Marco Antonio Saavedra Reyes

Expediente 106/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
106/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/02/2016

Partes del expediente

  • Marco Antonio Saavedra Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de febrero de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que allegó al escrito inicial de demanda, los cuales podrá recoger en la secretaría de este juzgado, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Martínez Hernández, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido del licenciado Joaquín de Jesús Mendoza Talavera, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los escritos signados por **********, autorizado de la parte quejosa, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad la devolución de los documentos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda, hasta en tanto cause estado la determinación de nueve de los corrientes.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Partido Civil, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, en el entendido que se encuentra registrado en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 106/2016. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintidós de enero del año en curso, dictado dentro del juicio especial sumario hipotecario 119/2015, mediante el cual el Juez Primero de Partido Civil de Celaya, ordenó sacar a remate el inmueble ubicado en calle ***, tomando como base de la postura legal las dos terceras partes del valor determinado en el dictamen pericial rendido por la perito de la parte actora de dicho procedimiento. Por otra parte, de las manifestaciones que realizó la parte quejosa en su escrito de demanda, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se desprenden los siguientes antecedentes: Que la parte quejosa es demandada y ejecutada en el juicio especial sumario hipotecario 119/2015 promovido por **********, por conducto de sus apoderados legales, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido Judicial de Celaya. Que dicho juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que el acto reclamado deriva del procedimiento de remate de un inmueble. Procedimientos de ejecución y de remate que no han concluido, pues al momento de presentarse la demanda de amparo no se ha ordenado el otorgamiento de escritura ni la entrega material del inmueble sujeto a remate. Conforme a lo relatado, es patente que el juicio especial sumario hipotecario de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y el acto reclamado se llevó a cabo dentro de un procedimiento de remate de un inmueble, que no ha concluido, ya que como lo precisó el gestionante, por auto de veintidós de enero del año en curso, se emitió un acuerdo en el que se ordenó sacar a remate el inmueble que aduce es de su propiedad tomando como base de la postura legal las dos terceras partes del valor determinado en el dictamen pericial rendido por la perito de la parte actora de dicho procedimiento; sin que en tal auto se ordenara el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, virtud a lo cual se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al haberse dictado el acto reclamado en un procedimiento de remate en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio de origen y no constituir la última resolución de dicho procedimiento, ni reclamarse conjuntamente con ésta. Ello, considerando que la referida causal de improcedencia se refiere a cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia en procedimientos de remate de inmuebles, contra los que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Destacando que el propio numeral 107, fracción IV, en su último párrafo, estatuye que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. La finalidad de dicha disposición es evitar el abuso del juicio de amparo y que no se impida que se materialice la resolución dictada. De ahí que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte la resolución definitiva, pues si se estimara procedente contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia procesal, lo cual no está permitido aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen el procedimiento. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.I.C. J/2 K (10ª.) emitida por el Pleno en materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1738, libro 10, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil catorce, de rubro y texto: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Aunado a lo anterior, se advierte que previo a acudir a esta instancia, el quejoso debió agotar, además, el recurso de revocación, que resulta procedente para combatir el acuerdo reclamado ante este Juzgado Federal, máxime que de la lectura integral del escrito inicial de demanda, no hace referencia a que haya agotado el citado medio de defensa legal, lo que patentiza la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.17/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15 del tomo XVIII de julio de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO" Consecuentemente, el juicio deviene notoria e indudablemente improcedente, al actualizarse la hipótesis que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el numeral 107, fracción IV, así como la prevista en la fracción XVIII del numeral 61, ambos de la Ley Reglamentaria y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de que se trata. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en los estrados de este tribunal y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, ya que de la certificación de cuenta, se advierte que tienen inscrita su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del precepto en cita a las demás personas que indica, por así haberlo solicitado.

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