Margarita Colorado Ramírez
Expediente 815/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Margarita Colorado Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de garantías, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase al Juez responsable las copias certificadas del expediente 550/2013, que remitió como justificación a su informe de ley. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, determinación que causó ejecutoria con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se trata de un asunto de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento original, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de garantías, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase al Juez responsable las copias certificadas del expediente 550/2013, que remitió como justificación a su informe de ley. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, determinación que causó ejecutoria con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se trata de un asunto de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento original, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
V I S T O, para resolver el juicio de amparo 815/2018-IV, promovido por Margarita Colorado Ramírez, por conducto de su endosatario en procuración Juan Paulo Romero Lozoya, contra el acto que reclama del Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Margarita Colorado Ramírez, por conducto de su endosatario en procuración Juan Paulo Romero Lozoya, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y acto que hicieron consistir en: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS: C. Juez Segundo Civil, con domicilio conocido en esta Ciudad Capital. IV. ACTO RECLAMADO. Resolución dictada del Recurso de Revocación de fecha 26 de Junio del 2018, promovido por la parte demandada dentro del expediente 550/2013 del Juzgado segundo civil.". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La impetrante del amparo señala que se viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver este juicio de amparo conforme a los artículos 1°, 103, fracción I y 107 fracción III, b), de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos primero, fracción IX y cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, ya que de las constancias que el Juez responsable remitió como justificación de sus actos se advierte que la interlocutoria de veintiséis de junio del año en curso, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, se notificó a la ahora quejosa, por conducto de su endosatario en procuración, el veintiocho del mismo mes y año, por cédula, tal como se advierte de la razón actuarial que obra a fojas quinientos noventa del cuaderno de pruebas que obra por separado; notificación que surtió efectos al día siguiente en términos de lo dispuesto por el artículo 1075, segundo párrafo, del Código de Comercio (que es la legislación que rige el procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil del que deriva la resolución reclamada), es decir, el veintinueve de junio del indicado año. En esas condiciones, es incuestionable que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el aludido plazo de quince días empezó a correr al día hábil siguiente a ésta data, es decir, el dos de julio de dos mil dieciocho, y concluyó el seis de agosto del mismo año, sin contar los días siete, ocho, catorce y quince de julio, cuatro y cinco de agosto, todos de dos mil dieciocho, por ser sábados y domingos y, por ende inhábiles, de acuerdo con lo dispuesto por el ordinal 19 de la citada legislación; así como el día dieciocho de julio del indicado año en que la autoridad responsable suspendió labores con motivo del aniversario luctuoso de Benito Juárez García, y del veintitrés de julio al tres de agosto del año que transcurre, que correspondió al segundo periodo vacacional de los servidores del Poder Judicial del Estado. Norma lo anterior, la jurisprudencia 3a. 44, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Octubre-Diciembre de 1989, página 60, que dice: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DIAS INHABILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos.". Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el seis de agosto del año en curso, tal como se advierte de la boleta de turno que obra a foja uno de los presentes autos, se concluye que su presentación resultó oportuna, puesto que se realizó el último día del plazo con que contaba para tal efecto. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Tomando en cuenta que la congruencia de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo es una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se precisa el acto reclamado. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, el Juez de Distrito debe corregirlo a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: La interlocutoria de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 550/2013, mediante el cual se declaró procedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho y, al efecto se revocó dicho proveído. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó dicha autoridad la rendir su informe justificado; por tanto, debe tenerse por probado plenamente dicho acto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice dos mil, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado la aludida autoridad responsable, consistentes en copia fotostáticas certificada del aludido juicio ejecutivo mercantil 550/2013, en el que obra la resolución reclamada. Documental que al tener el carácter de pública se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del presente asunto se estima pertinente señalar los antecedentes más relevantes de la resolución reclamada, los cuales son los siguientes: 1. Margarita Colorado Ramírez, (ahora quejosa), por conducto de su endosatario en procuración, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandó a María Graciela Aguilar Bravo y a Fidel Chiñas Salud (aquí terceros interesados), por el cumplimiento de las siguientes prestaciones: ".a) El pago de la cantidad de $246,000.00 (Doscientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), importe del documento base de la acción denominado PAGARÉ. b) El pago de los intereses moratorios vencidos a razón del 5% mensual, y que se sigan venciendo hasta la total liquidación del presente asunto. c) El pago de los gastos y costas que la tramitación del presente negocio legalmente origine.". (foja 3 a 5 del cuaderno de pruebas que obra por separado). 2. En auto de doce de abril de dos mil trece, la Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad admitió la demanda en la vía y forma propuesta, registrándola bajo el número de expediente 550/2013; ordenó requerir a los demandados por el pago de las prestaciones reclamadas o en su defecto por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes a garantizarlas, y de no hacer una u otra cosa, se trabara embargo sobre bienes de su propiedad. Asimismo, ordenó emplazar a dichos demandados (foja 7 a 9). 3. El ocho de mayo del indicado año se llevó a cabo el requerimiento ordenado, sin que los demandados hubieran realizado el pago de las prestaciones reclamadas, ni señalaron bienes de su propiedad para garantizarlas, por lo que, en uso de la voz, la parte actora señaló para embargo el inmueble ubicado en la calle Prolongación Víctor Rosales sin número Colonia Tequisquiapan de esta ciudad (fojas 10 y 13). 4. Seguido el juicio por sus demás fases legales, el diez de abril de dos mil catorce, se dictó la sentencia respectiva, en la que se declaró que la actora acreditó su acción y los demandados fueron juzgados en rebeldía; en consecuencia, se condenó a éstos al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 84 a 87) 5. Posteriormente, por auto de treinta de mayo de dos mil catorce, a petición de la parte actora, se requirió a los demandados para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria dictada en su contra; apercibidos que en caso de no hacerlo dentro de dicho plazo se haría trance y remate del bien inmueble embargado y con su producto pago a la actora (foja 96). 6. En virtud de que la parte demandada no dio cumplimiento voluntario a la sentencia dictada en su contra, por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó sacar a remate, en primera almoneda, el bien embargado; asimismo, se ordenó notificar, por medio de edictos, a los diversos acreedores Juvencio Domínguez Martínez, Fernando Recobos Ruiz y Caja Real del Potosí, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, el estado de ejecución del juicio y la fecha del remate, sin que hubieran comparecido al mismo (foja 313). 7. Así las cosas, el cuatro de mayo del año próximo pasado, se celebró la almoneda de remate, a la que compareció como postor Pablo Recobos Ruiz, quien presentó su postura, misma que se hizo del conocimiento de la parte actora, quien manifestó estar de acuerdo con dicha postura; solicitando Recobos Ruiz se citara para resolver sobre la adjudicación (foja 330 a 352) 8. Mediante interlocutoria de doce de mayo de dos mil diecisiete, se declaró aprobada la adjudicación a favor de Pablo Recobos Ruiz (Foja 353 a 362). 9. Por auto de veintiuno de junio del año en cita, se ordenó requerir a las acreedores antes referidos para que dentro del plazo de siete días acreditaran la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible que garantice su crédito, apercibidos que de no hacerlo así se procedería a acordar lo que en derecho corresponda respecto al pago de las prestaciones a que fueron condenados los demandados, con el producto de la venta judicial; sin que lo hubieran hecho, por lo que por auto de once de julio del año próximo pasado, se hizo efectivo el apercibimiento de que se trata y por perdido el derecho que pudieron haber hecho valer en tiempo. En esa virtud, se ordenó entregar a la actora el producto de la venta del bien inmueble rematado (fojas 417 y 424). 10. Una vez liquidada la condena decretada en la sentencia, por acuerdo de quince de agosto del indicado año, se requirió a los demandados para que dieran cumplimiento al pago de la cantidad de $670,690.00 (seiscientos setenta mil seiscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) o bien señalaran bienes de su propiedad suficiente para garantizarlo, apercibidos que de no hacer una u otra cosa se embargarían bienes de su propiedad (foja 433). 11. Posteriormente, el veintidós de agosto del año próximo pasado, María Magdalena Armida Campos Silva, en su carácter de titular de los derechos litigiosos que le cedió el diverso acreedor Juvencio Domínguez Martínez, promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó el referido auto de veintidós de marzo, la interlocutoria de doce de mayo y los proveídos de veintiuno de junio y once de julio, todos de dos mil diecisiete, precisados en los puntos 6 a 9 que anteceden, del que conoció este Juzgado Sexto de Distrito en el Estrado, bajo el juicio de amparo 871/2017, y mediante sentencia pronunciada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, en auxilio de las labores de este juzgado, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que la Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad: ".1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 550/2013. 2. Deje sin efectos todo lo actuado con posterioridad al acuerdo referido en el numeral anterior. 3. Notifique personalmente a Juvencio Martínez Domínguez, o quien ostente los derechos litigiosos establecidos en el juicio 1069/2007, del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de San Luis Potosí". (fojas 490 del anexo de origen y 298 del juicio de amparo 871/2017-IV, que obra por separado). 12. Inconforme con esa sentencia la tercero interesada Margarita Colorado Ramírez, (actora en el juicio de origen), interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual confirmó el fallo recurrido mediante ejecutoria de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. 13. En diligencia practicada el veinticinco de abril del año que transcurre se requirió a los demandados de mérito por el pago de la referida cantidad de $670,690.00 (seiscientos setenta mil seiscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin que lo hubieran hecho, reservándose la parte actora el derecho de señalar bienes para embargo (fojas 556 y 557). 14. En esa virtud, mediante ocurso presentado ante el Juzgado responsable el veintiséis de abril del año en curso, la parte accionante señaló para embargo la pensión que reciben los demandados por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitando se girara oficio a dicha dependencia para los fines consiguientes (foja 560). 15. Por auto de veintidós de mayo de la presente anualidad, se tuvo a la parte actora por señalando para embargo las pensiones de que se trata y, al efecto, se ordenó girar oficio a la dependencia denominada "PENSIONISSSTE", a fin de que realizara el descuento del 30% del excedente del salario mínimo que obtienen cada uno de los demandados respecto de la pensión que reciben por parte del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, poniéndolo a disposición de ese Juzgado (foja 561). 16. Inconforme con esa determinación los demandados María Graciela Aguilar Bravo y Fidel Chiñas Salud promovieron recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la que se determinó revocar el auto impugnado (fojas 580 a 587). Dicha interlocutoria constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Improcedencia del juicio. No obstante la certeza del acto reclamado en comento, por cuestión de técnica jurídica se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la Jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página quinientos cincuenta y tres, que indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación a la resolución reclamada en el presente juicio constitucional, se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al citado dispositivo legal, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló con antelación, la solicitante de la tutela constitucional reclama la interlocutoria de veintiséis de junio de la presente anualidad, dictada por el Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 550/2013, a través de la cual revocó el auto de veintidós de mayo del indicado año, en el que se tuvo a la parte actora por señalando para embargo las pensiones que perciben los demandados y, al efecto, se ordenó girar oficio a la dependencia denominada "PENSIONISSSTE", a fin de que realizara el descuento del 30% del excedente del salario mínimo que obtienen cada uno de los demandados de mérito respecto de la pensión que reciben por parte del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, poniéndolo a disposición de ese Juzgado. Ahora bien, como se señaló en el capítulo de antecedentes, los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión principal civil 102/2018, confirmaron la sentencia dictada en el juicio de amparo 871/2017-IV, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, en las que se determinó dejar insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 550/2013, (del que también deriva la resolución reclamada en el presente juicio de amparo 815/2018-IV), así como dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad al dictado de dicho acuerdo; ello, en los siguientes términos: ".1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 550/2013. 2. Deje sin efectos todo lo actuado con posterioridad al acuerdo referido en el numeral anterior. 3. Notifique personalmente a Juvencio Martínez Domínguez, o a quien ostente los derechos litigiosos establecidos en el juicio 1069/2007, del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de San Luis Potosí". Lo anterior se corrobora con el testimonio de la ejecutoria de mérito que obra agregada al citado juicio de amparo 871/2017-IV, del índice de este juzgado, mismo que en este momento se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio para el suscrito; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. El hecho notorio invocado se sustenta en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Así como en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, que dispone: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez Segundo del Ramo Civil de esa ciudad, por auto de tres de septiembre de la presente anualidad, en lo que aquí interesa, determinó lo siguiente: ".toda vez que se concedió el Amparo a la C. MARÍA MAGDALENA ARMIDA CAMPOS se deja insubsistente el acuerdo dictado en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio 550/2013 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JORGE ARTURO CANTU PEREZ y JUAN CARLOS ROMERO LOZOYA en su carácter de endosatarios en procuración de MARGARITA COLORADO RAMIREZ en contra de MARIA GRACIELA AGUILAR BRAVO y FIDEL CHIÑAS SALUD. Asimismo, se deja sin efecto todo lo actuado con posterioridad al acuerdo referido en el párrafo anterior,." (foja 585 del aludido juicio de amparo 871/2017-IV). En este orden de ideas, se aprecia que en virtud del fallo protector de que se viene hablando se dejó insubsistente el auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 550/2013, génesis de los actos aquí reclamados, así como todo lo actuado con posterioridad, entre los que se encuentra la interlocutoria de veintiséis de junio de la presente anualidad, que se reclama en esta instancia constitucional, lo que origina que han cesado los efectos de la misma, de lo que se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada y por ende, debe de sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de la Materia. Finalmente, debe decirse que al sobreseerse en el presente juicio de amparo, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, y por ende, de los conceptos de violación propuestos en esta instancia constitucional, tal como se ha establecido en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 302 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Si el sobreseimiento es la resolución judicial por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión del fondo de la controversia, resulta indudable que la procedencia de aquél impide la decisión que conceda o niegue el amparo, esto es, sin estudiar los conceptos de violación. Luego, si la materia de tales conceptos alude al reclamo de ser lanzado el quejoso de una finca violándose con ello la garantía de audiencia, en tanto que el juzgador argumenta que aquél fue oído y vencido por conducto de su causante por tratarse de un subarrendatario, es indudable que tal conclusión necesariamente se refiere a la materia de fondo y posiblemente a la negativa del amparo, pero no a fundar la sentencia de sobreseimiento." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 815/2018-IV, promovido por MARGARITA COLORADO RAMÍREZ, por conducto de su endosatario en procuración Juan Paulo Romero Lozoya, contra el acto que reclama de la Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, el cual quedó precisado en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS, LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"V I S T O, para resolver el juicio de amparo 815/2018-IV, promovido por Margarita Colorado Ramírez, por conducto de su endosatario en procuración Juan Paulo Romero Lozoya, contra el acto que reclama del Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Margarita Colorado Ramírez, por conducto de su endosatario en procuración Juan Paulo Romero Lozoya, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y acto que hicieron consistir en: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS: C. Juez Segundo Civil, con domicilio conocido en esta Ciudad Capital. IV. ACTO RECLAMADO. Resolución dictada del Recurso de Revocación de fecha 26 de Junio del 2018, promovido por la parte demandada dentro del expediente 550/2013 del Juzgado segundo civil.". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La impetrante del amparo señala que se viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver este juicio de amparo conforme a los artículos 1°, 103, fracción I y 107 fracción III, b), de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos primero, fracción IX y cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, ya que de las constancias que el Juez responsable remitió como justificación de sus actos se advierte que la interlocutoria de veintiséis de junio del año en curso, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, se notificó a la ahora quejosa, por conducto de su endosatario en procuración, el veintiocho del mismo mes y año, por cédula, tal como se advierte de la razón actuarial que obra a fojas quinientos noventa del cuaderno de pruebas que obra por separado; notificación que surtió efectos al día siguiente en términos de lo dispuesto por el artículo 1075, segundo párrafo, del Código de Comercio (que es la legislación que rige el procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil del que deriva la resolución reclamada), es decir, el veintinueve de junio del indicado año. En esas condiciones, es incuestionable que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el aludido plazo de quince días empezó a correr al día hábil siguiente a ésta data, es decir, el dos de julio de dos mil dieciocho, y concluyó el seis de agosto del mismo año, sin contar los días siete, ocho, catorce y quince de julio, cuatro y cinco de agosto, todos de dos mil dieciocho, por ser sábados y domingos y, por ende inhábiles, de acuerdo con lo dispuesto por el ordinal 19 de la citada legislación; así como el día dieciocho de julio del indicado año en que la autoridad responsable suspendió labores con motivo del aniversario luctuoso de Benito Juárez García, y del veintitrés de julio al tres de agosto del año que transcurre, que correspondió al segundo periodo vacacional de los servidores del Poder Judicial del Estado. Norma lo anterior, la jurisprudencia 3a. 44, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Octubre-Diciembre de 1989, página 60, que dice: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DIAS INHABILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos.". Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el seis de agosto del año en curso, tal como se advierte de la boleta de turno que obra a foja uno de los presentes autos, se concluye que su presentación resultó oportuna, puesto que se realizó el último día del plazo con que contaba para tal efecto. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Tomando en cuenta que la congruencia de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo es una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se precisa el acto reclamado. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, el Juez de Distrito debe corregirlo a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: La interlocutoria de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 550/2013, mediante el cual se declaró procedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho y, al efecto se revocó dicho proveído. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó dicha autoridad la rendir su informe justificado; por tanto, debe tenerse por probado plenamente dicho acto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice dos mil, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado la aludida autoridad responsable, consistentes en copia fotostáticas certificada del aludido juicio ejecutivo mercantil 550/2013, en el que obra la resolución reclamada. Documental que al tener el carácter de pública se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del presente asunto se estima pertinente señalar los antecedentes más relevantes de la resolución reclamada, los cuales son los siguientes: 1. Margarita Colorado Ramírez, (ahora quejosa), por conducto de su endosatario en procuración, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandó a María Graciela Aguilar Bravo y a Fidel Chiñas Salud (aquí terceros interesados), por el cumplimiento de las siguientes prestaciones: ".a) El pago de la cantidad de $246,000.00 (Doscientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), importe del documento base de la acción denominado PAGARÉ. b) El pago de los intereses moratorios vencidos a razón del 5% mensual, y que se sigan venciendo hasta la total liquidación del presente asunto. c) El pago de los gastos y costas que la tramitación del presente negocio legalmente origine.". (foja 3 a 5 del cuaderno de pruebas que obra por separado). 2. En auto de doce de abril de dos mil trece, la Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad admitió la demanda en la vía y forma propuesta, registrándola bajo el número de expediente 550/2013; ordenó requerir a los demandados por el pago de las prestaciones reclamadas o en su defecto por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes a garantizarlas, y de no hacer una u otra cosa, se trabara embargo sobre bienes de su propiedad. Asimismo, ordenó emplazar a dichos demandados (foja 7 a 9). 3. El ocho de mayo del indicado año se llevó a cabo el requerimiento ordenado, sin que los demandados hubieran realizado el pago de las prestaciones reclamadas, ni señalaron bienes de su propiedad para garantizarlas, por lo que, en uso de la voz, la parte actora señaló para embargo el inmueble ubicado en la calle Prolongación Víctor Rosales sin número Colonia Tequisquiapan de esta ciudad (fojas 10 y 13). 4. Seguido el juicio por sus demás fases legales, el diez de abril de dos mil catorce, se dictó la sentencia respectiva, en la que se declaró que la actora acreditó su acción y los demandados fueron juzgados en rebeldía; en consecuencia, se condenó a éstos al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 84 a 87) 5. Posteriormente, por auto de treinta de mayo de dos mil catorce, a petición de la parte actora, se requirió a los demandados para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria dictada en su contra; apercibidos que en caso de no hacerlo dentro de dicho plazo se haría trance y remate del bien inmueble embargado y con su producto pago a la actora (foja 96). 6. En virtud de que la parte demandada no dio cumplimiento voluntario a la sentencia dictada en su contra, por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó sacar a remate, en primera almoneda, el bien embargado; asimismo, se ordenó notificar, por medio de edictos, a los diversos acreedores Juvencio Domínguez Martínez, Fernando Recobos Ruiz y Caja Real del Potosí, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, el estado de ejecución del juicio y la fecha del remate, sin que hubieran comparecido al mismo (foja 313). 7. Así las cosas, el cuatro de mayo del año próximo pasado, se celebró la almoneda de remate, a la que compareció como postor Pablo Recobos Ruiz, quien presentó su postura, misma que se hizo del conocimiento de la parte actora, quien manifestó estar de acuerdo con dicha postura; solicitando Recobos Ruiz se citara para resolver sobre la adjudicación (foja 330 a 352) 8. Mediante interlocutoria de doce de mayo de dos mil diecisiete, se declaró aprobada la adjudicación a favor de Pablo Recobos Ruiz (Foja 353 a 362). 9. Por auto de veintiuno de junio del año en cita, se ordenó requerir a las acreedores antes referidos para que dentro del plazo de siete días acreditaran la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible que garantice su crédito, apercibidos que de no hacerlo así se procedería a acordar lo que en derecho corresponda respecto al pago de las prestaciones a que fueron condenados los demandados, con el producto de la venta judicial; sin que lo hubieran hecho, por lo que por auto de once de julio del año próximo pasado, se hizo efectivo el apercibimiento de que se trata y por perdido el derecho que pudieron haber hecho valer en tiempo. En esa virtud, se ordenó entregar a la actora el producto de la venta del bien inmueble rematado (fojas 417 y 424). 10. Una vez liquidada la condena decretada en la sentencia, por acuerdo de quince de agosto del indicado año, se requirió a los demandados para que dieran cumplimiento al pago de la cantidad de $670,690.00 (seiscientos setenta mil seiscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) o bien señalaran bienes de su propiedad suficiente para garantizarlo, apercibidos que de no hacer una u otra cosa se embargarían bienes de su propiedad (foja 433). 11. Posteriormente, el veintidós de agosto del año próximo pasado, María Magdalena Armida Campos Silva, en su carácter de titular de los derechos litigiosos que le cedió el diverso acreedor Juvencio Domínguez Martínez, promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó el referido auto de veintidós de marzo, la interlocutoria de doce de mayo y los proveídos de veintiuno de junio y once de julio, todos de dos mil diecisiete, precisados en los puntos 6 a 9 que anteceden, del que conoció este Juzgado Sexto de Distrito en el Estrado, bajo el juicio de amparo 871/2017, y mediante sentencia pronunciada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, en auxilio de las labores de este juzgado, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que la Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad: ".1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 550/2013. 2. Deje sin efectos todo lo actuado con posterioridad al acuerdo referido en el numeral anterior. 3. Notifique personalmente a Juvencio Martínez Domínguez, o quien ostente los derechos litigiosos establecidos en el juicio 1069/2007, del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de San Luis Potosí". (fojas 490 del anexo de origen y 298 del juicio de amparo 871/2017-IV, que obra por separado). 12. Inconforme con esa sentencia la tercero interesada Margarita Colorado Ramírez, (actora en el juicio de origen), interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual confirmó el fallo recurrido mediante ejecutoria de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. 13. En diligencia practicada el veinticinco de abril del año que transcurre se requirió a los demandados de mérito por el pago de la referida cantidad de $670,690.00 (seiscientos setenta mil seiscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin que lo hubieran hecho, reservándose la parte actora el derecho de señalar bienes para embargo (fojas 556 y 557). 14. En esa virtud, mediante ocurso presentado ante el Juzgado responsable el veintiséis de abril del año en curso, la parte accionante señaló para embargo la pensión que reciben los demandados por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitando se girara oficio a dicha dependencia para los fines consiguientes (foja 560). 15. Por auto de veintidós de mayo de la presente anualidad, se tuvo a la parte actora por señalando para embargo las pensiones de que se trata y, al efecto, se ordenó girar oficio a la dependencia denominada "PENSIONISSSTE", a fin de que realizara el descuento del 30% del excedente del salario mínimo que obtienen cada uno de los demandados respecto de la pensión que reciben por parte del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, poniéndolo a disposición de ese Juzgado (foja 561). 16. Inconforme con esa determinación los demandados María Graciela Aguilar Bravo y Fidel Chiñas Salud promovieron recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la que se determinó revocar el auto impugnado (fojas 580 a 587). Dicha interlocutoria constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Improcedencia del juicio. No obstante la certeza del acto reclamado en comento, por cuestión de técnica jurídica se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la Jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página quinientos cincuenta y tres, que indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación a la resolución reclamada en el presente juicio constitucional, se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al citado dispositivo legal, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló con antelación, la solicitante de la tutela constitucional reclama la interlocutoria de veintiséis de junio de la presente anualidad, dictada por el Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 550/2013, a través de la cual revocó el auto de veintidós de mayo del indicado año, en el que se tuvo a la parte actora por señalando para embargo las pensiones que perciben los demandados y, al efecto, se ordenó girar oficio a la dependencia denominada "PENSIONISSSTE", a fin de que realizara el descuento del 30% del excedente del salario mínimo que obtienen cada uno de los demandados de mérito respecto de la pensión que reciben por parte del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, poniéndolo a disposición de ese Juzgado. Ahora bien, como se señaló en el capítulo de antecedentes, los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión principal civil 102/2018, confirmaron la sentencia dictada en el juicio de amparo 871/2017-IV, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, en las que se determinó dejar insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 550/2013, (del que también deriva la resolución reclamada en el presente juicio de amparo 815/2018-IV), así como dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad al dictado de dicho acuerdo; ello, en los siguientes términos: ".1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 550/2013. 2. Deje sin efectos todo lo actuado con posterioridad al acuerdo referido en el numeral anterior. 3. Notifique personalmente a Juvencio Martínez Domínguez, o a quien ostente los derechos litigiosos establecidos en el juicio 1069/2007, del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de San Luis Potosí". Lo anterior se corrobora con el testimonio de la ejecutoria de mérito que obra agregada al citado juicio de amparo 871/2017-IV, del índice de este juzgado, mismo que en este momento se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio para el suscrito; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. El hecho notorio invocado se sustenta en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Así como en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, que dispone: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez Segundo del Ramo Civil de esa ciudad, por auto de tres de septiembre de la presente anualidad, en lo que aquí interesa, determinó lo siguiente: ".toda vez que se concedió el Amparo a la C. MARÍA MAGDALENA ARMIDA CAMPOS se deja insubsistente el acuerdo dictado en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio 550/2013 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JORGE ARTURO CANTU PEREZ y JUAN CARLOS ROMERO LOZOYA en su carácter de endosatarios en procuración de MARGARITA COLORADO RAMIREZ en contra de MARIA GRACIELA AGUILAR BRAVO y FIDEL CHIÑAS SALUD. Asimismo, se deja sin efecto todo lo actuado con posterioridad al acuerdo referido en el párrafo anterior,." (foja 585 del aludido juicio de amparo 871/2017-IV). En este orden de ideas, se aprecia que en virtud del fallo protector de que se viene hablando se dejó insubsistente el auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 550/2013, génesis de los actos aquí reclamados, así como todo lo actuado con posterioridad, entre los que se encuentra la interlocutoria de veintiséis de junio de la presente anualidad, que se reclama en esta instancia constitucional, lo que origina que han cesado los efectos de la misma, de lo que se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada y por ende, debe de sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de la Materia. Finalmente, debe decirse que al sobreseerse en el presente juicio de amparo, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, y por ende, de los conceptos de violación propuestos en esta instancia constitucional, tal como se ha establecido en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 302 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Si el sobreseimiento es la resolución judicial por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión del fondo de la controversia, resulta indudable que la procedencia de aquél impide la decisión que conceda o niegue el amparo, esto es, sin estudiar los conceptos de violación. Luego, si la materia de tales conceptos alude al reclamo de ser lanzado el quejoso de una finca violándose con ello la garantía de audiencia, en tanto que el juzgador argumenta que aquél fue oído y vencido por conducto de su causante por tratarse de un subarrendatario, es indudable que tal conclusión necesariamente se refiere a la materia de fondo y posiblemente a la negativa del amparo, pero no a fundar la sentencia de sobreseimiento." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 815/2018-IV, promovido por MARGARITA COLORADO RAMÍREZ, por conducto de su endosatario en procuración Juan Paulo Romero Lozoya, contra el acto que reclama de la Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, el cual quedó precisado en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente."
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