quejosos, por lo tanto se estima que Francisco Coto Sánchez, tiene un interés contrario al de los quejosos, motivo por el cual deba ser llamado a la presente contienda constitucional. Todo lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe a los quejosos que en caso de no cumplir con lo solicitado en el plazo indicado para ello (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Autorizados. En otro aspecto, se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del primer párrafo del numeral 24 de la Ley de Amparo a Ma. Lourdes Garcia García y Concepción Pilar Lima Saldaña, toda vez que no cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, como lo solicita expresamente, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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