Marcos Gutiérrez Reyes
Expediente 1108/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Marcos Gutiérrez Reyes
- Congreso Constitucional del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fue para lo siguiente: "1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación contenida en el precepto legal reclamado, de aportar una cuota del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente dicho precepto. 2. Se devuelva al quejoso, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que a la fecha le hayan sido descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio - cinco de julio de dos mil veintitrés -, hasta el último descuento que se le haya efectuado." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Al efecto, es menester acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida (Congreso del Estado de Sonora y gobernador del Estado de Sonora), ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquéllas que fueron señaladas como responsables ejecutoras de la norma, por lo que únicamente se les hace del conocimiento esta determinación para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/972, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe
- Principal
Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, respecto de los actos precisados en el considerando II, reclamados a las autoridades precisadas en el diverso apartado III por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos V y VI, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado Juan de Dios Velasco Romero, con quien actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. Jvr
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado suscrito por el director general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora -en representación del Gobernador del Estado-, de esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Domicilio y delegados. En términos de los artículos 28 y 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude el oficiante. Invoca causales. Ahora bien, toda vez que invoca causales de sobreseimiento, por tanto, habrán de analizarse en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Diferimiento de audiencia constitucional. Por otro lado, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, rinda su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data y se fijan las nueve horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
- Incidental
R e s u e l v e Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, contra el acto que reclama a las autoridades que precisadas quedaron en el considerando IV, por los motivos expuestos en el diverso apartado V de esta interlocutoria. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
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