Margarita Corona Escorza

Expediente 114/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
114/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Margarita Corona Escorza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 114/2018-IV, promovido por **. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado el diecinueve siguiente, **, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la capital de esta entidad federativa y otra autoridad. SEGUNDO. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 133, 14, 16, 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el expediente 114/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO Primero.- Incompetencia. En el caso, la parte quejosa reclama al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, la determinación emitida el veintidós de enero de dos mil dieciocho, al resolver el recurso de revocación promovido en el toca número 419/2017, mediante la cual confirmó el auto dictado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se revocó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el Juicio Oral Ordinario Civil 1194/2016-III. Al respecto, es oportuno precisar que el numeral 47 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Por su parte, el artículo 170 de la ley reglamentaria indicada, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Párrafo reformado DOF 17-06-2016 II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Asimismo, el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), constitucional, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011 III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Inciso reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y Atento a lo anterior, es oportuno precisar que la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal, ha sostenido que el fallo dictado por un tribunal de segunda instancia que desecha un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio natural, es de aquellas resoluciones que ponen fin al juicio, pues si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda en lo principal, dado que ello ya ocurrió con el dictado de la sentencia, sí dan por terminado el juicio. En efecto, dada la propia naturaleza de esa resolución, que al desechar el recurso de apelación deja firme la sentencia de primera instancia, debe concluirse que pone fin al juicio, consiguientemente, es claro que se trata de una resolución impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Efectivamente, si el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el Juez que se estima competente y concluye con la sentencia definitiva o resolución que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, impidiendo su prosecución o continuación, es evidente que la resolución que desecha un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, se asemeja a aquellas que ponen fin al juicio sin decidir el fondo del asunto, ello en virtud de que para la parte que intentó el recurso evidentemente su juicio concluye con tal decisión, teniendo como consecuencia la firmeza de la sentencia de primera instancia. Ordinariamente los juicios concluyen con la sentencia de fondo, sin embargo, como ya se vio, existen otros modos en que finalizan sin que se resuelva la materia del fondo de la contienda, como es la resolución en que se desecha o se declara inadmisible el recurso de apelación, la cual evidentemente impide la continuación del juicio y lo da por concluido. Precisamente, si se asemeja esta resolución a los efectos que tiene la sentencia dictada en el recurso de apelación de haber sido procedente éste, se concluye que son los mismos en el supuesto de que esta última hubiere confirmado la sentencia de primera instancia, declarando infundado el recurso de apelación. Consiguientemente, si el Tribunal Superior resuelve el recurso de apelación y confirma la sentencia o se niega a conocer del recurso y lo desecha definitivamente en ambos casos, concluye el juicio, pues con una u otra determinación, como ya se dijo, se deja firme la sentencia de primera instancia, lo que constituye un signo inequívoco de conclusión del juicio. Así las cosas, es claro que la conclusión del juicio en las condiciones apuntadas, es decir, a través de la resolución que desecha el recurso de apelación intentado contra la sentencia de primera instancia, es impugnable en amparo directo. Por tanto, el acto que desecha un recurso de apelación, es impugnable a través del amparo directo, pues, si bien es cierto, como antes ya se dijo, el juicio concluye con la sentencia, y el acto de desechamineto se emitió después de dictada ésta, la naturaleza de esa resolución que no admite el recurso de apelación tiene como consecuencia dejar firme la de primera instancia, por lo que la peculiaridad de los efectos de la misma, que son la firmeza de la sentencia de primera instancia, conducen a concluir que el juicio concluye con esa resolución, pues se insiste, deja firme la sentencia definitiva (que resolvió el fondo del asunto). En congruencia con lo anterior, el auto de desechamiento del recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia de primera instancia, constituye una resolución de aquellas que ponen fin al juicio, pues, sin decidirlo en lo principal lo da por concluido para todos los efectos legales, ya que impide su prosecución o continuación y, por ende, es reclamable en amparo directo. En atención a todo lo anterior, a consideración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el acto reclamado es una determinación que pone punto final a la segunda instancia, dando por terminada ésta, concluyendo en el desechamiento del recurso de apelación y poniendo fin al juicio, resulta que de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, en su contra procede el juicio de amparo directo. En esas condiciones, el acto reclamado en esta instancia, consistente en la resolución emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el toca número 419/2017, en la cual se confirmó el auto dictado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se revocó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el veinte de junio de dos mil diecisiete; se encuentra contemplado dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Amparo y artículo 107, fracciones III inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su contra procede el juicio de amparo directo, pues éste es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el cual puedan ser modificados o revocados. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página: 21, cuyo tenor literal es el siguiente: APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural. Consideración que se hace extensiva al acto reclamado, consistente en el proveído de catorce de febrero del dos mil dieciocho, dictado por la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, a través del cual no se acordó de conformidad la denegada apelación interpuesta por el quejoso; lo anterior, toda vez que dicho acto deriva del previamente analizado. En esa tesitura, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo promovido por Margarita Corona Escorza; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, previa copia certificada, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que de así estimarlo, se sirva asumir competencia y resolver lo pertinente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 76, 76 bis, fracción II, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único.- Se declara la incompetencia legal para resolver el presente juicio de amparo promovido por **; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, previa copia certificada, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que de así estimarlo, se sirva asumir competencia y resolver lo pertinente. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ** hasta el día de hoy, veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que consten como legalmente corresponda, el escrito y anexo de cuenta presentados por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual téngasele formulando alegatos. En relación a la prueba instrumental pública de actuaciones, y presuncional legal y humana que ofrece, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. De igual forma, se tiene ofrecida y desahogada la prueba documental que ofrece consistentes en el cuadernillo referente al expediente ******* del índice del Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, por así permitirlo su especial naturaleza. Lo anterior, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el cuatro de mayo del actual, compareció a juicio el tercero interesado ********************; así como que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, no han transcurrido los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento, evitando así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional, señalándose las diez horas con treinta minutos del siete de junio de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el tercero interesado *******, mediante el cual apersona al presente juicio de amparo; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su ocurso. Por otro lado, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró inscrito a *******, por lo que se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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