María Candelaria Barrera Galindo
Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Candelaria Barrera Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de derechos, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Especializada de Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, la copia autentificada de la carpeta de investigación número UIERVTC-N/55/2021, que acompañó a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
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R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 785/2021-VI, promovido por María Candelaria Barrera Galindo contra los actos y autoridad responsable precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Especializada de Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, adscrita al Departamento de investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia dl estado de Tlaxcala, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y al efecto remite copia autentificada de la carpeta de investigación número UIERVTC-N/55/2021. Pruebas En consecuencia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, ... Se ordena reserva de constancia Ahora, del escrito inicial de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir como actos reclamados en: "a) La negativa de devolverme mi vehículo marca SUZUKI Modelo VITARA GLS 5TM, 1.6 LT., Modelo 2018, número de Serie ... b) La negativa de la autoridad responsable de darme acceso a los registros y constancias que integran la carpeta de investigación." En consecuencia, dado que la parte quejosa también reclama la negativa de la autoridad responsable de darle acceso a los registros y constancias que integran la carpeta de investigación, este órgano de control constitucional a efecto de resolver el presente juicio de amparo, considera que debe guardarse en sigilo, en términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, determina que no se debe dar vista a la parte quejosa con la constancia derivada de la referida carpeta de investigación, pues como se señaló, la negativa de darle acceso a la carpeta de investigación, constituye la materia del acto reclamado, además de que la guarda, custodia y difusión de dicha información se encuentra bajo la más estricta discrecionalidad del juzgador. Al respecto, es aplicable el criterio P./J. 26/2015, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28, del tomo I, Libro 22, Septiembre de 2015, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 2009916, que textualmente establece lo siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Vista a las partes Con el contenido del informe de mérito -con excepción de la constancia aludida en el párrafo precedente-, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Tomo anexo Finalmente, fórmese tomo anexo con las constancias que remite el Juez oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese el oficio con anexo, signado por la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Especializada de Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de mérito y anexo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Se requieren constancias Ahora, del escrito inicial de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir como actos reclamados en: "a) La negativa de devolverme mi vehículo marca SUZUKI Modelo VITARA GLS 5TM, 1.6 LT., Modelo 2018, número de Serie TSMYD21SXJM417446, número de Motor M16A-2193786, con número de Pedimento 05710013843-7006830 y expedirme el oficio de liberación, vehículo que se encuentra a disposición dentro de la Carpeta de Investigación número UIERVTC-N/055/2021. b) La negativa de la autoridad responsable de darme acceso a los registros y constancias que integran la carpeta de investigación." En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Especializada de Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copia auténtica de la totalidad de la carpeta de investigación UIERVTC-N/55/2021, de su índice, las que deberán encontrarse completas, legibles en orden secuencial y con su respectiva certificación, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Lo anterior, dado que únicamente remitió copia auténtica del oficio por el que ordenó la devolución del vehículo marca SUZUKI Modelo VITARA GLS 5TM, 1.6 LT., Modelo 2018, número de Serie TSMYD21SXJM417446, número de Motor M16A-2193786, con número de Pedimento 05710013843-7006830. Con el apercibimiento, que de no remitir en su totalidad las referidas constancias de la carpeta de investigación, dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."
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