Marco Antonio Santos Flores
Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Santos Flores
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 317/2023-IX Puebla, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 317/2023-VII. Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada con evidencia criptográfica de *, contra actos de la Encargada de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a Casa de Justicia de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Ahora, de lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: (.)Bajo ese contexto, resulta evidente que aun cuando la parte quejosa se duele de la omisión de acordar lo relativo a la petición presentada ante la autoridad responsable el veintitrés de marzo del año en curso, lo cierto es que, la suscrita no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo - veintiocho de marzo del presente año-, exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, de los antecedentes narrados por la defensora particular en el escrito de demanda, se desprende que en contra del directo quejoso se dictó auto de vinculación a proceso el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por la probable comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro, dentro de la carpeta judicial administrativa. Luego, mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó la evaluación del plan de condiciones para suspensión condicional del proceso sin que a la fecha de la presentación de la demanda se emitiera la respuesta correspondiente. Entonces, de la propia narración de la parte quejosa, no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Entonces, resulta inconcuso que, en este momento procesal la acción de amparo resulte improcedente para poder analizar una omisión respecto de la solicitud de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés; ello, porque apenas han transcurrido cuatro días hábiles a partir de dicha fecha. Es más, la promovente indicó que, acorde a las cargas de trabajo de dicha unidad, tenían un tiempo estimado de respuesta de veinte días hábiles; entonces, contrario a lo que señala la parte quejosa, no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. En efecto, el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación implica que el acto reclamado produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que, la omisión o el retardo de emitir la evaluación de plan de condiciones no encuadra en la hipótesis de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto; pues, el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se haya acordado lo relativo a la solicitud de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, además de que apenas han transcurrido cuatro días hábiles a partir de dicha fecha, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del directo quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita lo relativo a dicha solicitud. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo que se da dentro de un proceso penal. Adicionalmente, es oportuno destacar que, si bien es cierto que, conforme al artículo 105, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso forma parte del procedimiento penal, lo cierto es que sus atribuciones no son de índole jurisdiccional. Es más, en términos del artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha autoridad tiene por objeto: ".realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.". Y, si bien es cierto que las partes pueden solicitar a dicha unidad información relacionada con el cumplimiento a las medidas impuestas, no implica que "sus opiniones" se encuentren revestidas de imperio y coercitividad. Tanto es así, que el artículo 178 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, en caso de advertir un riesgo objetivo de inminente fuga o de afectación a la integridad personal de los intervinientes, tiene la obligación de informar a las partes de forma inmediata a efecto de que, en su caso, puedan solicitar al Juez de Control la revisión de la medida cautelar, en otras palabras, aun en supuestos de urgencia dicha unidad carece de facultades para tomar una decisión unilateral; pues, es la autoridad judicial quien es el rector del proceso. De ahí que, las obligaciones previstas en el artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no pueden ser ejercidas de manera unilateral y revestidas de imperio y coercitividad, sino que están supeditadas a las directrices establecidas por el Juez de Control al delegarle la vigilancia del cumplimiento de la imposición de medidas cautelares o la suspensión condicional del proceso. Por ello, esta operadora jurídica estima que, la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso no es una autoridad para efectos del juicio de amparo; pues, la realización de la omisión atribuida no tiene el alcance de crear, modificar o extinguir la situación jurídica del quejoso, en forma unilateral y obligatoria. Pues, aun y cuando el quejoso pretenda señalar que esa omisión se traduce en la prolongación innecesaria de la privación de su libertad personal -sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva-, lo cierto es que la opinión que emita en torno a la evaluación de plan de condiciones no implica, per se, la revocación de la medida cautelar o la procedencia de la suspensión condicional del proceso. Tanto es así, que el artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el planteamiento del plan de reparación debe formularse en la audiencia respectiva, es decir, al Juez de Control. Entonces, si la parte quejosa estimó necesario, para mejor proveer en la audiencia de suspensión condicional del procedimientos, recabar la opinión de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, ello no incide directamente en su libertad personal; pues, con la respuesta que emita dicha autoridad el quejoso no gozará de su libertad personal, sino que es necesario que, en su momento, se lleve a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso y, a su vez, que esta resulte favorable a sus intereses. Es más, no debe perderse de vista que la parte quejosa señala encontrarse sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva necesaria, lo cual implica que dicha unidad no tenga encomendada la supervisión de la medida cautelar impuesta al quejoso, porque en términos del numeral 164, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde a la autoridad penitenciaria donde guarda reclusión. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; pues, la omisión atribuida a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso no impide al quejoso realizar la solicitud de audiencia de suspensión condicional, es decir, no paraliza el procedimiento. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias constitucional, común, página 1086, con el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación lo estipulado, a contrario sensu, por los diversos 5, fracción II, y 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Autorizados, domicilio para recibir notificaciones y acceso al expediente electrónico. La parte quejosa solicita se le practiquen las notificaciones de manera electrónica así como se le autorice la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporciona el usuario. Ahora bien, de una revisión en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, se obtuvo que el referido usuario, se encuentra vinculado a la profesionista Lorena García Sánchez - persona promovente de la demanda de amparo en representación del directo quejoso-. Por ello, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones y revisar el expediente electrónico, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario. Se instruye al secretario que habilite, en los términos señalados, el usuario referido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como la consulta del expediente electrónico. Autorización para toma de fotografías Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y cúmplase.
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