Marco Antonio Teyssier Alameda
Expediente 1034/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Teyssier Alameda
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1034/2023-IV. Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. TRIBUNAL COLEGIADO ADMITIÓ QUEJA. Se agrega al expediente el oficio signado electrónicamente por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa un acuerdo dictado por el magistrado presidente del citado tribunal en el que: Radicó el medio de impugnación presentado por el defensor particular del quejoso, en el expediente de queja ****/2023; Acusa recibo de los anexos remitidos por este juzgado; y Admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el defensor del quejoso, contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo. De lo anterior, esta juzgadora de tutela queda enterada, y a la espera de que el citado tribunal comunique la decisión para el mencionado recurso. Notifíquese.
- Principal
Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se advierte que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo del siguiente acto: ".La resolución del recurso de revocación de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés recurso que se promovió contra el auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la responsable radica y se avoca a conocer del juicio xxxx, en el que el quejoso principal tiene el carácter de acusado.". Sin embargo, la mencionada resolución no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse una causal de improcedencia, que resulta manifiesta e indudable. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad,1 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, que involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte del juzgador. Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procesos para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal.2 Todas esas premisas conducen a visualizar que el reclamo planteado por el defensor del quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que la resolución emitida por el juez señalado como responsable, no resolvió el fondo del asunto, porque sólo radicó el expediente de juicio oral xxxx, instruido contra el quejoso, por su probable intervención en el hecho de secuestro agravado, y señaló fecha para la audiencia de debate como dispone el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que los efectos de ese acuerdo, no tendrán efecto en la sentencia que en su momento se emita en el procedimiento (en la audiencia de debate), y contra los cuales podrá el quejoso interponer los medios de defensa conducentes. Por lo que al no haberse decidido el fondo del asunto, debe estimarse que la resolución combatida por el defensor carece de los atributos de imposible reparación, ya que el expediente de juicio oral apenas fue radicado y está en miras de llegar a la audiencia de debate, en la que cual se decidirá, con base en la acusación planteada por la representación social, si existen elementos probatorios más allá de toda duda razonable, para considerar que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el cual se decretó la apertura del juicio oral. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso -como agraviado-, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Entonces, debe estimarse que la resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de radicación del expediente de juicio oral, sólo pudo generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite del proceso referido y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Por tanto, se declara que el acto combatido por el defensor del quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Lo cual permite desechar la solicitud de protección, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, dado que la resolución reclamada al juez responsable no tiene los atributos de imposible reparación.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, POR LO QUE CON ESTA FECHA SE NOTIFICO POR LISTA EL ACUERDO DE CUATRO DE OCTUBRE DEL ACTUAL: Acuerdo: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se advierte que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo del siguiente acto: ".La resolución del recurso de revocación de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés recurso que se promovió contra el auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la responsable radica y se avoca a conocer del juicio xxxx, en el que el quejoso principal tiene el carácter de acusado.". Sin embargo, la mencionada resolución no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse una causal de improcedencia, que resulta manifiesta e indudable. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad,1 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, que involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte del juzgador. Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procesos para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal.2 Todas esas premisas conducen a visualizar que el reclamo planteado por el defensor del quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que la resolución emitida por el juez señalado como responsable, no resolvió el fondo del asunto, porque sólo radicó el expediente de juicio oral xxxx, instruido contra el quejoso, por su probable intervención en el hecho de secuestro agravado, y señaló fecha para la audiencia de debate como dispone el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que los efectos de ese acuerdo, no tendrán efecto en la sentencia que en su momento se emita en el procedimiento (en la audiencia de debate), y contra los cuales podrá el quejoso interponer los medios de defensa conducentes. Por lo que al no haberse decidido el fondo del asunto, debe estimarse que la resolución combatida por el defensor carece de los atributos de imposible reparación, ya que el expediente de juicio oral apenas fue radicado y está en miras de llegar a la audiencia de debate, en la que cual se decidirá, con base en la acusación planteada por la representación social, si existen elementos probatorios más allá de toda duda razonable, para considerar que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el cual se decretó la apertura del juicio oral. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso -como agraviado-, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Entonces, debe estimarse que la resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de radicación del expediente de juicio oral, sólo pudo generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite del proceso referido y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Por tanto, se declara que el acto combatido por el defensor del quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Lo cual permite desechar la solicitud de protección, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, dado que la resolución reclamada al juez responsable no tiene los atributos de imposible reparación.
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