Mardia Astorga García

Expediente 93/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
93/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Mardia Astorga García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de mayo de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio que remite la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en el presente asunto, en el toca 120/2019, de su índice; de lo cual toma conocimiento este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de mayo de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio en que se le remitió el recurso de revisión interpuesto en el presente asunto e informa que quedó registrado como el recurso de revisión 120/2019, de su índice; de lo cual toma conocimiento este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa *******, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer por la quejosa. Notifíquese y córrase traslado a las demás partes, con copia del pliego de agravios. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de abril de dos mil diecinueve. Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 93/2019-III, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el doce de febrero de dos mil diecinueve, turnado a este Juzgado el día siguiente, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua y otra autoridad, a quienes les reclamó lo siguiente: [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades señaladas reclamo: LA ILEGAL OMISIÓN DE ADMITIR, TRAMITAR Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN, INTERPUESTOS (SIC) EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 11 DE ENERO DE 2019, QUE CONFIRMA LA INFRACCIÓN NÚMERO *******, EN DONDE SE ME SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO ******* DE LOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA LIC. *******, OFICIAL CALIFICADORA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA. [.] Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 93/2019-III, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento, así como de la Oficial Calificadora dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de admitir, tramitar y resolver el recurso de revisión que interpuso en contra de la resolución de once de enero de dos mil diecinueve, que confirma la infracción *******, en donde se sanciona administrativamente a la quejosa, dentro del expediente ******* del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la Oficial Calificadora dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad (folio 24), negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, consistente en la omisión de admitir, tramitar y resolver el recurso de revisión en contra de la resolución de once de enero de dos mil diecinueve, que confirma la infracción *******, en donde se sanciona administrativamente a la quejosa, dentro del expediente ******* del índice de la autoridad responsable, pues manifestó que no es competente para resolver dicho recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Vialidad y Tránsito vigente para el Municipio de Juárez, Chihuahua. Por su parte, el Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua (foja 94), con sede en esta localidad, al rendir su informe con justificación negó el acto que se le atribuye consistente en la omisión de tramitar el recurso de revisión, pues refiere que desde el seis de febrero de dos mil diecinueve, radicó el recurso bajo el número de expediente *******, en el que ordenó recabar los informes a los que se refiere el artículo 203, fracción III, del Código Municipal vigente en el Estado, mismos que aún no ha recibido. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: [.] 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua (foja 94), con sede en esta localidad, conviene en la existencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de admitir y resolver el recurso de revisión, ya que refiere que aún no ha recibido los informes que establece el artículo 203, fracción III, del Código Municipal vigente en el Estado. Asimismo, anexó a su informe justificado copia certificada del auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que radicó el recurso de revisión bajo el número de expediente *******, dentro de los archivos de la Dirección Jurídica dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento; tuvo a la recurrente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, por autorizadas a las personas que indicó; a fin de estar en aptitud de resolver sobre la admisión del recurso de revisión ordenó girar oficio con los insertos necesarios a la autoridad responsable Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de la recepción del oficio rindiera por escrito su informe y, una vez hecho lo anterior, se acordaría lo conducente, a tal constancia se le reconoce valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue certificada respecto de su original, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, como lo es el Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, quien resuelve estima actualizada, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] Sobre el tema que se analiza el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Acorde con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: » La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. » La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, del rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando un particular se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que la citada Segunda Sala determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el citado órgano jurisdiccional determinó que, de manera general, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los que en esencia, aduce que el once de enero de dos mil diecinueve, la Oficial Calificadora Dependiente del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, dictó una resolución dentro del expediente *******, en la que confirma la boleta de infracción *******; que inconforme con esa resolución por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, ante la Secretaría del Ayuntamiento del Ciudad Juárez, Chihuahua, interpuso recurso de revisión y que hasta la fecha de presentación de la demanda (doce de febrero de dos mil diecinueve), la autoridad responsable ha sido omisa en admitir, tramitar y resolver el recurso de referencia, por lo que considera que se ha retardado el procedimiento y se le ha negado el acceso a la justicia y dejado en incertidumbre jurídica. No obstante lo anterior, en el informe justificado, la autoridad responsable Secretaría del Ayuntamiento, del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, manifestó que por acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, radicó el recurso bajo el expediente R-03/2019 dentro de los archivos de la Dirección Jurídica dependientes de esa secretaría; y a fin de estar en aptitud de resolver sobre la admisión del recurso de revisión intentado por la quejosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203, fracción III, del Código Municipal vigente en el Estado, giró oficio a la autoridad señalada como responsable en el recurso Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de la recepción del oficio correspondiente, rinda por escrito su informe, lo que acreditó con la copia certificada respectiva, cuyo valor probatorio se le reconoció en párrafos precedentes. Asimismo, la Secretaría anexó a su informe justificado, copia certificada del oficio ******* de seis de febrero de dos mil diecinueve, que remitió a la autoridad responsable en el recurso de revisión, el cual en la parte inferior izquierda (foja 96), tiene sello de recibido el trece de febrero de dos mil diecinueve. De lo anterior se resalta que fue el seis de febrero de este año, cuando se radicó el recurso de revisión y en ese auto se le concedieron tres días a la responsable para que rindiera su informe. En criterio de quien resuelve, el presente juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que, por las particularidades del caso, no existe una afectación material a derechos sustantivos. En efecto, el acto reclamado no está en los supuestos de excepción a que se ha hecho referencia, pues de lo manifestado por la parte quejosa no se advierte que exista una abierta dilación ni una paralización total del procedimiento, en virtud de que la autoridad responsable radicó el recurso de revisión el seis de febrero de dos mil diecinueve y a la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de febrero de dos mil diecinueve) solo han transcurrido seis días naturales, no así el plazo de cuarenta y cinco días naturales para considerar que la responsable ha incurrido en una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento. Máxime que fue el trece de febrero de este año, en que entregó el oficio a la autoridad responsable en el recurso de revisión para que rindiera su informe y esta a su vez tenía tres días para rendirlo contados a partir de la recepción del oficio. De esta manera, la autoridad responsable no ha incurrido en una omisión que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (doce de febrero de dos mil diecinueve), no se advierte una paralización total o una dilación abierta, puesto que únicamente han transcurrido seis días naturales desde la fecha en que proveyó sobre la radicación del recurso de revisión. Sustenta lo antepuesto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, de Mayo de 2016, Tomo II, materias constitucional y común, página 1086, del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Bajo ese contexto, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo. Por lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado no produce una afectación de imposible reparación, pues únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva, en términos de la jurisprudencia que a continuación se citará, cuya observancia es obligatoria. Además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, cuyo rubro y texto, son los siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. No obsta que la parte quejosa además de la omisión de tramitar y admitir el recurso, también reclame la omisión de dictar la resolución; sin embargo, ya en innumerables precedentes se ha señalado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alcances por los que pudiera otorgarse una eventual tutela constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, y no extenderse a los demás actos; por ende, respecto de tales actos, también se actualiza la causa de improcedencia anunciada, porque en este momento procesal, no se advierte una paralización total o una dilación abierta del procedimiento y, en esa medida, resulta improcedente el juicio contra ese acto. Orienta lo anterior, por las razones que informa, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, de Diciembre de 2013, Tomo I, materia común, página 732, del siguiente tenor: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En las relacionadas condiciones, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mardia Astorga García, para el efecto precisado en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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