Marcos Castillo Velazquez

Expediente 510/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
510/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Marcos Castillo Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada en fecha quince de junio del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a quince de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por -, con el carácter que se ostenta, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se realizó en proveído de diez de junio del año que transcurre, y anexa las copias respectivas. Una vez asentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, se hace consistir en el auto dictado el veintisiete de mayo del presente año, dentro del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento relativo al juicio ordinario civil -, en el cual no se tuvo a los ahora quejosos interponiendo recurso de apelación en contra del diverso proveído de catorce del mismo mes y año, donde se les dijo que no se contaba con el tiempo suficiente para desahogar el medio de convicción que presentaron dentro de dicha incidencia; incidente que se encuentra en trámite sin que a la fecha se haya dictado resolución interlocutoria, pues así lo manifestó la quejosa en su escrito aclaratorio. En ese sentido, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Por tanto, respecto de los actos antes referidos el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por otra parte, el artículo 107 fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, en el caso concreto el quejoso reclama el acuerdo de veintisiete de mayo del presente año, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, dentro del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento relativo al juicio ordinario civil -, no se tuvo a los ahora quejosos interponiendo recurso de apelación en contra del diverso proveído de catorce del mismo mes y año, donde se les dijo que no se contaba con el tiempo suficiente para desahogar el medio de convicción que presentaron dentro de dicha incidencia; actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y no se advierte que sea definitivo para los efectos del amparo indirecto, en virtud de que, sería hasta que se dictara la sentencia interlocutoria respectiva, cuando podría darse el perjuicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en la página 538, del Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". De lo expuesto se obtiene que en el particular, que dicho proveído dictado dentro del juicio ordinario civil -, no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, sino que afecta derechos procesales y los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y podrán desaparecer si el afectado obtiene una sentencia interlocutoria favorable en el incidente relativo al juicio de origen. De ahí el hecho de que el juez responsable, haya determinado todo lo anterior, constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas de los quejosos; empero, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia interlocutoria que se llegue a dictar, si es que se emite favorablemente a los intereses de los quejosos, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la resolución interlocutoria, mediante el juicio de amparo indirecto, conforme a las reglas previstas en el artículo 174 de la Ley de la Materia. De lo expuesto se deriva un elemento toral para considerar que en el particular el acuerdo dictado por el Juez en cuestión el veintisiete de mayo del año que transcurre, no es susceptible de combatirse en esta etapa procesal, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales por las razones apuntadas. En tales condiciones, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por los quejosos en cita, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-510/2021-C, y previo a admitirla se previene a la promovente con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que calare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las -deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 112, 114, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, cumpla con lo siguiente: - Exhiba copia simple o ante su imposibilidad, la transcripción del auto de catorce de mayo del presente año, dictado por el Juez responsable dentro del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento relativo al juicio ordinario -civil -, del índice de dicha autoridad, así como del diverso de veintisiete del mismo mes y año, que constituye el acto reclamado; - Asimismo, informe si ya se dictó sentencia definitiva dentro del juicio ordinario civil -, y, si dicho incidente lo promovió antes o después de dicha resolución; lo anterior, pues dicha información es necesaria a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto a su escrito inicial. En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE GARANTÍAS. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. -Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea - la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario proporcionado -- -, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico para su consulta y se le realicen todo tipo de notificaciones. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autoriza para ese efecto a las personas que hace alusión, únicamente en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a la licenciada - toda vez que se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación.

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