Marcos Olmedo Valente

Expediente 360/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
360/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
03/07/2017

Partes del expediente

  • Marcos Olmedo Valente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos únicamente como constancia, el informe justificado rendido por el Director de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social, en su denominación correcta; toda vez que el veintisiete de los corrientes se dictó la sentencia en el presente asunto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. *eam

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el oficio ******* suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al que adjunta la demanda de amparo promovida por el licenciado *******, quien se ostenta como defensor público federal de *******, y la cual fue presentada en ese órgano jurisdiccional el treinta y uno de marzo del presente año, pero por razón de competencia fue turnada a este juzgado, quien aceptó la competencia planteada por el citado Juez. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Encargado del Despacho, Director Técnico y Encargado del Área de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, los anteriores con sede en esta ciudad, a quienes les reclama la negativa y omisión de brindar atención médica. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de abril de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró con el número ******* y se admitió trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete, se difirió la audiencia constitucional, y seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el peticionario del amparo reclama, lo siguiente: Al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Encargado del Despacho, Director Técnico y Encargado del Área de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, los anteriores con sede en esta ciudad, la omisión de brindar atención médica, a sus padecimientos. En tales condiciones, ese será el acto que constituya la materia de análisis de este juicio. Al respecto, cabe citar la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Encargado del Despacho, Director Técnico y Encargado del Área de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, negaron el acto reclamado, además, manifestaron que los días 25 de marzo, 01 y 28 de abril del presente año, el quejoso fue atendido por el médico general de esa institución. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable remitió copias certificadas de diversas constancias del expediente clínico del impetrante, mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Amparo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que por éstos se entiende, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les reconoce eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado. Documentales que resultan idóneas para acreditar que el accionante del amparo ha recibido atención clínica necesaria, pues así se corrobora de las notas médicas y del tratamiento que se le ofreció a la parte quejosa. Ello, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. Así, dado que la negativa de las autoridades responsables se encuentra corroborada con medios de prueba y el quejoso no la desvirtuó, es que se tiene como inexistente la omisión de atención médica alegada. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En distinta tesitura, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que le fue oportunamente requerido, como se desprende del acuse de recibo, del oficio *******, del que obra sello de la autoridad responsable de fecha veinticuatro de abril del presente año. Por lo tanto, ante dicha omisión se debería de presumir la certeza del acto que se le atribuye; sin embargo, dicha certeza se encuentra desvirtuada en atención a que el Director General, Director Técnico y Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación, negaron categóricamente los actos que les atribuyó el accionante del amparo, consistentes en la omisión de proporcionar la atención médica necesaria a la parte quejosa. Aunado a lo anterior, el acto que se le reclama a la autoridad responsable, no es un acto que requiera la intervención directa del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, ya que entre las atribuciones previstas en el artículo 8, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, no se encuentra la de brindar atención médica a los internos de los centros federales, dicho precepto dispone lo siguiente: 8.- Para el cumplimiento de las funciones competencia del Órgano, el Comisionado, deberá: I. Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia e informarle del avance y resultado de los mismos; II. Organizar y administrar los establecimientos dependientes de la Federación, para la detención de personas procesadas, la ejecución de sentencias y la aplicación de tratamientos de readaptación social, así como los centros de tratamiento de menores infractores, atendiendo a la seguridad de la sociedad y a las características de los internos; III. Autorizar el ingreso y egreso de internos a los centros federales y de menores a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, así como el traslado de internos del fuero federal dentro y entre entidades federativas y el Distrito Federal; IV. Constituir y establecer la integración y las atribuciones de los comités técnicos para el adecuado funcionamiento y debido cumplimiento de las atribuciones del Órgano; V. Coordinar la elaboración, instrumentación y ejecución del Programa Nacional Penitenciario y de Tratamiento de Menores Infractores, así como los demás programas y proyectos del ámbito de su competencia, para la aprobación del Secretario; VI. Suscribir los oficios de libertad anticipada, prelibertad o revocación de los beneficios establecidos por las leyes respectivas para internos sentenciados del fuero federal, cubriendo los requisitos y formalidades establecidas por las mismas y las políticas fijadas por el Secretario; VII. Suscribir los contratos, convenios, anexos técnicos y reglas de operación, así como los documentos que impliquen actos de administración y de ejercicio del presupuesto, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, al acuerdo de delegación de facultades que, en su caso, suscriba el Secretario, a las autorizaciones de los Comités respectivos y a las políticas emanadas de la Oficialía Mayor de la Secretaría; VIII. Ordenar la práctica de visitas de control y verificación, inspección, supervisión y vigilancia a los centros federales, a los centros de Diagnóstico y Tratamiento y demás unidades administrativas del Órgano, para cumplir con las funciones asignadas, y a los internos del fuero federal en los centros penitenciarios locales, en apego a los convenios establecidos con las entidades federativas y el Distrito Federal o acuerdos con las autoridades penitenciarias; IX. Someter a la consideración del Secretario la expedición, modificación o actualización de los reglamentos y manuales que sean necesarios para el ejercicio de las atribuciones inherentes al Órgano, previa opinión y dictamen de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos o de la Oficialía Mayor de la Secretaría, según sea el caso que este no es el encargado de brindar esa atención, X. Instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional establecida por el Secretario y proponer su observancia por parte de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios a través del Programa Nacional Penitenciario y de Tratamiento de Menores Infractores; XI. Apoyar la participación de las entidades federativas y del Distrito Federal en la implementación de programas educativos y culturales, así como de producción laboral penitenciaria, con retribución económica justa a internos del fuero federal, en los términos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; XII. Atender las observaciones del órgano interno de control en la Secretaría, así como también las peticiones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a los centros federales y centros de readaptación social de las entidades federativas, con relación al tratamiento técnico integral, ejecución de sanciones y programas para la readaptación social de los internos del fuero federal; XIII. Proponer al Secretario, para su autorización, la estructura orgánica y funcional de las unidades administrativas del Órgano; Así como aprobar la contratación y adscripción del personal del Órgano y su remoción; XIV. Coordinar acciones con los titulares de las unidades administrativas y de otros órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, para el eficaz despacho de los asuntos a su cargo; XV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo; XVI. Establecer los lineamientos para operar los programas de administración, formación, actualización y profesionalización del personal penitenciario; XVII. Promover la homologación del sistema penitenciario en el país, e impulsar la adopción de las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados por parte de las entidades federativas y del Distrito Federal; XVIII. Aplicar, en los términos de la ley de la materia, las medidas de orientación, protección y tratamiento, externo o interno, a los menores infractores; XIX. Vigilar, en el ámbito de su competencia, la debida procuración de justicia de menores infractores y la prevención general y especial a efecto de evitar la comisión de infracciones, y XX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables o el Secretario. Por tanto, la autoridad que se encuentra debidamente facultada para proporcionar la atención médica necesaria es el Director General, a través del Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, según lo dispuesto en el artículo 50, del Reglamento de Centros Federales, que establece: 50.- La atención médica de los internos se realizará en las instalaciones del Centro Federal por personal dependiente del Área de Servicios Médicos. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, podrá autorizar por escrito: I. El acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud a las instalaciones del Centro Federal para que brinden atención médica a los internos. Esta autorización podrá otorgarla el Director General bajo su mas estricta responsabilidad, o II. El traslado de internos a instituciones públicas del sector salud para su atención médica. Esta autorización únicamente podrá otorgarla el Comisionado o el Coordinador General en su ausencia. El Director General deberá notificar de inmediato al Coordinador General los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. Tratándose de procesados, también deberá informar por escrito a la autoridad judicial que tenga a su cargo el proceso. De ahí, al no apreciarse la participación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y no requerirse su intervención dada la naturaleza del acto reclamado, es este deviene inexistente. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto a los actos y autoridades mencionadas en el presente considerando, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (.) Lo anterior es así, porque resulta claro que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la responsable de brindar tratamiento médico a la parte quejosa, no existe, ya que la responsable acreditó que el quejoso se encuentra en tratamiento médico desde el dieciocho de marzo del presente año, esto antes de la presentación del escrito de demanda, la cual fue el treinta y uno de marzo del presente año, dentro del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre y que por razón de competencia fue turnada a este juzgado el seis de abril del presente año. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo *******, promovido por el licenciado *******, quien se ostenta como defensor público federal de Marcos Olmedo Valente, respecto de los actos que se le atribuyen al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Encargado del Despacho, Director Técnico y Encargado del Área de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, los anteriores con sede en esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no obra el informe justificado del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, ni el acuse de recibo del oficio remitido a dicha autoridad responsable, mediante el cual se le requirió el citado informe. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija las diez horas con veinte minutos del trece de junio de dos mil diecisiete, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número "9" Norte; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. *eam

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