Marcos Antonio Torralbas

Expediente 1588/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1588/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Marcos Antonio Torralbas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra oficio INM/ORSON/EM/HMO/16118/2023 remitido por el subdirector de la Estación Migratoria, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rindió informe justificado en representación de las autoridades responsables; en el que hizo del conocimiento que los quejosos egresaron de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, asimismo, adjunto constancias en apoyo a su dicho. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis del referido informe justificado y de las constancias que obran en autos, se advierte la actualización, de manera notoria, manifiesta e indudable, de diversas causales de sobreseimiento contenidas en la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado por la parte quejosa en el presente sumario. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de ningún modo podrán hacer que desaparezca la causa de sobreseimiento en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso concreto, los actos reclamados consisten en incomunicación, detención, retención, así como la emisión y ejecución de una orden de traslado o deportación, los cuales atribuyen al titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, de esta ciudad, y otras autoridades. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo con dicha disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Resulta pertinente mencionar que existen dos tipos de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Luego, de las constancias que acompañó la oficiante a su informe justificado, se advierte que han cesado los efectos por sustitución procesal de los actos reclamados relativos a la detención, retención, así como la emisión y ejecución de una orden de traslado, retorno asistido o deportación, dado que con motivo de los oficios de salida otorgados el once de octubre pasado a Javier Silva Carbonell y María Tereisy González González, así como de las manifestaciones realizadas en el informe justificado de mérito, en la precitada data los peticionarios de amparo egresaron con oficio de salida de las instalaciones de la Estación Migratoria Hermosillo, con motivo de la determinación dictada en la misma data, que dejó sin efecto los acuerdos de presentación ante dicho instituto. Lo antes relatado pone de manifiesto que en el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis de improcedencia delatada respecto de los citados actos reclamados, ya que cesaron los efectos de los mismos, en razón de haber sido sustituido procesalmente por un nuevo acto de autoridad, esto es, por la resolución y oficio de salida de once de octubre de dos mil veintitrés. De ahí que se considere, que los efectos de los actos reclamados han cesado, toda vez que la aludida determinación (resolución y oficio de salida de once de octubre de dos mil veintitrés), sustituyó el acuerdo de presentación decretado dentro del procedimiento administrativo instaurado en contra de Javier Silva Carbonell y María Tereisy González González. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han cesado sus efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Apoya las consideraciones antes expuestas, la tesis III.2o.C. J/22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, que a continuación se transcribe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En el mismo sentido cobra aplicación la tesis aislada I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia respecto de los actos relativos a la detención, retención, así como la emisión y ejecución de una orden de traslado, retorno asistido o deportación. Por otro lado, en relación con el acto reclamado consistente en la incomunicación de los quejosos, resulta inexistente y por ende procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por tal motivo. Se explica. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. En ese sentido, en la especie se actualiza la hipótesis enunciada en el inciso a), pues de las constancias se advierte la inexistencia del acto reclamado, en virtud de que el fedatario público adscrito tuvo comunicación y pudo notificar el acuerdo de radicación a los directos quejosos, momento en el que dio fe de su estado e integridad física, se encontraban presentados ante la oficina migratoria de esta ciudad; de lo que se advierte que no se actualiza la hipótesis de incomunicación o cualquier otro de los contemplados en el artículo 15 de La Ley de Amparo, dado que además la parte quejosa ratificó ante este Órgano jurisdiccional por su conducto, el escrito de demanda de amparo promovida en su favor. Así, al tener a los actuarios judiciales fe pública, lo asentado en sus diligencias debe estimarse cierto si no hay pruebas que acrediten lo contrario. Lo anterior, con apoyo en la tesis XIV.C.A.49 C (9a.) del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 160704, localizable en la página 615, libro II, noviembre de 2011, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que dice: "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL ACTUARIO. CONSTITUYE LEGALMENTE UNA ACTUACIÓN JUDICIAL CON PLENO VALOR PROBATORIO. Tratándose de una cédula de notificación, la cual contiene el nombre del juzgado que conoce del asunto, el número del expediente correspondiente, el nombre de la persona a quien se pretende notificar y, sobre todo, la firma del actuario adscrito a dicho juzgado, es incuestionable que constituye una actuación judicial, porque la realiza un funcionario judicial en ejercicio de su encargo, que se encuentra investido de fe pública y, siendo así, el documento relativo a la cédula de notificación tiene valor probatorio pleno respecto a los acuerdos que en ella obran transcritos y, por ello, es indudable su veracidad y permiten conocer a ciencia cierta el o los mandamientos dictados por la autoridad judicial." Asimismo, en la jurisprudencia IV.2o. J/4 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con número de registro 205152, localizable en la página 265, tomo I, mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De ahí que se llega a la conclusión inequívoca que no existen los actos reclamados consistentes en la incomunicación reclamada." Sustenta lo anterior, por analogía la jurisprudencia 1a./J.49/2017 (10ª.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 386, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Es aplicable, la tesis I.16o.T.7 K (10a.) sostenida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito., visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, enero de 2019, Tomo IV, página 2646, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, con fundamento en los artículos 63, fracción IV, en relación al 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en relación con la incomunicación reclamada. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las doce horas con treinta y ocho minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia incidental de modificación de suspensión en relación a la garantía de daños y perjuicios, señalada para el veinticuatro de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia incidental. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinte minutos del ********************, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas. El secretario hace constar que el subdirector de la Estación Migratoria en Hermosillo, Sonora, del Instituto Nacional de Migración ofreció la documental que anexó a su informe previo. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por las autoridades responsables y, tómense en cuenta en la presente resolución que se emita en la audiencia incidental. Finalmente, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer medios de prueba. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario certifica que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular los alegatos a que se refiere el artículo 144 de la ley de la materia. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************; y, R e s u l t a n d o s : I. Antecedentes Una vez ratificada la demanda por parte de los directos quejosos, ********************y********************, por acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual dio inicio a las diez horas con veinte minutos de hoy, y culmina con la resolución interlocutoria que se emite al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s : II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, substancialmente se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en la detención por parte de las autoridades responsables. En el entendido que los diversos consistentes en incomunicación; orden de deportación o retorno asistido; o de traslado a otra estación migratoria, o cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fueron analizados al decretar la suspensión de plano respectiva. IV. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado al titular y jefe del Departamento Jurídico adscritos a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo el jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante en suplencia por ausencia del subdirector de la Estación Migratoria en Hermosillo, Sonora, del Instituto Nacional de Migración. De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por lo que hace a las autoridades precisadas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada a favor de ********************y********************, contra el acto que reclaman a las autoridades que quedaron precisadas en el considerando IV. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Informe suspensión de plano. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por el jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante en suplencia por ausencia del subdirector de la Estación Migratoria en Hermosillo, Sonora, del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual rinde informe en relación con la suspensión de plano decretada, y solicitada a las autoridades responsables; en consecuencia, y para tal efecto remite constancias, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de mérito, dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Informe justificado. Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado remitido por la autoridad señalada en el párrafo que antecede, y dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Delegados y domicilio. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que refiere en sus informes y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en los comunicados que se atienden. Prueba. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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