Marco Antonio Teyssier Alameda

Expediente 943/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
943/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Teyssier Alameda

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 943/2023-II. Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Valoración documental. 1 Plazo del cual deben descontarse los días catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por ser inhábiles. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General, ya que la demanda fue desechada de plano. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión relacionado con este asunto, porque la demanda se desechó de plano. Carátula del expediente de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su cargo, realice las anotaciones correspondientes en las carátulas del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 943/2023-III. Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Se agrega al expediente el ocurso de cuenta, signado electrónicamente por****, a través del cual refiere ampliar su demanda de amparo. Al respecto, se le hace saber que debe atenerse a lo dispuesto en acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual se emitió pronunciamiento respecto de su escrito de demanda presentado el seis de septiembre de dos mil veintitrés -desechamiento-. Sin embargo, en aras de garantizar el acceso a la justicia, se ordena enviar el escrito de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, (previa copia que debe obrar en autos) para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." (Décima Época, Registro: 2022181, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de octubre de 2020, Materia(s): (Común), Tesis: P./J. 7/2020 (10a.)). Notifíquese de manera personal al quejoso y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 943/2023-III. Puebla, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda, signada electrónicamente por *, contra actos de *, en su carácter de Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal, con sede en Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico. Se omite digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, resulta innecesario ordenar su digitalización en virtud de que la misma ya obra en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional son los siguientes: Desechamiento por recurso pendiente de resolverse Establecido lo anterior, respecto del acto reclamado precisado en el punto número 1, consistente en la omisión de continuar con el desarrollo de la etapa de juicio oral dentro de la causa penal, al haber suspendido el contrainterrogatorio a José Antonio Guzmán Isalas, llevado a cabo el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, derivado de fallas técnicas, y la dilación para señalar nueva fecha para la reanudación de dicha audiencia. Resulta evidente que, aun cuando la parte quejosa se duele de un retardo en la impartición de justicia al haber interrumpido el desarrollo de la etapa de juicio oral dentro de la causa penal al haber suspendido el contrainterrogatorio a *, llevado a cabo el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, y como consecuencia no señalar fecha para su continuación, dentro de los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, debe decirse que respecto de los actos reclamados consistentes en las citadas omisiones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ante la tramitación de un recurso o medio de defensa legal, contra los mismos actos aquí reclamados. Tal fracción establece una regla de carácter general, consistente en que tratándose de actos contra los cuales a la fecha de la promoción del amparo se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa, el cual pudiera tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto que se combate, resulta improcedente el juicio de amparo. En ese orden de ideas, para actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, diciembre de 2000, página 15, registro digital 190665, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo cierto es que, de la narración de los antecedentes de la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa indicó que el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, promovió recurso de queja: "11.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el suscrito promoví recurso de queja en contra de la omisión de la responsable." Ahora bien, lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el quejoso de que promovió un recurso ante Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal, con sede en Puebla En ese contexto, resulta innegable que respecto de las omisiones reclamadas en este juicio de amparo debe resolverse el medio ordinario de defensa intentado por la parte quejosa ante la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal, con sede en Puebla, el medio de defensa legal, previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que puede tener por efecto, modificar, revocar o nulificar las omisiones reclamadas, el cual se considera idóneo para conducir a la insubsistencia legal de las omisiones señaladas como actos reclamados en este juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de protección de derechos presentada por el quejoso. Desechamiento por no existir dilación notoria que haga procedente el juicio de amparo. Por otra parte, respecto al acto precisado en el inciso 2., que antecede, la suscrita no advierte que exista una abierta dilación en el procedimiento de la referida causa penal, que haga procedente el juicio de amparo, como a continuación se explica. Se afirma lo anterior, porque como previamente se destacó, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad indicó que promovió recurso de queja contra las omisiones de las que se duele, el cual interpuso el día cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Luego, conforme al artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dispone Esto es, del numeral se desprende la obligación de la autoridad responsable para tramitar el recurso de queja puesto a su conocimiento, autoridad que cuenta con un término de veinticuatro horas para acordar ese medio de impugnación. Para lo cual, incluso debe de tenerse presente el numeral 84 de la codificación adjetiva nacional de la materia, que indica Entonces, si bien el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el recurso de queja se debe acordar dentro de las siguientes veinticuatro horas a su interposición, la defensa del quejoso ni siquiera espero el plazo legal para que la autoridad se pronunciara, ya que promovió demanda de amparo indirecto el cinco de septiembre de este año, tal como se advierte de la boleta de turno: Incluso, la determinación que haya dictado la autoridad conforme a los plazos legales previstos en la normatividad adjetiva penal, debe de notificarse al día siguiente, esto es, el seis de septiembre de dos mil veintitrés. Entonces, no existe dilación notoria que haga procedente el juicio de amparo, pues incluso conforme los plazos legales, la determinación a su recurso pudiera encontrarse en vías de notificación. De modo que a la fecha todavía no existen circunstancias para visualizar una paralización en la mencionada causa penal, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a la solicitud formulada por el ahora peticionario de amparo. Por consiguiente, de la propia narración del quejoso, se advierte que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar una paralización en la causa penal, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a su petición. Por tanto, en este momento procesal la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar la omisión reclamada, dado que el hecho de que el amparo indirecto se presentó cuando aún transcurría el plazo de la autoridad responsable para pronunciarse respecto al recurso de queja interpuesto, incluso la determinación que haya recaído pudiera estar en vías de notificación; en consecuencia, hasta este momento no se advierte que exista una afectación de manera directa a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva (en el presente caso la omisión de acordar el recurso de queja interpuesto el cuatro de septiembre de este año, sin que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo; pues se itera, la autoridad cuenta con veinticuatro horas para pronunciarse respecto de la promoción de ese medio de defensa, incluso debe de tenerse en cuenta el plazo para notificar a la parte recurrente); además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita la determinación correspondiente, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el fallo correspondiente dentro de un plazo razonable. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que como se relató en párrafos precedentes al momento de la presentación de la demanda no había transcurrido el plazo legal con el que cuenta la autoridad para pronunciarse, así como tampoco el relativo a la notificación que deba de realizársele. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Incluso, de admitirse este juicio de amparo, su sola tramitación, le generaría un mayor perjuicio al quejoso dado que tendría que estarse a los plazos y términos previstos en la Ley de Amparo, por lo que la posibilidad de retardar el procedimiento que se le instruye aumenta exponencialmente. Se afirma lo anterior porque, de inicio, se fijaría audiencia constitucional dentro de los treinta días siguientes; dentro de ellos, se requeriría informe justificado a la autoridad responsable en el plazo de quince días hábiles a la recepción del requerimiento; una vez recibido, se le daría vista por el plazo de ocho días a las partes, prevista por el artículo 117 del citado ordenamiento, el cual se computaría a partir de la legal notificación del correspondiente proveído e integrado que fuera el expediente (en caso de que se logre emplazar con prontitud a las partes), se celebraría la audiencia constitucional, la cual de no existir motivo de diferimiento, se celebraría y dictaría la sentencia definitiva, misma que tendría que esperar a que transcurriera el plazo de diez días comunes para todas las partes, a fin de que pudieran impugnarla; si nadie la recurre, se declararía firme, por lo que hasta ese momento se requeriría su cumplimiento (señalar fecha para la reanudación); lo cual, puede ocurrir, incluso, pasada la fecha que prevé el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias constitucional, común, página 1086, con el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A adscrita, para que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados El promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, en ese sentido se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle doce sur, número trescientos siete, del Barrio de Analco, de la Ciudad de Puebla. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Alonso Sánchez Reina, porque así lo solicitó el quejoso y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto.

  4. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.- JUICIO DE AMPARO 943/2023-III. Puebla, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda, signada electrónicamente por *, contra actos de *, en su carácter de Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal, con sede en Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico. Se omite digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, resulta innecesario ordenar su digitalización en virtud de que la misma ya obra en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional son los siguientes: Desechamiento por recurso pendiente de resolverse Establecido lo anterior, respecto del acto reclamado precisado en el punto número 1, consistente en la omisión de continuar con el desarrollo de la etapa de juicio oral dentro de la causa penal, al haber suspendido el contrainterrogatorio a José Antonio Guzmán Isalas, llevado a cabo el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, derivado de fallas técnicas, y la dilación para señalar nueva fecha para la reanudación de dicha audiencia. Resulta evidente que, aun cuando la parte quejosa se duele de un retardo en la impartición de justicia al haber interrumpido el desarrollo de la etapa de juicio oral dentro de la causa penal al haber suspendido el contrainterrogatorio a *, llevado a cabo el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, y como consecuencia no señalar fecha para su continuación, dentro de los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, debe decirse que respecto de los actos reclamados consistentes en las citadas omisiones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ante la tramitación de un recurso o medio de defensa legal, contra los mismos actos aquí reclamados. Tal fracción establece una regla de carácter general, consistente en que tratándose de actos contra los cuales a la fecha de la promoción del amparo se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa, el cual pudiera tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto que se combate, resulta improcedente el juicio de amparo. En ese orden de ideas, para actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, diciembre de 2000, página 15, registro digital 190665, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo cierto es que, de la narración de los antecedentes de la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa indicó que el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, promovió recurso de queja: "11.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el suscrito promoví recurso de queja en contra de la omisión de la responsable." Ahora bien, lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el quejoso de que promovió un recurso ante Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal, con sede en Puebla En ese contexto, resulta innegable que respecto de las omisiones reclamadas en este juicio de amparo debe resolverse el medio ordinario de defensa intentado por la parte quejosa ante la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal, con sede en Puebla, el medio de defensa legal, previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que puede tener por efecto, modificar, revocar o nulificar las omisiones reclamadas, el cual se considera idóneo para conducir a la insubsistencia legal de las omisiones señaladas como actos reclamados en este juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de protección de derechos presentada por el quejoso. Desechamiento por no existir dilación notoria que haga procedente el juicio de amparo. Por otra parte, respecto al acto precisado en el inciso 2., que antecede, la suscrita no advierte que exista una abierta dilación en el procedimiento de la referida causa penal, que haga procedente el juicio de amparo, como a continuación se explica. Se afirma lo anterior, porque como previamente se destacó, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad indicó que promovió recurso de queja contra las omisiones de las que se duele, el cual interpuso el día cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Luego, conforme al artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dispone Esto es, del numeral se desprende la obligación de la autoridad responsable para tramitar el recurso de queja puesto a su conocimiento, autoridad que cuenta con un término de veinticuatro horas para acordar ese medio de impugnación. Para lo cual, incluso debe de tenerse presente el numeral 84 de la codificación adjetiva nacional de la materia, que indica Entonces, si bien el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el recurso de queja se debe acordar dentro de las siguientes veinticuatro horas a su interposición, la defensa del quejoso ni siquiera espero el plazo legal para que la autoridad se pronunciara, ya que promovió demanda de amparo indirecto el cinco de septiembre de este año, tal como se advierte de la boleta de turno: Incluso, la determinación que haya dictado la autoridad conforme a los plazos legales previstos en la normatividad adjetiva penal, debe de notificarse al día siguiente, esto es, el seis de septiembre de dos mil veintitrés. Entonces, no existe dilación notoria que haga procedente el juicio de amparo, pues incluso conforme los plazos legales, la determinación a su recurso pudiera encontrarse en vías de notificación. De modo que a la fecha todavía no existen circunstancias para visualizar una paralización en la mencionada causa penal, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a la solicitud formulada por el ahora peticionario de amparo. Por consiguiente, de la propia narración del quejoso, se advierte que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar una paralización en la causa penal, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a su petición. Por tanto, en este momento procesal la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar la omisión reclamada, dado que el hecho de que el amparo indirecto se presentó cuando aún transcurría el plazo de la autoridad responsable para pronunciarse respecto al recurso de queja interpuesto, incluso la determinación que haya recaído pudiera estar en vías de notificación; en consecuencia, hasta este momento no se advierte que exista una afectación de manera directa a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva (en el presente caso la omisión de acordar el recurso de queja interpuesto el cuatro de septiembre de este año, sin que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo; pues se itera, la autoridad cuenta con veinticuatro horas para pronunciarse respecto de la promoción de ese medio de defensa, incluso debe de tenerse en cuenta el plazo para notificar a la parte recurrente); además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita la determinación correspondiente, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el fallo correspondiente dentro de un plazo razonable. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que como se relató en párrafos precedentes al momento de la presentación de la demanda no había transcurrido el plazo legal con el que cuenta la autoridad para pronunciarse, así como tampoco el relativo a la notificación que deba de realizársele. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Incluso, de admitirse este juicio de amparo, su sola tramitación, le generaría un mayor perjuicio al quejoso dado que tendría que estarse a los plazos y términos previstos en la Ley de Amparo, por lo que la posibilidad de retardar el procedimiento que se le instruye aumenta exponencialmente. Se afirma lo anterior porque, de inicio, se fijaría audiencia constitucional dentro de los treinta días siguientes; dentro de ellos, se requeriría informe justificado a la autoridad responsable en el plazo de quince días hábiles a la recepción del requerimiento; una vez recibido, se le daría vista por el plazo de ocho días a las partes, prevista por el artículo 117 del citado ordenamiento, el cual se computaría a partir de la legal notificación del correspondiente proveído e integrado que fuera el expediente (en caso de que se logre emplazar con prontitud a las partes), se celebraría la audiencia constitucional, la cual de no existir motivo de diferimiento, se celebraría y dictaría la sentencia definitiva, misma que tendría que esperar a que transcurriera el plazo de diez días comunes para todas las partes, a fin de que pudieran impugnarla; si nadie la recurre, se declararía firme, por lo que hasta ese momento se requeriría su cumplimiento (señalar fecha para la reanudación); lo cual, puede ocurrir, incluso, pasada la fecha que prevé el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias constitucional, común, página 1086, con el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A adscrita, para que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados El promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, en ese sentido se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle doce sur, número trescientos siete, del Barrio de Analco, de la Ciudad de Puebla. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Alonso Sánchez Reina, porque así lo solicitó el quejoso y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto.

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