Marco Antonio Valencia Avila

Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
55/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Valencia Avila

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 55/2021-V. Puebla, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de enero de enero del año en curso, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que la quejosa no exhibió documentos originales se omite acordar al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 55/2021-V. Puebla, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio1 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-22- que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales ante el referido fenómeno de salud pública - partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino Reanudación de plazos y términos procesales. Ahora, en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/10/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del dieciocho de febrero del mismo año8 (en el sexto circuito y otros) retoma su vigencia el esquema de operación previsto en el ya citado Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020). Por tanto, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. 5 Una primera suspensión, establecida en la circular CAP/3/2020, abarcó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 6 Correspondiente a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", adoptada en sesión del treinta de enero de dos mil veintiuno. Plazo para impugnar el desechamiento de la demanda de amparo. Visto el estado procesal del juicio, se observa que el veintidós de enero de dos mil veintiuno se desechó la demanda de amparo presentada por el quejoso. Además, el referido acuerdo fue notificado a aquél el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. De modo que el plazo de cinco días para interponer recurso de queja -previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo- no había comenzado a transcurrir, porque la suspensión de plazos no permitió que la referida notificación surtiera sus efectos. Por tanto, toda vez que se ha decretado la reanudación de los plazos y términos procesales, se informa al quejoso que su notificación surtió efectos el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por lo que a partir del día de hoy diecinueve de febrero del año en curso comenzará a computarse los cinco días con los que cuenta para recurrir dicho acuerdo. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II9, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo deba notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, dado que no contiene algún requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 55/2021-V. Puebla, Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo signada por **, por su propio derecho en contra Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte: ***, reclama de las autoridades responsables, la negativa a recibir su declaración en relación a los hechos que le son atribuidos y ofrecer pruebas de su parte tendientes a sustentar su dicho, así como la negativa a hacer de su conocimiento el tipo penal del hecho con apariencia de delito por el cual se le investiga, el nombre de la persona que se ostenta como parte ofendida y los datos de prueba en que se sustenta dicha imputación (el cual también debe entenderse más bien como una omisión de citarlo a declarar y no como una negativa, como puede advertirse de la totalidad del escrito de demanda), así como de seguirse un indagatoria en su contra, con lo cual alega, lo imposibilita para ejercer su derecho a una adecuada defensa y en consecuencia un debido proceso. Así, debe señalarse que el reclamo a través del juicio de amparo, de los actos acaecidos durante la investigación es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos dejan de ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y limites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectara su esfera jurídica. Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito investigado, y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Por ello, debe considerarse a la investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, en el artículo 21 de la constitución, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. De entrada, porque realizar alguna investigación contra el quejoso consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado; por ello, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la propia investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Empero, las omisiones a que se ha hecho referencia del representante social de hacer de su conocimiento el tipo penal del hecho con apariencia de delito por el cual se le investiga, el nombre de la persona que se ostenta como parte ofendida y los datos de prueba en que se sustenta dicha imputación, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el mencionado artículo 21 Constitucional no lo dispone así. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por el aquí quejoso, motivo por el cual, se desecha la demanda respecto a los actos que han quedado precisados derivados de la integración de la carpeta de investigación. Por otra parte respecto la orden localización o detención para efectos de ser presentado ante Agente del Ministerio Público que señala como responsable, en su carácter de autoridad ordenadora; esa orden de detención con fines de investigación actualiza la figura de la orden de presentación emitida por autoridad ministerial. Empero, debe tenerse en cuenta que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no puede implicar la restricción de la libertad de la parte quejosa cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación; por otra parte, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impone al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con la orden de presentación, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, sino que corresponde a un acto de investigación, pues todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una investigación, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Por tanto, resulta evidente que respecto del acto reclamado, opera una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo3. Máxime que la regulación de la orden de presentación traducida en un acto de investigación por parte de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales4 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación de la persona investigada incluso ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte.... Por consiguiente, el acto consistente en la orden de presentación, así como la ejecución de la misma, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal del impetrante del amparo, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo.Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en las ordenes de localización y detención con fines de ser presentado ante el agente del Ministerio Público responsable, así como su ejecución, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma).Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla).Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla) y autoriza para los mismos efectos a la persona que menciona en su escrito de demanda. Ahora, por lo que respecta al correo electrónico *, y el número telefónico * podrán considerarse (dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID- 19) por los actuarios correspondientes, como medios para establecer contacto con la parte quejosa ...Por último, notifíquese en forma personal el presente acuerdo a la parte quejosa, en el domicilio designado para tal efecto, .... Notifíquese, en forma personal al quejoso, y cúmplase

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