Marcos Miguel Cañez Sánchez

Expediente 686/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
686/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Marcos Miguel Cañez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de agosto de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta proveniente de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y para tal efecto anexa constancias. Vista a parte quejosa. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a Marcos Miguel Cáñez Sánchez -parte quejosa del presente juicio- para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de julio de dos mil veintidós. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio con anexos remitido por la autoridad responsable, en el que informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe respecto a la devolución a la quejosa de forma actualizada, en una sola exhibición de las cantidades descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedora del acto de individualización en su perjuicio -cinco de junio de dos mil veintiuno-, hasta el último descuento que haya realizado. Apercibimiento. Apercíbasele que de no dar cumplimiento a lo indicado, se le impondrá una multa que equivale a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal colegiado de Circuito, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Con independencia de lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta para los efectos legas a que haya lugar. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades repsonsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de junio de dos mil veintidós. Solicitud de prórroga. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria y solicita prórroga para cumplirla totalmente. Al respecto, es importante destacar que el artículo 192 de la Ley de Amparo prescribe, por regla general, que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No ha lugar a prórroga. Bajo esa línea, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para otorgar la prórroga solicitada, habida cuenta que el cumplimiento de las ejecutorias de naturaleza como la que aquí nos ocupa, debe ser acatada por la autoridad responsable de forma inmediata y objetiva en su totalidad; de ahí que, en términos de los artículos 192 y 193, de la Ley de amparo, únicamente se le concede el plazo genérico de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para cumplir con el fallo constitucional - a saber, que desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en el artículo 25, fracción I, de la Ley del ISSSTESON, de aportar una cuota del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente, y devuelva a la quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio (cinco de junio de dos mil veintiuno), hasta el último descuento que haya realizado-. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento dentro del plazo decretado, salvo impedimento legal o material debidamente acreditado, que al efecto tuviere, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable de mérito. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de junio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el director General de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que carece de facultades para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues refiere que únicamente participó en el proceso de creación de la ley reclamada en el presente juicio de amparo. Al efecto, resulta oportuno acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquélla que fue señalada como responsable ejecutora de la norma. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P.CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Por ende, no habrá de efectuarse diverso requerimiento a la responsable de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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