Marcos Camorlinga Alcaraz

Expediente 831/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
831/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Marcos Camorlinga Alcaraz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo III-831/2018-Ldel índice de este juzgado y comunica que mediante auto de veintinueve de los actuales admitió el recurso de queja interpuesto... en contra del auto de diez de octubre del año en curso emitido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por -, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, en contra del auto de fecha diez de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio en que se actúa, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR MEDIO DE LISTA LA PARTE QUEJOSA.. DEL AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, al que anexa el juicio de amparo III-831/2018-L del índice de este juzgado, a través del cual informa que no aceptó el conocimiento de la demanda, pues sostuvo que los actos reclamados no tienen ejecución material; por tanto, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, sin que haya lugar a plantear conflicto competencial. Acúsese recibo de estilo al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del análisis de la demanda de garantías, promovida -, apoderado jurídico del quejoso -, contra actos del Magistrado de la Primera Cuarta Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: .ACTOS RECLAMADOS.- El auto de fecha 13 trece de septiembre del año 2018, dictado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro de los tocas de apelación, mediante el cual a pesar de habérsele RECUSADO, se negó a suspender su jurisdicción y omitió excusarse del conocimiento de los tocas citados, impidiendo a mi parte el acceso a la impartición de justicia Las sentencias emitidas con fecha 24 veinticuatro de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, dentro de los siguientes Toca número I-272/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 7 de agosto del año en curso, dictado por el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia. Toca número I-273/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 1 de agosto del año en curso, dictado por el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia..." Actos respecto de los cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo toda vez que, el acto reclamado no es de imposible reparación. En efecto, los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado. Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama, el auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual omitió excusarse para conocer de los tocas de apelación 272/2018 y 273/2018 del índice del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como las resoluciones emitidas dentro de los mismos formados con motivo del recurso de apelación interpuesto contra los autos de primero y siete de agosto de la presente anualidad en el que en el primero se adjudica de manera directa a la parte actora el bien inmueble materia de la controversia. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional deriva de la ejecución de la sentencia definitiva, ahora bien, si tomamos en cuenta que el juicio es el conjunto de actos relacionados entre sí y que se presentan cronológicamente conforme a los mandatos legales, que inician con una demanda y terminan con una sentencia, y los actos que se ejecuten o emitan para dar cumplimiento a dicha sentencia, son propiamente actos de autoridad después de concluido el juicio. Sentado lo anterior, resulta claro que el acto materia de estudio no es de aquéllos dictados fuera de juicio, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley en cita. De lo anteriormente apuntado, se desprende con claridad que el criterio de irreparabilidad en la ejecución -por regla general-, no es aplicable a los actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido este, supuestos ambos previstos en la fracción IV del artículo antes citado. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos después de concluido el juicio, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes hipotecados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior De lo anterior, debe concluirse que los actos reclamados, se produjeron en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no constituyen el último acto emitido en dicho procedimiento, pues éste será aquél en el que se ordena el otorgamiento de la escritura de y/o la entrega de los bienes hipotecados; de ahí que al no cumplir con esos requisitos, los actos que por esta vía se reclaman no satisfacen los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes jurisprudencias: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones. REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 1a./J. 108/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 172834, Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." Además, es menester precisar que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen, y que al haberse emitido el acto reclamado en la etapa de ejecución del juicio de origen, contra el mismo resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues para que pueda impugnarse mediante el juicio de garantías, es indispensable que dicho acto sea el último que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; esto es, cuando se ordene el otorgamiento de la escritura y/o la entrega de los bienes hipotecados. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución, no es ajeno a la cosa juzgada. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (regla general). Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ya que los actos reclamados se practicaron en la ejecución de sentencia, los cuales van encaminados a ejecutar directamente la sentencia definitiva dictada en la controversia de origen; esto es, no son ajenos a la cosa juzgada y como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Ahora bien, cabe hacer especial mención sobre el acto reclamados, aquel sobre el cual el juzgador de origen adjudicó de manera directa a la parte actora, el bien inmueble materia de la controversia. Tal actuación constituye una vía alterna al procedimiento ordinario de remate, aunque no por ello se convierte en una ejecución lisa y llana, lo que permitiría encuadrarlo en el supuesto del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo , lo que traería como consecuencia que el acto contra el cual pudiera acudir en amparo fuera el que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Así, no se está frente al último acto de ejecución porque el procedimiento de adjudicación directa configura un acto propio de uno de remate, es decir, es una vía alterna, cuando no distinta; en otras palabras, se optó por acortar el procedimiento de remate tradicional, toda vez que en esa hipótesis en realidad inició el procedimiento de remate, sólo que concluyó anticipadamente debido al resultado particular del avalúo pericial del bien materia de la controversia, razón por la cual no hubo necesidad de llamar a interesados a comparecer a la audiencia respectiva con la finalidad de que ese inmueble lo adquiriera el mejor postor. Es el caso que, aun cuando se ordenó la multicitada adjudicación, lo cierto es que en el auto de siete de agosto de dos mil dieciocho- no se conminó a la parte demandada para que otorgara la escritura correspondiente . Idènticas consideraciones han sostenido los Plenos de Circuito al emitir la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES EMBARGADOS O HIPOTECADOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y que tratándose de remates, únicamente la que ordena en forma definitiva la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados tiene ese carácter, también lo es que las normas no sólo deben interpretarse literalmente, especialmente cuando se advierte que bajo ese tipo de interpretación el efecto sería precisamente el que la norma pretende evitar. En el caso del artículo mencionado, la ratio legis consiste en impedir que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo y, precisamente tomando en cuenta ese fin, al impedir que se impugne en el juicio de amparo biinstancial la resolución que niega la adjudicación directa del bien embargado durante el juicio, o hipotecado, en favor de quien obtuvo sentencia definitiva favorable, puede provocarse el efecto contrario, porque se impide que la ejecución de la sentencia se lleve a cabo con la mayor expeditez posible a través de la adjudicación directa de los bienes indicados, la cual constituye una vía alterna al procedimiento ordinario de remate que la ley otorga expresamente al ejecutante para satisfacer el derecho que tiene a la realización práctica de la sentencia firme que acogió su pretensión; además, con la decisión denegatoria de la petición respectiva se concluye el trámite por el que se optó en lugar de seguirse el cauce ordinario del procedimiento de remate por todas sus etapas. Así, se concluye que atento al propio fin de la norma, cuando el Juez niega adjudicar en forma directa al ejecutante el bien embargado o hipotecado, esa resolución, una vez que se hace definitiva, puede impugnarse en el amparo indirecto sin necesidad de esperar a que se emita la sentencia en que se ordene su entrega y escrituración, precisamente porque la sentencia estimatoria que obtuvo le generó el derecho a obtener la satisfacción plena de las prestaciones materia de la condena impuesta a su contraparte; y no permitir el control constitucional sobre esas determinaciones, podría hacer nugatorio el derecho que por disposición legal le corresponde para tales efectos al ejecutante. Esta interpretación es la más apegada a los fines a los que obliga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el derecho al acceso a la justicia no sólo incluye el dictado de la resolución, sino además la expeditez en su ejecución, de modo que, de estimarse improcedente el amparo biinstancial contra el fallo que niega la adjudicación directa al ejecutante, se propiciaría el entorpecimiento de la ejecución en casos en que puede llevarse a cabo en forma abreviada. *Énfasis añadido Por tal motivo, como ya se ha señalado líneas arriba, se reitera que la procedencia de este juicio de control de la constitucionalidad se actualiza -específicamente en los casos de adjudicación directa de bienes-, solo cuando se ordene la escritura de adjudicación -no basta con decretar tal transferencia, sino que es necesaria la orden por parte del juez de la causa que genere la obligación de hacer en las partes, respecto de dicha escrituración- y/o la entrega de la posesión del bien inmueble, ya sea estos ocurran en un mismo momento o diferidos, en donde podrá interponer el amparo indirecto en el que haga valer todas las violaciones cometidas en dicho procedimiento inclusive la omisión de la autoridad responsable de excusarse para conocer del recurso de apelación planteado, acto reclamado que si bien es ajeno a la cosa juzgada; sin embargo, no afecta de manera directa derechos sustantivos del promovente, el cual como ya se dijo es impugnable en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, a través de su apoderado jurídico -, contra el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En relación a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos..";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, al que anexa el juicio de amparo III-831/2018-L del índice de este juzgado, a través del cual informa que no aceptó el conocimiento de la demanda, pues sostuvo que los actos reclamados no tienen ejecución material; por tanto, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, sin que haya lugar a plantear conflicto competencial. Acúsese recibo de estilo al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del análisis de la demanda de garantías, promovida -, apoderado jurídico del quejoso -, contra actos del Magistrado de la Primera Cuarta Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: .ACTOS RECLAMADOS.- El auto de fecha 13 trece de septiembre del año 2018, dictado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro de los tocas de apelación, mediante el cual a pesar de habérsele RECUSADO, se negó a suspender su jurisdicción y omitió excusarse del conocimiento de los tocas citados, impidiendo a mi parte el acceso a la impartición de justicia Las sentencias emitidas con fecha 24 veinticuatro de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, dentro de los siguientes Toca número I-272/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 7 de agosto del año en curso, dictado por el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia. Toca número I-273/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 1 de agosto del año en curso, dictado por el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia..." Actos respecto de los cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo toda vez que, el acto reclamado no es de imposible reparación. En efecto, los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado. Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama, el auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual omitió excusarse para conocer de los tocas de apelación 272/2018 y 273/2018 del índice del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como las resoluciones emitidas dentro de los mismos formados con motivo del recurso de apelación interpuesto contra los autos de primero y siete de agosto de la presente anualidad en el que en el primero se adjudica de manera directa a la parte actora el bien inmueble materia de la controversia. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional deriva de la ejecución de la sentencia definitiva, ahora bien, si tomamos en cuenta que el juicio es el conjunto de actos relacionados entre sí y que se presentan cronológicamente conforme a los mandatos legales, que inician con una demanda y terminan con una sentencia, y los actos que se ejecuten o emitan para dar cumplimiento a dicha sentencia, son propiamente actos de autoridad después de concluido el juicio. Sentado lo anterior, resulta claro que el acto materia de estudio no es de aquéllos dictados fuera de juicio, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley en cita. De lo anteriormente apuntado, se desprende con claridad que el criterio de irreparabilidad en la ejecución -por regla general-, no es aplicable a los actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido este, supuestos ambos previstos en la fracción IV del artículo antes citado. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos después de concluido el juicio, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes hipotecados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior De lo anterior, debe concluirse que los actos reclamados, se produjeron en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no constituyen el último acto emitido en dicho procedimiento, pues éste será aquél en el que se ordena el otorgamiento de la escritura de y/o la entrega de los bienes hipotecados; de ahí que al no cumplir con esos requisitos, los actos que por esta vía se reclaman no satisfacen los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes jurisprudencias: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones. REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 1a./J. 108/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 172834, Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." Además, es menester precisar que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen, y que al haberse emitido el acto reclamado en la etapa de ejecución del juicio de origen, contra el mismo resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues para que pueda impugnarse mediante el juicio de garantías, es indispensable que dicho acto sea el último que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; esto es, cuando se ordene el otorgamiento de la escritura y/o la entrega de los bienes hipotecados. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución, no es ajeno a la cosa juzgada. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente:  Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (regla general).  Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ya que los actos reclamados se practicaron en la ejecución de sentencia, los cuales van encaminados a ejecutar directamente la sentencia definitiva dictada en la controversia de origen; esto es, no son ajenos a la cosa juzgada y como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Ahora bien, cabe hacer especial mención sobre el acto reclamados, aquel sobre el cual el juzgador de origen adjudicó de manera directa a la parte actora, el bien inmueble materia de la controversia. Tal actuación constituye una vía alterna al procedimiento ordinario de remate, aunque no por ello se convierte en una ejecución lisa y llana, lo que permitiría encuadrarlo en el supuesto del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo , lo que traería como consecuencia que el acto contra el cual pudiera acudir en amparo fuera el que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Así, no se está frente al último acto de ejecución porque el procedimiento de adjudicación directa configura un acto propio de uno de remate, es decir, es una vía alterna, cuando no distinta; en otras palabras, se optó por acortar el procedimiento de remate tradicional, toda vez que en esa hipótesis en realidad inició el procedimiento de remate, sólo que concluyó anticipadamente debido al resultado particular del avalúo pericial del bien materia de la controversia, razón por la cual no hubo necesidad de llamar a interesados a comparecer a la audiencia respectiva con la finalidad de que ese inmueble lo adquiriera el mejor postor. Es el caso que, aun cuando se ordenó la multicitada adjudicación, lo cierto es que en el auto de siete de agosto de dos mil dieciocho- no se conminó a la parte demandada para que otorgara la escritura correspondiente . Idènticas consideraciones han sostenido los Plenos de Circuito al emitir la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES EMBARGADOS O HIPOTECADOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y que tratándose de remates, únicamente la que ordena en forma definitiva la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados tiene ese carácter, también lo es que las normas no sólo deben interpretarse literalmente, especialmente cuando se advierte que bajo ese tipo de interpretación el efecto sería precisamente el que la norma pretende evitar. En el caso del artículo mencionado, la ratio legis consiste en impedir que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo y, precisamente tomando en cuenta ese fin, al impedir que se impugne en el juicio de amparo biinstancial la resolución que niega la adjudicación directa del bien embargado durante el juicio, o hipotecado, en favor de quien obtuvo sentencia definitiva favorable, puede provocarse el efecto contrario, porque se impide que la ejecución de la sentencia se lleve a cabo con la mayor expeditez posible a través de la adjudicación directa de los bienes indicados, la cual constituye una vía alterna al procedimiento ordinario de remate que la ley otorga expresamente al ejecutante para satisfacer el derecho que tiene a la realización práctica de la sentencia firme que acogió su pretensión; además, con la decisión denegatoria de la petición respectiva se concluye el trámite por el que se optó en lugar de seguirse el cauce ordinario del procedimiento de remate por todas sus etapas. Así, se concluye que atento al propio fin de la norma, cuando el Juez niega adjudicar en forma directa al ejecutante el bien embargado o hipotecado, esa resolución, una vez que se hace definitiva, puede impugnarse en el amparo indirecto sin necesidad de esperar a que se emita la sentencia en que se ordene su entrega y escrituración, precisamente porque la sentencia estimatoria que obtuvo le generó el derecho a obtener la satisfacción plena de las prestaciones materia de la condena impuesta a su contraparte; y no permitir el control constitucional sobre esas determinaciones, podría hacer nugatorio el derecho que por disposición legal le corresponde para tales efectos al ejecutante. Esta interpretación es la más apegada a los fines a los que obliga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el derecho al acceso a la justicia no sólo incluye el dictado de la resolución, sino además la expeditez en su ejecución, de modo que, de estimarse improcedente el amparo biinstancial contra el fallo que niega la adjudicación directa al ejecutante, se propiciaría el entorpecimiento de la ejecución en casos en que puede llevarse a cabo en forma abreviada. *Énfasis añadido Por tal motivo, como ya se ha señalado líneas arriba, se reitera que la procedencia de este juicio de control de la constitucionalidad se actualiza -específicamente en los casos de adjudicación directa de bienes-, solo cuando se ordene la escritura de adjudicación -no basta con decretar tal transferencia, sino que es necesaria la orden por parte del juez de la causa que genere la obligación de hacer en las partes, respecto de dicha escrituración- y/o la entrega de la posesión del bien inmueble, ya sea estos ocurran en un mismo momento o diferidos, en donde podrá interponer el amparo indirecto en el que haga valer todas las violaciones cometidas en dicho procedimiento inclusive la omisión de la autoridad responsable de excusarse para conocer del recurso de apelación planteado, acto reclamado que si bien es ajeno a la cosa juzgada; sin embargo, no afecta de manera directa derechos sustantivos del promovente, el cual como ya se dijo es impugnable en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, a través de su apoderado jurídico -, contra el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En relación a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos.

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