MARCOS LORENZO AZAN TOLEDO y Otros.
Expediente 606/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- MARCOS LORENZO AZAN TOLEDO y Otros.
- Marcos Lorenzo Azan Toledo
- Titular de las Oficinas de Representacion del Instituto Nacional de Migracion En el Estado de San Luis Potosi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el nueve de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta, toda vez que mediante acuerdo de nueve de junio del presente año, sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de junio de dos mil veintidós. Recepción de informe. Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de siete de junio de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que adjunto a su informe de cuenta. Estado de autos. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el presente asunto se reclama: ".V. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: Que el lunes 9 de mayo del año 2022, aproximadamente en horario de la 8 de la mañana, fuimos detenidos de manera ilegal por elementos del Instituto Nacional de Migración en un Reten en el Estado de San Luis Potosí y luego trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de San Luis Potosí, SOLICITAMOS SE NOS CONCEDA INMEDIATA LIBERTAD, DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO PODEMOS SER ARRESTADOS POR MAS DE TREINTA Y SEIS HORAS POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SIN HABER COMETIDO NINGUNA ACCIÓN DELICTIVA, SIN HABER LLEVADO A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ORDENE DE MANERA FUNDADA LA RAZÓN DEL ARRESTO. ESTAMOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y/O ARRESTADOS, EMANADO DE UNA EVENTUAL SITUACIÓN IRREGULAR EN ESTA ESTACIÓN MIGRATORIA DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS, 128, 164 DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TRATARSE DE UNA DETENCIÓN EFECTUADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS DEL MINISTERIO PUBLICO (AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN), QUE NO TENGA RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, LA SUSPENSIÓN TENDRÁ COMO EFECTO QUE LOS SUSCRITOS SEAMOS PUESTOS EN INMEDIATA LIBERTAD. PETICIONAMOS NO SE FIJE GARANTÍA, EN VIRTUD QUE NO ESTAMOS EN CONDICIONES DE EROGAR CANTIDADES DE DINERO POR ESTAR ALOJADOS EN ESTA ESTACIÓN MIGRATORIA, NO TENEMOS INGRESOS ECONÓMICOS, EN VIRTUD DE NO CONTAR CON FAMILIARES Y AMIGOS EN ESTA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LO QUE ESTAMOS IMPOSIBILITADOS PARA SUFRAGAR LA CANTIDAD QUE SE ESTABLECIERA COMO REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, POR CAUSAS AJENAS A ESTE, SE HARÍA NUGATORIA LA MEDIDA CAUTELAR QUE SE ME PUDIERA OTORGAR." Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Caso concreto. Por medio del oficio INM/ORSLP/DAJ/0721/V/2022, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, informó a este órgano jurisdiccional que los aquí quejosos (I) Marcos Lorenzo Azant Toledo, (II) Amaury Rodríguez Collazo, (III) Artemio Oscar Campos Dupuig, (IV) Miguel Pérez Concepción y (V) Saibel Gago Acosta; de nacionalidad Cubana, fueron puestos en libertad el catorce de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, el treinta de mayo del año en curso certificó que los referidos quejosos no comparecieron a firmar en cumplimiento a la custodia provisional ordenada. En consecuencia, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictó acuerdo de conclusión, toda vez que los quejosos se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de dicho procedimiento administrativo migratorio, determinando que estos últimos respectivamente se tuvieran por concluidos. En efecto, del anexo que acompañó en copia certificada la autoridad oficiante, se advierte que se certificaron las conclusiones de los procedimientos administrativos migratorios instruidos a los aquí quejosos. Ahora bien, del oficio INM/ORSLP/DAJ/0773/VI/2022, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y de las constancias que obran en autos se advierte que el diverso quejoso (VI) Yonathan Perez Garit; de nacionalidad Cubana, fue puesto en libertad el catorce de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, el treinta de mayo del año en curso certificó que el referido quejoso no compareció a firmar en cumplimiento a la custodia provisional ordenada. En consecuencia, dictó acuerdo de conclusión, toda vez que el quejoso se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de los procedimientos administrativos migratorios 2334, 2335, 2336, 2337, 2338 y 2339, determinando que se tuvieran por concluidos. En efecto, de los anexos que acompañó en copia certificada la autoridad oficiante, se advierte que se certificó la conclusión de los procedimientos administrativos migratorios instruidos a los referidos quejosos. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que los quejosos (I) Marcos Lorenzo Azan Toledo, (II) Amaury Rodríguez Collazo, (III) Artemio Oscar Campos Dupuig, (IV) Miguel Pérez Concepción, (V) Saibel Gago Acosta y VI) Yonathan Perez Garit, quedaron en libertad y en virtud de ello se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí; lo que dio origen a que se dictara un acuerdo en el que se determinó tener concluidos los procedimientos administrativos migratorios seguidos a dichos quejosos. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraban ha sido sustituida por las nuevas determinaciones emitidas el treinta y uno de mayo del año en curso, en los respectivos procedimientos administrativos migratorios, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tales procedimientos, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efectos la fecha y hora señalada para las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que, por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se concedió a los quejosos la suspensión de plano, asimismo que dicha medida se encontraba condicionada siempre y cuando los quejosos cumplieran los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: "[.] Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuara habiéndolo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, los quejosos deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible, como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sean requerido para ello. b) Adicionalmente, deberán presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezca un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias de los quejosos con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que los quejosos realicen la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, o bien hagan del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberán proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito su domicilio en donde residirán en esta ciudad, a efecto de que se les pueda practicar las citaciones respectivas. En el entendido de que los quejosos no podrán ausentarse de esta ciudad, sin previa autorización de este órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna." De ahí que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedaría sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados. Lo anterior, se notificó a la parte quejosa de forma personal el trece de mayo de este año. A la fecha el quejoso Yonathan Perez Garit, no ha cumplido con las medidas impuestas; asimismo, no ha señalado el domicilio en el cual habitaran en esta ciudad. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, ante la falta de cumplimiento del quejoso Yonathan Perez Garit a la obligación que debía cumplir para que siguiera surtiendo efectos la suspensión de plano decretada en autos, se deja sin efecto dicha medida cautelar. Conocimiento de autoridades. Mediante oficio que se gire, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de junio de dos mil veintidós. Recepción de informe. Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de siete de junio de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que adjunto a su informe de cuenta. Estado de autos. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el presente asunto se reclama: ".V. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: Que el lunes 9 de mayo del año 2022, aproximadamente en horario de la 8 de la mañana, fuimos detenidos de manera ilegal por elementos del Instituto Nacional de Migración en un Reten en el Estado de San Luis Potosí y luego trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de San Luis Potosí, SOLICITAMOS SE NOS CONCEDA INMEDIATA LIBERTAD, DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO PODEMOS SER ARRESTADOS POR MAS DE TREINTA Y SEIS HORAS POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SIN HABER COMETIDO NINGUNA ACCIÓN DELICTIVA, SIN HABER LLEVADO A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ORDENE DE MANERA FUNDADA LA RAZÓN DEL ARRESTO. ESTAMOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y/O ARRESTADOS, EMANADO DE UNA EVENTUAL SITUACIÓN IRREGULAR EN ESTA ESTACIÓN MIGRATORIA DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS, 128, 164 DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TRATARSE DE UNA DETENCIÓN EFECTUADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS DEL MINISTERIO PUBLICO (AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN), QUE NO TENGA RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, LA SUSPENSIÓN TENDRÁ COMO EFECTO QUE LOS SUSCRITOS SEAMOS PUESTOS EN INMEDIATA LIBERTAD. PETICIONAMOS NO SE FIJE GARANTÍA, EN VIRTUD QUE NO ESTAMOS EN CONDICIONES DE EROGAR CANTIDADES DE DINERO POR ESTAR ALOJADOS EN ESTA ESTACIÓN MIGRATORIA, NO TENEMOS INGRESOS ECONÓMICOS, EN VIRTUD DE NO CONTAR CON FAMILIARES Y AMIGOS EN ESTA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LO QUE ESTAMOS IMPOSIBILITADOS PARA SUFRAGAR LA CANTIDAD QUE SE ESTABLECIERA COMO REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, POR CAUSAS AJENAS A ESTE, SE HARÍA NUGATORIA LA MEDIDA CAUTELAR QUE SE ME PUDIERA OTORGAR." Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Caso concreto. Por medio del oficio INM/ORSLP/DAJ/0721/V/2022, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, informó a este órgano jurisdiccional que los aquí quejosos (I) Marcos Lorenzo Azant Toledo, (II) Amaury Rodríguez Collazo, (III) Artemio Oscar Campos Dupuig, (IV) Miguel Pérez Concepción y (V) Saibel Gago Acosta; de nacionalidad Cubana, fueron puestos en libertad el catorce de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, el treinta de mayo del año en curso certificó que los referidos quejosos no comparecieron a firmar en cumplimiento a la custodia provisional ordenada. En consecuencia, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictó acuerdo de conclusión, toda vez que los quejosos se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de dicho procedimiento administrativo migratorio, determinando que estos últimos respectivamente se tuvieran por concluidos. En efecto, del anexo que acompañó en copia certificada la autoridad oficiante, se advierte que se certificaron las conclusiones de los procedimientos administrativos migratorios instruidos a los aquí quejosos. Ahora bien, del oficio INM/ORSLP/DAJ/0773/VI/2022, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y de las constancias que obran en autos se advierte que el diverso quejoso (VI) Yonathan Perez Garit; de nacionalidad Cubana, fue puesto en libertad el catorce de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, el treinta de mayo del año en curso certificó que el referido quejoso no compareció a firmar en cumplimiento a la custodia provisional ordenada. En consecuencia, dictó acuerdo de conclusión, toda vez que el quejoso se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de los procedimientos administrativos migratorios 2334, 2335, 2336, 2337, 2338 y 2339, determinando que se tuvieran por concluidos. En efecto, de los anexos que acompañó en copia certificada la autoridad oficiante, se advierte que se certificó la conclusión de los procedimientos administrativos migratorios instruidos a los referidos quejosos. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que los quejosos (I) Marcos Lorenzo Azan Toledo, (II) Amaury Rodríguez Collazo, (III) Artemio Oscar Campos Dupuig, (IV) Miguel Pérez Concepción, (V) Saibel Gago Acosta y VI) Yonathan Perez Garit, quedaron en libertad y en virtud de ello se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí; lo que dio origen a que se dictara un acuerdo en el que se determinó tener concluidos los procedimientos administrativos migratorios seguidos a dichos quejosos. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraban ha sido sustituida por las nuevas determinaciones emitidas el treinta y uno de mayo del año en curso, en los respectivos procedimientos administrativos migratorios, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tales procedimientos, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efectos la fecha y hora señalada para las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que, por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se concedió a los quejosos la suspensión de plano, asimismo que dicha medida se encontraba condicionada siempre y cuando los quejosos cumplieran los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: "[.] Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuara habiéndolo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, los quejosos deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible, como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sean requerido para ello. b) Adicionalmente, deberán presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezca un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias de los quejosos con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que los quejosos realicen la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, o bien hagan del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberán proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito su domicilio en donde residirán en esta ciudad, a efecto de que se les pueda practicar las citaciones respectivas. En el entendido de que los quejosos no podrán ausentarse de esta ciudad, sin previa autorización de este órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna." De ahí que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedaría sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados. Lo anterior, se notificó a la parte quejosa de forma personal el trece de mayo de este año. A la fecha el quejoso Yonathan Perez Garit, no ha cumplido con las medidas impuestas; asimismo, no ha señalado el domicilio en el cual habitaran en esta ciudad. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, ante la falta de cumplimiento del quejoso Yonathan Perez Garit a la obligación que debía cumplir para que siguiera surtiendo efectos la suspensión de plano decretada en autos, se deja sin efecto dicha medida cautelar. Conocimiento de autoridades. Mediante oficio que se gire, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.
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