Margarita Araceli Cabrera Borboa

Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
138/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Margarita Araceli Cabrera Borboa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que firmado por el secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta, mediante el cual informa que por auto de doce a de abril del año en curso, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgador dentro del juicio de amparo 138/2021, del índice de este juzgado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se ordena al archivo definitivo este asunto y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que a la fecha no existe constancia alguna de la que se advierta que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, haya proveído en relación con el returno declinado por este órgano judicial por auto de siete de abril del año en curso; en consecuencia, se solicita al titular de ese órgano constitucional, que de no tene inconveniente informe lo determinado en relación con la referida demanda, o bien, remita el acuse de recibo respectivo, a fin de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de abril de dos mil veintiuno. Remisión por razón de turno. Visto el estado de los autos, concretamente del contenido de la demanda de amparo y la certificación que antecede, de lo cual se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora conoció de diversa demanda de amparo promovida por la aquí quejosa Margarita Araceli Cabrera Borboa, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la cual fue registrada bajo el número de expediente 271/2020. Por su parte, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis y que entró en vigor el día de su publicación, conforme al artículo primero transitorio de tal ordenamiento; establece en los artículos 45, fracción II, y 46, fracciones II, IV, último párrafo, lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se tunarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: [.] II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; IV. [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De dichos preceptos se obtiene que las demandas presentadas ante las Oficinas de Correspondencia Común se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Asimismo, indican que si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente su vinculación. De igual forma, se desprende que los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, se turnarán al tribunal que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos y en todo caso al que tenga el último antecedente del proceso, aunque las partes no sean las mismas. En la especie, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto consistente substancialmente en la omisión de suministrar los medicamentos que la quejosa requiere para atender su padecimiento de cáncer de ovarios, con metástasis en pelvis, aorta e hígado; ya que se encuentra en tratamiento que se compone de quimioterapias y la aplicación de una ampolleta que se denomina BEVACIZUMAB, que resulta ser un medicamento contra el cáncer, la cual se le dejó de suministrar a partir del cuatro de febrero; es decir, la quejosa reclama la omisión de extenderle el tratamiento completo que necesita para atacar la enfermedad que padece. El anterior reclamo comparte su origen con el diverso impugnado en el diverso 271/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, en el cual también debido al propio padecimiento que refiere tener la hoy impetrante, también les reclamó a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, la omisión de suministrarle el medicamento para el tratamiento de su padecimiento, lo que supone que los actos emergen del propio expediente clínico (administrativo) de la quejosa. En ese sentido, el consabido asunto tramitado ante el órgano jurisdiccional citado, constituye antecedente previo al registrado en este juzgado, lo que se prueba con lo relatado en la demanda por la quejosa corroborado con la búsqueda en el sistema de seguimiento de expedientes, de donde se desprende el origen compartido de los actos reclamados en aquél asunto y en el que se actúa. En esa tesitura, se concluye que, en el caso se actualiza el criterio de relación previsto en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis XVII.2o.2 K, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3342, que dice: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS. El acuerdo general mencionado, fue modificado, entre otros, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual retomó el contenido del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado por el diverso Acuerdo General 48/2008, en el que se instauró el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las oficinas de correspondencia común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, entre ellos, el que refiere su fracción III, respecto de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo al que tenga el antecedente del que deriva, conocido por cualquier vía, con la única excepción de que se trate de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En ese sentido, en términos del artículo 46, fracción III, indicado, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin excepción o límite a su aplicación, salvo la prevista en la parte final de la fracción III referida, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos. Lo anterior toda vez que, se reitera, la finalidad del returno se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional, ya sea por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; o bien, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." Asimismo, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 233, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES." Es así, pues en la ejecutoria que dio origen a tal criterio, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostuvo lo siguiente: "En esta virtud, a partir del nueve de septiembre de dos mil ocho, entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a la asignación aleatoria de los asuntos, los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificaran si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguna de las tres hipótesis siguientes: a) Que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado. b) Que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía. c) Que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Conforme al sistema de relación, los asuntos que se encuentren relacionados con otro presentado con anterioridad, en tanto se trate de un recurso vinculado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía, se turnarán por medio del sistema computarizado al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior. [.]. Sin que sea óbice a lo anterior el que la hipótesis contenida en el inciso b) únicamente se refiera a "recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado en cualquier vía"; toda vez que si bien en el caso no se trata de un recurso de revisión, queja o reclamación, ya que es un juicio de amparo nuevo, la hipótesis normativa contenida en el citado inciso debe interpretarse en un sentido amplio; es decir, en un argumento interpretativo a fortiori o por mayoría de razón, si procede el turno de un asunto por conocimiento previo en un recurso, con mayor razón en un juicio de amparo cuyos hechos tienen relación con diverso asunto ya resuelto por un determinado Tribunal Colegiado." En consecuencia, este juzgado de distrito concluye que por razón de turno corresponde conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir las actuaciones del presente juicio al citado órgano jurisdiccional para que provea lo conducente y lo haga del conocimiento de este juzgado. En atención a lo determinado la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, no habrá de celebrarse, por tanto queda sin efecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con diez minutos del seis de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia relativa a la denuncia de violación a la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto por los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, sin la presencia de las partes. Abierta la audiencia incidental, el secretario efectúa lectura a las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito de la parte quejosa que contiene el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano y con los informes rendidos por las responsables respecto del cumplimiento dado a la medida cautelar concedida de plano en este asunto. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos; en consecuencia, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Visto para resolver el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano dentro del juicio de amparo indirecto 138/2021. Antecedentes. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, Margarita Araceli Cabrera Borboa, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos de la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades, en la que solicitó la suspensión de los actos reclamados consistentes en la omisión de suministrar medicamentos. Por razón de turno, le tocó conocer de la demanda a este juzgado, en donde mediante acuerdo dictado en esa misma fecha se admitió a trámite con el número de juicio de amparo 138/2021 y, entre otras cuestiones, se solicitaron los informes respectivos y se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados del modo que se transcribe a continuación: "(.) En términos de lo dispuesto por el artículo 4 Constitucional y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese el acto omisivo reclamado; o cualquier otro que atente contra la salud e integridad de la impetrante, lo que se traduce en que la autoridad responsable le proporcione a la directamente agraviada el tratamiento y medicamentos adecuados al padecimiento que sufre. En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 158, en relación con el diverso 262, ambos de la Ley de Amparo, gírense oficios, que deberán entregarse de manera inmediata a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de ocho horas, informen sobre el cumplimiento dado a la citada medida cautelar, debiendo agregar a su informe correspondiente, copia certificada de las constancias respectivas; con apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, tal conducta, en su caso, equivaldrá a la comisión del delito previsto en el citado artículo 262 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que de persistir en su actitud, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación, con tales hechos constitutivos de delito. Para otorgar de oficio y de plano esta medida cautelar se tiene en consideración, sustancialmente, que el párrafo tercero del artículo 4º Constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, los servicios de salud, a los que alude el precepto antes citado, deben entenderse como una responsabilidad social para el Estado Mexicano, precisamente porque además de ser un derecho fundamental del ser humano, la ley de la materia establece las bases y modalidades para su aplicación en el ámbito público, social y privado. Así, el derecho a la salud debe interpretarse atendiendo al principio pro persona, como aquél que la institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentre totalmente recuperado el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que hubieren solicitado sus servicios. En estas condiciones, si algún sujeto (asegurado o beneficiario) acude a solicitar atención médica y ésta se prolonga, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel interno, también en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" -instrumentos internacionales de los que México forma parte-, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos. En esa virtud, en aras de privilegiar el derecho a la salud contemplado en el numeral 4º Constitucional, las autoridades responsables deberán ordenar, proporcionar y suministrar, de manera inmediata e incondicional el tratamiento y cuidado que resulte indispensable para salvaguardar la integridad física de la solicitante del amparo, en razón de su padecimiento. Resulta aplicable la tesis aislada P. XIX/2000, que se encuentra visible en la página 112, tomo XI, marzo de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." El sentido y alcance de la suspensión del acto reclamado está perfilado por los criterios jurídicos que orientan las tesis de rubros: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL SERVICIO MÉDICO QUE SE SUMINISTRABA A QUIEN FUE DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO ACTIVO COMO MILITAR Y A SUS DERECHOHABIENTES."; "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD." Y "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO." Cabe destacar que el suministro del medicamento a la agraviada deberá ser acorde a lo que haya determinado el médico responsable en función de los padecimientos que se encuentran efectivamente diagnosticados a la parte quejosa, pero sin excusa alguna deberá proporcionarse la atención médica que necesita la agraviada. (.)" No obstante lo anterior, por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa, denunció el incumplimiento de la suspensión de plano decretada, argumentando que no obstante haberse decretado la suspensión, de nueva cuenta acudió ante las responsables a preguntar por el medicamento que le debía ser aplicado cada mes, pero que hasta el tres de marzo de este año, no se había surtido. Por lo anterior, mediante auto emitido el mismo dieciocho del mes y año referidos, se ordenó el trámite del incidente, se solicitó a las responsables el informe sobre los hechos de denuncia y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos a que se refiere el numeral 208 de la Ley de Amparo, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o : I. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVII, Constitucional, así como 158 en relación con los diversos 206, 207 y 208, todos de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una denuncia de incumplimiento de una medida suspensional emitida por este juzgado en el juicio de amparo del que deriva tal incidencia. Requisitos de procedencia y objeto de la violación a la suspensión. Al respecto, conviene destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, así como en diversos criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el incidente por violación a la suspensión procede en contra de las autoridades responsables, el cual puede ser promovido por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de esa medida cautelar, sea de plano, provisional o definitiva, por el exceso o defecto en su ejecución. Se cita al respecto, la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revisable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Tomo III, página 2122, julio dos mil diecinueve, décima época, con registro 2020252, que dice: INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE TANTO CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR DE PLANO O DEFINITIVA, COMO DE LA PROVISIONAL. El precepto citado prevé que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, de plano o definitiva, procede contra las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por ese incumplimiento; sin embargo, no puede excluirse de su procedencia a la suspensión provisional, en virtud de que ésta comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano o definitiva, al constituir ambas medidas cautelares cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional, por lo cual, al ser susceptibles de ejecutarse por la autoridad, quien puede incurrir en exceso o defecto en su acatamiento, es evidente que esa circunstancia debe ser valorada en la vía incidental. Lo anterior guarda armonía con el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo que establece la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo que concedió al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado." En ese tenor, la procedencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, se sujeta a la actualización de los siguientes presupuestos: a) La existencia de un acuerdo o resolución en que se otorgue la suspensión y que ésta surta efectos; b) Legitimación del promovente; y, c). La materia de la litis que debe consistir en la denuncia de un desacato a la suspensión. Así, el primero de los requisitos se encuentra acreditado con la determinación de quince de febrero de dos mil veintiuno, emitida por este juzgador en el presente sumario, en la que se decretó la suspensión de plano del acto reclamado, medida cautelar que surtió sus efectos desde el momento mismo de su emisión. La segunda de las exigencias de procedencia se demuestra con la circunstancia de que la promovente de la violación a la suspensión resulta ser la directa agraviada, quien acudió a esta instancia constitucional oponiendo como reclamo la conculcación de un derecho humano de primer orden como es el acceso a la salud y respecto de lo cual se decretó de plano la medida cautelar en su favor, con base en el párrafo tercero del artículo 4º Constitucional que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. El tercero de los elementos de procedencia, queda actualizado con el escrito de denuncia recibido en este juzgado el dieciocho de marzo de este año, en el que la parte quejosa formuló el incidente de violación a la suspensión que se analiza como materia de la Litis. En efecto, en dicho libelo la agraviada substancialmente sustentó tal denuncia de violación a la suspensión bajo la consideración sintetizada de que no se le ha surtido el medicamento que le debe ser aplicado mes a mes (ampolleta BEVACIZUMAB 500 MG y la Receta 3040752ME por FULVESTRANT solución inyectable 250 mg c/2 jeringa prellenada c/5 ml (con indicación a surtir para 2 meses-). En esa medida, se encuentra acreditada la existencia de una determinación en la que se concedió la suspensión de plano a la quejosa incidentista, quien se encuentra legitimada para presentar la incidencia que constituye el objeto de estudio delatada por la propia agraviada, con lo cual se acreditan los requisitos de procedencia, por lo que el objeto será efectuar el estudio y calificación correspondiente de la litis suscitada. III. Estudio y calificación de la denuncia. A efecto de determinar si existe o no desacato respecto del cumplimiento a la suspensión de plano decretada, como lo sostiene la parte quejosa, es pertinente acotar lo siguiente: Los artículos 125, 126, 136 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. [.]" "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. [.]" "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]" Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades responsables de cumplir la resolución en que se concede la suspensión de plano del acto reclamado surge a partir de que se les notifica la determinación, por lo que a partir de ese momento deben realizar las diligencias necesarias para su cumplimiento y cumplir la suspensión de manera inmediata en los términos en los que fue otorgada la medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. Ahora, del citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene que el incumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a los siguientes supuestos legales: a). La persona que encarna a la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión, siendo denunciada por ello, será sancionada de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. b). La sanción se aplicará por cuanto a la desobediencia cometida. c). El único requisito para que se imponga dicha sanción es que el acuerdo de suspensión le haya sido debidamente notificado a la autoridad responsable y que ésta no lo cumpla en sus términos. d). La sanción prevista para la desobediencia a la suspensión decretada en un juicio de amparo será independiente de los demás delitos en que pudiera incurrir. También debe acotarse, que cuando se trata del incidente por cumplimiento defectuoso o excesivo, su objeto tiene como finalidad analizar si la autoridad responsable ha cumplido de manera precisa con la suspensión del acto reclamado. Al respecto la Ley de Amparo, en su Capítulo V, titulado "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión", regula su procedencia en el artículo 206, de contenido normativo siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Asimismo, para el caso de que dicho incidente por incumplimiento, exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión se considere fundado, el artículo 209 de la ley de materia, establece lo siguiente: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." De lo anterior, como se anticipó en párrafos que anteceden, se obtiene que procede la denuncia en la vía incidental cuando cualquier persona (con legitimación) se considere afectada por el incumplimiento a la suspensión sea de plano, provisional o definitiva, o sea porque se considere que existe defecto o exceso en su acatamiento. En ese orden de ideas, tenemos que dada la relevancia e implicaciones jurídicas que la suspensión del acto reclamado tiene en un juicio constitucional, la Ley de Amparo no sólo establece los medios necesarios para preservar la materia del juicio a través de la suspensión, sino que impone consecuencias ante el incumplimiento de la misma. Consecuentemente, la materia de dicho incidente es advertir, según sea el caso, si la autoridad responsable incumplió o no la suspensión, o si está en aptitud de rectificar los errores en que incurrió (por exceso o defecto) y, de ser el caso, confirmar el apercibimiento, consistente en denunciar a la autoridad responsable ante el Ministerio Público de la Federación, por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Ahora, para la correcta resolución del incidente que nos ocupa y adecuada fijación de la litis incidental, a fin de tutelar el derecho constitucional de seguridad jurídica de las partes involucradas, se debe atender a la forma en la que se denunció la violación a la suspensión. Lo anterior significa que se debe analizar si se controvierte un incumplimiento en sentido lato sensu -primer supuesto-, o porque la autoridad responsable sí desplegó actos tendentes a acatar la medida, pero lo hizo de manera defectuosa -segunda hipótesis- o bien, si la autoridad al tratar de dar cumplimiento lo hizo de manera excesiva-tercer supuesto-, extralimitándose de los efectos delimitados en la suspensión. De ahí que, para determinar si existe o no la violación a la suspensión, se debe analizar si se reúnen o no los siguientes requisitos: a) Que la medida cautelar con efectos concretos se haya concedido por el órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió la suspensión haya surtido efectos, se haya notificado a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se hubiesen enterado de su existencia; y, c) Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecuten los actos reclamados materia de la suspensión concedida (o continúen en omisión de realizar lo ordenado por el órgano constitucional). En el particular, este incidente tuvo su génesis en el escrito presentado por la quejosa por incumplimiento a la suspensión de plano, por lo que, con base en esa proposición se procederá a fijar la litis incidental para su resolución, en aras de tutelar, como ya se anticipó el principio constitucional de seguridad jurídica. En dicho libelo, la impetrante de amparo, denunció lo siguiente: "(.) MARGARITA ARACELI CABRERA BORBOA, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, con el debido respeto comparezco ante usted para exponer que: Por medio del presente escrito, con fundamento en el artículo 206 de la Ley de Amparo, vengo denunciando el incumplimiento a la suspensión que me fue otorgada, toda vez que se decretó la suspensión de plano que cese el acto omisivo reclamado; o cualquier otro que atente contra la salud e integridad de la impetrante, lo que se traduce en que la autoridad responsable le proporcione a la directamente agraviada el tratamiento y medicamentos adecuados al padecimiento que sufre. El caso es que de nueva cuenta, el día 16 de marzo de 2021 acudí ante la autoridad responsable a preguntar por el medicamento que me debe ser aplicado cada mes, en específico el miércoles 3 de marzo de 2021 acudí a verificar la existencia de la ampolleta y medicamento que me debe ser aplicado, encontrándome con que de nueva cuenta la responsable ha sido omisa en surtir el medicamento vital para la firmante, en específico la responsable fue omisa en surtir la ampolleta BEVACIZUMAB 500 MG y la Receta 3040752ME por FULVESTRANT sol. iny. 250 mg c/2 jer. prellenada c/5 ml (con indicación a surtir para 2 meses), que me es aplicada mes con mes y que de nueva cuenta se me retrasara su aplicación. En ese tenor, me permito señalar que la responsable ha venido violando en mi perjuicio la suspensión de plano concedida, toda vez que continua siendo omisa en entregar y/o aplicar los medicamentos que recetados, señalando bajo protesta de decir verdad, que es hasta después de acudir a denunciar ante este Tribunal el incumplimiento, cuando me son aplicados los medicamentos, lo que lleva a patentizar la mala fe con la que se conducen las responsables, pues sin tomar en cuenta que soy una persona de la tercera edad, me encuentro afectada severamente de mi sentido del oído y que, entre la falta de sentido auditivo y el cáncer que me atañe, me traen en vueltas innecesarias de promover por la vía legal para que se cumpla un derecho que por ley me corresponde. (.)" Con base en lo expuesto, el estudio de este asunto se circunscribe a determinar si las autoridades responsables han incurrido en desacato a la suspensión emitida en este sumario; es decir, si debido a su omisión de actuar la quejosa no está recibiendo el medicamento necesario para su padecimiento. De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, en el particular, por defecto en la actuación de la autoridad responsable es fundado el planteamiento de denuncia de violación a la suspensión. Para sustento de lo afirmado se hace menester acudir a las constancias y documentales existentes en los presentes autos, a los que se les otorga plena valía probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de lo cual se obtiene lo siguiente: En la demanda de amparo, substancialmente, la quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de suministrar los medicamentos para atender el padecimiento de cáncer de ovario con metástasis en pelvis, aorta e hígado, exponiendo que se encuentra en tratamiento de quimioterapias cada veintiún días y requiere la aplicación de una ampolleta denominada BEVACIZUMAB, que resulta ser un auxiliar en el tratamiento del cáncer. Además, la agraviada quien resulta ser persona de la tercera edad, reclama la omisión de extender un tratamiento completo para su padecimiento, por lo que solicitó la suspensión para efecto de que la autoridad responsable le suministrara todos y cada uno de los medicamentos recetados. En tal medida, mediante acuerdo de quince de febrero de este año, se decretó en favor de la quejosa, la suspensión de plano de los actos reclamados, substancialmente para que cesara el acto omisivo reclamado; o cualquier otro que atentara contra la salud e integridad de la impetrante, lo que se traduce en que la autoridad responsable debe proporcionar a la directamente agraviada el tratamiento y medicamentos adecuados al padecimiento que sufre. Actos desplegados por las responsables para cumplimiento de la suspensión de plano. En relación con lo anterior, el subdirector de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al pronunciarse sobre la medida decretada, manifestó que no estaba en aptitud de dar cumplimiento dado que conforme a sus atribuciones no está facultado para suministrar el medicamento a la agraviada, por lo que solicitó se le desvinculara del cumplimiento de la medida cautelar. Por su parte, el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por oficio UJ-1113-2021 informó haber solicitado al subdirector de Servicios Administrativos que diera cumplimiento de inmediato a la suspensión decretada, quien a su vez, mediante oficio SSA497/2021, informó a este órgano las gestiones para el cumplimiento; asimismo, que el diecinueve de febrero pasado, suministró a la aquí quejosa el medicamento BEVACIZUMAB, lo cual acreditó con las constancias pertinentes para tal efecto. Sin embargo, en el escrito origen de esta incidencia, la quejosa denunció el incumplimiento de la suspensión, sustentando tal denuncia de violación a la suspensión bajo la consideración sintetizada de que no se le ha surtido el medicamento que le debe ser aplicado mes a mes (ampolleta BEVACIZUMAB 500 MG y la Receta 3040752ME por FULVESTRANT solución inyectable 250 mg c/2 jeringa prellenada c/5 ml (con indicación a surtir para 2 meses-). En relación con lo anterior, el subdirector de Servicios Administrativos, al contestar requerimiento de informe en relación con la violación a la suspensión denunciada, expuso lo siguiente: "En atención y dando seguimiento a su oficio 5816/2021; dentro del Juicio amparo número 138/2021, radicado en ese H. Juzgado, promovido por la C. MARGARITA ARACELI CABRERA BORBOA, téngase a esta autoridad señalada como responsable, rindiendo informe respecto al auto de fecha de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, para lo cual me permito hacer las siguientes manifestaciones DE HECHO Y DE DERECHO: Señala la demandante que su queja consiste en la omisión del servicio médico, en este caso la falta del suministro de diverso medicamento, en supuesto perjuicio de la quejosa. Al respecto me permito adjuntar copia certificada de la orden de compra de medicamento FULVESTRANT sol. Iny. 250mg, el cual se encuentra tramitado y solicitado al proveedor FGI Farmacias de Sonora SA de CV, donde una vez entregados los medicamentos a la quejosa se le hará del conocimiento a ese H. Tribunal mediante evidencia certificada. En relación al medicamento BEVACIZUMAB 500 mg asignado a la derechohabiente Margarita Araceli Cabrera Borboa, me permito informar que el día de hoy será surtido por el proveedor PHARMATYCSA Medicamentos y Dispositivos Médicos, donde una vez suministrado a la quejosa se hará de su conocimiento. Es por lo anterior que atentamente solicito: Único) Se me tenga en tiempo y forma dando cabal cumplimiento al mandate Judicial, ordenado por ese H. Juzgado, rindiendo informe respecto al auto de fecha de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno (.)" De lo anterior se desprende que, con motivo de la suspensión de plano decretada por este órgano de control constitucional, las autoridades responsables se manifestaron al respecto y se clarificó que es el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y el director general de dicho instituto, quienes intervienen en el cumplimiento de la determinación concesoria suspensional, por lo que se desvincula de tal cumplimiento al subdirector de Servicios Médicos de dicho instituto responsable. Asimismo, que la primera de dichas autoridades (con órdenes del director del instituto responsable) en principio, desplegó las actuaciones pertinentes que permitieron surtir a la hoy quejosa el medicamento que necesita para el tratamiento del cáncer que padece, pues quedó acreditado en este sumario que el diecinueve de febrero de este año, se le suministró la dosis mensual de BEVACIZUMAB 500 mg. Sin embargo, las autoridades responsables que nos ocupan, no acreditan fehacientemente que el suministro de los medicamentos necesarios para combatir la enfermedad que padece la agraviada se le esté otorgando en la forma prescrita que menciona la quejosa (mensualmente -sin que las responsables refutaran la periodicidad-), pues si bien es cierto pretenden acreditar ante este órgano constitucional, que efectuaron actos encaminados a ese objetivo de suministro medicamentoso, lo que priva es que la justiciable sigue sin recibir el medicamento que necesita para paliar y tratar su enfermedad, lo cual permite asumir que el retraso u omisión en que incurren las responsables al no aplicar el medicamento indicado, pone en riesgo latente la eficacia para el combate de la enfermedad que padece la quejosa; de ahí, que resulte fundada la denuncia de violación a la suspensión delatada. Ciertamente, la autoridad responsable subdirector de Servicios Administrativos del instituto en cuestión, remitió en copias certificadas, constancias de las que se desprende la solicitud y orden de compra de los medicamentos "FULVESTRANT sol. Iny. 250 mg" y "BEVACIZUMAB 500 mg", prescritos a la derechohabiente Margarita Araceli Cabrera Borboa, los cuales dijo, se encuentran solicitados a los proveedores médicos FGI Farmacias de Sonora SA de CV, y PHARMATYCSA Medicamentos y Dispositivos Médicos, en relación a los cuales respecto del primer medicamento mencionó que una vez entregado a la quejosa, lo haría del conocimiento a este juzgado y, en relación con el segundo, que en el día en el que suscribió su informe de plano (veintiséis de marzo del año en curso) le sería surtido por el proveedor y se suministraría a la paciente, lo cual haría del conocimiento de este juzgado, sin que a la fecha del pronunciamiento de esta determinación, exista noticia de que las responsables hayan cumplido lo anterior, lo que revela deficiencia (defecto) en observar la suspensión de plano Así se considera, dado la delicadísima garantía que se tutela en el particular, como es el acceso sin restricciones al derecho a la salud, que de manera categórica contempla el artículo 4 Constitucional y que además, en los tiempos actuales, ha pasado a ser un derecho humano de tutela total por organismos y tratados internacionales. Máxime que en el caso, dado la naturaleza de la enfermedad que padece la derechohabiente, es de suyo conocido que su tratamiento no puede postergarse y supeditarse a la espera de que los proveedores surtan los medicamentos (como está ocurriendo en el particular), a riesgo de poner en peligro la vida de la paciente, pues es obligación del Estado Mexicano, en el caso, a través de las autoridades médicas responsables, como servidoras de la salud, planificar con la anticipación necesaria la compra de los medicamentos que éste y cualquier tipo de enfermedades requieren para su tratamiento y además, desplegar y ejecutar los actos necesarios para que los proveedores realicen la entrega de insumos y medicamentos de tal forma que no falte el suministro a los pacientes con la periodicidad que el tratamiento respectivo requiera. De lo expuesto, se tiene que si bien las autoridades han demostrado las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir la suspensión decretada; sin embargo, de acuerdo a lo expuesto y dado la naturaleza del reclamo constitucional y la enfermedad que padece la aquí quejosa, se concluye que dichas gestiones han sido insuficientes para obtener el resultado pretendido con la medida cautelar. Sin que lo anterior signifique análisis de legalidad sobre la materia de fondo, ya que dicho tópico es tema de sentencia definitiva de la controversia, y en esta resolución únicamente se determina que no están satisfechos los parámetros para los que se emitió la suspensión de plano, sin que sea suficiente para determinar cumplida la suspensión que se acreditaran diversos actos tendentes a su cumplimiento, pues al final las responsables en trato no han suministrado el medicamento que necesita la quejosa con la periodicidad que le fue prescrita. IV. Decisión Con base en lo expuesto, al existir defecto en el cumplimiento de la medida cautelar, procede declarar fundado este incidente de violación a la suspensión de plano, para que las autoridades responsables, dentro del término de veinticuatro horas computadas legalmente, en el ámbito de sus atribuciones legales, cumplan sin restricción alguna con la suspensión de plano decretada, para lo cual deberán satisfacer el suministro en tiempo y forma de los medicamentos necesarios en el tratamiento de la enfermedad que padece la quejosa, lo que tendrán que acreditar fehacientemente ante este órgano de control constitucional. Con apoyo en lo establecido en el artículo 209 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en trato, que, en caso de no dar cumplimiento a la suspensión de plano, dentro del plazo otorgado, se realizará la denuncia al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. Por lo expuesto y fundado, se V. Resuelve: Único. Es fundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano, planteado por la quejosa Margarita Araceli Cabrera Borboa, por los motivos y sustentos legales precisados en el capítulo III de la presente interlocutoria y para los efectos con apercibimiento decretados en el apartado IV. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien legalmente actúa y da fe. Doy Fe.

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