María Antonieta Cuecuecha Sánchez

Expediente 535/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
535/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • María Antonieta Cuecuecha Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, trece de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído dictado el once de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente sumario. En consecuencia, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Cúmplase. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veinte. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de quince de octubre de dos mil veinte, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de octubre de dos mil veinte. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve María Antonieta Cuecuecha Sánchez, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Unidad de Investigación Chiautempan. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 535/2020-I. Acto reclamado De la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La solicitud realizada al Juez de Control, para citar a los presuntos responsables a la audiencia inicial a efectos de formular la imputación y vincularlos a proceso." Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del contenido de las constancias de cuenta, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el reclamado consiste en la solicitud realizada al Juez de Control, para citar a los presuntos responsables (quejosa) a la audiencia inicial a efectos de formular la imputación y vincularlos a proceso, a raíz de la carpeta de investigación C.I. UICHIAUT/2/12/2019, de su índice. Empero, al realizar una consulta en la página web del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se invoca válidamente como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de los criterios jurisprudenciales de rubros "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO", se aprecia que se encuentra radicado el juicio de amparo 197/2020, promovido por María Antonieta Cuecuecha Sánchez, en el que la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en apoyo a su informe justificado, remitió copia certificada de todo lo actuado dentro de la causa penal 66/2020. Al respecto, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En estrecha relación con lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". A efecto de acreditar esta aseveración, debe partirse de que la causal invocada prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte solicitante del amparo. En ese aspecto, es menester señalar que el interés jurídico o bien el legítimo constituyen un presupuesto procesal del juicio de amparo que se encuentra prescrito en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, y los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los que, en esencia, disponen que el promovente del amparo debe acreditar una afectación a su interés jurídico o bien al legítimo para que proceda su demanda constitucional. Esta afectación constituye un perjuicio al agraviado, el que se entiende como una transgresión de un derecho tutelado o interés legítimo individual o colectivo, que produce determinado acto o ley; la cual faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión; asimismo, se precisa que para ello se tiene que afectar la esfera de quien lo reclame, sea de manera directa o por su especial situación. El "perjuicio" mencionado debe ser actual, pronto a suceder o que inminentemente se causará, ello por referirse a una situación que está provocando detrimento en la esfera jurídica del gobernado en el momento de promoverse el amparo, pues cuando la afectación solo es futura e incierta no es susceptible de considerarse para efectos del juicio constitucional. Luego, resulta indispensable demostrar la existencia del interés jurídico tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo. En cambio, en supuestos diversos, quien acude al juicio de amparo debe ubicarse en alguno de las hipótesis siguientes: a) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) Acudir al juicio aduciendo un interés legítimo. En ese sentido, es indispensable precisar que el interés jurídico en el juicio de amparo se concibe cuando el acto o ley que se reclama causa un perjuicio a la esfera del gobernado que permiten a su titular acceder a esta instancia constitucional; entendiendo por esfera jurídica el cúmulo de derechos y obligaciones que por razones de una, varias normas, o circunstancias de hecho en situaciones específicas, lo vinculen debido a una relación jurídica, o conexión de bienes afectados en razón de una necesidad o existencia de elementos de identificación. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios de los rubros que siguen: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO" e "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". Sobre el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Lo ha conceptuado como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. El interés legítimo -continúa sosteniendo el Pleno de la Corte- consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no es la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En estos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el criterio de título: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". Así, se arriba al convencimiento de que para que el juicio de amparo sea procedente se requiere que la quejoso tenga interés jurídico o legítimo, lo que ocupa probarse fehacientemente y no con base en presunciones, y que el mismo se vea agraviado; en la inteligencia de que la naturaleza intrínseca de la ley, acto u omisión reclamadas es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica de la quejosa, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no lo afecten real y efectivamente. Las figuras del interés jurídico y legítimo están vinculadas estrechamente con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, según el cual el acto o ley que se reclamen debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. De esta manera, dicho interés sólo lo tiene el titular del derecho afectado (jurídico), o a quien le recaiga un perjuicio actual, real y jurídicamente relevante (legítimo) y no quien únicamente tenga un interés simple o legalmente irrelevante; lo cual se determinará según la naturaleza intrínseca del acto, ley u omisión reclamados. Como corolario de lo expuesto, tenemos que, atendiendo a la naturaleza del acto o ley reclamados y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción constitucional, en los términos siguientes: Interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y que el acto o ley de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Interés legítimo: debe acreditarse la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Demostrando tales puntos, la parte quejosa estará legitimada para ejercer la acción; de lo contrario, el amparo resultará improcedente. Bajo esa óptica, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional aduciendo un interés jurídico, al sostener una afectación a su esfera jurídica derivada de la solicitud realizada al Juez de Control, para citar a los presuntos responsables a la audiencia inicial a efectos de formular la imputación y vincularlos a proceso, a raíz de la carpeta de investigación C.I. UICHIAUT/2/12/2019, de su índice. Sin embargo, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, porque el Ministerio Público, al consignar o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico de la parte quejosa, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al ser notoriamente el juicio de amparo promovido por María Antonieta Cuecuecha Sánchez, respecto del acto reclamado consistente la solicitud realizada al Juez de Control, para citar a los presuntos responsables a la audiencia inicial a efectos de formular la imputación y vincularlos a proceso, a raíz de la carpeta de investigación C.I. UICHIAUT/2/12/2019, de su índice, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis II.2o.P.51 P (10a.), y II.2o.P.50 P (10a.) emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, páginas 2601, 2497; Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros 2015368 y 2015350 , que dicen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE.". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2, fracción VI, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo, la cual deberá quedar regularizada a más tardar el quince de octubre del año actual. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Domicilio para oír y recibir notificaciones Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, esto es el ubicado en calle Avenida Cuauhtémoc, número 1106, letra C, "Zapatería Rosy", colonia Centro, Apizaco, Tlaxcala; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Flores García por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Martha Conde Nava, por no contar con dicho registro. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

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