Marco Antonio Teyssier Alameda
Expediente 965/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Teyssier Alameda
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 965/2023-V. Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Plazo del cual deben descontarse los días veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por ser inhábiles. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General, ya que la demanda fue desechada de plano. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión relacionado con este asunto, porque la demanda se desechó de plano. Carátula del expediente de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su cargo, realice las anotaciones correspondientes en las carátulas del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 965/2023-V.. Puebla, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe un oficio firmado por la Actuaria adscrita a este juzgado, al que anexa una demanda promovida por +++++++++++++++++, contra actos de la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal con sede en Puebla, y otras autoridades. Ahora, del oficio de cuenta, se advierte que en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 943/2023 del índice de este juzgado, se ordenó remitir la ampliación de la demanda de la parte quejosa, para que se diera el trámite correspondiente, respecto de los actos reclamados en ese escrito. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: A) María Guadalupe Muñoz Pérez, quien se ostentaba como Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal, con sede en Puebla (que estaba a cargo del Juicio Oral ++++++++++++Centro-Poniente). B) Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. C) Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. 1. La designación de la Jueza María Guadalupe Muñoz Pérez como integrante del Consejo de la Judicatura del poder Judicial del Estado, en la sesión ordinaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. D) Al Juez en funciones de Administrador de Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución, y de Justicia para Adolescentes. 2. El auto de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio oral +++++++++++++Centro-Poniente, por el Juez en funciones de Administrador de Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución, y de Justicia para Adolescentes, en el cual informa respecto a la existencia del comunicado del Poder Judicial del Estado, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés respecto a la designación de la abogada María Guadalupe Muñoz Pérez como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Establecido lo anterior, respecto de los actos reclamados precisados en los puntos 1 y 2 del punto IV de la demanda de amparo, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo3 , porque la parte solicitante del amparo, omitió acreditar su interés jurídico para los efectos de la presente contienda constitucional, por los motivos que se expondrán a continuación. En principio debe señalarse que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal4 , en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo5 , se encuentra contenido el principio jurídico de la iniciativa o instancia de parte agraviada De una interpretación a tales preceptos se advierte que, el principio de instancia de parte agraviada consiste en que el afectado o agraviado es a quien incumbe directamente el ejercicio de la acción de amparo, cuando ve lesionados sus derechos en los casos previstos por el artículo 103 constitucional. Por perjuicio, para los efectos del amparo, debe entenderse una lesión directa en los intereses jurídicos de una persona; o bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida que derivada de una ley o de un acto de autoridad, se hace a los derechos o intereses de un particular. Sirve de apoyo a lo anterior y en lo conducente, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos diez, del Informe de 1977. Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, intitulada "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO"6 . Así como la jurisprudencia número 294, visible a página doscientos cuarenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO"7 . Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo8 , el quejoso tiene que demostrar la titularidad del derecho que estima violado, esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden; porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que el quejoso corresponde, en relación con el o los derechos reconocidos por la ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia número VI. 3°. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página ciento diecisiete, del Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO"9 . De ahí que, el interés jurídico consiste en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que repudien violatorio de los derechos fundamentales; en otras palabras, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, y le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona La anterior acotación encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS"10 . Esto es así, porque el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa del promovente del amparo; de modo tal que, si no se demuestra ésta, ello imposibilita al juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce el quejoso que se violentan en su perjuicio. Además, debe destacarse, la acreditación del interés en el juicio de protección de derechos debe ser pleno, pues resulta imposible tenerlo por demostrado a base de presunciones; por ende, en los autos del juicio de amparo correspondiente debe quedar acreditado de forma fehaciente que el quejoso es titular de un derecho tutelado de forma jurídica y éste, se ve amenazado con el acto de autoridad reclamado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 293, emitida por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, que se lee a foja 242, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Octava Época, Apéndice 2000 intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE"11.- En ese orden de ideas, en el caso se estima que el quejoso no acredita la afectación a su interés jurídico que le causan los actos que reclama, por lo siguiente: Los actos realizados en sesión ordinaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se designó como consejera a la Jueza María Guadalupe Muñoz Pérez, no afecta el interés jurídico al quejoso, en virtud de que la intervención en el procedimiento de designación de la citada servidora pública es una facultad exclusiva del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a quien por mayor absoluta de sus integrantes corresponde nombrar a dos integrantes de ese Consejo de la Judicatura, de los cuales uno deberá ser juez en ejercicio activo de la función. Lo anterior, según el artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Puebla, en el cual señala lo siguiente: "Artículo 88 El Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder Judicial del Estado, revestido de independencia técnica, de gestión y de decisión. Tendrá a su cargo la rectoría de la carrera judicial, así como las funciones de administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de las excepciones previstas en esta Constitución. En el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo de la Judicatura velará en todo momento por la garantía de independencia de los Magistrados y Jueces. El sistema de carrera judicial deberá optimizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función judicial y, por tanto, sus actos y procedimientos se regirán por los principios de excelencia, profesionalismo idoneidad, mérito, antigüedad, paridad de género, no discriminación e igualdad de oportunidades. La Ley establecerá las bases, órganos y procedimientos para el ingreso, formación, actualización, permanencia, promoción, adscripción, vigilancia y disciplina de los Jueces y Magistrados, así como de los funcionarios del Poder Judicial del Estado. El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno y tendrá las comisiones que determine la Ley o establezca aquél, mediante acuerdos generales de carácter administrativo, para el ejercicio eficaz de sus atribuciones. Será competente para determinar el número, así como la competencia territorial y por especialización de los juzgados. Asimismo, tendrá la facultad de emitir acuerdos generales de carácter administrativo para el adecuado ejercicio de sus funciones, por sí mismo o a petición de los Plenos de los Órganos Jurisdiccionales. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables, salvo en los supuestos expresamente establecidos en esta Constitución. El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será nombrado por el Gobernador del Estado, dos por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado y dos por mayoría absoluta de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de entre los cuales al menos uno deberá ser Juez en ejercicio activo de la función. Al menos uno de los Consejeros nombrados por el Congreso deberá provenir de la carrera judicial. El cargo de Consejero de la Judicatura durará seis años, sin posibilidad de reelección. La Ley fijará el mecanismo para la sustitución escalonada de sus integrantes. El Pleno del Consejo de la Judicatura elegirá a su Presidente, de entre sus miembros, por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección. El Presidente del Consejo ejercerá la representación legal del Poder Judicial en los procedimientos en los que sea parte, siempre y cuando dicha representación no corresponda a alguno de los Órganos Jurisdiccionales; en los términos que señale la Ley Orgánica. En ningún caso, las personas que presidan los Órganos Jurisdiccionales, podrán integrar ni presidir el Consejo de la Judicatura. Los Consejeros deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 89 de esta Constitución. Durante el ejercicio de su mandato, los Consejeros no podrán desempeñar cualquier otro cargo, empleo o comisión, salvo las actividades no remuneradas en instituciones educativas, académicas, científicas o de divulgación, siempre y cuando no constituyan situaciones de conflicto de interés. Los Consejeros no podrán actuar como patrones, abogados o representantes, ni intervenir o contratar bienes o servicios por sí o a través de terceros en el Poder Judicial del Estado, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión del cargo. La ley fijará las responsabilidades administrativas y penales en caso de incumplimiento a estos impedimentos. (.)Consecuentemente, la demanda de amparo promovida por el quejoso contra ese tipo de actos es improcedente por no resentir algún una afectación y porque la intervención en el procedimiento de la designación de la Juez María Guadalupe Muñoz Pérez como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado es una facultad exclusiva de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Además, en el citado artículo, resalta que al menos uno deberá ser Juez en ejercicio activo de la función - como en el presente caso-. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente en la tesis con registro digital 161127, emitida por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, foja 1917, del Tomo XXXIV, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS PROFESIONALES DE LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS. Conforme a los artículos 8 y 18 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para nombrar a los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios de la citada paraestatal, el Presidente de la República someterá sus designaciones a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente para su ratificación por mayoría absoluta. Así, en el procedimiento para nombrar a los citados funcionarios, únicamente intervienen el Presidente de la República, la Cámara de Senadores y, en sus recesos, la Comisión Permanente, por lo que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no tiene facultades para intervenir en el citado procedimiento. Además, los actos realizados en éste, no afectan la esfera de competencia y atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la Cámara de Diputados, en virtud de que la intervención en el procedimiento de designación de los citados servidores públicos es una facultad exclusiva del Senado de la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Por tanto, la controversia constitucional planteada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra ese tipo de actos es improcedente por no resentir este órgano algún tipo de agravio en su esfera competencial, sin que éste pueda desprenderse de su facultad de legislar sustantivamente en la materia de hidrocarburos, ya que su facultad legislativa sobre la materia no le genera una afectación, máxime si esta misma, al aprobar la ley en el procedimiento legislativo correspondiente, estableció la intervención de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente, en sus recesos, en el procedimiento de designación de estos consejeros, además de tratarse de un procedimiento de integración orgánica y de administración del organismo encargado de esta materia, esto es, Petróleos Mexicanos, y no así sobre la regulación material del insumo.". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de protección de derechos respecto del acto reclamado antes citado, el cual se hace extensivo al diverso consistente en el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio oral 11/2023/JO/Centro-Poniente, por el Juez en funciones de Administrador de Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución, y de Justicia para Adolescentes, en el cual informa respecto a la existencia del comunicado del Poder Judicial del Estado, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés respecto a la designación de la abogada María Guadalupe Muñoz Pérez como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pues únicamente le comunican la designación -la cual reclama el quejoso-, pues visualizó la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en particular las previstas en las fracciones 61, fracción XII de la ley de la materia. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Domicilio y autorizados. El promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones -en el escrito inicial de demanda- un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, en ese sentido se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Doce Sur, número trescientos siete, del Barrio de Analco, de la Ciudad de Puebla. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Alonso Sánchez Reina, porque así lo solicitó el quejoso y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "+++++++++++. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; y de forma personal a la parte quejosa
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