Marcos Valdez Resendiz

Expediente 495/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
495/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
17/12/2018

Partes del expediente

  • Marcos Valdez Resendiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EN CINCO AÑOS. SIN QUE OBREN DOCUMENTOS EN EL MISMO NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE A LOS MISMOS COPIA DE ESTE ACUERDO.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo495/2018-VI, promovido por Marcos Valdez Reséndiz, contra actos de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado , Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Rioverde, San Luis Potosí, Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, Director General de la Policía Ministerial del Estado, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Rioverde, San Luis Potosí y Jefe de Grupo de Ejecución de Mandamientos Judiciales del Estado; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el catorce de mayo de dos mil dieciocho, la cual por razón de turno, fue remitida el quince del mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, Marcos Valdez Reséndiz por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades responsables y acto que de ellas reclama, que a continuación se precisan: "********************. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: MAGISTRADA Y MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. EJECUTORAS: JUEZ FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ (antes Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial). JUEZ REGIONAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO, ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado en Ríoverde, San Luis Potosí. Jefe de Grupo de ejecución de Mandamientos Judiciales, ciudad." IV.- ACTO RECLAMADO.- La INCONSTITUCIONAL ORDEN DE REAPREHENSIÓN contenida en la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca de Apelación 1836/2012, tal y como se lee a continuación: ""Y para dar cumplimiento a la anterior determinación, con fundamento en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la REAPREHENSIÓN DE MARCOS VALDEZ RESÉNDIZ, pues de manera lógica al dictarse sentencia absolutoria a su favor, se ordenó su inmediata libertad, resultando una consecuencia ineludible de la sentencia condenatoria que ahora se dicta pues de conformidad con lo previsto en el artículo 407, de la Ley Adjetiva de la Materia, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO que se imputa es de los considerados como grave y por tanto no permite su libertad provisional bajo caución."" Y su ejecución, respecto de las autoridades ejecutoras." SEGUNDO. Derechos humanos que la parte quejosa considera violados. La parte quejosa indicó como derechos humanos violados los reconocidos en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho). TERCERO. Trámite al juicio de amparo. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se tuvo como terceros interesados a Julia García Rodríguez y al representante social que interviene en el procedimiento penal respectivo; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede, en la que, entre otras cosas, se hizo constar que por auto de siete de junio de dos mil dieciocho se tuvo inexistente a la autoridad que el quejoso denominó Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, en Ríoverde, San Luis Potosí; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1º, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, en virtud de que se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La presentación de la demanda resultó oportuna, en términos de los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Luego, si en el caso, la notificación de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que contiene la orden de reaprehensión que se reclama, se hizo al día siguiente de su emisión por parte de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, esto es, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la misma surtió efectos el veintiséis siguiente. Por ende, el plazo transcurrió del veintisiete de abril citado al dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, sin contar los días, veintiocho y veintinueve de abril, uno, cinco, seis, doce y trece de mayo por ser inhábiles, sábados y domingos, respectivamente; lo anterior, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si la demanda de garantías se presentó el catorce de mayo de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que se hizo de manera oportuna. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias de autos, teniendo en cuenta que la intención del quejoso versa en torno a denotar que no podía ejecutarse una orden de reaprehensión en su contra -como de hecho ya se hizo-, cuando la resolución en que se emitió dicha orden aún no estaba firme -según su parecer- de modo que no era ejecutable. Y que esa orden se encuentra contenida en una sentencia definitiva, en la acepción del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. A fin de privilegiar, además su derecho de acceso a la justicia que dilucide el planteamiento que propone, se tiene como acto reclamado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, como autoridad responsable ordenadora y del Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, Director General de la Policía Ministerial del Estado y Jefe de Grupo de Ejecución de Mandamientos Judiciales del Estado como ejecutoras: La ejecución de la orden de reaprehensión contenida en la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada en el Toca de Apelación 1836/2012, del índice de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Lo que incluso también se determinó en el auto de admisión de la demanda de amparo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, por así haberlo manifestado al rendir su respectivo informe justificado. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Este precepto establece las hipótesis normativas para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia de los actos reclamados, a saber: 1) Cuando en los autos está claramente demostrado que no existen los actos reclamados. 2) Negados los actos reclamados por la autoridad responsable, no se prueba la existencia de éstos hasta la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior evidencia que el quejoso tiene la obligación -hasta la celebración de la audiencia constitucional- de ofrecer los medios probatorios que acreditan la certeza de los actos reclamados, negados por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, pues de lo contrario estos deberán declararse inexistentes y sobreseerse en el juicio. Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, porque si bien la simple negativa de las autoridades responsables no implica la inexistencia de los actos reclamados, lo cierto es que esa manifestación adminiculada con la falta de interés del quejoso en desvirtuarla, quien en todo caso es el interesado en que se resuelva la materia del amparo (actos reclamados), sí constituye un elemento suficiente para declarar la inexistencia de dichas actuaciones y decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional. En otras palabras, quien promueve una demanda de amparo tiene la carga -primero- de acreditar la existencia de los actos reclamados, ya sea a través de la aceptación por parte de las autoridades responsables al rendir su informe justificado, o bien, ante la negativa de éstas a través de los medios probatorios que considere necesarios; en segundo lugar, el quejoso debe justificar con pruebas la inconstitucionalidad de esas actuaciones. Entonces, cuando las autoridades responsables aceptan los actos reclamados, la carga de la prueba que corresponde al quejoso se centrará únicamente en acreditar la inconstitucionalidad de los actos. Por lo contrario, si las responsables niegan los actos reclamados -como en el caso del Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí-, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia de los actos reclamados, esto es, desacreditar la negativa de las autoridades y, enseguida, la inconstitucionalidad de aquéllos. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las tesis VI.2o. J/308 y VI.2o.A.4 K, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubros y contenidos son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En el caso, el quejoso no exhibió prueba alguna con la cual desvirtuara la negativa expuesta por las autoridades responsables, ni tampoco obra en autos alguna que evidencie la certeza de los actos reclamados, de ahí su inexistencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto del acto reclamado a la citada autoridad señalada como responsable Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Igual sentido merece respecto de las ejecutoras Director General de la Policía Ministerial del Estado y Jefe de Grupo de Ejecución de Mandamientos Judiciales del Estado, pues de las constancias que obran en el anexo tres de tres, relativo al presente juicio, se desprende el oficio 280/PME/ZM/2018 de diez de mayo de dos mil dieciocho, firmado por la diversa autoridad Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, en el que comunicó el cumplimiento de la orden de reaprehensión girada en contra del ahora quejoso, máxime que las primeras negaron el acto reclamado. (Foja 1177 anexo 3 de 3, 25 y 26 del expediente de amparo) QUINTO. Existencia del acto reclamado. Precisado lo anterior, procede verificar la certeza del acto reclamado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Es cierto el acto reclamado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, precisado en el considerando tercero de la presente determinación, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados. (Fojas 45 y 52) Tiene aplicación la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables en vía de justificación, consistentes en la resolución pronunciada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que contiene la orden de reaprehensión, misma que fue comunicada al Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial en Ríoverde, San Luis Potosí, para que en cumplimiento, dentro del proceso penal 111/2010, ordenara librar la orden de reaprehensión en contra del aludido quejoso, por ende, la ejecución que se atribuye a dichas responsables, deriva de que la primera le comunicó a la diversa el acto reclamado, quien a su vez ordenó -en auto- girar oficio al Subprocurador Regional de Justicia para la Zona Media, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, para el debido cumplimiento. Por tanto, a esas documentales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que su contenido se equipara al de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del Tomo VI, Común, Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, con el número de registro 394182, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Atento a la técnica que rige el juicio constitucional, previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse de oficio las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser ello una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se cita además, como apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página noventa y cinco, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en su alegato ministerial 325, solicita que se niegue el amparo y la protección constitucional, si se desprende que el acto reclamado se encuentra dictado conforme a derecho debidamente fundado y motivado, o bien, que se sobresea en el amparo si se advirtiera actualizada alguna de las causales de improcedencia referidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo o si no se probara la existencia del acto reclamado en términos del diverso ordinal 63, fracción IV de la propia legislación. (Foja 28). Sin embargo, en cuanto a las causales de sobreseimiento, el Fiscal no manifestó a cuál de las veintitrés que establece el numeral 61 de la Ley de Amparo se refiere y, al ser esto así, no se procede al estudio, pues ello equivaldría a suplir su deficiencia, no obstante que tiene la obligación de exponer las razones o motivos por los cuales considera que se actualiza alguna causa de improcedencia: Aunado a que este Juzgado no advierte que en el caso se actualice alguna y, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que el agente apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio, no es posible su estudio por no ser alguna de las que integran dicho artículo de la ley de la materia de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma. La anterior consideración encuentra sustento en el criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 2ª/J. 137/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, cuyo rubro y texto enseguida se transcriben: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Aunado a lo anterior, resulta procedente el presente juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la ejecución de una orden de reaprehensión, la cual afecta la libertad personal del inculpado, actualizándose de tal forma una excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción ********************, inciso b), de la Ley de Amparo. SÉPTIMO.- Estudio de fondo. Al no haberse hecho valer algún motivo de improcedencia, ni advertirse diverso de oficio por parte de este juzgado, se procede a estudiar los conceptos de violación, sin que para ello sea necesaria su transcripción, toda vez que ello no infringe de alguna manera los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En principio se destaca que el estudio del presente asunto se verificará con base en los siguientes antecedentes: Mediante oficio 1338/2010 de cinco de octubre de dos mil diez, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, consignó diligencias de averiguación previa con detenido, ejerciendo acción penal contra Marcos Valdez Reséndiz, ahora quejoso, por la comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Mediante resolución de ocho de octubre de dos mil diez, dictada dentro de los autos de la causa penal 111/2010, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, dictó auto de formal prisión contra Marcos Valdez Reséndiz, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos citados en el apartado anterior, fallo que fue confirmado en grado de apelación por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, mediante determinación de catorce de febrero de dos mil once, emitida dentro del Toca Penal 655/2010. Seguido por sus trámites legales el referido proceso penal, con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, se dictó sentencia condenatoria respecto del ahora quejoso, por resultar responsable en la comisión del delito de homicidio calificado y absolutoria por lo que se refiere al ilícito de homicidio en grado de tentativa, imponiéndosele en definitiva la pena de quince años de prisión y sanción pecuniaria por la cantidad de $16,341.00 (dieciséis mil trescientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Luego, con fecha siete de febrero de dos mil trece, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del Toca Penal 1836/12, dictó resolución en la que confirmó la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil doce. Inconforme con la determinación de siete de febrero de dos mil trece, el ahora quejoso promovió demanda de amparo, misma que fue admitida y radicada bajo el número de amparo directo 326/2016, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, y con fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió de igual forma el amparo adhesivo presentado por la tercero interesada Julia García Rodríguez (parte ofendida en el proceso de origen). Con fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito dictó resolución en el amparo directo 326/2016, en la que amparó y protegió al impetrante, a fin de que la Sala responsable: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. Emita una diversa, en la que reitere aquellos aspectos que no son motivo de la concesión del amparo; 3. Con base en las directrices expuestas en las consideraciones de esta ejecutoria, estime: 3.1. Al ser arbitraria la detención, es injustificada la retención de que fue objeto el quejoso, de modo que las pruebas obtenidas directa e inmediatamente por tales motivos son ilegales y, por tanto, deben ser objeto de exclusión expresa: a) Las declaraciones expuestas por el quejoso y codetenidos en vía ministerial (visibles con los folios 58, 59 y 62 del proceso penal); b) El parte informativo, en cuanto se dio noticia de la manera en que aquellos fueron capturados (folios 24 a 27 idem); 3.2. Asimismo, debe prescindirse de la siguiente prueba documental, por carecer de la calidad de un testimonio: c) El escrito visible con el folio 278 de autos, suscrito por Lorenzo Hernández Díaz, ratificado el veintiuno de febrero de dos mil once, folio 291. 3.3. Por no haber estado presente el defensor del quejoso, tampoco debe tomarse en cuenta: d) El escrito de once de noviembre de dos mil diez, ratificado el veintitrés siguiente. 3.4. Por haber sido desahogada por los agentes policiacos carentes de atribuciones legales para ello, no es factible considerar: e) El video en el que supuestamente se hizo constar la declaración del quejoso, en la que éste reconoció ante los policías captores su participación en los hechos ilícitos. 4. Hecho lo anterior, con base en el restante material de prueba no excluido, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, fundando y motivando su resolución." En aras de cumplimiento a la ejecutoria de veinte de abril de dos mil diecisiete pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió una diversa resolución en la que, por una parte, confirmó la sentencia absolutoria dictada a favor del quejoso, por lo que se refiere al delito de homicidio en grado de tentativa y por otra, revocó la resolución condenatoria y dictó sentencia absolutoria a su favor, por el diverso ilícito de homicidio calificado, resolución respecto de la cual el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en acuerdo plenario de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, declaró no cumplida la citada ejecutoria de veinte de abril del mismo año, requiriendo nuevamente a la Sala responsable por el cumplimiento a la ejecutoria de referencia. En fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió un nuevo pronunciamiento en el Toca 1836/2012, dejando insubsistente el diverso de quince de mayo del mismo año, confirmando la sentencia absolutoria dictada a favor del quejoso, por el delito de homicidio en grado de tentativa, revocando la resolución condenatoria y dictando sentencia absolutoria a favor del mismo, por el delito de homicidio calificado, resolución que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito declaró cumplida en auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, respecto del cual la tercero interesada interpuso recurso de inconformidad, el cual correspondió conocer a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en resolución correspondiente a la sesión de catorce de febrero de dos mil dieciocho, señaló que se omitió valorar la totalidad de las pruebas no excluidas como consecuencia de la concesión del amparo, precisando que son las siguientes "Informe rendido por Jesús Juárez Hernández, Policía Ministerial del Estado, de tres de octubre de dos mil diez e inspección y fe ministerial de cuatro de octubre de dos mil diez, declaraciones preparatorias de José Germán Briones Galván y Guillermo Eduardo García Contreras de cuatro de octubre; interrogatorio a Lorenzo Hernández Díaz de nueve de junio de dos mil doce; informe de investigación de José Miguel Gallegos Reyna y Jesús Juárez Hernández; y, finalmente, el interrogatorio de la defensa." Revocando la determinación de siete de agosto de dos mil diecisiete que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ordenando devolver los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para el efecto de que se requiriera a la autoridad responsable (Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado), el cabal cumplimiento al fallo federal. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veinte de abril de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 326/2016 del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, así como a lo ordenado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del recurso de inconformidad 1406/2017, con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió una nueva resolución dentro del Toca 1836/12, en la que dejó insubsistente la diversa resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción resolvió confirmar la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil doce, en la que se absolvió al hoy quejoso por el delito de homicidio en grado de tentativa y en la que también se le condenó por la comisión del diverso ilícito de homicidio calificado. En consecuencia, ordenó en dicho fallo la reaprehensión del ahora quejoso. Asimismo, en virtud de lo anterior, con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí (antes Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial), libró orden de reaprehensión contra Marcos Valdez Reséndiz. Mediante oficio 280/PME/ZM/2018, de diez de mayo de dos mil dieciocho, el Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Zona Media, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, informó al Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial, el cumplimiento respecto de la orden de reaprehensión girada contra el ahora quejoso, poniéndolo a disposición de dicha autoridad, interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ríoverde, San Luis Potosí, para compurgar el resto de la pena de prisión impuesta en sentencia de veinticinco de octubre de dos mil doce. Ahora bien, precisado lo anterior, cabe señalar que el promovente, en sus conceptos de violación, se duele esencialmente de que se vulneran sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 21 de Nuestra Carta Magna, toda vez que se ejecutó en su contra un mandamiento de captura ordenado en una resolución que no se encontraba firme y que permitiese su ejecución inmediata. Señala que ello transgrede su derecho a la libertad personal, ya que el Juez de la causa no solo debía esperar a que se le notificara por parte del órgano de control constitucional que la ejecutoria se encontraba cumplida, sino que además la reaprehensión correspondía ejecutarla al Juez de Ejecución Penal. Al respecto, resultan infundados e inoperantes los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, con base en lo que a continuación se expone: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de tesis 14/2005-PS, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la cual derivó la Jurisprudencia 51/2006, aprobada en sesión de nueve de agosto de dos mil seis, luego de un examen sistemático y teleológico de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado como cosa juzgada, determinó en primer término, que dicha figura jurídica representa la verdad legal establecida en una sentencia firme. También estableció que la circunstancia anterior no implica que las resoluciones no puedan ser atacadas a través del medio extraordinario de defensa, como lo es el juicio de amparo, el cual deriva de lo dispuesto en los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal forma que aun cuando de conformidad con los textos legales secundarios, las referidas sentencias de segunda instancia causan ejecutoria, constituyendo cosa juzgada, contra dichas resoluciones existe el referido medio extraordinario de defensa, lo anterior atendiendo al principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 133 del ordenamiento legal supremo. Señaló de igual forma que para la procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y del juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, el acto reclamado puede consistir en una sentencia definitiva o resoluciones que pongan fin al juicio, o bien, sentencias dictadas en segunda instancia que deriven de diligencias emanadas de actos dictados en juicio, fuera de juicio o después de concluido, y respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. También precisó, al analizar si las resoluciones de segunda instancia son o no ejecutables y si a través de la suspensión (medida cautelar) en el juicio de amparo se está o no en la posibilidad legal de suspender la ejecución de la sentencia de segunda instancia que constituye el acto reclamado, que si respecto de éstas, las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, dichas sentencias de segunda instancia causan ejecutoria y, por tanto, tienen la calidad de cosa juzgada, no obstante que en su contra se hubiere promovido juicio de garantías, toda vez que no existe en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo, y en el caso particular, ni en el código procedimental de la materia, disposición alguna de la que se desprenda que tales resoluciones no causan ejecutoria, o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada, incluso cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es -determinó- en virtud de que existe disposición legal expresa que les otorga a esas resoluciones la calidad de cosa juzgada y no hay norma de la que se desprenda que pierdan dicha condición, al interponer un medio extraordinario para salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados, sino que, en todo caso, ello será en vía de consecuencia cuando eventualmente se conceda la protección federal, es decir, se estime que la sentencia de segunda instancia reclamada es contraria a la Constitución Federal, por lo que la sentencia que la decrete tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en cuyo supuesto deberá dejarse sin efectos la resolución impugnada, que dejará de existir jurídicamente, una vez que el fallo protector de la Justicia Federal quede firme. Y que por consiguiente, al dejarse sin efectos la sentencia de segunda instancia reclamada, desaparecería o dejaría de existir jurídicamente su calidad de cosa juzgada que tenía antes de dictarse la sentencia protectora, pues los efectos restitutorios de esa decisión equivalen a una declaración de nulidad del acto reclamado y de sus consecuencias, tales como la calidad de cosa juzgada que tenía inicialmente. Destacó de igual forma que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad de ejecutoria, ni la fuerza de la cosa juzgada, mientras está pendiente de dictarse la sentencia que concluya en definitiva el juicio de amparo; sin embargo, también precisó que esa circunstancia no le resta la calidad al fallo de segunda instancia de que sea ejecutable, en virtud de que es la consecuencia lógica jurídica de una sentencia en esa instancia legal, que permite hacer efectivo lo logrado por el vencedor a ese grado. Por lo que en esa virtud, sería solamente a través del incidente de suspensión en el juicio de amparo, lo que en su caso, permitiría impedir la ejecución de la sentencia reclamada, al paralizar temporalmente su ejecución, logrando con ello mantener viva la materia del amparo, por ser la medida que busca resguardar la materia del fondo, consiguiendo que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, lo que no ocurriría si la suspensión se niega o simplemente no se solicita, ya que en esos supuestos, la sentencia reclamada será ejecutable. En conclusión, estableció que la resolución de segunda instancia tiene la característica de ejecutoria y conserva su calidad de cosa juzgada, aun cuando sea reclamada a través del juicio de amparo, por lo que su ejecución sólo se detendrá cuando se obtenga la concesión de la suspensión de dicho fallo y sus consecuencias; y dejará de existir jurídicamente cuando se dicte sentencia firme en el amparo en la que se conceda la protección federal, declarando que aquélla no se emitió conforme a la Constitución Federal. Ahora bien, establecido lo anterior, resulta necesario determinar si en el caso, la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y de donde emana la ejecución de la orden de reaprehensión librada contra el ahora quejoso, representa una sentencia firme, es decir, que no pueda ser impugnada por los medios ordinarios de defensa. Al efecto, el Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí en su numeral 356, dispone los supuestos en los que una resolución causa ejecutoria, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 356. Son irrevocables y por tanto causan ejecutoria: I. Las sentencias de primera instancia, cuando sean consentidas expresamente por las partes; II. Si dentro del plazo que la ley señala no se interpone recurso de apelación; ********************. Cuando haya desistimiento del recurso interpuesto o se declare desierto éste, y IV. Las resoluciones definitivas de segunda instancia." De conformidad con el numeral transcrito y contrario a lo estimado por el quejoso, en el sentido de que era indispensable que el órgano de control constitucional debía emitir formalmente la declaratoria de cumplimiento de ejecutoria, hay cosa juzgada desde el punto de vista legal desde que causan ejecutoria las resoluciones definitivas de segunda instancia, puesto que ya no pueden ser impugnadas por recurso ordinario alguno, siendo irrevocables en esa sede ordinaria como consecuencia de ello. En el caso, tal como se expuso en los antecedentes, la resolución de que se trata fue dictada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de veinte de abril de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 326/2016, promovido por el propio quejoso en contra del fallo condenatorio de siete de febrero de dos mil trece, en el que la Sala, dentro del Toca 1836/12, confirmó la aludida sentencia dictada por el entonces Juez Segundo del Tercer Distrito Judicial en Ríoverde, San Luis Potosí, en la causa penal 111/2010. Dicha resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la cual contiene la orden de reaprehensión que ahora se reclama, constituye cosa juzgada y por lo tanto es ejecutable, atento a lo que la Primera Sala del más Alto Tribunal determinó y que se expuso en párrafos precedentes, pues la misma: i) Se emitió siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo dictada el veinte de abril de dos mil diecisiete, en el juicio del orden constitucional número 326/2016; y además, ii) su pronunciamiento derivó del fallo emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil dieciocho, en el expediente de inconformidad 1406/2017, el cual por una parte, revocó el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, que declaraba el cumplimiento de la ejecutoria de amparo aludida, con la emisión de la diversa resolución de veintisiete de junio de ese mismo año, y por otra, ordenó requerir a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo federal, valorando las pruebas no excluidas en la sentencia de amparo. Es decir, que la resolución de que se trata quedó firme y por lo tanto ejecutable. Al efecto, se cita por su aplicación la Jurisprudencia 51/2006, de la Novena Época, con número de registro: 174116, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, visible en la página 60, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." No se soslaya por parte de este Juzgador, la circunstancia de que la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada deriva de una sentencia definitiva, sin embargo tal circunstancia no da lugar a que sea inatacable, en virtud de la autonomía de que goza dicho acto respecto de la aludida resolución. Lo anterior máxime porque en la sentencia dictada en el juicio de amparo 326/2016, tramitado ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Noveno Circuito, se dejó con plenitud de jurisdicción a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el Toca 1836/12, para que finalmente determinara lo correspondiente y en ese amparo no se atribuyeron vicios propios -como aquí sí ocurre- al hecho de que se ejecute una orden de reaprehensión, cuando -en opinión (ya desvirtuada) del quejoso- aquella no estaba firme. Al efecto, es aplicable por las razones que la informan, la Jurisprudencia 87/2009, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de agosto de dos mil nueve, de la Novena Época, con número de registro 165951, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, visible en la página 265, del texto siguiente: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA CUANDO ES DICTADA POR HABERSE CONFIRMADO, POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO NATURAL QUE POSTERIORMENTE ES IMPUGNADA EN AMPARO DIRECTO. Si con motivo de haberse confirmado por el tribunal de apelación la sentencia de fondo dictada en el juicio natural que condena al procesado a pena de prisión, se ordena su reaprehensión y posteriormente se interpone amparo directo contra la sentencia definitiva, motivando la suspensión tanto de una como de la otra, volviéndose a reactivar cuando se recibe comunicación de que se resolvió el juicio de amparo directo y se negó la protección constitucional solicitada por el quejoso, procede el juicio de amparo indirecto contra dicha orden, pues el hecho de que ésta se encuentre relacionada con la existencia de una sentencia definitiva no da lugar a que sea considerada inatacable y que por ello constituya cosa juzgada, en virtud de que es autónoma de la resolución definitiva dictada en el juicio penal. En efecto, en el supuesto indicado no opera la causal prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo conforme a la cual el juicio de garantías es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo, porque la orden de reaprehensión en sí misma considerada no ha sido objeto de enjuiciamiento constitucional, ni tampoco es consecuencia inmediata y directa de la sentencia de amparo dictada contra la sentencia reclamada, pues si al momento en que se emitió la orden de reaprehensión aún no existía la sentencia de amparo, no puede decirse que sea consecuencia inmediata y directa del fallo constitucional; de ahí que argumentar lo contrario sería tanto como admitir que la orden de reaprehensión -primera en el tiempo que el fallo constitucional- pudiera ser efecto o consecuencia de éste que constituyó la causa. Además, la orden de reaprehensión dictada con antelación al fallo constitucional de amparo directo sobre la sentencia de fondo es reclamable en la vía indirecta por constituir un acto restrictivo de libertad que puede contener tanto en sí mismo como en su ejecución vicios constitucionales y legales; ello, en el entendido de que no se haya impugnado como acto reclamado en el juicio de amparo directo conjuntamente con la sentencia definitiva." De igual forma, resulta inoperante el argumento esgrimido por el impetrante del amparo, en cuanto refiere que la ejecución de la sentencia firme le corresponde al Juez de Ejecución, por así disponerlo los numerales 100 y 101, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; lo anterior, pues si bien es cierto, conforme a dicha normativa, el encargado de la ejecución de la pena es precisamente el Juez de Ejecución, a éste competen todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir, como lo son el conocimiento, trámite y decisión de las cuestiones relativas a la determinación de la fecha a partir de la cual el sentenciado deberá computar la pena que le fue impuesta, así como la consideración del tiempo en que estuvo bajo prisión preventiva; aspectos que son inherentes a la ejecución de una sentencia privativa de libertad. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la Tesis Jurisprudencial PC.IV.P. J/1 P (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2012823, derivada de la Contradicción de tesis 1/2016, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada el 14 de octubre de 2016, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo ********************, a fojas 2148, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS. SUS ATRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. En la citada reforma constitucional, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, se circunscribió la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y se confirió al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, creándose la figura de "Jueces de ejecución". Por tanto, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir a partir de la reforma constitucional, como lo serían, entre otros, la determinación de la fecha a partir de la cual el sentenciado deberá computar la pena que le fuese impuesta, así como la consideración del tiempo en que estuvo bajo prisión preventiva, son del conocimiento del Juez de Distrito especializado en Ejecución de Penas, al constituir aspectos inherentes a la ejecución de una sentencia privativa de la libertad. Máxime si las sentencias reclamadas se emitieron bajo la vigencia de las aludidas reformas constitucionales y de los Acuerdos Generales 22/2011 y 23/2011 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificados por los diversos 1/2012 y 2/2012." Es decir, que al Juez de Ejecución únicamente le compete conocer de las cuestiones inherentes a la ejecución de la pena de prisión impuesta en la causa penal de que se trata, durante el tiempo en el que se encuentre el sentenciado compurgando esa pena, más no corresponde al mismo la ejecución de la orden de reaprehensión, como consecuencia de la firmeza del fallo condenatorio. Por las razones anotadas, deben declararse infundados los argumentos relativos a la transgresión de los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), respecto a la orden de reaprehensión reclamada. Además, en el presente caso no se advierte queja deficiente que suplir en favor del quejoso en términos del artículo 79, fracción ********************, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario realizar mayor exposición sobre el estudio general que se realizó del acto reclamado. Cobra aplicación, en tanto no se opone a la legislación en la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece conforme su artículo Sexto transitorio, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada el siete de julio de esta anualidad, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En este orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y toda vez que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos del aquí quejoso, y al no existir motivo para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción ********************, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que también se hace extensiva al Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Ríoverde, San Luis Potosí y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, por no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia 105, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, visible a página 68, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la nueva Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARCOS VALDEZ RESENDIZ, contra los actos que reclama del Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, del Director General de la Policía Ministerial del Estado y del Jefe de Grupo de Ejecución de Mandamientos Judiciales del Estado, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARCOS VALDEZ RESENDIZ, contra el acto reclamado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, que quedó precisado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, ambos del presente fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIADE ESTA FECHA QUE DICE:"V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo495/2018-VI, promovido por Marcos Valdez Reséndiz, contra actos de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado , Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Rioverde, San Luis Potosí, Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, Director General de la Policía Ministerial del Estado, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Rioverde, San Luis Potosí y Jefe de Grupo de Ejecución de Mandamientos Judiciales del Estado; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el catorce de mayo de dos mil dieciocho, la cual por razón de turno, fue remitida el quince del mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, Marcos Valdez Reséndiz por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades responsables y acto que de ellas reclama, que a continuación se precisan: "********************. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: MAGISTRADA Y MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. EJECUTORAS: JUEZ FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ (antes Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial). JUEZ REGIONAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO, ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado en Ríoverde, San Luis Potosí. Jefe de Grupo de ejecución de Mandamientos Judiciales, ciudad." IV.- ACTO RECLAMADO.- La INCONSTITUCIONAL ORDEN DE REAPREHENSIÓN contenida en la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca de Apelación 1836/2012, tal y como se lee a continuación: ""Y para dar cumplimiento a la anterior determinación, con fundamento en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la REAPREHENSIÓN DE MARCOS VALDEZ RESÉNDIZ, pues de manera lógica al dictarse sentencia absolutoria a su favor, se ordenó su inmediata libertad, resultando una consecuencia ineludible de la sentencia condenatoria que ahora se dicta pues de conformidad con lo previsto en el artículo 407, de la Ley Adjetiva de la Materia, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO que se imputa es de los considerados como grave y por tanto no permite su libertad provisional bajo caución."" Y su ejecución, respecto de las autoridades ejecutoras." SEGUNDO. Derechos humanos que la parte quejosa considera violados. La parte quejosa indicó como derechos humanos violados los reconocidos en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho). TERCERO. Trámite al juicio de amparo. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se tuvo como terceros interesados a Julia García Rodríguez y al representante social que interviene en el procedimiento penal respectivo; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede, en la que, entre otras cosas, se hizo constar que por auto de siete de junio de dos mil dieciocho se tuvo inexistente a la autoridad que el quejoso denominó Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, en Ríoverde, San Luis Potosí; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1º, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, en virtud de que se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La presentación de la demanda resultó oportuna, en términos de los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Luego, si en el caso, la notificación de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que contiene la orden de reaprehensión que se reclama, se hizo al día siguiente de su emisión por parte de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, esto es, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la misma surtió efectos el veintiséis siguiente. Por ende, el plazo transcurrió del veintisiete de abril citado al dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, sin contar los días, veintiocho y veintinueve de abril, uno, cinco, seis, doce y trece de mayo por ser inhábiles, sábados y domingos, respectivamente; lo anterior, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si la demanda de garantías se presentó el catorce de mayo de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que se hizo de manera oportuna. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias de autos, teniendo en cuenta que la intención del quejoso versa en torno a denotar que no podía ejecutarse una orden de reaprehensión en su contra -como de hecho ya se hizo-, cuando la resolución en que se emitió dicha orden aún no estaba firme -según su parecer- de modo que no era ejecutable. Y que esa orden se encuentra contenida en una sentencia definitiva, en la acepción del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. A fin de privilegiar, además su derecho de acceso a la justicia que dilucide el planteamiento que propone, se tiene como acto reclamado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, como autoridad responsable ordenadora y del Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, Director General de la Policía Ministerial del Estado y Jefe de Grupo de Ejecución de Mandamientos Judiciales del Estado como ejecutoras: La ejecución de la orden de reaprehensión contenida en la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada en el Toca de Apelación 1836/2012, del índice de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Lo que incluso también se determinó en el auto de admisión de la demanda de amparo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, por así haberlo manifestado al rendir su respectivo informe justificado. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Este precepto establece las hipótesis normativas para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia de los actos reclamados, a saber: 1) Cuando en los autos está claramente demostrado que no existen los actos reclamados. 2) Negados los actos reclamados por la autoridad responsable, no se prueba la existencia de éstos hasta la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior evidencia que el quejoso tiene la obligación -hasta la celebración de la audiencia constitucional- de ofrecer los medios probatorios que acreditan la certeza de los actos reclamados, negados por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, pues de lo contrario estos deberán declararse inexistentes y sobreseerse en el juicio. Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, porque si bien la simple negativa de las autoridades responsables no implica la inexistencia de los actos reclamados, lo cierto es que esa manifestación adminiculada con la falta de interés del quejoso en desvirtuarla, quien en todo caso es el interesado en que se resuelva la materia del amparo (actos reclamados), sí constituye un elemento suficiente para declarar la inexistencia de dichas actuaciones y decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional. En otras palabras, quien promueve una demanda de amparo tiene la carga -primero- de acreditar la existencia de los actos reclamados, ya sea a través de la aceptación por parte de las autoridades responsables al rendir su informe justificado, o bien, ante la negativa de éstas a través de los medios probatorios que considere necesarios; en segundo lugar, el quejoso debe justificar con pruebas la inconstitucionalidad de esas actuaciones. Entonces, cuando las autoridades responsables aceptan los actos reclamados, la carga de la prueba que corresponde al quejoso se centrará únicamente en acreditar la inconstitucionalidad de los actos. Por lo contrario, si las responsables niegan los actos reclamados -como en el caso del Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí-, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia de los actos reclamados, esto es, desacreditar la negativa de las autoridades y, enseguida, la inconstitucionalidad de aquéllos. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las tesis VI.2o. J/308 y VI.2o.A.4 K, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubros y contenidos son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En el caso, el quejoso no exhibió prueba alguna con la cual desvirtuara la negativa expuesta por las autoridades responsables, ni tampoco obra en autos alguna que evidencie la certeza de los actos reclamados, de ahí su inexistencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto del acto reclamado a la citada autoridad señalada como responsable Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Igual sentido merece respecto de las ejecutoras Director General de la Policía Ministerial del Estado y Jefe de Grupo de Ejecución de Mandamientos Judiciales del Estado, pues de las constancias que obran en el anexo tres de tres, relativo al presente juicio, se desprende el oficio 280/PME/ZM/2018 de diez de mayo de dos mil dieciocho, firmado por la diversa autoridad Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, en el que comunicó el cumplimiento de la orden de reaprehensión girada en contra del ahora quejoso, máxime que las primeras negaron el acto reclamado. (Foja 1177 anexo 3 de 3, 25 y 26 del expediente de amparo) QUINTO. Existencia del acto reclamado. Precisado lo anterior, procede verificar la certeza del acto reclamado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Es cierto el acto reclamado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, precisado en el considerando tercero de la presente determinación, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados. (Fojas 45 y 52) Tiene aplicación la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables en vía de justificación, consistentes en la resolución pronunciada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que contiene la orden de reaprehensión, misma que fue comunicada al Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial en Ríoverde, San Luis Potosí, para que en cumplimiento, dentro del proceso penal 111/2010, ordenara librar la orden de reaprehensión en contra del aludido quejoso, por ende, la ejecución que se atribuye a dichas responsables, deriva de que la primera le comunicó a la diversa el acto reclamado, quien a su vez ordenó -en auto- girar oficio al Subprocurador Regional de Justicia para la Zona Media, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, para el debido cumplimiento. Por tanto, a esas documentales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que su contenido se equipara al de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del Tomo VI, Común, Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, con el número de registro 394182, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Atento a la técnica que rige el juicio constitucional, previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse de oficio las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser ello una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se cita además, como apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página noventa y cinco, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en su alegato ministerial 325, solicita que se niegue el amparo y la protección constitucional, si se desprende que el acto reclamado se encuentra dictado conforme a derecho debidamente fundado y motivado, o bien, que se sobresea en el amparo si se advirtiera actualizada alguna de las causales de improcedencia referidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo o si no se probara la existencia del acto reclamado en términos del diverso ordinal 63, fracción IV de la propia legislación. (Foja 28). Sin embargo, en cuanto a las causales de sobreseimiento, el Fiscal no manifestó a cuál de las veintitrés que establece el numeral 61 de la Ley de Amparo se refiere y, al ser esto así, no se procede al estudio, pues ello equivaldría a suplir su deficiencia, no obstante que tiene la obligación de exponer las razones o motivos por los cuales considera que se actualiza alguna causa de improcedencia: Aunado a que este Juzgado no advierte que en el caso se actualice alguna y, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que el agente apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio, no es posible su estudio por no ser alguna de las que integran dicho artículo de la ley de la materia de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma. La anterior consideración encuentra sustento en el criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 2ª/J. 137/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, cuyo rubro y texto enseguida se transcriben: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Aunado a lo anterior, resulta procedente el presente juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la ejecución de una orden de reaprehensión, la cual afecta la libertad personal del inculpado, actualizándose de tal forma una excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción ********************, inciso b), de la Ley de Amparo. SÉPTIMO.- Estudio de fondo. Al no haberse hecho valer algún motivo de improcedencia, ni advertirse diverso de oficio por parte de este juzgado, se procede a estudiar los conceptos de violación, sin que para ello sea necesaria su transcripción, toda vez que ello no infringe de alguna manera los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En principio se destaca que el estudio del presente asunto se verificará con base en los siguientes antecedentes: Mediante oficio 1338/2010 de cinco de octubre de dos mil diez, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, consignó diligencias de averiguación previa con detenido, ejerciendo acción penal contra Marcos Valdez Reséndiz, ahora quejoso, por la comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Mediante resolución de ocho de octubre de dos mil diez, dictada dentro de los autos de la causa penal 111/2010, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, dictó auto de formal prisión contra Marcos Valdez Reséndiz, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos citados en el apartado anterior, fallo que fue confirmado en grado de apelación por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, mediante determinación de catorce de febrero de dos mil once, emitida dentro del Toca Penal 655/2010. Seguido por sus trámites legales el referido proceso penal, con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, se dictó sentencia condenatoria respecto del ahora quejoso, por resultar responsable en la comisión del delito de homicidio calificado y absolutoria por lo que se refiere al ilícito de homicidio en grado de tentativa, imponiéndosele en definitiva la pena de quince años de prisión y sanción pecuniaria por la cantidad de $16,341.00 (dieciséis mil trescientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Luego, con fecha siete de febrero de dos mil trece, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del Toca Penal 1836/12, dictó resolución en la que confirmó la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil doce. Inconforme con la determinación de siete de febrero de dos mil trece, el ahora quejoso promovió demanda de amparo, misma que fue admitida y radicada bajo el número de amparo directo 326/2016, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, y con fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió de igual forma el amparo adhesivo presentado por la tercero interesada Julia García Rodríguez (parte ofendida en el proceso de origen). Con fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito dictó resolución en el amparo directo 326/2016, en la que amparó y protegió al impetrante, a fin de que la Sala responsable: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. Emita una diversa, en la que reitere aquellos aspectos que no son motivo de la concesión del amparo; 3. Con base en las directrices expuestas en las consideraciones de esta ejecutoria, estime: 3.1. Al ser arbitraria la detención, es injustificada la retención de que fue objeto el quejoso, de modo que las pruebas obtenidas directa e inmediatamente por tales motivos son ilegales y, por tanto, deben ser objeto de exclusión expresa: a) Las declaraciones expuestas por el quejoso y codetenidos en vía ministerial (visibles con los folios 58, 59 y 62 del proceso penal); b) El parte informativo, en cuanto se dio noticia de la manera en que aquellos fueron capturados (folios 24 a 27 idem); 3.2. Asimismo, debe prescindirse de la siguiente prueba documental, por carecer de la calidad de un testimonio: c) El escrito visible con el folio 278 de autos, suscrito por Lorenzo Hernández Díaz, ratificado el veintiuno de febrero de dos mil once, folio 291. 3.3. Por no haber estado presente el defensor del quejoso, tampoco debe tomarse en cuenta: d) El escrito de once de noviembre de dos mil diez, ratificado el veintitrés siguiente. 3.4. Por haber sido desahogada por los agentes policiacos carentes de atribuciones legales para ello, no es factible considerar: e) El video en el que supuestamente se hizo constar la declaración del quejoso, en la que éste reconoció ante los policías captores su participación en los hechos ilícitos. 4. Hecho lo anterior, con base en el restante material de prueba no excluido, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, fundando y motivando su resolución." En aras de cumplimiento a la ejecutoria de veinte de abril de dos mil diecisiete pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió una diversa resolución en la que, por una parte, confirmó la sentencia absolutoria dictada a favor del quejoso, por lo que se refiere al delito de homicidio en grado de tentativa y por otra, revocó la resolución condenatoria y dictó sentencia absolutoria a su favor, por el diverso ilícito de homicidio calificado, resolución respecto de la cual el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en acuerdo plenario de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, declaró no cumplida la citada ejecutoria de veinte de abril del mismo año, requiriendo nuevamente a la Sala responsable por el cumplimiento a la ejecutoria de referencia. En fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió un nuevo pronunciamiento en el Toca 1836/2012, dejando insubsistente el diverso de quince de mayo del mismo año, confirmando la sentencia absolutoria dictada a favor del quejoso, por el delito de homicidio en grado de tentativa, revocando la resolución condenatoria y dictando sentencia absolutoria a favor del mismo, por el delito de homicidio calificado, resolución que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito declaró cumplida en auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, respecto del cual la tercero interesada interpuso recurso de inconformidad, el cual correspondió conocer a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en resolución correspondiente a la sesión de catorce de febrero de dos mil dieciocho, señaló que se omitió valorar la totalidad de las pruebas no excluidas como consecuencia de la concesión del amparo, precisando que son las siguientes "Informe rendido por Jesús Juárez Hernández, Policía Ministerial del Estado, de tres de octubre de dos mil diez e inspección y fe ministerial de cuatro de octubre de dos mil diez, declaraciones preparatorias de José Germán Briones Galván y Guillermo Eduardo García Contreras de cuatro de octubre; interrogatorio a Lorenzo Hernández Díaz de nueve de junio de dos mil doce; informe de investigación de José Miguel Gallegos Reyna y Jesús Juárez Hernández; y, finalmente, el interrogatorio de la defensa." Revocando la determinación de siete de agosto de dos mil diecisiete que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ordenando devolver los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para el efecto de que se requiriera a la autoridad responsable (Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado), el cabal cumplimiento al fallo federal. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veinte de abril de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 326/2016 del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, así como a lo ordenado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del recurso de inconformidad 1406/2017, con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió una nueva resolución dentro del Toca 1836/12, en la que dejó insubsistente la diversa resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción resolvió confirmar la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil doce, en la que se absolvió al hoy quejoso por el delito de homicidio en grado de tentativa y en la que también se le condenó por la comisión del diverso ilícito de homicidio calificado. En consecuencia, ordenó en dicho fallo la reaprehensión del ahora quejoso. Asimismo, en virtud de lo anterior, con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí (antes Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial), libró orden de reaprehensión contra Marcos Valdez Reséndiz. Mediante oficio 280/PME/ZM/2018, de diez de mayo de dos mil dieciocho, el Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Zona Media, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, informó al Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial, el cumplimiento respecto de la orden de reaprehensión girada contra el ahora quejoso, poniéndolo a disposición de dicha autoridad, interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ríoverde, San Luis Potosí, para compurgar el resto de la pena de prisión impuesta en sentencia de veinticinco de octubre de dos mil doce. Ahora bien, precisado lo anterior, cabe señalar que el promovente, en sus conceptos de violación, se duele esencialmente de que se vulneran sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 21 de Nuestra Carta Magna, toda vez que se ejecutó en su contra un mandamiento de captura ordenado en una resolución que no se encontraba firme y que permitiese su ejecución inmediata. Señala que ello transgrede su derecho a la libertad personal, ya que el Juez de la causa no solo debía esperar a que se le notificara por parte del órgano de control constitucional que la ejecutoria se encontraba cumplida, sino que además la reaprehensión correspondía ejecutarla al Juez de Ejecución Penal. Al respecto, resultan infundados e inoperantes los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, con base en lo que a continuación se expone: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de tesis 14/2005-PS, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la cual derivó la Jurisprudencia 51/2006, aprobada en sesión de nueve de agosto de dos mil seis, luego de un examen sistemático y teleológico de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado como cosa juzgada, determinó en primer término, que dicha figura jurídica representa la verdad legal establecida en una sentencia firme. También estableció que la circunstancia anterior no implica que las resoluciones no puedan ser atacadas a través del medio extraordinario de defensa, como lo es el juicio de amparo, el cual deriva de lo dispuesto en los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal forma que aun cuando de conformidad con los textos legales secundarios, las referidas sentencias de segunda instancia causan ejecutoria, constituyendo cosa juzgada, contra dichas resoluciones existe el referido medio extraordinario de defensa, lo anterior atendiendo al principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 133 del ordenamiento legal supremo. Señaló de igual forma que para la procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y del juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, el acto reclamado puede consistir en una sentencia definitiva o resoluciones que pongan fin al juicio, o bien, sentencias dictadas en segunda instancia que deriven de diligencias emanadas de actos dictados en juicio, fuera de juicio o después de concluido, y respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. También precisó, al analizar si las resoluciones de segunda instancia son o no ejecutables y si a través de la suspensión (medida cautelar) en el juicio de amparo se está o no en la posibilidad legal de suspender la ejecución de la sentencia de segunda instancia que constituye el acto reclamado, que si respecto de éstas, las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, dichas sentencias de segunda instancia causan ejecutoria y, por tanto, tienen la calidad de cosa juzgada, no obstante que en su contra se hubiere promovido juicio de garantías, toda vez que no existe en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo, y en el caso particular, ni en el código procedimental de la materia, disposición alguna de la que se desprenda que tales resoluciones no causan ejecutoria, o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada, incluso cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es -determinó- en virtud de que existe disposición legal expresa que les otorga a esas resoluciones la calidad de cosa juzgada y no hay norma de la que se desprenda que pierdan dicha condición, al interponer un medio extraordinario para salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados, sino que, en todo caso, ello será en vía de consecuencia cuando eventualmente se conceda la protección federal, es decir, se estime que la sentencia de segunda instancia reclamada es contraria a la Constitución Federal, por lo que la sentencia que la decrete tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en cuyo supuesto deberá dejarse sin efectos la resolución impugnada, que dejará de existir jurídicamente, una vez que el fallo protector de la Justicia Federal quede firme. Y que por consiguiente, al dejarse sin efectos la sentencia de segunda instancia reclamada, desaparecería o dejaría de existir jurídicamente su calidad de cosa juzgada que tenía antes de dictarse la sentencia protectora, pues los efectos restitutorios de esa decisión equivalen a una declaración de nulidad del acto reclamado y de sus consecuencias, tales como la calidad de cosa juzgada que tenía inicialmente. Destacó de igual forma que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad de ejecutoria, ni la fuerza de la cosa juzgada, mientras está pendiente de dictarse la sentencia que concluya en definitiva el juicio de amparo; sin embargo, también precisó que esa circunstancia no le resta la calidad al fallo de segunda instancia de que sea ejecutable, en virtud de que es la consecuencia lógica jurídica de una sentencia en esa instancia legal, que permite hacer efectivo lo logrado por el vencedor a ese grado. Por lo que en esa virtud, sería solamente a través del incidente de suspensión en el juicio de amparo, lo que en su caso, permitiría impedir la ejecución de la sentencia reclamada, al paralizar temporalmente su ejecución, logrando con ello mantener viva la materia del amparo, por ser la medida que busca resguardar la materia del fondo, consiguiendo que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, lo que no ocurriría si la suspensión se niega o simplemente no se solicita, ya que en esos supuestos, la sentencia reclamada será ejecutable. En conclusión, estableció que la resolución de segunda instancia tiene la característica de ejecutoria y conserva su calidad de cosa juzgada, aun cuando sea reclamada a través del juicio de amparo, por lo que su ejecución sólo se detendrá cuando se obtenga la concesión de la suspensión de dicho fallo y sus consecuencias; y dejará de existir jurídicamente cuando se dicte sentencia firme en el amparo en la que se conceda la protección federal, declarando que aquélla no se emitió conforme a la Constitución Federal. Ahora bien, establecido lo anterior, resulta necesario determinar si en el caso, la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y de donde emana la ejecución de la orden de reaprehensión librada contra el ahora quejoso, representa una sentencia firme, es decir, que no pueda ser impugnada por los medios ordinarios de defensa. Al efecto, el Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí en su numeral 356, dispone los supuestos en los que una resolución causa ejecutoria, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 356. Son irrevocables y por tanto causan ejecutoria: I. Las sentencias de primera instancia, cuando sean consentidas expresamente por las partes; II. Si dentro del plazo que la ley señala no se interpone recurso de apelación; ********************. Cuando haya desistimiento del recurso interpuesto o se declare desierto éste, y IV. Las resoluciones definitivas de segunda instancia." De conformidad con el numeral transcrito y contrario a lo estimado por el quejoso, en el sentido de que era indispensable que el órgano de control constitucional debía emitir formalmente la declaratoria de cumplimiento de ejecutoria, hay cosa juzgada desde el punto de vista legal desde que causan ejecutoria las resoluciones definitivas de segunda instancia, puesto que ya no pueden ser impugnadas por recurso ordinario alguno, siendo irrevocables en esa sede ordinaria como consecuencia de ello. En el caso, tal como se expuso en los antecedentes, la resolución de que se trata fue dictada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de veinte de abril de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 326/2016, promovido por el propio quejoso en contra del fallo condenatorio de siete de febrero de dos mil trece, en el que la Sala, dentro del Toca 1836/12, confirmó la aludida sentencia dictada por el entonces Juez Segundo del Tercer Distrito Judicial en Ríoverde, San Luis Potosí, en la causa penal 111/2010. Dicha resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la cual contiene la orden de reaprehensión que ahora se reclama, constituye cosa juzgada y por lo tanto es ejecutable, atento a lo que la Primera Sala del más Alto Tribunal determinó y que se expuso en párrafos precedentes, pues la misma: i) Se emitió siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo dictada el veinte de abril de dos mil diecisiete, en el juicio del orden constitucional número 326/2016; y además, ii) su pronunciamiento derivó del fallo emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil dieciocho, en el expediente de inconformidad 1406/2017, el cual por una parte, revocó el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, que declaraba el cumplimiento de la ejecutoria de amparo aludida, con la emisión de la diversa resolución de veintisiete de junio de ese mismo año, y por otra, ordenó requerir a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo federal, valorando las pruebas no excluidas en la sentencia de amparo. Es decir, que la resolución de que se trata quedó firme y por lo tanto ejecutable. Al efecto, se cita por su aplicación la Jurisprudencia 51/2006, de la Novena Época, con número de registro: 174116, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, visible en la página 60, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." No se soslaya por parte de este Juzgador, la circunstancia de que la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada deriva de una sentencia definitiva, sin embargo tal circunstancia no da lugar a que sea inatacable, en virtud de la autonomía de que goza dicho acto respecto de la aludida resolución. Lo anterior máxime porque en la sentencia dictada en el juicio de amparo 326/2016, tramitado ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Noveno Circuito, se dejó con plenitud de jurisdicción a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el Toca 1836/12, para que finalmente determinara lo correspondiente y en ese amparo no se atribuyeron vicios propios -como aquí sí ocurre- al hecho de que se ejecute una orden de reaprehensión, cuando -en opinión (ya desvirtuada) del quejoso- aquella no estaba firme. Al efecto, es aplicable por las razones que la informan, la Jurisprudencia 87/2009, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de agosto de dos mil nueve, de la Novena Época, con número de registro 165951, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, visible en la página 265, del texto siguiente: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA CUANDO ES DICTADA POR HABERSE CONFIRMADO, POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO NATURAL QUE POSTERIORMENTE ES IMPUGNADA EN AMPARO DIRECTO. Si con motivo de haberse confirmado por el tribunal de apelación la sentencia de fondo dictada en el juicio natural que condena al procesado a pena de prisión, se ordena su reaprehensión y posteriormente se interpone amparo directo contra la sentencia definitiva, motivando la suspensión tanto de una como de la otra, volviéndose a reactivar cuando se recibe comunicación de que se resolvió el juicio de amparo directo y se negó la protección constitucional solicitada por el quejoso, procede el juicio de amparo indirecto contra dicha orden, pues el hecho de que ésta se encuentre relacionada con la existencia de una sentencia definitiva no da lugar a que sea considerada inatacable y que por ello constituya cosa juzgada, en virtud de que es autónoma de la resolución definitiva dictada en el juicio penal. En efecto, en el supuesto indicado no opera la causal prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo conforme a la cual el juicio de garantías es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo, porque la orden de reaprehensión en sí misma considerada no ha sido objeto de enjuiciamiento constitucional, ni tampoco es consecuencia inmediata y directa de la sentencia de amparo dictada contra la sentencia reclamada, pues si al momento en que se emitió la orden de reaprehensión aún no existía la sentencia de amparo, no puede decirse que sea consecuencia inmediata y directa del fallo constitucional; de ahí que argumentar lo contrario sería tanto como admitir que la orden de reaprehensión -primera en el tiempo que el fallo constitucional- pudiera ser efecto o consecuencia de éste que constituyó la causa. Además, la orden de reaprehensión dictada con antelación al fallo constitucional de amparo directo sobre la sentencia de fondo es reclamable en la vía indirecta por constituir un acto restrictivo de libertad que puede contener tanto en sí mismo como en su ejecución vicios constitucionales y legales; ello, en el entendido de que no se haya impugnado como acto reclamado en el juicio de amparo directo conjuntamente con la sentencia definitiva." De igual forma, resulta inoperante el argumento esgrimido por el impetrante del amparo, en cuanto refiere que la ejecución de la sentencia firme le corresponde al Juez de Ejecución, por así disponerlo los numerales 100 y 101, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; lo anterior, pues si bien es cierto, conforme a dicha normativa, el encargado de la ejecución de la pena es precisamente el Juez de Ejecución, a éste competen todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir, como lo son el conocimiento, trámite y decisión de las cuestiones relativas a la determinación de la fecha a partir de la cual el sentenciado deberá computar la pena que le fue impuesta, así como la consideración del tiempo en que estuvo bajo prisión preventiva; aspectos que son inherentes a la ejecución de una sentencia privativa de libertad. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la Tesis Jurisprudencial PC.IV.P. J/1 P (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2012823, derivada de la Contradicción de tesis 1/2016, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada el 14 de octubre de 2016, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo ********************, a fojas 2148, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS. SUS ATRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. En la citada reforma constitucional, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, se circunscribió la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y se confirió al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, creándose la figura de "Jueces de ejecución". Por tanto, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir a partir de la reforma constitucional, como lo serían, entre otros, la determinación de la fecha a partir de la cual el sentenciado deberá computar la pena que le fuese impuesta, así como la consideración del tiempo en que estuvo bajo prisión preventiva, son del conocimiento del Juez de Distrito especializado en Ejecución de Penas, al constituir aspectos inherentes a la ejecución de una sentencia privativa de la libertad. Máxime si las sentencias reclamadas se emitieron bajo la vigencia de las aludidas reformas constitucionales y de los Acuerdos Generales 22/2011 y 23/2011 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificados por los diversos 1/2012 y 2/2012." Es decir, que al Juez de Ejecución únicamente le compete conocer de las cuestiones inherentes a la ejecución de la pena de prisión impuesta en la causa penal de que se trata, durante el tiempo en el que se encuentre el sentenciado compurgando esa pena, más no corresponde al mismo la ejecución de la orden de reaprehensión, como consecuencia de la firmeza del fallo condenatorio. Por las razones anotadas, deben declararse infundados los argumentos relativos a la transgresión de los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), respecto a la orden de reaprehensión reclamada. Además, en el presente caso no se advierte queja deficiente que suplir en favor del quejoso en términos del artículo 79, fracción ********************, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario realizar mayor exposición sobre el estudio general que se realizó del acto reclamado. Cobra aplicación, en tanto no se opone a la legislación en la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece conforme su artículo Sexto transitorio, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada el siete de julio de esta anualidad, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En este orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y toda vez que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos del aquí quejoso, y al no existir motivo para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción ********************, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que también se hace extensiva al Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Ríoverde, San Luis Potosí y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, por no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia 105, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, visible a página 68, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la nueva Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARCOS VALDEZ RESENDIZ, contra los actos que reclama del Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, del Director General de la Policía Ministerial del Estado y del Jefe de Grupo de Ejecución de Mandamientos Judiciales del Estado, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARCOS VALDEZ RESENDIZ, contra el acto reclamado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con sede en Ríoverde, San Luis Potosí, que quedó precisado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, ambos del presente fallo. Notifíquese personalmente. "

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de julio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 126/2018 de su índice, derivado a su vez del diverso 45/2018-VI (orden 157/2018-VI), deducido del presente juicio de amparo. Acúsese recibo. Notifíquese.

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