Marcos Alejandro Sanchez Ojeda
Expediente 893/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcos Alejandro Sanchez Ojeda
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, al que la citada autoridad anexa los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remite testimonio de la resolución dictada dentro de la queja administrativa -l veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo. En relación con lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, atento a la constancia secretarial, de la que se desprende que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni documentos que devolver, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, téngase a la citada autoridad por informando que en proveído de veintiuno de octubre pasado, la citada Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos copia del escrito de cuenta signado por el quejoso, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; atento al mismo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que esté debidamente integrado, de inmediato remítase a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviando al efecto el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como el informe sobre la materia de queja, para lo que a bien tenga determinar la superioridad. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y fórmese cuaderno de antecedentes con las copias necesarias que permitan conocer su historia procesal. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ... por propio derecho, contra el acto reclamado al Congreso del Estado de Michoacán, que hace consistir en la designación como Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la licenciada... en sesión extraordinaria de dos de septiembre de dos mil veintiuno. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-893/2021-1. Ahora bien, este juzgador federal determina desechar la demanda de amparo por las consideraciones jurídicas siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda debidamente y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción VII de la Ley en cita, por las siguientes razones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.)". De la anterior transcripción se desprende de manera clara que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen las resoluciones o declaraciones que emitan los Congresos, ya sea estatales o el federal, o sus respectivas comisiones, en la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. En ese sentido, para arribar a la conclusión de la improcedencia, resulta imperante explicar qué es lo que debe entenderse por facultad soberana y/o discrecional: El vocablo "facultad" es el derecho o prerrogativa que alguien tiene y que está en aptitud de ejercerlo. Ésta se califica como "soberana", cuando la persona o ente que la ejerce goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. Por su parte, la "facultad" será "discrecional", cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. En esta tesitura, puede decirse que la causa de improcedencia precitada protege las decisiones tomadas por los Congresos en uso de sus prerrogativas legislativas, ya que las facultades relativas no dependen de la decisión de terceros y se encuentran libres de presión e injerencia alguna, lo cual busca blindar la estructura orgánica del Estado Mexicano y la naturaleza propia de los órganos legislativos que lo conforman, en cuanto representantes de los ciudadanos que los eligen y que al ejercer sus facultades, expresan la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, esto es, que se refleje la representación del pueblo soberano por el órgano legislativo, de manera que cuando las Cámaras toman alguna de estas decisiones, lo hacen en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático. En torno al alcance de la causa de improcedencia que se analiza, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los dos aspectos que la definen: acto soberano, es aquél que se lleva a cabo por quien goza de independencia y no requiere injerencia externa para su aprobación, sanción o ratificación; y, el hecho de que el procedimiento de elección esté previsto en una ley que plasme los requisitos de quienes sean candidatos a ocupar un cargo, no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que en el caso de las listas de aspirantes, una vez sometidas a la autoridad, queda a su decisión emitir su voto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) con registro digital 2017916 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2018, Tomo I, visible a página 887, del texto y rubro siguientes: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." En ese sentido, la determinación del Congreso del Estado de Michoacán, constituye un acto soberano emitido en uso de sus facultades discrecionales, dado que no se requiere de la aprobación o supervisión de algún otro órgano o ente público. En el caso que nos ocupa, el artículo 134, fracción X, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, establece: "Artículo 134.- La Auditoría Superior de Michoacán tendrá a su cargo: El Congreso del Estado designará al Titular de la Auditoría Superior de Michoacán con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. El Congreso del 71 Estado emitirá convocatoria pública, a efecto de recibir propuestas de aspirantes a ocupar este cargo.". Por su parte, los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, señalan: "Artículo 6. Para ser Auditor Especial se deberán cumplir los mismos requisitos señalados para ser Auditor Superior, a excepción de otorgar fianza administrativa ante el Congreso para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 7. El Congreso, a través de la Comisión, emitirá convocatoria pública para establecer el procedimiento de elección del Auditor Superior y los auditores especiales. Una vez desahogado el procedimiento que al efecto se establezca en la convocatoria, la Comisión presentará al Pleno del Congreso terna por cada uno de los auditores a elegir. Las ternas serán votadas por cédula. Si realizadas dos rondas de votación no se alcanzara la mayoría requerida, la Comisión deberá presentar una nueva terna por cada auditor faltante de entre los aspirantes registrados, en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se haya celebrado la sesión correspondiente. Artículo 8. La designación del titular de la Auditoría Superior se sujetará al procedimiento siguiente: I.- La Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de recibir durante un período de diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de titular de la Auditoría Superior. La Comisión deberá consultar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que estime pertinente, para postular los candidatos idóneos para ocupar el cargo; II.- Concluido el plazo anterior, y dentro de los cinco días hábiles siguientes, la Comisión procederá a la revisión y análisis de las solicitudes; III.- Concluido el plazo anterior y dentro de los diez días hábiles siguientes, los aspirantes se someterán a la evaluación respectiva y comparecerán ante la Comisión; IV.-Concluido el plazo anterior y dentro de los cinco días hábiles siguientes la Comisión formulará su dictamen a fin de proponer al Pleno del Congreso los tres candidatos para que éste proceda en los términos del artículo anterior; y, V.- La persona designada para ocupar el cargo protestará ante el Pleno del Congreso. El Auditor Superior durará en su encargo siete años. Será electo y removido en los términos y por las causas previstas en la Constitución, en la normatividad aplicable a las responsabilidades administrativas y en la presente ley. Los auditores especiales durarán en su encargo cinco años y serán designados de forma escalonada. En ningún caso el Auditor Superior y los auditores especiales podrán reelegirse para el mismo cargo.". De dichos numerales se advierte que para la designación Auditor Especial de Fiscalización Estatal, es necesario que el Congreso, a través de la Comisión, emita convocatoria pública para establecer el procedimiento de elección de los auditores especiales, entre ellos, Auditor Especial de Fiscalización Estatal. Una vez desahogado el procedimiento que al efecto se establezca en la convocatoria, la Comisión presentará al Pleno del Congreso terna por cada uno de los auditores a elegir, procedimiento que es de manera independiente, sin injerencia de algún otro ente o poder público. Entonces, si la elección del Auditor Especial de Fiscalización Estatal no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales otorgadas por dicha Constitución. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana. En ese contexto, el presente juicio de amparo resulta improcedente dado que el acto que se reclama consistente en la designación del Auditor Especial de Fiscalización Estatal, por parte del Congreso del Estado de Michoacán, forma parte de un proceso de elección donde este último ejerce facultades soberanas y discrecionales, dado que ninguna otra disposición legal exige que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso, de ahí su calidad de soberana, en contra de la cual no procede el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CXXVII/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene al promovente por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizados para recoger todo tipo de documentos a las personas que menciona. Sin que haya lugar a tener la cuenta de correo electrónico que proporciona para el efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no prevé ese medio para realizar las notificaciones; sin embargo, se tiene como dato de contacto, a través del cual, en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional entablará comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finamente, notifíquese personalmente a la parte quejosa el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito, para notificar el presente proveído, deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2, fracción lV, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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