Marcos Trejo Ortega
Expediente 471/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marcos Trejo Ortega
- Juez Tercero de lo Civil Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo, así como del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto en autos, contra la sentencia dictada en el presente asunto, lo cual quedó registrado bajo el recurso de revisión 313/2019 del índice del citado Tribunal; de lo que toma conocimiento este Juzgado, de conformidad con el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran agregadas las notificaciones realizadas a las partes, respecto de la sentencia emitida el treinta de agosto del año en curso, dentro del presente juicio de amparo, así como del recurso de revisión interpuesto por el quejoso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecinueve de septiembre pasado, al encontrarse debidamente integrado el recurso de revisión, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo y el escrito original de expresión de agravios, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 471/2019-VI, promovido por **********. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ********* presentó demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, la cual fue turnada a este Juzgado ese mismo día, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. Derechos que la quejosa estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados los previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda inicial; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se emplazó a juicio a la moral tercero interesada; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, previo diversos diferimientos, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata un acto en materia civil, reclamable en amparo indirecto, cuyos efectos tuvieron lugar dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda de amparo y demás constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclamó al Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, lo siguiente: La sentencia interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio ordinario civil 1893/2007, en la cual se declaró la improcedencia de la prescripción negativa propuesta. No pasa inadvertido para el suscrito que el quejoso refiere como acto reclamado el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual la autoridad responsable le reconoció al licenciado **********, la personalidad con que se ostentaba respecto de la aquí moral tercero interesa. Sin embargo, no ha lugar a tener al mismo como acto destacado en virtud de que en materia civil, técnica y legalmente sólo pueden señalarse como actos reclamados; y, por otra, que las violaciones procesales, aunque referidas como cometidas en interlocutorias, bien sea por el Juez natural, en asuntos no apelables, o por el tribunal de alzada, en su caso; no deben señalarse, en forma destacada, como actos reclamados, autónomos respecto de la resolución de que se trate; sino que, como tales, deben alegarse en los conceptos de violación, como transgresiones al procedimiento que en todo caso hayan afectado a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y que sólo pueden formularse y ser resueltas en el amparo indirecto al reclamarse la determinación correspondiente, pues sólo estudiando la misma, se puede determinar si las violaciones procesales aducidas, trascendieron o no al fondo de la misma en perjuicio del quejoso. Atento a ello, la alegada violación procesal será materia de estudio en el fondo del asunto. Apoya lo antes expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2175, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Apéndice de 2011, tomo II, procesal constitucional 1, común segunda parte -TCC Séptima Sección- procedencia del amparo directo, página 2527, registro 1004054, de rubro y texto siguiente: VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. NO DEBEN SEÑALARSE, EN FORMA DESTACADA, COMO ACTOS RECLAMADOS, EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. De una correcta y armónica interpretación de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 44, 158, 161 y 166, fracción IV, párrafo primero de la Ley de Amparo, y 44, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es dable concluir, por una parte, que en materia civil, técnica y legalmente sólo pueden señalarse como actos reclamados, en la demanda de amparo directo que se promueva: la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio; y, por otra, que las violaciones procesales, aunque referidas como cometidas en interlocutorias, bien sea por el Juez natural, en asuntos no apelables, o por el tribunal de alzada, en su caso; no deben señalarse, en forma destacada, como actos reclamados, autónomos respecto de la sentencia definitiva de que se trate; sino que, como tales, deben alegarse en los conceptos de violación, como transgresiones al procedimiento que en todo caso hayan afectado a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y que sólo pueden formularse y ser resueltas en el amparo directo al reclamarse la sentencia definitiva, pues sólo estudiando dicha sentencia, se puede determinar si las violaciones procesales aducidas, trascendieron o no al fondo de la misma en perjuicio del quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, argumentando que en dicho órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio ordinario civil 1893/2007, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Marcos Trejo Ortega; y, para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del juicio en cita. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue certificada respecto de su original por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones; en cuanto a la valoración asignada a tal documento, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, registro 394182, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que esta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley citada en segundo término. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, en relación al acto reclamado al Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, consistente en la interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso, emitida dentro del juicio ordinario civil 1893/2007, a través del cual se declaró la improcedencia de la prescripción negativa propuesta, se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la lectura armónica de las porciones normativas transcritas, la segunda aplicada a contrario sensu, se tiene que, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende una regla genérica y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La regla genérica consiste en que éste procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son por ejemplo, el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al caso concreto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de dos mil uno, página 31, registro 190035, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Atento a lo anterior, como cuestión previa, del análisis de las constancias del juicio génesis de este asunto, se advierten los antecedentes relevantes siguientes: Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Turnos del Supremo Tribunal de Justicia Distrito Judicial Bravos, el diecisiete de diciembre de dos mil siete, turnada al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, al día hábil siguiente, se tuvo a los licenciados **********, en su calidad de apoderados legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, demandando al ahora quejoso, en la vía ordinaria civil, el cumplimiento y pago de las prestaciones siguientes: A.- El VENCIMIENTO ANTICIPADO del plazo del CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO CON CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA, de fecha 11 de junio de 2001 celebrado por EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y la hoy parte demandada, en términos de la CLAUSULA OCTAVA inciso 1) del Capítulo de Otorgamiento de Crédito de Garantía Hipotecaria, mismo que se exhibe como documento base de la acción (Anexo 2), y de conformidad con lo establecido por el artículo 49 de la LEY DEL INFONAVIT. B.- El pago por concepto de SUERTE PRINCIPAL de ********** cantidad que resulta de multiplicar ********* veces el "Salario Mínimo Mensual" por 30.40 correspondiente al número de días promedio de cada mes, multiplicando el resultado por el salario mínimo diario de *********** Vigente a la fecha en el Distrito Federal, dado a conocer por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a partir del día 1° de ENERO 2007. Cantidad que se incrementará en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal de acuerdo a lo pactado en la CLÁUSULA TERCERA del Capítulo de Otorgamiento de Crédito del contrato base de la acción y que se actualizará en ejecución de sentencia. C.- El pago por concepto de INTERESES ORDINARIOS NO CUBIERTOS, más los que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo, cantidad que se determinará en ejecución de sentencia, teniendo como Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, el que en el momento del pago haya determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tal y como quedó pactado en la CLÁUSULA PRIMERA EN RELACIÓN CON LA CLÁUSULA TERCERA del Capítulo de Otorgamiento de Crédito del contrato base de la acción. D.- El pago por concepto de INTERESES MORATORIOS NO CUBIERTOS, más los que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo, cantidad que se incrementará en ejecución de sentencia, teniendo como Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, el que en el momento del pago haya determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tal y como quedó pactado en la CLÁUSULA TERCERA ESTIPULACIÓN 3 del Capítulo de Otorgamiento de Crédito del contrato base de la acción. E.- Los DAÑOS Y PERJUICIOS que se ocasionen al bien inmueble dado en garantía, mientras la parte demandada continúe con la posesión del bien hipotecado, ello en términos de lo establecido el artículo 93 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. F.- El pago de los gastos y costas que se causen por la tramitación del presente juicio hasta su total terminación. (fojas 283 a 354). 2. Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil siete, el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, radicó la demanda bajo el consecutivo 1893/2007 y ordenó el emplazamiento a juicio de la parte demandada (fojas 355 y 356). 3. Mediante escrito exhibido en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el veinte de febrero de dos mil ocho, la licenciada Patricia Castañeda Paredes, apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el quejoso Marcos Trejo Ortega, exhibieron convenio modificatorio de contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria (fojas 357 a 362). 4. Por auto de veintidós de febrero de dos mil ocho, el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, tuvo por recibido dicho convenio y lo aprobó en todas y cada una de sus partes, otorgándole el valor de sentencia ejecutoriada (foja 363). 5. Mediante diligencia de dos de abril de dos mil ocho, se tuvo a la licenciada Patricia Castañeda Paredes, en su carácter de apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al quejoso Marcos Trejo Ortega, ratificando ante la presencia del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el convenio modificatorio de contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que exhibieron (foja 365). 6. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil nueve, y en atención al escrito recibido en la oficialía de partes el veintisiete de los mismos, signado por la licenciada Patricia Castañeda Paredes, en su carácter de apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y en atención a lo solicitado en dicho ocurso, el Juez responsable ordenó se requiriera personalmente a la parte demandada a efecto de que dentro del término de tres días justificara haber dado cumplimiento al convenio celebrado en autos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se abriría la vía de apremio y se procedería a la ejecución forzosa del citado arreglo judicial, proveído que fue notificado al demandado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 366, 367 y 428 a 437). 7. Mediante auto de seis de mayo de dos mil once, y en atención al escrito recibido en la oficialía de partes el veintinueve de abril del mismo año, signado por el licenciado Omar Iván Salas Loya, en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Juez responsable le reconoció a dicho promovente la personalidad con que se ostentaba por así haberlo acreditado con la documental que anexó a su ocurso; asimismo, ordenó se requiriera personalmente a la parte demandada a efecto de que dentro del término de tres días justificara haber dado cumplimiento al convenio celebrado en autos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se abriría la vía de apremio y se procedería a la ejecución forzosa del citado arreglo judicial, proveído que fue notificado al demandado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 369 a 405 y 428 a 437). 8. A través de proveído de seis de febrero del año en curso, y en atención al escrito recibido en la oficialía de partes el cinco de los mismos, signado por Marcos Trejo Ortega, el Juez responsable señaló que una vez que exhibiera las copias simples para la vista correspondiente, acordaría lo conducente en relación al incidente peticionado (fojas 438 y 447). 9. Por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, y en atención al escrito recibido en la oficialía de partes el siete de los mismos, a través del cual Marcos Trejo Ortega, cumplía la prevención efectuada en auto referido en el punto anterior, el Juez responsable tuvo promoviendo el incidente que refería en su escrito (incidente de prescripción negativa), mismo que ordenó substanciar en la misma pieza de autos, sin suspensión del procedimiento y mandó dar vista a la parte contraria por el término de tres días para que manifestara lo que a sus intereses conviniera (fojas 448 y 449). 10. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, y en atención al escrito recibido el dieciséis de los mismos, signado por el autorizado de Marcos Trejo Ortega, el Juez responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente correspondiente (fojas 512 y 513). 11. A las nueve horas con treinta minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de prescripción negativa, con la comparecencia de las partes, en la cual, posterior al haber transcurrido las etapas de pruebas y alegatos, el Juez citó a oír la resolución correspondiente (fojas 516 a 518). 12. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el Juez r responsable dictó la resolución interlocutoria correspondiente, en la cual determinó la improcedencia de la prescripción negativa solicitada. Resolución esta última, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Como se puede advertir, en el caso, el acto reclamado en esta instancia, no es una determinación independiente al referido procedimiento de ejecución, que deba ser estudiado inmediatamente a través de la presente vía de amparo. Por lo anterior, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio se hace valer en contra de la interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso, emitida dentro del juicio ordinario civil 1893/2007, a través del cual se declaró la improcedencia de la prescripción negativa, respecto a la ejecución del convenio celebrado en el expediente de referencia, mismo que fue elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada. No obstante lo alegado por el recurrente, y acorde a lo acreditado con las constancias del juicio de origen y que fueron aportadas a la presente instancia constitucional, se advierte que dicho convenio judicial no ha sido declarado cumplido. Evidenciado entonces que en el procedimiento de ejecución de sentencia relativo al juicio ordinario civil 1893/2007, no se ha emitido resolución alguna que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, se torna improcedente el juicio biinstancial. Los razonamientos vertidos llevan a sostener, que el presente juicio de amparo resulta improcedente contra el acto reclamado en esta instancia, consistente en la interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso, emitida dentro del juicio ordinario civil 1893/2007, a través del cual se declaró la improcedencia de la prescripción negativa; actuaciones intermedias de la etapa de ejecución del proceso civil en cita. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, respecto de tal acto. Apoya la presente determinación, la jurisprudencia 610, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Apéndice de 2011, visible en el Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 676, registro 1002676, que establece lo siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Asimismo, la tesis I.12o.C.22 K (10a.), emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 60, noviembre de dos mil dieciocho, tomo III, página 2163, registro 2018278, que establece lo siguiente: AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Igualmente, la tesis I.3o.C.51 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 9, agosto de dos mil catorce, tomo III, página 1588, registro 2007139, que establece lo siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. Finalmente, aún en el caso sin conceder, que el acto reclamado dentro del presente juicio se hubiere catalogado como ajeno a la ejecución de lo condenado en el juicio ordinario civil 1893/2007, de igual forma, se actualizaría la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, en virtud de que en contra de la interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso, dentro del expediente de referencia, procedería el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 776 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua abrogado; mismo que se debería de agotar previo a acudir a esta instancia constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75, 107, fracción IV y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 471/2019-VI, promovido por **********, contra el acto reclamado a la responsable, Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Ahora, vista la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, dado que el informe justificado que se recibe en este mismo auto, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, y con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo, se difiere la referida audiencia, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********. Doy fe.
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