Marco Tulio Torres Calderon

Expediente 863/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
863/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Marco Tulio Torres Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Como según certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de agosto del año en curso, en la que desechó la demanda de garantías, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de dieciocho de agosto del año en curso, se desechó la presente demanda de garantías; sin embargo, a la fecha en que se actúa no obra físicamente, ni en el expediente electrónico constancia que evidencie que la parte quejosa se encuentre debidamente notificada para tal efecto, como se advierte de la impresión realizada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) la cual se glosa a los autos; tal virtud, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que realice la notificación del proveído de dieciocho de agosto del año en curso, a fin de que la parte quejosa, sea debidamente notificada del auto en mención. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Según constancia secretarial de cuenta, el auto de dieciocho agosto del año en curso, emitido en el presente asunto no se publicó, en tal virtud se ordena publicar tal proveído en esta data. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ... contra actos del Comandante de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número VII-863/2022-1, y fórmese el cuaderno respectivo. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa esencialmente señala como acto reclamado el oficio número ... de dieciocho de julio del presente año, por medio del cual se le pretende cambiar de su adscripción como Oficial de la Guardia Nacional de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Estación Maravatío. En atención al acto reclamado el suscrito advierte un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos México, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los interés jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Asimismo, el numeral 6 de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general) y, se sigue, siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de garantías únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto reclamado, ya sea a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo. El presupuesto jurídico que contienen los preceptos transcritos, interés jurídico o interés legítimo, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando acude en demanda de amparo debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de garantías resultará improcedente por no acreditarse un interés jurídico. Con independencia de lo anterior, también se requiere que se lesione el interés legítimo en el supuesto de que no sea directamente titular de un derecho subjetivo contenido en una norma, el cual supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En efecto, para promover el juicio de amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos o legítimos entendiéndose por éstos, lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. c) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; d) No es suficiente para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número sesenta, Octava Época, misma que se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. También apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada I.4o.A.357 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página mil trescientos nueve del tomo XVI, agosto de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO. El gobernado en los supuestos de que sea titular de un interés legítimo y se considere afectado con el acto de autoridad, puede acudir a la vía contencioso administrativa a solicitar que se declare o reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le agravia, para lo cual es necesario que: a) sea el titular o portador de un interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una situación individualizada, el resarcimiento de daños y perjuicios, en un beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades. En este orden de ideas, es evidente que un acto de privación, proveniente del ejercicio de una norma de acción y susceptible de incidir sobre propiedades o posesiones de uno o múltiples sujetos, por supuesto que les confiere una posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose esta situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo." Del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso es miembro de la Guardia Nacional, con el cargo de Oficial, y ocurre al juicio de amparo a reclamar oficio a través del cual se hizo de su conocimiento su cambio de adscripción. Ahora bien, la Jurisprudencia 2a./J. 38/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco, página 310, de rubro y texto siguiente establece: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". En la ejecutoria que dio origen al criterio en mención, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró lo siguiente: ".Por lo que, en este sentido, el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, que tiene dos elementos: I) Una facultad de exigir. II) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En este orden de ideas, resulta necesario precisar que el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, dice lo siguiente: "Artículo 13. Son atribuciones del director general de Seguridad Pública y Tránsito: "... "VII. Nombrar a los integrantes del cuerpo preventivo de seguridad pública estatal, cambiarlos de adscripción de acuerdo a las necesidades del servicio y sancionarlos en términos de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias." El artículo 4o. de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 4o. Los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública estatal y municipales, se regirán por esta ley, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones sobre la materia. "La relación laboral de los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública con el Estado o con los Municipios es de naturaleza administrativa y sus funciones de confianza." Así las cosas, la orden emitida por el director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones labores, por equiparación a las relaciones administrativas que guardan los agentes policiacos y el Estado, atento de no tratarse de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho de inamovilidad en las funciones a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y del Reglamento de Seguridad Pública del Estado de México, y de ahí que si con motivo de la readscripción el agente readscrito continúa desempeñando el cargo en igualdad de funciones y condiciones laborales, que sus derechos subjetivos no se vean afectados. En consecuencia, la orden de cambio de adscripción, en igualdad de funciones y condiciones laborales, no necesita estar fundada y motivada, en relación con las necesidades del servicio, pues no se ve afectación alguna al agente de policía readscrito, cosa contraria sucedería, como se dijo, cuando se afecten las funciones y condiciones laborales desempeñadas." De lo anterior es dable concluir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. La propia Segunda Sala del Máximo Tribunal, emitió la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, página 815, de rubro y texto siguiente: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo". La ejecutoria que sirve de sustento a este criterio indica: "Del estudio de las normas legales transcritas, se desprende que en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco existe un servicio civil de carrera al cual se encuentran sujetos los agentes de la policía investigadora, entre otros. El servicio de carrera tiene un carácter permanente, abarca los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las distintas ramas; dicho servicio se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, y tiene como objetivos la capacitación, actualización y especialización en el marco de esos principios. En lo que interesa para la resolución de la presente contradicción de tesis, en el servicio de carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco destacan las figuras de adscripción, permanencia y cambio de adscripción. Respecto de esta última figura, se observa que, en términos del artículo 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cambio de adscripción puede ser por decisión del procurador o del funcionario en quien delegue esa facultad, por solicitud del propio interesado o por permuta. El análisis sistemático de los numerales de la ley orgánica y de la ley burocrática mencionados permite sostener que la institución ha expedido una normatividad interna con la finalidad de establecer, en el marco del servicio civil de carrera, reglas específicas en materia de cambio de adscripción de los agentes de la policía investigadora. Tales reglas, señalan qué autoridad tiene la facultad de solicitar el cambio de adscripción de un agente de la policía investigadora, así como las circunstancias y derechos que rodean ese cambio de adscripción. De ese modo, si bien los agentes de la policía investigadora mencionados no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir. En ese contexto, el hecho de que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco junto con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establezcan un conjunto de reglas en torno de la readscripción de los agentes de la policía investigadora de ese Estado, concretamente la condición de que para el cambio de adscripción se deba pedir al agente su anuencia, no supone una limitación a la facultad de su titular o del funcionario en quien delegue la facultad a decidir los cambios de adscripción del personal del servicio de carrera, sino el deber de acatar las reglas que propenden a mejorar la calidad del servicio público que la Constitución Federal le asigna. Lo anterior implica no sólo lograr la pronta y profesional procuración de justicia en materia penal, sino también que el personal del servicio de carrera tenga reglas específicas que le permitan conocer los casos y las condiciones en que se puede producir un cambio de adscripción, esto es, se encuentra imbíbita la intención de equilibrar el ejercicio de las facultades de la institución y sus funcionarios facultados en el caso de decidirse el cambio de adscripción de un agente de la policía investigadora. Es evidente que estos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, pero una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad. Tal garantía, en el caso, obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés del agente de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco de acudir al juicio de amparo cuando estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción. Siendo así, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo no podría entenderse actualizada, pues no obstante que dichos agentes no tienen permanencia en su adscripción, su cambio debe sujetarse al procedimiento establecido para esos fines en las leyes aplicables que rigen en la institución, lo cual deberá ser objeto de análisis al resolver el fondo del asunto. Esta conclusión se fortalece si se toma en cuenta que la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión ... interpuesto por el secretario de Educación Pública, resuelto por unanimidad de votos en sesión del veintidós de abril de mil novecientos ochenta y siete, determinó que: "De conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una de las causas por las cuales puede ordenarse el traslado de un trabajador de una población a otra, es porque así lo exigen las necesidades del servicio; pero si en la propia disposición se establece que éstas han de ser debidamente justificadas, debe considerarse que para que opere válidamente el cambio de adscripción, no basta con que el titular invoque la causa referida, sino que se requiere que demuestre los elementos concretos que constituyen esas necesidades del servicio." En el caso sujeto a estudio no estamos ante una relación de trabajo, pero ese criterio es ilustrativo para advertir que el cambio de adscripción no escapa al principio de legalidad y que la autoridad, aun en los casos de los agentes de la Policía Investigadora del Estado de Jalisco tiene el deber de observar el procedimiento que ha establecido para esos supuestos. Estas consideraciones también encuentran apoyo en los argumentos sustentados por esta Segunda Sala, al fallar la contradicción de tesis 227/2007, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro ..., en sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil siete, donde se examinó el procedimiento de cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público Federal, se externaron afirmaciones semejantes a las aquí sustentadas y se emitió la siguiente tesis de jurisprudencia: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO ESTIMEN QUE QUIEN ORDENÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CARECE DE FACULTADES. Los artículos 11, 30, 38 y 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1o, 2o, 61, 62, 63, 65 y 67 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y los Lineamientos Generales para realizar los cambios de adscripción y la rotación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en materia de adscripción y cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación, prevén las autoridades facultadas para solicitarlo y los requisitos que debe cumplir; quién es el encargado de analizar tales propuestas y dictaminar sobre su conveniencia; en quién recae la facultad de resolver en definitiva; y, los casos en que el cambio de adscripción del personal del servicio de carrera puede ser general, parcial o específico. Por tanto, los agentes del Ministerio Público de la Federación pueden promover juicio de amparo en contra del cambio de adscripción cuando quien lo ordenó carece de facultades, pues de acuerdo con las normas citadas, esa determinación sólo puede ser emitida por quien está facultado y lo contrario afecta el interés jurídico del promovente." (No. Registro: 170700. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis 2a./J. 246/2007, página 205). Lo hasta aquí razonado es acorde con lo que ha sostenido esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 38/2005, donde se sostuvo medularmente que el cambio de adscripción del agente perteneciente a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, cuando se realiza en igualdad de funciones y condiciones, no afecta su interés jurídico, toda vez que, según ya se explicó, si bien en principio le asiste interés jurídico al agente de policía para acudir a la instancia constitucional a impugnar su cambio de adscripción; sin embargo, cuando de autos se demuestra que ese cambio de adscripción se realiza en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, entonces, sí se actualizaría la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, tal cual lo indica la tesis de jurisprudencia mencionada, que señala a la letra:." Lo transcrito permite concluir que el juicio de amparo es improcedente si el cambio de adscripción reclamado, no refleja el ejercicio de un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, así como tampoco se advierte una disminución de las prestaciones que percibe. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y anexos no se desprende que contemplen un cambio de jerarquía, o bien, una disminución en los emolumentos que se le deben cubrir al impetrante. En ese sentido, tampoco se desprende que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el peticionario, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho cargo, además de que el quejoso no exhibe prueba alguna que demuestre esa afectación. En ese contexto, tomando en consideración los referidos criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que el cambio de adscripción reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Habida cuenta de que el cambio de adscripción que se reclama, no se evidencia se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario, o bien, una reducción en el salario que percibía, de modo tal que siendo el quejoso oficial de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando las garantías individuales de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Por tanto, el oficio a través del cual se le notificó su cambio de adscripción al peticionario, del lugar donde desempeña sus funciones en la "Estación Maravatío" de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones a la Dirección General de Investigación, en la Ciudad de México, no afecta el interés jurídico del promovente ni tampoco se advierte que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. En tales circunstancias, al haberse actualizado la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, analizada, debe desecharse de plano la presente demanda en estudio. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Finalmente, se tiene al quejoso por proporcionado como medio electrónico de contacto el correo electrónico que cita, y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad; asimismo, se le tiene por autorizando en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a ..., virtud a que tienen registradas sus cédulas profesionales dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ..., quienes tendrán las demás facultades que establece el numeral de referencia una vez que registren su cédula en el sistema de referencia. Notifíquese personalmente.

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