MARGARITA ALVAREZ VAZQUEZ y Otros.

Expediente 384/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
384/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • MARGARITA ALVAREZ VAZQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN TRES AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintisiete de mayo del año en curso. Pruebas. De conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Sobreseimiento. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que en la presente instancia constitucional, los directamente quejosos Margarita Álvarez Vázquez, Alejandro Barrera Almaguer y Juan Manuel Ponce de León Sarmiento, reclaman de las autoridades responsables: (i) Titular, (ii) Director de la Estación Migratoria y (iii) Director de Control y Verificación Migratoria, todos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, los siguientes actos: 1) La orden de deportación, retorno asistido y/o voluntario a su país de origen. 2) La detención y/o aseguramiento y/o prolongación del alojamiento temporal en la estación migratoria, así como su aseguramiento. 3) La incomunicación de que aducen son objeto. Lo anterior, derivado de que los aludidos inconformes fueron detenidos por Agentes Federales de Migración, y se encontraban alojados en la estación migratoria en esta ciudad. Precisado lo anterior, la suscrita considera que de las constancias que acompaña la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en razón de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, de las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, respecto de las cuales el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los documentos electrónicos respectivos son copia íntegra e inalterada del documento impreso, en términos de la fracción IV del artículo 3° del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que con fecha veintidós de abril del año en curso, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, adscrito a la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, emitió sendos acuerdos a través de los cuales tuvo por concluidos los procedimientos administrativos migratorios instruidos a los quejosos Margarita Álvarez Vázquez, Alejandro Barrera Almaguer y Juan Manuel Ponce de León Sarmiento, respectivamente, pues señaló que los aludidos extranjeros, nunca cumplieron con la obligación de firmar los días respectivos ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de dichos procedimientos administrativos migratorios. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que Margarita Álvarez Vázquez, Alejandro Barrera Almaguer y Juan Manuel Ponce de León Sarmiento, quedaron en libertad el tres y dos de abril de dos mil veintidós, respectivamente, y en virtud de que se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, con fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, se dictó en los procedimientos administrativos migratorios 1426, 1205 y 1201 (seguidos a dichos quejosos respectivamente), acuerdos en los que se determinó tener concluidos tales procedimientos. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraban ha sido sustituida por las nuevas determinaciones emitidas el veintidós de marzo del año en curso, en los procedimientos administrativos migratorios 1426, 1205 y 1201, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tales procedimientos, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se refiere a los actos reclamados por los quejosos Margarita Álvarez Vázquez, Alejandro Barrera Almaguer y Juan Manuel Ponce de León Sarmiento. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en atención a su contenido se provee: Requerimiento. Toda vez que la oficiante informa que dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio de los quejosos y siendo que de los anexos recibidos únicamente obran los de Juan Manuel Ponce de León Sarmiento y Alejandro Barrera Almaguer, no así el de la diversa quejosa Margarita Álvarez Vázquez; por tanto, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este esta determinación, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informe si también tuvo por concluido el procedimiento administrativo migratorio de Margarita Álvarez Vázquez, de ser así deberá remitir copia debidamente certificada de las constancias que acrediten dicha circunstancia. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio al Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Certificación y estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido del informe justificado con el que se dio vista mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, y manifiesten lo que a su derecho convenga; en consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar, se programan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma, incluso atendiendo a la saturación de la agenda de este juzgado. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano