Marco Antonio Ramos Estrada

Expediente 508/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
508/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Ramos Estrada
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal sobreseyó y negó el amparo, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se negó el amparo -en el expediente principal-, y por una parte se concedió la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención del disco versátil digital que el juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, allegó a su informe de ley, se ordena su devolución.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 508/2020, promovido por Marco Antonio Ramos Estrada; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de octubre en la Oficina de Correspondencia Común, ***, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos, que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito. En proveído de quince siguiente (una vez subsanada la prevención que se formuló) se admitió, dio intervención legal al fiscal de la adscripción, mandó emplazar a las autoridades responsables y a la tercera interesada, D.M.P.G, por conducto de su madre, ***(llamada según constancias acordadas el seis de noviembre de dos mil veinte) y fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se efectuó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal . La competencia territorial se surte, pues los actos reclamados se hacen consistir en un acuerdo que autoriza la toma de muestras hemáticas en el quejoso, que eventualmente puede tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como acto reclamado: El acuerdo tomado en audiencia de dos de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal *** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya, base Apaseo el Grande. En dicho proveído se autoriza la toma de muestras hepáticas al quejoso en su calidad de imputado. Su ejecución por parte de la agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, Fiscalía Regional "C" y del director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El titular del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, sede y base Celaya, negó que en dicho tribunal exista alguna causa penal instruida en contra del quejoso. Lo anterior, se corrobora con la afirmación por parte de las diversas autoridades, de las que se desprende que el procedimiento del que emana el acto reclamado, es tramitado en otro Tribunal. De ahí que, ante la negativa de dicha autoridad, se impone sobreseer en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El titular del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, sede Celaya y base Apaseo, así como la agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, Fiscalía Regional "C" y del director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, lo que se corrobora con las constancias de las que emana el acto reclamado. No es inadvertido que la fiscal responsable asentó que "no son ciertos los actos reclamados"; sin embargo, su negativa se corresponde con la imposibilidad para ejecutar el mandato del juzgador; esto es, que "a razón de las circunstancias ya precisadas es que no se pudo llevar a cabo la extracción de muestras biológicas". Lo anterior implica que, si bien, no se verificó el acto, tácitamente afirma su eventual ejecución. QUINTO. Antecedentes. De la copia electrónica contenida en el DVD remitido por el juzgado responsable, consistente en diversas constancias y videograbación de audiencia, dentro del proceso penal 1P0419-113 a la que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende: El quejoso tiene la calidad de imputado y sujeto a proceso por el delito de violación cometido en agravio de la menor tercera interesada. Mediante oficio signado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la fiscal responsable informó al juez que pretendió recabar voluntariamente muestras hepáticas del aquí quejoso; sin embargo, existió oposición expresa por parte de sus defensores; por ende, solicitó que se efectuara una audiencia, a fin de justificar la necesidad de la medida y que, en su caso, fuera autorizada por el juzgador, en términos del artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales El juez citó a las partes a una audiencia de "desahogo de prueba anticipada" a celebrarse el dos de octubre siguiente. En la fecha indicada se llevó a cabo tal acto jurisdiccional, en el que el juez responsable autorizó la toma de muestras sanguíneas del imputado para obtener su perfil genético. Los argumentos torales fueron que la obtención del dato de prueba se encuentra justificado, en tanto que su ejecución (pinchazo en el dedo) no atenta contra la dignidad del imputado, ni operará el uso de fuerza excesiva; además de que es idóneo y útil para dar claridad a los hechos que le son imputados (en el estudio de fondo, se abundará). Éste es el acto reclamado. Sin que en autos obre constancia de que se haya ejecutado tal mandato, pues en la fecha y hora señaladas para tal efecto (6-oct-20) existió oposición por parte de los defensores. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. ACLARACIÓN PREVIA Previamente a su estudio, se formula una aclaración. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que quien comparece a esta instancia es el imputado en la causa penal de origen. No obstante, no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera que la resolución reclamada se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del quejoso. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, al no advertir violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, respecto del auto de formal prisión reclamado en lo que concierne al acreditamiento del cuerpo del delito de homicidio calificado previsto por el artículo 138, en relación con el 140 y 153, fracción I y homicidio en grado de tentativa, previsto por el artículo 138, en relación con los diversos 13 y 18, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, se estudiarán los conceptos de violación hechos valer, en torno a la probable responsabilidad. Apoya, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Así como la tesis 8o.1P(10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO." SÍNTESIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El quejoso se duele de la resolución del juzgador, en la que se autoriza la toma de muestra hemática en su corporeidad. Expone que se vulneran los artículos 14, 16 y 29 constitucionales, por lo siguiente: Que "existe una protección constitucional hacia cualquier persona, respecto a cualquier persona, respecto a su dignidad e integridad física; y que esta protección será restringida de forma excepcional acordada al artículo 29 del Pacto Federal, lo cual en la especie no acontece; de ahí que entonces, existe plena vigencia de sus derechos fundamentales y humanos." Que "autorizó el sometimiento a una práctica de la cual expresamente se opuso, lo que equivale a decir que se alteró su libre voluntad". Que "entonces si se vale que lo sujeten, que lo obliguen, que lo lesionen. Y sus derechos a la dignidad e integridad, donde quedan". Que "fundamenta su posicionamiento en la tesis aislada 2021539, bajo el argumento de obtener un criterio orientador, sin embargo, dicha tesis resulta propia del sistema tradicional, no del actual y ello controvierte gravemente los derechos y libertades constitucionales y procesales de las que goza mi representado y que son consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales"; además de que "se basa en un criterio aislado y superado y por tanto no aplicable" Ahora bien, a fin de responder la causa de pedir, es necesario conocer el contenido de la resolución reclamada. Al efecto, de la videograbación de la audiencia, se desprende, en lo sustancial: Primeramente, la fiscal reseñó los antecedentes del caso, esto es, que el siete de septiembre de dos mil veinte se vinculó a proceso al aquí quejoso y se le sometió a prisión preventiva, por el hecho que la ley señala como delito de violación, en contra de una mujer menor de edad. Que en esa fecha se fijó el plazo para el cierre de la investigación (7-sep a 17-nov). Que existe un informe de ginecología y proctología respecto de un exudado vaginal practicado a la víctima, así como un informe químico respecto de un estudio efectuado en la pantaleta, en los que se concluyó sobre la existencia de fluido seminal y espermatozoides. Que, a fin de verificar la correspondencia entre esos materiales biológicos, con los del imputado, es necesario obtener de él una muestra hemática y generar un perfil genético. Que esa es la prueba idónea y recomendada por los expertos, pues es mínimo el daño al imputado (pinchazo en el dedo); además de que no existe otro dato de prueba que genere mayor certeza que ese. Finalmente, justifica su petición en las facultades concedidas en los artículos 131, fracción X y 252, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, la defensa, en su participación, aludió al principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20 constitucional, así como al diverso 113, fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se prevé el impedimento para ser sometido a actos o métodos que vayan en contra de su voluntad; de tal guisa que, si existe oposición, ese precepto impide a la autoridad ordenar una acción como la pretendida. Además, indicó que existe otro método para obtener el resultado pedido, sin que la parte acusadora haya acudido a él. Finalmente, señaló que, en todo caso, la prueba solo revelaría la "cópula" pero no la "violencia" que es el elemento primordial del ilícito. A lo anterior, la fiscal respondió que, efectivamente, existen otros métodos para obtener las muestras. Que así lo hizo ver uno de los expertos en el informe obrante en autos, tales como las "células hepiteliales de la boca" o el "cabello"; sin embargo, al ser contaminables fácilmente, por ejemplo, con un cepillo o una almohada, no se consideran muestras de referencia indudables; de ahí que el material biológico idóneo es la sangre. También precisó que, si bien, el artículo 113, fracción VI en cita, contiene esa limitación, es superada con el contenido del artículo 270 Una vez cerrado el debate, el juzgador responsable resolvió bajo los siguientes fundamentos: El artículo 270, faculta al fiscal a acudir al juez y éste podrá autorizar, siempre que se justifique la necesidad de la prueba y se especifique el tipo de muestra a obtener. Que sí se encuentra justificada la solicitud, pues hay indicios preexistentes (exudado y lavado vaginal con existencia de líquido seminal) y que esa muestra es, inclusive, la más segura para el propio imputado, pues las otras que son menos invasivas, pueden generar resultados incorrectos. Que la medida es proporcional, puesto que no se violentan los derechos fundamentales del imputado ni su dignidad, al ser innecesario el uso de fuerza excesiva para la obtención de la muestra, dado que será recabada por un experto y podrá estar la defensa. Que sirve únicamente como criterio orientador, la tesis siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA (ADN). EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL PREVER LA TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, LA CUAL TIENE COMO FIN EXCLUSIVO EL DE CONSTATAR O REVELAR HECHOS QUE SIRVEN DE FUENTE O MEDIO DE PRUEBA EN UN PROCESO JUDICIAL, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN Y A LA INTIMIDAD PERSONAL, NI GENERA UN ACTO DE MOLESTIA A QUIEN SE DIRIGE." Sentado lo anterior, se responderán los conceptos de violación. VULNERACIÓN A LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 29 CONSTITUCIONAL. En lo que concierne al primer concepto de violación, debe desestimarse de plano, en la medida en que pretende que el acto reclamado se analice bajo el tamiz del artículo 29 constitucional; sin embargo, tal disposición regula la restricción o suspensión de derechos "en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto", las cuales, además, provendrán de una orden del Ejecutivo. Estamos pues, ante lo que la doctrina denomina estado de excepción, bajo hipótesis que no guardan relación con el caso que nos ocupa. No obstante, la lectura de los conceptos identificados aquí como segundo y tercero, permite entender la alusión al atentado a su dignidad, extraída del artículo 1º y a los actos de molestia previstos en el artículo 14, ambos de la Ley Fundamental. De ahí que sean las garantías ahí contenidas, las que sirven de premisa constitucional. EXISTE IMPEDIMENTO PARA EL DESAHOGO, DADA SU OPOSICIÓN EXPRESA. Retomamos la queja del promovente del amparo, quien pretende hacer notar que, acorde con el artículo 113, fracción VI, de la ley adjetiva penal, su voluntad debe prevalecer. Tal aseveración es infundada, pues si bien, existe esa disposición, su interpretación es incorrecta. Se retoma su contenido: Artículo 113. El imputado tendrá los siguientes derechos: (.) VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. La mera acepción semántica despeja cualquier duda. Los verbos inducir y alterar implican provocar que el estado mental o la percepción de una persona transite a otro de forma inconsciente, o se le obligue a ello, lo cual puede ocurrir mediante lo que la propia disposición señala como "procedimientos" "técnicas" o "métodos". A guisa de ejemplo, se enuncia la tortura o alguna sustancia química (droga). Se trata pues, de un impedimento legal para provocar una distorsión volitiva en el imputado. Bajo esa perspectiva, no solo no existe prohibición expresa para obtener una muestra hemática del imputado, sino que existe disposición que lo permite, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 131, fracción X, 252, fracción IV y 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que su mera oposición a que se practique en su corporeidad, no es impedimento para que se practique, lo que torna infundado su concepto de violación. ATENTADO CONTRA SU DIGNIDAD COMO PERSONA. Tampoco asiste razón al quejoso, al precisar que el mandato para la obtención de una muestra hemática y su ejecución atentan contra su dignidad. Se coincide con el juzgador de origen, quien precisó que un pinchazo en el dedo es una afectación mínima. Al respecto, cabe precisar que el Máximo Tribunal ha atribuido a la dignidad, la calidad de derecho humano y se entiende como la obligación de tratar a toda persona como tal; de evitar su cosificación o su instrumentalización como un medio (en oposición a un fin en sí misma); además, en sentido de prescripción negativa, se erige como la prohibición de ser humillada, degradada o envilecida. Así se desprende del siguiente criterio: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada." La anterior tutela, de cierta manera, abstracta, se desdobla y conecta con la estructura de otros derechos, tales como el libre desarrollo de la personalidad o, como lo enuncia la doctrina "la dignidad de la persona no se define si prescinde de otro tipo de valores o derechos; en este caso, de la igualdad, en función de que (.) las personas ameritan un trato con igual valor (nadie vale mas que nadie". Luego, la dignidad puede trasladarse a las máximas de la experiencia, para comprender que un atentado a tal valor, implica que, durante la "afectación" o en un momento posterior, el sujeto se vea mermado de forma dramática o grave en su libertad y que, en su caso, la consecuencia lo estigmatice o lo diferencie del estatus que tenía antes de la obtención de la muestra. Bajo esa premisa, es poco razonable calificar un "pinchazo" en un dedo, como un atentado contra la dignidad, en la medida en que en nada obstaculiza que el inculpado continúe, inmediatamente después, con su cotidianeidad, bajo el mismo esquema en que lo venía haciendo, sin mayor consecuencia. Sin perjuicio de ello, y solamente se abunda para mayor claridad, debe recordarse que el acto de molestia debe cumplir con las condiciones enunciadas en el artículo 270 del código adjetivo, esto es, debe motivarse la necesidad de la aplicación de dicha medida bajo dos hipótesis: -Que no exista otra menos gravosa para la persona que habrá de ser examinada o para el imputado, que resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue. -Justificarla en atención a la gravedad del hecho que se investiga. Lo anterior se cumple cabalmente, puesto que, tal como se explicó en el contradictorio, no existe otra técnica que brinde mayor certeza para lograr su fin, que es confrontar los fluidos seminales encontrados en la corporeidad y la ropa interior de la menor víctima, con los del aquí quejoso, en aras de demostrar un hecho de suma relevancia para el esclarecimiento de los hechos. De esa guisa, no solo es inexacto que la medida atente contra la dignidad del promovente, sino que también se cumple cabalmente con la exigencia legal. De ahí que también se declare infundado tal concepto de violación. INCORRECTA APLICACIÓN DE TESIS AISLADA. Finalmente, no pasa inadvertida la manifestación del promovente, en lo correspondiente a que el juzgador sustentó su decisión en una tesis aislada y no aplicable al sistema acusatorio. Se desestima tal argumento, dado que únicamente fue utilizado como criterio orientador (el juez, inclusive, fue incisivo en eso) y, como ya se vio, la decisión fue fundamentada en la ley, concretamente, en el artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal manera que, aun prescindiendo de la tesis enunciada en la audiencia, de cualquier manera subsiste la justificación obtenida del precepto legal. CONCLUSIÓN En suma, ante lo infundado de los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en el entendido de que el sentido del fallo se extiende a los actos atribuidos a las ejecutoras, al no ser reclamados por vicios propios. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Marco Antonio Ramos Estrada, en contra de los actos atribuidos a la autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ***, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos indicados en el último.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que el veintitrés de diciembre pasado se acordó el oficio por el cual la autoridad responsable director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, aclaró su informe de ley; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de dar oportunidad a las partes se impongan de su contenido, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las trece horas con treinta minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la autoridad responsable director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad. Téngasele aclarando el informe justificado rendido en autos, en lo que concierne al nombre del quejoso. Al efecto señala: "Me permito adjuntar nuevamente informe justificado en virtud de que por un error involuntario, el oficio en comento se mencionó que quien promovía era el quejoso Víctor Hugo Arvizu Almanza, siendo lo correcto que quien promovió fue el quejoso Marco Antonio Ramos Estrada, solicitando sea tan amable de tenerme como presentado en tiempo y forma el requerimiento impuesto (.) haciendo las correcciones y aclaraciones de mi informe justificado." De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con esta nueva misiva y la constancia adjunta, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional.

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