María Antonieta Cuecuecha Sánchez
Expediente 536/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Antonieta Cuecuecha Sánchez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de quince de octubre de dos mil veinte, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo En relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Valoración del expediente Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos originales Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, quince de octubre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve María Antonieta Cuecuecha Sánchez, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 536/2020-I. Acto reclamado De la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "el estar de acuerdo con la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal 27/2019-3, del índice de la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala." Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del contenido de las constancias de cuenta, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XIV, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el reclamado consiste en el estar de acuerdo con la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal 27/2019-3, del índice de la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Empero, al realizar una consulta en la página web del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se invoca válidamente como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de los criterios jurisprudenciales de rubros "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO", se aprecia que se encuentra radicado el juicio de amparo 197/2020, promovido por María Antonieta Cuecuecha Sánchez, en el que la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en apoyo a su informe justificado, remitió copia certificada de todo lo actuado dentro de la causa penal 66/2020. En este contexto, no reúne las características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, los ordinales 61, fracción XXIII, y 5º, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". Del análisis conjunto de dichos preceptos, se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, de la intelección de los preceptos legales citados en líneas que preceden, se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos fundamentales, y que la autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o un acto reclamado que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese orden de ideas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y de autoridades en sentido formal. En este contexto, la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, entidad o cuerpo colegiado, o incluso una persona de derecho privado, que por circunstancias de derecho o de hecho establezca una relación de supra a subordinación con un particular, la cual tenga su nacimiento en una ley y que con motivo de ella, el ente aludido emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular en comento, sin tener que acudir ante los órganos judiciales, ni requerir de autorización por parte del afectado. Sobre el tema, en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089, del tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, se pronunció sobre los elementos que se deben considerar para determinar si una autoridad a la que se atribuyen ciertos actos, en realidad, tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, criterio que si bien fue emitido a la luz de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, contiene consideraciones que resultan ilustrativas para el tema que nos ocupa, y que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, a fin de realizar una adecuada distinción de dichos actos, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares; para dirimir sus controversias, existen en la legislación procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, y dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los que se destacan el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, debe analizarse si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que en los actos de autoridad, la voluntad del emisor se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución, así como de que la promovente debe tener el carácter de gobernado. Explicado lo anterior, conviene tener presente que la parte quejosa, se duele del consentimiento por parte de la responsable, con la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal 27/2019-3, del índice de la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; sin embargo, tal circunstancia no constituye un acto de autoridad que pueda ser impugnado en esta vía constitucional. Ello es así, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Lo anterior permite colegir, que lo que pretende impugnar el solicitante de amparo no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que si bien pudiera afectarse la esfera jurídica de la parte impetrante con motivo de dichos actos, lo cierto es que el juicio de amparo indirecto no resulta la vía idónea para la substanciación de la demanda intentada, respecto de los actos que pretende atribuir a dicha responsable, pues exigirle otro actuar a la autoridad señalada como responsable, iría en contravención de los intereses de la sociedad, esto es, que no se persigan los delitos, y por ende, en contravención de las obligaciones inherentes al Ministerio Público. En este orden de ideas, debe recalcarse que la prosecución de los delitos es una facultad exclusiva del Ministerio Público, establecida por mandato constitucional, por lo que de admitirse la presente demanda, a nada práctico llevaría, puesto que se contravendría lo establecido en nuestra carta magna. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis II.2o.P.51 P (10a.), y II.2o.P.50 P (10a.) emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, páginas 2601, 2497; Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros 2015368 y 2015350 , que dicen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE.". La anterior determinación se toma en cumplimiento al derecho humano relativo a la prontitud en la administración de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal, por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por María Antonieta Cuecuecha Sánchez, respecto del acto reclamado consistente en el consentimiento por parte del Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, con la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal 27/2019-3, del índice de la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala., se procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2, fracción VI, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo, la cual deberá quedar regularizada a más tardar el quince de octubre del año actual. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Domicilio para oír y recibir notificaciones Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, esto es el ubicado en calle Avenida Cuauhtémoc, número 1106, letra C, "Zapatería Rosy", colonia Centro, Apizaco, Tlaxcala; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Flores García por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Martha Conde Nava, por no contar con dicho registro. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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